Entender las condiciones que atraviesan a una persona que ha vivido el conflicto armado es necesario para establecer la mejor ruta en su recuperación, según explica Lleris Vicente Espitia, cofundador del Movimiento Social Discapacidad Colombia.

 

Por Pompilio Peña Montoya

Fotografía: Proyecto Arte para Reconstruir de la Fundación Prolongar con el apoyo de USAID. Fotógrafos Santiago Vallejo/Federico Mejía

La gran mayoría de personas con alguna discapacidad adquirida en el conflicto armado está en el límite de la pobreza. Esto se da porque las víctimas entran en una espiral de estigmatización social y personal producto de la discriminación, la exclusión, el miedo y la desesperanza que experimentan y que les obliga incluso a alejarse de su propio entorno. Así lo afirmó el docente Lleris Vicente Espitia Villa, uno de los fundadores del Movimiento Social de Discapacidad Colombia (Mosodic).

Vicente Espitia añadió que las producciones intelectuales de las personas con discapacidad deberían ser tenidas más en cuenta, no solo por la academia sino también por los gobiernos a la hora de diseñar políticas públicas en pro de esta población.

Acerca de estos temas hablamos con Vicente Espitia, quien en el 2001 perdió la vista a causa de una explosión y quien en la actualidad se desempeña como docente en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

 

¿Qué significa la discapacidad como estigma en un país que aún vive el conflicto armado?

En el contexto de la conflictividad cuando se adquiere la discapacidad, o incluso teniéndola, y ocurre un hecho victimizante como el desplazamiento, la discapacidad se vuelve, en efecto, un estigma. ¿Por qué? Porque esta tiene un sentido negativo en la sociedad, como una especie de enfermedad. Quien adquiere una discapacidad por efecto del conflicto se convierte como en un objeto deteriorado, por hacer una comparación. Por eso escuchamos términos como mutilado, minusválido o lisiado de guerra, confiriéndole un sentido negativo a la persona en sí. Y esto se puede evidenciar de forma más clara cuando se aprecia las limitantes con las que tropieza una persona con discapacidad a la hora de buscar trabajo.

Algo parecido ocurre con los militares discapacitados, esto debido a que los soldados son vistos y se sienten como héroes. Conozco casos de militares con moral y autoestima muy débiles porque consideran que han dejado de ser héroes. La discapacidad es un obstáculo que le impide serlo.

Hay que añadir que este estigma ha ocasionado que la gran mayoría de personas con discapacidad se encuentre en el margen de la pobreza. He conocido a personas en los pueblos que han sido afectadas por el conflicto y debieron dejar lo poco que tenían para trasladarse, solos o con sus familias, a las periferias de las ciudades para comenzar una nueva vida, mientras se hacen cada vez más pobre en un entorno sociocultural bastante complejo y ajeno a sus costumbres.

¿Los procesos de memoria en personas con discapacidad sí se llevan a cabo? ¿O el estigma lo impide?

Esto justo está anclado en la estigmatización. Por ejemplo, si alguien adquiere una discapacidad producto de una mina, en ocasiones los duelos son tan largos que es difícil rescatar el relato de lo ocurrido, esto porque se trata de un pasado traumático que los ha obligado a cambiar su vida por completo. A veces no es que sea difícil reconstruir la memoria, sino que se niega la posibilidad a causa de la estigmatización. He conocido casos de personas víctimas de minas, y la historia de lo ocurrido no se conoce por ellas, por el miedo, sino por terceros, a veces por sus parejas, familiares e hijos. El recuerdo está cargado de tantos estigmas que les es difícil hacer un trabajo de memoria.

Algo parecido ocurre cuando la persona adquiere una discapacidad por efectos de los aparatos armados del Estado en medio de procesos políticos; la persona afectada no quiere contar o hacer memoria al respecto. En Colombia hay muchos casos como este, ocurridos en los años 80 en pleno proceso de lo que se llamó el Estado de Sitio; por ejemplo, muchos estudiantes quedaron con dificultades para ver a causa de golpes propinados por la fuerza pública. Frete a este tema en especial, se han llevado estudios muy tímidos al respecto.

En ese sentido, llevar a cabo procesos de memoria es complicado por lo que ya dije. Sin embargo, frente a todos estos fenómenos, sí hay, aunque muy débiles pero potenciales, procesos de memoria sobre todo ligados a organizaciones de víctimas de las minas antipersona. En el caso de Mosodic, nosotros intentamos poco a poco trabajar la memoria con dos objetivos. El primero tiene que ver con la posibilidad de la catarsis y realizar un proceso de resiliencia; y el segundo está ligado al ejercicio de la reconciliación. Por ello hoy le estamos apostando desde Mosodic al diálogo con firmantes de la paz que tienen alguna discapacidad por minas, con el fin de alcanzar los dos objetivos ya expuestos.

Desde la academia hay estudios que permiten entender ciertos aspectos de las personas con discapacidad en medio del conflicto armado, un modelo es el de interseccionalidad, ¿de qué se trata?

