Este 3 de octubre, en El Carmen de Viboral se conmemoraron 30 años de la desaparición forzada de doce personas y del asesinato de otra en la vereda La Esperanza, hechos ocurridos entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996. Tres décadas después, hay sentencia, expedientes y actos de memoria. Lo que todavía no hay es una respuesta sobre dónde están.
El acto conmemorativo reunió a familiares de las víctimas en un paraje junto a la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del río Cocorná. La jornada fue organizada por las propias víctimas, con el acompañamiento de la Corporación Jurídica Libertad, que desde hace años respalda a esta comunidad en la búsqueda de sus familiares y en sus reclamos de verdad y justicia. El encuentro tuvo varios momentos: primero, un homenaje a los doce desaparecidos y al campesino asesinado en 1996; después, un recuerdo para las y los familiares buscadores que, a lo largo de estas tres décadas, murieron sin conocer el paradero de sus seres queridos.
Las primeras desapariciones ocurrieron la noche del 21 de junio de 1996, cuando un grupo de hombres armados llegó a la tienda de Aníbal de Jesús Castaño Gallego, lo retuvo y luego se lo llevó. Esa misma noche también desaparecieron a Óscar Hemel Zuluaga, de dieciséis años. De acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos eran señalados por el Ejército de venderles productos a los guerrilleros. El 22 de junio fueron desaparecidos los hermanos Juan Crisóstomo y Miguel Ancízar Cardona Quintero, de doce y quince años, respectivamente. El 26 de junio, en medio de un operativo de la Fuerza de Tarea Águila (FTA), este grupo se llevó a Irene de Jesús Gallego Quintero, a quien había acusado de ser guerrillera.
El 7 de julio varios hombres armados retuvieron y desaparecieron al promotor de salud de la vereda, Juan Carlos Gallego Hernández, y al campesino Jaime Alonso Mejía Quintero. Horas más tarde asesinaron a Javier Giraldo Giraldo, y su cadáver fue hallado en la vereda San Vicente de El Carmen de Viboral. Dos días después, el 9 de julio, entre cinco y nueve personas armadas y vestidas de civil desaparecieron a Hernando de Jesús Castaño Castaño, Orlando de Jesús Muñoz Castaño y Octavio de Jesús Gallego Hernández. Al final de ese año, la noche del 27 de diciembre de 1996, hombres armados y de civil irrumpieron en las casas de Andrés Antonio Gallego Castaño y Leonidas Cardona Giraldo, los subieron a una camioneta y los desaparecieron.
Días después de los hechos, los familiares de las víctimas lograron reconocer a algunos militares que habían estado presentes y habían actuado en contra de la comunidad y sus vecinos. “Nosotros en varias ocasiones logramos reconocerlos. Yo era una a la que no le daba miedo decírselo de frente, y eso que estaba embarazada. Cuando se llevaron a mi esposo Hernando, yo tenía cuatro hijos y casi tres meses de embarazo”, afirmó Flor Gallego Hernández, lideresa y víctima de la vereda La Esperanza.
Las familias de los desaparecidos empezaron a decirle no a la guerra, realizando encuentros “casi clandestinos”, como los describió Flor. “En noviembre nos empezamos a reunir con ayuda de la Corporación Jurídica Libertad, quienes estuvieron muy pendientes de nosotras las víctimas y nos brindaron ayuda psicosocial”, contó. Ese mismo año, la CJL empezó una serie de visitas constantes a la vereda, con el fin de unir nuevamente a la comunidad y generar lazos de confianza en momentos de miedo e incertidumbre.
La abogada Liliana María Uribe Tirado, que para ese momento trabajaba con la CJL, fue la primera en asumir el caso de La Esperanza. “Nosotros presionamos a la Fiscalía desde 1996, pero los casos no avanzaban. En 1999 se presentó la petición del caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solo hasta el 2017 se dicta la sentencia, donde se condena al Estado colombiano por la desaparición de esas personas”, explicó Liliana.
Aunque la justicia nacional e internacional tardaba en ofrecer respuestas a las víctimas, estas no dejaron de denunciar, buscar y mantener viva la memoria. En 2006, los familiares se reunieron con el equipo de trabajo sobre desaparición forzada de la ONU y le presentaron el caso. Ese mismo año se construyó el monumento a la memoria “Resistir en La Esperanza tras una década de impunidad”, en la capilla Santa Cruz de la vereda.
En 2016, en un acto “valiente”, según Liliana, los familiares de las víctimas se pronunciaron por medio de un comunicado de prensa, en el que le manifestaron al Gobierno su intención de continuar con la búsqueda de sus desaparecidos y cuestionaron el papel de la Fiscalía, que después de veinte años no había presentado ningún resultado significativo para ellas.
La condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 31 de agosto de 2017 fue un logro para la vereda y para la CJL, pues no solo tuvo en cuenta las doce desapariciones y el asesinato, sino también a las ciento veinte familias que se vieron afectadas por la actuación conjunta de integrantes del Ejército Nacional y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, (ACMM). Según la sentencia, en total fueron quinientas veinte las personas perjudicadas por estos hechos.
Tanto Liliana como Flor consideran que el Estado ha fallado en la implementación de la reparación simbólica, pues en las audiencias que se han realizado, “la verdad no ha prevalecido”, como lo expresa Flor, quien no se ha cansado de resistir ni de luchar por la búsqueda de sus familiares y vecinos. “Nosotras, tantos años después, lo único que queremos es conocer la verdad. Que nos digan dónde están nuestros desaparecidos, nuestros hermanos, esposos, hijos. Si están muertos, queremos darles una santa sepultura; si están vivos, queremos darles un abrazo”, finalizó Flor.
