Los representantes judiciales de las víctimas acreditadas del caso Comuna 13 y zonas aledañas, en la JEP, reclamaron a los comparecientes del Ejército y la Policía, en la audiencia de observaciones del 7 y 8 de mayo, hacer aportes reales a la verdad y reconocer su participación en los crímenes de la guerra urbana de Medellín entre 2001 y 2003.
Por Ana María Gallego, abogada de las víctimas – Instituto Popular de Capacitación, IPC
Foto: Federico Carranza | JEP
Un saludo respetuoso a los honorables magistrados, doctor Óscar Parra Vera y doctor Gustavo Salazar Arbeláez; a los magistrados auxiliares Nicolás Arana y Lorena Rodríguez, y a todo el equipo de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Saludo igualmente al Ministerio Público, a las demás representaciones de víctimas y, de manera muy especial, a las víctimas que hoy nos acompañan en esta diligencia: a la Fundación Santa Laura, al Colectivo Memorias Colectivas y Paz Territorial Urbana de la Comuna 3, al Colectivo Unidos por la Memoria y los Derechos de La Loma, y también a Adriana, Marlon y Edison, víctimas a quienes el Instituto Popular de Capacitación tiene el honor de acompañar y representar en este proceso.
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A ustedes, mi admiración profunda por la fuerza con la que han sostenido esta búsqueda de verdad y justicia; por la dignidad con la que han resistido durante tantos años; y por la convicción que no les ha permitido renunciar, incluso en medio del dolor, el miedo y la ausencia de respuestas. Por ustedes y para ustedes son todos nuestros esfuerzos.
Honorables magistrados:
Lo primero que queremos manifestar frente a esta etapa de versiones voluntarias y contrastación es que ha sido, para muchas víctimas, un escenario profundamente decepcionante.
El ejercicio de revisar las audiencias, observar los videos junto a las víctimas o conversar sobre las audiencias a las que asistieron personalmente sobre lo que han escuchado en este proceso, ha sido particularmente difícil. Y ello porque, hasta este momento, muchos de los comparecientes no han ofrecido respuestas suficientes frente a lo ocurrido en estos territorios.
Más preocupante aún, algunos comparecientes, como es el caso de Leonardo Gallego Castrillón, han asumido posturas orientadas a desconocer hechos que ya cuentan con importantes niveles de corroboración dentro de distintos escenarios judiciales y extrajudiciales, como si la historia y la memoria pudieran borrarse con la misma facilidad con la que se borra un mural.
Ante esa insuficiencia de aportes a la verdad que realmente conduzcan a desentrañar patrones macrocriminales, la magistratura de la fase 01 del Subcaso Antioquia ha asumido la tarea de contrastar y confirmar, mediante inspecciones judiciales e informes de víctimas, aquello que durante años víctimas de la Comuna 13 y la ciudad completa denunciaron y sostuvieron prácticamente en soledad.
Aun contra la invisibilización y el olvido, impuesto por aquellos que pretenden perpetuar un escenario de impunidad y legitimar el relato de un accionar legitimo de la Fuerza Pública, hoy comprobamos que en el marco de las operaciones militares se cometieron infracciones al derecho internacional humanitario, con combatientes que no tenían conocimiento en combate urbano, que utilizaron armamento que no era acorde para utilizar en la ciudad. Esto lo conocían perfectamente, sabían de sus falencias en combate, de la preparación tan precaria de estas operaciones, de los daños que generarían las armas utilizadas, del riesgo en el que pusieron a la población civil. Generar un ataque a sabiendas de que va a provocar daños incidentales es un crimen de guerra.
Esta es la verdad que hoy debe decirse con claridad: ya no hay lugar para el negacionismo o la duda. Así como no hay forma de seguir cuestionando las aseveraciones sobre la presencia, expansión y consolidación del paramilitarismo en Medellín, donde las operaciones militares en la ciudad jugaron un papel fundamental a favor de este. Tampoco es posible negar la tolerancia, aquiescencia e incluso promoción de estas estructuras por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la IV Brigada del Ejército, la Regional de Inteligencia Militar del Ejército y la Alcaldía de Medellín.
