La sociedad colombiana tiene derecho a conocer cuál es la situación de sus archivos y, particularmente, es deber del Estado poner a disposición pública la información sobre violaciones a los derechos humanos.
El prestigioso galeno y defensor de derechos humanos de Antioquia, asesinado por un comando paramilitar el 25 de agosto de 1987 en Medellín, aparece reseñado en documentos del organismo de inteligencia en 1974 como activista del movimiento profesoral de la Universidad de Antioquia. Se le asociaba, además, con organizaciones calificadas de “extrema izquierda”.
Tras la orden de la Jurisdicción Especial para la Paz al Gobierno Nacional, para que entregue los archivos del extinto DAS, el periodista Julián Martínez dice tener en su poder 51.500 documentos que pueden facilitar la investigación de los magistrados respecto a las operaciones ilegales de ese departamento.
La medida tomada por el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, protege los archivos del antiguo organismo de inteligencia y contrainteligencia de una depuración descontrolada.