Opinión Columna

El auge del revisionismo y el negacionismo frente a la toma del Palacio de Justicia

A propósito de la serie Palacio, el profesor Max Yuri Gil cuestiona la postura actual del Centro Nacional de Memoria Histórica frente a la toma armada del M-19.

Fotograma de la serie Palacio, de Netflix, que recrea la toma y retoma del Palacio de Justicia.
Foto: imagen de la serie "Palacio"

El estreno en la plataforma Netflix de la serie Palacio sobre la toma guerrillera y la contratoma del Palacio de Justicia en Bogotá, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, ha suscitado una intensa polémica en redes sobre unos hechos que, como queda claro cíclicamente en el país, no existe un consenso sobre lo que pasó, sino que hay profundas contradicciones sobre las responsabilidades de quienes intervinieron, tanto del comando insurgente del M-19 como de la fuerza pública, del gobierno y también, suposiciones sobre algo no probado hasta hoy, la incidencia del Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar para financiar la toma.

En este contexto, llama la atención la postura que ha asumido el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es la entidad por excelencia creada desde el 2011, para liderar la acción institucional en términos de memoria histórica y dignificación de las víctimas. No obstante, y de acuerdo con la postura ideológica del actual Gobierno nacional, la dirección del CNMH ha centrado su mensaje en calificar al M-19 y su accionar en el Palacio como grupo terrorista, ignorar las acciones criminales de la fuerza pública en la retoma e invisibilizar a las víctimas de la violencia estatal. 

No hay mayor discusión en torno a la gravedad de los hechos propiciados por el comando del M-19, como su irracionalidad al pretender adelantar un juicio contra el presidente Belisario Betancur terminó costando la vida a decenas de personas, entre ellas casi la totalidad de los integrantes del M que participaron en la toma —de los 34 guerrilleros solo una guerrillera salió con vida y logró escapar al extranjero, los demás murieron—, junto a 11 miembros de la fuerza pública y 43 personas civiles, entre visitantes y trabajadores. Quedó claro que esta acción constituyó una derrota estratégica política y militar para el M-19, quien no supo leer el momento político y confió en que, como había pasado en la toma de la Embajada de República Dominicana en abril de 1980, habría espacio para la negociación. El M-19 se equivocó, malinterpretó la correlación de fuerzas, menospreció la capacidad de las fuerzas armadas y sobreestimó la importancia de la vida de los magistrados de las altas cortes, así como la capacidad del presidente para mantener la dirección de la operación priorizando razones políticas y humanitarias por encima de las militares.

No obstante, al entrar en el campo de la valoración de la responsabilidad del alto Gobierno nacional y la fuerza pública, el debate es mucho más ríspido y emergen múltiples posturas. Como suele pasar con otros hechos similares en la historia del conflicto armado colombiano, la responsabilidad civil no suele conectarse con las decisiones operativas —¿«Quién dio la orden?»— y, además, se suele justificar la violencia estatal comparándola con la violencia insurgente —«ellos empezaron y fueron peores»— o se minusvalora como si fueran hechos aislados o conductas individuales de algunos integrantes de la fuerza pública desviados. 

Tiene sentido por esto recordar un conjunto de hechos criminales cometidos por la fuerza pública en los hechos del Palacio de Justicia, no por un afán punitivo a 41 años de haber ocurrido, sino porque es necesario, si pretendemos hacer justicia con la memoria de lo que pasó y con las víctimas del Palacio y del conflicto armado en general. 

Aunque había claros indicios del plan de toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 desde semanas antes de los hechos, de manera intencional se dio la orden de retirar la vigilancia estatal y los arcos detectores de metales, dejando solo la débil vigilancia privada, facilitando el ingreso del comando armado del M-19.

En todo el proceso de retoma se perdió de vista la protección de la vida de los civiles y se priorizó la racionalidad de aniquilar al comando guerrillero, por eso, se desoyó el clamor de cese al fuego de decenas de visitantes y del presidente de la Corte Suprema mismo, que trataron infructuosamente de lograr un alto al fuego para negociar la salida con vida del Palacio. Adicionalmente, se estableció un procedimiento para ubicar posibles guerrilleros que buscaran fugarse vestidos de civil, lo cual derivó en la tortura de al menos cinco sobrevivientes: Orlando Arrechea, Eduardo Matson, Yolanda Santo Domingo, Magalis María Arévalo y Héctor Helí Rubiano y en que una persona civil fue sacada con vida, torturada, asesinada y vuelta a introducir al Palacio de Justicia: el magistrado auxiliar Carlos Urán Rojas. También dos guerrilleros: Irma Franco y Eduardo Almonacid fueron ejecutados extrajudicialmente luego de salir con vida del Palacio.

Hubo serios indicios de que muchas de las 43 personas civiles que murieron en el Palacio lo fueron por balas de tropas oficiales, lo cual demuestra cuando menos un enorme incumplimiento del principio de distinción y protección. Al menos 10 personas civiles y una guerrillera fueron conducidas por la fuerza pública a la Casa del Florero primero y luego al Cantón Norte y al Batallón de Inteligencia y Contra Inteligencia Charry Solano, y luego de ser torturadas, fueron ejecutadas extrajudicialmente e inhumadas de manera clandestina.

Por la forma como se trató tanto la escena del crimen como los cadáveres, se puede inferir una voluntad intencional de impedir establecer con claridad las circunstancias de la toma y retoma y de las lesiones de los cadáveres y sus responsables. Finalmente, no bastó con los crímenes, sino que familiares de las personas desaparecidas fueron amenazadas y hostigadas y el abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza que los acompañó desde noviembre de 1985 fue amenazado y finalmente asesinado en 1998.

Como se señalaba al comienzo hay una discusión que es importante: abordar las comunicaciones recientes en redes sociales del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) sobre estos hechos y sobre su rol institucional. La memoria histórica constituye uno de los campos de disputa política y cultural más importantes de las sociedades que han atravesado experiencias prolongadas de violencia. No se trata solamente de establecer qué ocurrió, sino también de comprender las condiciones históricas que hicieron posible la violencia, identificar las responsabilidades de sus protagonistas y reconocer los daños ocasionados a las víctimas y a la sociedad. Por esta razón, las instituciones encargadas de producir, preservar y divulgar la memoria histórica tienen una responsabilidad que trasciende las orientaciones políticas de los gobiernos de turno: contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y garantizar que las distintas experiencias de victimización encuentren reconocimiento público, sin que ello implique renunciar al rigor histórico y a la identificación de responsabilidades.

Lo que el CNMH está haciendo, en este caso y en general en sus publicaciones desde que asumió la nueva dirección en agosto de este año, puede considerarse una evidencia de negacionismo y revisionismo frente al conflicto armado al menos en tres aspectos: desconoce la complejidad del conflicto armado, reduciendo todo a prácticas terroristas; desconoce, minimiza y relativiza la responsabilidad del Estado por graves crímenes y, en consecuencia, contribuye a revictimizar a las víctimas de Estado.

El desafío de una institución de memoria histórica no es producir una versión oficial de la historia ni establecer una distribución políticamente conveniente de las responsabilidades. Su tarea consiste en garantizar las condiciones para que la sociedad pueda conocer críticamente su pasado, reconocer a quienes sufrieron la violencia y comprender las estructuras y los actores que hicieron posible su reproducción.


 Esta columna fue publicada el 11 de noviembre de 2026 en el diario El País de España y el 17 de noviembre en el portal UdeA Noticias.

* Max Yuri Gil es profesor y director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. 

Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de Hacemos Memoria ni de la Universidad de Antioquia.