Y precisamente esto es lo valioso de esta etapa de versiones, que, pese al afán de negarla y desconocerla, la verdad se abre paso con fuerza, demostrándonos que ellas, las víctimas, las cuchas, siempre tuvieron razón.
Hoy, muchas de esas denuncias encuentran respaldo en el material contrastado por esta Jurisdicción y se ha podido demostrar que la expansión paramilitar en Medellín no pudo haberse dado sin el conocimiento, la tolerancia y, en múltiples casos, la colaboración de integrantes de la Fuerza Pública.
Es pertinente aclarar que esta realidad no nació exclusivamente en el periodo comprendido entre 2001 y 2003, ni se limitó a Medellín. Se trató de un fenómeno con muchísimo mayor alcance, desarrollado durante décadas en distintos territorios del país, que fue adaptándose según las necesidades políticas, militares, económicas y criminales de cada contexto.
Por eso aquí me atrevo a afirmar, o mejor dicho a reiterar, porque antes de mí lo han dicho muchas más personas. La conformación, promoción y uso de grupos paramilitares fue una política de la Fuerza pública, que encontró respaldo en gobiernos locales, elites regionales y posiblemente nacionales.
Consideramos con todo respeto que en estos términos es que se debe pronunciarse el auto de determinación de hechos y conductas y así mismo debe ser el reconocimiento de responsabilidad. A esta realidad, este fenómeno y especialmente a este periodo oscuro de la Fuerza Pública como bien lo llamó el magistrado Gustavo Salazar en una de las diligencias. Hay que darle el nombre que le corresponde, no se puede dar lugar a ambigüedades o nombrarla de formas que suavicen la gravedad de lo sucedido.
Señores comparecientes:
Ya ha sido suficiente de hablar de estos crímenes como si fueran decisiones individuales que en nada comprometen la institución, insistir en esto es faltar, con bastante descaro, a la verdad.
Se pusieron instituciones, que debían estar para el cuidado de los habitantes de Medellín, al servicio del narcotráfico y el crimen organizado. Eso se comprobó en estas versiones voluntarias, se reconoció que quienes se encargaban de la información de inteligencia en el Comando Élite Antiterrorista (CEAT) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá estaban al servicio de la Oficina de Envigado.
Se evidenció cómo el hurto de gasolina del ducto de Sebastopol fue posible gracias al silencio de la Estación de Policía de San Cristóbal; cómo también estos mismos comparecientes se articularon para la comisión de homicidios donde la responsabilidad material recayera en los paramilitares y la de la Fuerza Pública se diluyera en las sombras garantizando su impunidad. El cerebro tras el telón.
Nos enteramos de que desde la Alcaldía de Medellín se pagaba con recursos públicos la participación de los paramilitares como guías en las operaciones militares y después esta buscó generar estrategias comunicacionales para negar el aumento de la desaparición forzada en Medellín. Esto por dar algunos ejemplos del horror que los habitantes más vulnerables de Medellín sufrieron a ojos de todo un país; Adriana Mazo lo dijo en su intervención: fueron víctimas no solo de la Fuerza Pública, sino de la exclusión y la indolencia. De una ciudad que buscó por todos los medios desalojar a quienes llegaron desamparados a ocupar sus laderas, buscando un futuro mejor que aquel que abandonaron también por la violencia.
Los hechos mencionados, donde se da cuenta de la alianza criminal entre Fuerza Pública y paramilitares, implicaron la ejecución de un amplio repertorio de violencias, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, homicidio, estigmatización, desplazamiento forzado. Todo esto en un periodo tan corto y un territorio no muy extenso, el Valle del Aburrá.
Es insostenible pensar que se trató de hechos individuales e inconexos. Todo lo contrario: la masividad o generalidad da cuenta de la existencia de un aparato criminal, con capacidad de cometer crímenes de sistema.
Otro punto importante es hablar de la forma en que muchos comparecientes han expuesto o justificado su actuar alegando una posible omisión. Este concepto está siendo utilizado como una categoría que busca vaciar de intención lo ocurrido y presentar estos como simples fallas operacionales o errores, y eso también, señores comparecientes, es faltar a la verdad.
Aquí no hubo descuido, falta de experiencia, fue una decisión consciente y eso la convierte en una acción; se decidió no investigar, no perseguir, no judicializar y no actuar frente a estructuras armadas paramilitares, teniendo la obligación de hacerlo, teniendo el deber de garantizar la integridad y la vida de los habitantes de Medellín.