Este es un concepto derivado de los estudios de género que tiene que ver justo con la idea de que los individuos no viven una sola condición, están atravesados por múltiples condiciones que determinan su cotidianidad y su manera de ser y existir. En el caso de una discapacidad a causa del conflicto armado, por ejemplo, puede tratarse de una mujer indígena, que, a su vez, digamos, tiene una orientación sexual diversa. Aquí estaríamos hablando de una sola persona cuya vida está atravesada por múltiples condiciones que terminan moldeando su modo de subsistir en el que, quizá, los niveles de discriminación y exclusión son mayores. Entender estas dimensiones nos permite comprender factores para saber actuar ante casos producto del conflicto. En términos políticos y organizativos, este concepto de la interseccionalidad es fundamental porque también permite entender que las reivindicaciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad se dan desde diferentes organizaciones y espacios sociales.

En ese caso, ¿es posible aplicar la interseccionalidad para llevar a cabo procesos de resiliencia?

Si, esto es fundamental. Contaré una historia: hace muchos años, aquí en Bogotá, conocí a una mujer de una comunidad indígena del Cauca que tenía una discapacidad física. Ella era víctima de mina antipersonal y esta victimización la alejó de su territorio, de su comunidad y de su familia. Si entendemos esta situación en términos de interseccionalidad, lo mejor es que ella estuviera pasando su recuperación en familia y en su tierra, en condiciones que le permitan salir adelante, y no en Bogotá, un mundo totalmente distinto al suyo. Por desgracia ella no podía retornar al Cauca, lo que hizo más difícil su recuperación. Así, pues, es necesario reconocer esa interseccionalidad con el fin de llevar a cabo un proceso de resiliencia efectivo; incluso la interseccionalidad sirve en la recuperación de memorias si se da el caso. Si vamos más allá, la interseccionalidad podría ayudar a diseñar verdaderas políticas públicas para personas víctimas de la violencia en situación de discapacidad.

¿La producción académica e intelectual de personas con discapacidad es tenida en cuenta por la universidad y la institucionalidad?

Yo creo que ha sido importante la producción intelectual, pero existe allí una especie de tensión que podríamos entender en los términos del gran filósofo indio Gayatri Spivak, quien planteó que hay ciertos sujetos que ejercen violencias epistémicas sobre otros, es decir que ciertos sectores de la academia y la sociedad tienden a quitar la voz a otros sectores sociales como el de discapacidad, asumiendo que ellos tienen la capacidad total de representar nuestras condiciones y hablar por nosotros. Spivak hablaba, por ejemplo, de que los europeos ejercían violencia epistémica sobre la voz de los intelectuales indios cuando terminaban describiendo y estudiando una realidad que no les pertenece, como si los académicos indios no pudieran llevar a cabo un relato coherente sobre ellos mismos. El hecho es que cada vez hay un mejor reconocimiento a la producción intelectual y académica de las personas con discapacidad, pero todavía falta.

A mí me pasa algo parecido en ciertos escenarios en los que escucho a académicos que hablan por las personas con discapacidad sin ellos serlo, y esto no está mal, claro, pero creo que hace falta un mecanismo de reconocimiento más fuerte de la producción académica nuestra.

Algo parecido pasa hoy con la comunidad indígena: hace algunos años trabajé en un proyecto de estudio de los mitos indígenas sobre el agua, y hubo una reclamación por parte de los ancianos aborígenes, quienes manifestaron su descontento en el sentido de que estaban cansados de que los investigadores fueran a hacer preguntas, a extraerles todo, y no regresaran a explicar qué concluyeron. Este descontento es entendible.

¿Las políticas públicas de discapacidad tienen en cuenta la producción académica e intelectual de personas con discapacidad para su desarrollo?

Las políticas públicas sobre la discapacidad en Colombia desde hace unos quince años para acá se producen sobre la noción de algo que se ha llamado Enfoque de Modelo Social de la Discapacidad, que está atado a un documento supranacional que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esta convención desató en Colombia una política pública que reconoce de forma implícita toda una activación conceptual que han hecho movimientos sociales e intelectuales del ámbito de la discapacidad, pero, paradójicamente, el país no la aplica. A su vez, cuando una política pública es construida y participan personas en condiciones especiales, el reconocimiento de los logros se le atribuye más a la institucionalidad que a la producción intelectual de quienes ayudaron a levantarla, como si esta clase de procesos no fueran producto de un consenso. Lo que quiere decir que hace falta un mayor reconocimiento de nuestra producción.

Yo creo también que hay un ambiente serio de producción intelectual y reflexión crítica de parte de personas con discapacidad en las universidades, es innegable, pero podría ser más organizada. Falta mucho para que en algún momento existan colectivos dedicados exclusivamente a estudiar sus propias realidades, y esto se debe en parte al modelo educativo que tenemos. Nos hace falta aplicar esas investigaciones producidas a políticas y programas en favor de personas con discapacidad, esto también con el fin de que no terminemos importando modelos de otros países que no concuerdan con la realidad colombiana. Por ejemplo, los estudios sobre racismo producidos por intelectuales afro en el país han aportado a la construcción de programas sociales en contra del racismo. En el caso de la discapacidad esto aún no se comprende ni se aplica como debe ser.