Las periodistas Patricia Nieto y Natalia Botero vivieron una situación de “obstrucción a la labor periodística” cuando se encontraban en Bojayá, Chocó, reporteando el inicio de las exhumaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Esta vez, quienes impidieron su trabajo no fueron los actores armados, sino miembros de la sociedad civil. ¿Cómo entender esta vulneración? ¿Qué implicaciones puede tener para la labor de la prensa en el contexto actual de posacuerdo? ¿Debe modificarse la relación entre periodistas y fuentes? Hacemos Memoria propone un debate al respecto para que ningún derecho resulte afectado. Por Margarita Isaza Velásquez Después de siete días de permanecer en Bojayá, Chocó, la periodista Patricia Nieto alcanzó a llenar un cuaderno de notas. Escribió nombres y fechas, apuntó números telefónicos, describió lugares y situaciones, hizo dibujos, trató de ser fiel a las palabras que escuchaba, pero volvió a Medellín con una sensación amarga, la de no haber podido avanzar en el trabajo periodístico que se había propuesto: conocer de cerca y registrar el proceso social, político y judicial que implica la segunda exhumación de los restos de las 119 personas sepultadas en el cementerio municipal después de la masacre del 2 de mayo de 2002. […]