La expansión y el control territorial del Bloque Cacique Nutibara eran plenamente conocidos. Bien lo dijeron algunos de ustedes, señores compareciente, muchas veces: era un secreto a voces…. Más bien era un secreto a gritos. Gritos que ustedes intentaron ahogar, deslegitimando a quienes pedían auxilio, señalando de enemigo a cada víctima que denunciaba su mal actuar.
Cuando la inacción beneficia de manera reiterada a un mismo actor armado, no es un error, es un patrón. Esa omisión, que fue motivada al parecer por una lucha insurgente —digo al parecer porque es difícil de creer que esta sea la única razón para semejante despliegue operacional en una comuna—, estuvo dirigida a objetivos claros: habitantes de los barrios vulnerables de Medellín, especialmente hombres jóvenes, a quienes acusaban de pertenecer a las milicias; líderes sociales y comunitarios, miembros de organizaciones populares y mujeres sometidas a múltiples formas de control y violencia basada en género.
Los daños ocasionados por ustedes, señores comparecientes, es incalculable y quizás irreparable, un daño que han perpetrado nuevamente algunos de con sus versiones, profundamente negacionistas y con disculpas que buscan más justificar su actuar, que reconocer el daño a las víctimas. Cuando uno se justifica, es porque cree que hay razones válidas para haber infligido dolor, y se busca que sea la otra persona, la víctima, quien entienda nuestras razones. Es un absurdo una solicitud de perdón precedida de argumentos que denotan una enorme falta de autocrítica y reflexión.
Las víctimas entienden que es un proceso dialógico que se desarrolla por etapas, por lo que ellas esperan que en lo sucesivo se reflexione por parte de ustedes su papel en esta jurisdicción, atendiendo precisamente a las palabras del Ministerio Público de comprender este proceso de aporte a la verdad como acumulado y evolutivo.
Si van a escuchar el llamado histórico que les hacen hoy las víctimas y la Jurisdicción para reconstruir una comunidad tan victimizada como lo son los barrios vulnerables de Medellín, entonces, señores comparecientes, debo reiterarles la exigencia a aportar verdad; si esto no es su intención, no instrumentalicen más este espacio que bien benevolente ha sido con ustedes. Aquí hay mucho dolor en espera de alivio. No es tarde para sentir empatía y compasión por el dolor que ustedes ocasionaron.
Por tanto, les solicito que en su manifestación a estas versiones contemplen dar respuesta a estos interrogantes:
¿Por qué ocurrió esto en nuestros territorios? ¿Cuál era la motivación, la finalidad? ¿Por qué y para qué hicieron esto? Porque honestamente creemos —tanto el IPC como las víctimas que representamos— que la sola motivación contrainsurgente no logra explicar la magnitud de esta empresa criminal. ¿Por qué invertir tanto esfuerzo en consolidar el paramilitarismo en la Comuna 13?
Creo que para resolver este interrogante es necesario entender el fenómeno como un asunto de ciudad, no de comuna solamente; por lo tanto, les solicito también que incluyan hechos de otras comunas si son de su conocimiento.
Honorables magistrados: Los invito a indagar por hechos que se dieron en otras comunas de la ciudad. Entiendo la priorización y focalización en la instrucción del caso, pero como dije esto fue un fenómeno de ciudad y lo vivido en la Comuna 13 se replicó con los mismos patrones en otras comunas.
Y finalmente, con profundo respeto, también le pido a la magistratura, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, escuchar a la comunidad de la vereda La Loma y de los colectivos víctimas de la Comuna 3 de Medellín, con el fin de identificar otras zonas de interés forense en la ciudad.
Este discurso fue leído por la abogada Ana María Gallego, como parte del equipo de representación de las víctimas que integra el IPC, el 7 de mayo de 2026, en la audiencia de observaciones de las víctimas a las versiones de los comparecientes en la fase 1, de operaciones militares en la Comuna 13 y zonas aledañas entre 2001 y 2003, dentro del subcaso Antioquia, del Caso 08 «Crímenes cometidos por la Fuerza Pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado», establecido por la JEP.