Medellín, 21 de enero del 2021
Comunicado
Luego de conocer la decisión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) de suspender la diligencia de desalojo del edificio donde funciona el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE), en el municipio de San Carlos, y de participar en una reunión con las víctimas y la administración municipal para analizar la situación de este lugar de memoria, el proyecto Hacemos Memoria quiere expresar su respaldo a la decisión tomada por la SAE y al espacio de diálogo que se pretende instalar. Sin embargo, deja clara su preocupación en tanto el proceso de recuperación del bien emprendido por esta entidad, que está vinculada al Ministerio de Hacienda y es la encargada de administrar los bienes bajo extinción de dominio, continúa vigente.
Los orígenes de este lugar de memoria se remontan al año 2006, cuando un grupo de mujeres de San Carlos creó el CARE con el propósito de acompañar a las víctimas del conflicto armado y promover acciones en pro del bienestar físico y espiritual de los habitantes de esta población. En el 2008, en una acción de resistencia, el grupo decidió que la sede del CARE sería el Hotel Punchiná, que para entonces se encontraba abandonado y era conocido como “la casita del terror”, puesto que en medio del conflicto el edificio fue base paramilitar del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, que usó este sitio como centro de detención y tortura ilegal. Pero, a pesar de la transformación que lograron darle las víctimas a este espacio, el pasado 6 de enero del 2022 la SAE les notificó a las organizaciones que desarrollan sus actividades en el CARE que debían abandonar el espacio, decisión que fue suspendida como ya se mencionó.
La diligencia emprendida por la SAE atenta contra el camino que han recorrido con dignidad los sancarlitanos en su esfuerzo por construir memoria histórica y resignificar un lugar del horror que durante años vivió este municipio del Oriente de Antioquia. Pareciera necesario recordarle a la SAE que los procesos de memoria del conflicto armado en Colombia se han generado desde las regiones que han padecido la violencia, a partir del trabajo ciudadano gestionado con éxito por las víctimas que se han empeñado en crear espacios de diálogo para superar el dolor de quienes sufrieron graves violaciones a los derechos humanos.
También, es pertinente recordarle a esta institución que este tipo de procesos comenzaron antes de que se decretaran políticas públicas de memoria en Colombia y que han significado un importante avance para la construcción de paz y la no repetición de las violencias en los territorios. Hoy, la Ley 1448 del 2011 establece el deber de memoria del Estado, referido a propiciar las garantías y condiciones para que la sociedad pueda avanzar en ejercicios de construcción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto. De allí la importancia de la preservación de espacios como El CARE.
Por otra parte, avanzar en la medida administrativa, judicial y, posiblemente, política de desalojar un lugar de memoria como el CARE, es ir en contravía de las estrategias de memoria y justicia transicional que han recorrido distintas sociedades en el mundo, donde estos lugares del horror han sido resignificados y apropiados por los ciudadanos y las mismas instituciones del Estado para dar testimonio de la degradación que para la dignidad humana significa la guerra, para recordar y dignificar a quienes fueron víctimas de la violencia, para apuntalar propuestas hacia la reparación de la democracia y la construcción de paz, y, por qué no, para señalar las responsabilidades a las que haya lugar.
Por eso, desde Hacemos Memoria nos sumamos a las voces que han rechazado la estrategia de desalojo emprendida por la SAE y expresamos toda nuestra solidaridad con las organizaciones de víctimas, sociales y comunitarias que desarrollan sus procesos en el CARE, así como con los sancarlitanos en general, en aras de conservar este lugar de memoria, porque estamos convencidos que quitarle este espacio a las víctimas y destinarlo para otros usos que no sean los de la memoria histórica, equivale a borrar las huellas del horror que hemos vivido como sociedad y a perpetuar la impunidad de quienes han sido responsables, incentivando así la continuidad de la violencia.
Por lo anterior, estaremos atentos a las decisiones que en torno a este lugar de memoria puedan surgir tras la reunión que tendrán víctimas, representantes de la SAE y funcionarios de la Alcaldía de San Carlos el próximo lunes 24 de enero, y seguiremos insistiendo para que el gerente regional occidente de la SAE, el señor Alejandro Barrera, atienda la solicitud de conceder una entrevista sobre el tema a Hacemos Memoria, la cual hemos buscado de manera insistente ante esta entidad.
De igual manera, mantenemos nuestra preocupación y llamamos la atención de la sociedad civil y de las instituciones del Estado sobre otros lugares de memoria como la Casa de la Memoria de Tierralta en Córdoba, que fue cerrada por la administración del alcalde Fabio Otero y aún permanece sin sede; el Centro Memoria del Conflicto de Valledupar en Cesar que fue cerrado en 2019; y el Salón del Nunca Más de Granada en Antioquia, donde hasta el momento la Alcaldía y la Gobernación no han cumplido con las reparaciones locativas que requiere esta edificación en la que las humedades dañaron algunas bitácoras de las víctimas.
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