Con la participación de víctimas, comparecientes y entidades del Estado, la JEP evaluó en Medellín las condiciones previas a la sentencia contra siete exintegrantes del Ejército que reconocieron su responsabilidad por 35 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos entre 1997 y 2007 en el noroccidente de Antioquia.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) evaluó en Medellín las condiciones necesarias para emitir sentencia contra siete exintegrantes del Ejército que aportaron verdad y reconocieron su responsabilidad por 35 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas entre 1997 y 2007 en el noroccidente de Antioquia. Las víctimas fueron presentadas falsamente como bajas en combate. La JEP calificó estos hechos como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el Caso Conjunto 03 y 04, conocido como Cementerio Las Mercedes de Dabeiba.
La audiencia, realizada los días 25 y 26 de junio en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, hizo parte de la etapa final del proceso antes de la imposición de sanciones propias. En la diligencia participaron víctimas, comparecientes, autoridades nacionales y territoriales, además de entidades públicas y privadas.
Según la investigación, las víctimas no participaban en las hostilidades. Algunas fueron asesinadas, sus cuerpos ocultados en cementerios municipales y luego reportados como resultados de operaciones militares. En varios casos, estos crímenes involucraron alianzas entre integrantes de la Fuerza Pública y grupos paramilitares.
“El objetivo de la audiencia es verificar si ya se cumplen las condiciones para emitir la sentencia. Actualmente, la Jurisdicción ha emitido cuatro sentencias y, una vez concluya esta audiencia, la quinta se expedirá dentro de los 30 días siguientes”, explicó el magistrado y presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga.
Entre las víctimas había campesinos de Dabeiba, incluidos niños, niñas y adolescentes, señalados injustamente como supuestos colaboradores o informantes de la guerrilla. También hubo integrantes de las extintas FARC-EP que habían sido desmovilizados o capturados y se encontraban en incapacidad de combatir. Otras víctimas fueron personas en situación de calle, desempleadas, con consumo problemático de sustancias o con alguna discapacidad, llevadas bajo engaño hasta Dabeiba desde Medellín y Turbo.
Los comparecientes en esta etapa de juicio son el coronel (r) Edie Pinzón Turcios, el mayor (r) Efraín Enrique Prada Correa, el mayor (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, el mayor (r) Yair Leandro Rodríguez Giraldo, el sargento primero (r) Jaime Coral Trujillo, el sargento viceprimero (r) Fidel Iván Ochoa Blanco y el sargento segundo (r) William Andrés Capera Vargas, quienes pertenecieron al Batallón de Contraguerrilla No. 79, al Batallón de Contraguerrilla No. 26 y a la Brigada Móvil No. 11.
Durante la audiencia se presentaron y analizaron propuestas de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador, conocidos como TOAR, que podrían servir de base para la sanción propia. Estas iniciativas fueron construidas durante un proceso de dos años, en el que la JEP escuchó a las víctimas, contrastó los aportes de verdad de los comparecientes y promovió espacios de diálogo con comunidades e instituciones.
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La JEP contempla diez iniciativas que buscan responder a las necesidades planteadas por las comunidades afectadas. Entre ellas se encuentran acciones de desminado humanitario; la búsqueda de personas desaparecidas, acompañada de un plan integral de memorialización compuesto por cinco proyectos; la intervención del cementerio Las Mercedes de Dabeiba; la adecuación de un lugar de memoria en la Terminal del Norte de Medellín; la realización de murales y otras expresiones artísticas de memoria en Medellín, Dabeiba y municipios del noroccidente antioqueño; una campaña para recuperar el buen nombre de las víctimas y del territorio; y una publicación con textos escritos por las víctimas.
Además, se contemplan proyectos de infraestructura y desarrollo comunitario, como el mejoramiento de vías terciarias, la construcción de puentes peatonales afectados durante el conflicto armado y el impulso de iniciativas productivas para contribuir a la reactivación económica de las comunidades.
Aportes de verdad y acciones restaurativas
El magistrado Alejandro Ramelli señaló que el modelo de justicia transicional restaurativa de la JEP ha permitido que, en este caso, los comparecientes aporten verdad y participen en acciones orientadas a la reparación. Destacó que esos aportes contribuyeron a la recuperación de 77 cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, de los cuales 18 ya fueron identificados y entregados dignamente a sus familias. También resaltó la participación de las víctimas y las comunidades en la construcción de iniciativas restaurativas, así como el trabajo realizado por los comparecientes en proyectos que serán valorados en la sentencia.
Estas acciones incluyen varios proyectos restaurativos que inicialmente fueron implementados como pilotos. Entre ellos se encuentran “Horizontes Seguros” y “Abriendo Caminos para la Reconciliación y la Paz”, en los que antiguos integrantes de la Fuerza Pública y de las extintas FARC-EP trabajaron juntos en actividades de prevención de accidentes con minas antipersonal y de educación sobre sus riesgos en varios municipios de Antioquia. Estas iniciativas beneficiaron a más de 4000 personas.
También se destacan “Siembras de Vida”, un proyecto de restauración ambiental en el corredor Chingaza-Sumapaz, y la intervención artística “Aquí Florece la Búsqueda de la Verdad”, realizada en Dabeiba y Medellín como una forma de memoria y reconocimiento a las víctimas.
El secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez Morales, explicó que para ejecutar las sanciones propias se necesitan recursos que permitan garantizar su cumplimiento. Esto incluye aspectos como el traslado de los comparecientes a los lugares definidos para cumplir las sentencias, las condiciones necesarias para su permanencia, los materiales y herramientas para desarrollar las actividades, así como las medidas de seguridad y prevención frente a riesgos sociales y de orden público.
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Suárez recordó que la JEP tiene un convenio con el SENA para capacitar previamente a quienes participen en los proyectos. Además, informó que el 25 de junio el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que permite articular instituciones y asignar recursos para la implementación de las sanciones propias. “Este es un logro muy significativo que ancla estos recursos y que esperamos que el nuevo gobierno retome”, detalló.
Para garantizar la implementación de los proyectos restaurativos, la Sección de Reconocimiento y la Secretaría Ejecutiva de la JEP realizaron 47 encuentros y mesas técnicas con entidades del Estado. Durante la audiencia participaron 26 instituciones nacionales y territoriales, de las cuales 14 confirmaron compromisos concretos para acompañar la ejecución de los proyectos.
¿Qué sigue?
Tras la audiencia, la JEP analizará los elementos presentados y emitirá la sentencia con la sanción correspondiente. Esta decisión definirá la situación jurídica de los máximos responsables y deberá contribuir a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.