La búsqueda de personas desaparecidas y la construcción de memorias en la comuna 13 avanzarán de manera paralela. La JEP prorrogó las medidas cautelares en La Escombrera, aprobó una nueva fase de excavaciones forenses y ordenó implementar la Ruta de la Memoria.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó en Medellín una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares sobre la comuna 13 y La Escombrera. El tribunal anunció la ampliación de las medidas de protección sobre dicho predio, aprobó una nueva fase de intervención forense y ordenó la implementación inmediata de la Ruta de la Memoria.
El magistrado Gustavo Adolfo Salazar, explicó que las nuevas medidas buscan garantizar los derechos de las víctimas al combinar la búsqueda de personas desaparecidas con acciones de preservación de memorias. “El proyecto de memorialización y monumentalización, así como la Ruta de la Memoria de la comuna 13, deben ser entendidos como instrumentos complementarios que permiten articular lugares, relatos, experiencias y expresiones de memorias”, comentó el relator de la medida cautelar. Estas acciones se realizan de forma simultánea a las labores de excavación forense.
Las órdenes de la JEP incluyen ampliar de la medida cautelar sobre los predios La Arena y La Escombrera: “mantener el cerramiento y la prohibición de intervención de cualquier persona o el desarrollo de cualquier actividad diferente a la adelantada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), en el nuevo polígono por un lapso de 12 meses”, detalló Salazar.
El polígono protegido tiene actualmente cerca de 10 684 metros cuadrados. Hasta la fecha, se han producido siete hallazgos: dos cuerpos, el 18 y 19 de diciembre de 2024; dos más, el 10 de enero de 2025; y otros dos, el 14 y 15 de julio; y uno más, el 25 septiembre.
En la audiencia, el magistrado anunció que la fase cinco finalizará el 31 de agosto del presente año. Además, el plan de intervención forense presentado por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) para desarrollar la fase seis ya se aprobó y su inicio se tiene proyectado para septiembre. “La fase seis puede alargarse por un año”, comentó Salazar, integrante de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP.
Salazar agregó que el equipo forense deberá presentar un informe técnico y logístico de avances ante la magistratura en una mesa técnica que será convocada dentro de los 30 días siguientes a la audiencia.
Por último, la JEP aprobó la Ruta de la Memoria de la comuna 13, presentada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y ordenó a la Alcaldía de Medellín y a la Gobernación de Antioquia adelantar de manera inmediata las acciones pertinentes para poner en marcha esta estrategia de memoria.
En esta diligencia participaron integrantes de la Asociación de Víctimas Mujeres Caminando por la Verdad (AVMCV) y Mujeres Unidas por la Dignidad, así como organizaciones representantes de víctimas como el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y la Fundación Santa Laura Montoya, quienes realizan el proceso de exigencia y labores de veeduría a la intervención forense en La Escombrera.
Proceso de memorialización
La audiencia se centró en el seguimiento al proceso de memorialización y monumentalización de La Escombrera. Salazar explicó que es una medida de reparación simbólica que transformará este sitio de dolor en un referente de dignidad y verdad para la comuna 13 y el país. “Luego de 25 años de búsqueda, un proceso judicial de 8 años, 2 años continuos de excavación, 63 000 metros cúbicos movidos, la verdad se ha revelado terca y contundente”, enfatizó.
Por otro lado, Alejandra Sarria, coordinadora del Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, detalló que el proyecto fue desarrollado en conjunto con las víctimas: “Este proceso se hizo con una metodología de co-creación con las organizaciones de víctimas, quienes han decidido los conceptos, lógicas, lugares y maneras en las que se ha configurado el proyecto”, dijo la funcionaria.
La propuesta contempla un lugar de memoria en La Escombrera que estará compuesto por cuatro espacios simbólicos: inicia en el Ágora de las Piedras, en homenaje a las mujeres buscadoras y las organizaciones de víctimas; continúa por la Silueta Portón y la Grieta o Herida, que representan la ausencia de las personas desaparecidas y los hechos victimizantes; y finaliza en el Recinto de la Memoria, un pabellón dedicado a la esperanza, la justicia y la reparación, que albergará los hallazgos forenses, retratos de las víctimas y espacios para la memoria y el encuentro comunitario.
Sarria señaló que el proyecto tendrá un costo superior a los $11 500 millones de pesos, que serían aportados equitativamente entre la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Culturas. La ejecución de la obra se desarrollará por etapas, con una fase inicial prevista para este año y su finalización se tiene proyectada para 2028.
Por su parte, María Patricia Giraldo, subsecretaría de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, propuso una fase inicial de cuatro a seis meses para evaluar aspectos jurídicos, técnicos y ambientales, incluida la adquisición del predio. Pidió ajustar el cronograma por los estudios y trámites requeridos, como la definición del área del proyecto, levantamientos topográficos y abandono de la actividad minera en el predio.
Los llamados de las víctimas
Las víctimas y sus representantes hicieron un llamado para que las medidas de preservación de las memorias no se limiten a decisiones judiciales, sino que se traduzcan en acciones concretas para preservar el legado de las víctimas y evitar que este sea desvirtuado por intereses comerciales. “Que se pueda avanzar en un plan integral que frene la mercantilización de la memoria en la comuna 13”, enfatizó Natalia Muñoz, en representación de la AVMCV y la CJL.
Muñoz solicitó la instalación de la placa de las víctimas y la financiación de la ruta de la memoria liderada por las mujeres víctimas, sin condicionar su autonomía. “La implementación de la Ruta de la Memoria ha enfrentado obstáculos administrativos por parte de la Alcaldía de Medellín, que ha pretendido someter la propuesta a una nueva discusión y validación con otros colectivos sociales, artísticos y de víctimas de la comuna”, detalló.
Por su parte, las víctimas hicieron un llamado para que se dé celeridad a la búsqueda de los desaparecidos: “Hay que recordar que La Escombrera es un símbolo de la deuda histórica que el Estado tiene con las víctimas de desaparición forzada. La obligación de buscar no es opcional, es un compromiso con los derechos y un aporte fundamental a los procesos de justicia”, enfatizó Luz Elena Galeano, coordinadora de la AVMCV.
Preparación de la fase seis
Julián Baracaldo, antropólogo forense del GATEF, afirmó que la fase cinco tiene un avance del 97 % y que se han removido cerca de 48 000 metros cúbicos de tierra. “Podríamos estar en el escenario de documentación final de toda la superficie del polígono de la fase cinco en la última semana de agosto”, señaló.
El antropólogo también expuso detalles de la fase seis de la intervención forense, que corresponde al trabajo sobre el terreno en el que se extendió la medida cautelar en 2025: “La fase seis inicia con la instalación de instrumentos de medición (inclinómetros) para mitigar riesgos con el talud y la demolición de una unidad de un canal de aguas. Tenemos los cálculos de movilizar 32 000 metros cúbicos de material, lo cual podría demorar entre 16 y 20 meses de trabajo”, explicó Baracaldo.
Por su parte, Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, dijo que la alcaldía reservó 7 000 millones de pesos con la Empresa de Desarrollo Urbano para cubrir la maquinaria amarilla, un sistema de monitoreo de la montaña y el apoyo a madres buscadoras. Así mismo, aseguró que cuentan con una adición presupuestal para iniciar la fase seis de la intervención.
Según el magistrado Salazar, en la fase que inicia podrían trabajar en conjunto con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). “El personal asignado está conformado por dos equipos forenses completos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, la Unidad de Búsqueda ha ofrecido un equipo forense adicional. Estamos definiendo en qué zona y de qué manera se articulará con la Jurisdicción”, puntualizó.