En mayo de 2014 se firmó el Acuerdo de Solución al Problema de Drogas Ilícitas, uno de los asuntos que más controversia ha causado en Colombia. Adrián Restrepo, magíster en Ciencia Política, considera que el problema de las drogas ilícitas no resolverá con la implementación del acuerdo. Estos son sus argumentos.
Por Juan Camilo Castañeda Arboleda
El título del cuarto punto de la agenda de negociaciones que acordaron las Farc y el Gobierno condensa su pretensión: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. Este es uno de los asuntos que más controversia ha causado en Colombia por las posturas que defienden distintos sectores políticos del país.
En el acuerdo se entiende que el narcotráfico es un delito conexo al delito político; es decir, que las Farc acudieron a esta actividad en función de sostener económicamente su rebelión contra el Estado. Por otro lado, sectores que se oponen al proceso de paz, como el Centro Democrático, han insistido que uno de los objetivos principales de esta organización ha sido el enriquecimiento a través del tráfico de drogas, posición que niega su estatus político.
Según Adrián Restrepo, investigador social del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, el proceso de paz con las Farc no sería posible si se abordara desde la segunda postura, pues dicha visión aboga, como insistió Álvaro Uribe en sus dos períodos presidenciales, por una negociación bajo un modelo de sometimiento a la justicia.
Restrepo considera que el problema de las drogas ilícitas no tendrá solución con la implementación del acuerdo porque aunque propone algunos aspectos novedosos –como la sustitución integral de cultivos y el tratamiento desde la salud pública al consumo de drogas–, reproduce protocolos de la lucha tradicional contra las drogas que están planteados en la Convención Única Antidrogas firmada en 1961, la cual ha generado más muertos, más capturas, pero no ha puesto fin al negocio de los narcóticos.
Adrián Restrepo es trabajador social y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Actualmente, realiza un doctorado en sociología en la misma institución para el cual realiza una investigación sobre el movimiento cannabico en Colombia. Conversamos con él para analizar los puntos que están presentes en el Acuerdo de Solución al Problema de Drogas Ilícitas.
Con este contenido, Hacemos Memoria pretende aportar a la discusión y el análisis de los seis puntos que se han acordado en la mesa de negociaciones de La Habana.
¿Cuál es su opinión frente a la forma como se asumió el tema de narcotráfico en el acuerdo, donde se entendió como un delito conexo?
Las Farc se financió, en parte, con actividades relacionadas con el narcotráfico. Inicialmente, lo hicieron con lo que ellos denominan ‘el gramaje’, el impuesto que se cobra por la producción. Luego se supo que algunos frentes estaban participando en la producción y la comercialización. Por esta razón, los sectores que no han reconocido la naturaleza política de la guerrilla afirman que son grupos netamente narcotraficantes. Aún hoy dicen que las Farc es el cartel de droga más grande en el mundo. Si así fuera, Estados Unidos no avalaría esa negociación.
El modelo de negociación de La Habana reconoce la naturaleza política de la guerrilla, por lo tanto, admite que algunos de sus argumentos sobre las causas objetivas de la guerra son válidos. Reconocido esto en el proceso de negociación, se admite que hay una serie de actos de guerra que se les considera conexos. Esto significa que la actividad principal de la guerrilla no era el narcotráfico, fue un accesorio que, en este caso, utilizaron para financiarse.
¿Cuál es la importancia de este acuerdo en el marco general de las negociaciones?
Tal como se presenta, lo más importante es que un grupo armado de la importancia de las Farc se va a retirar de esa actividad. Pero hay un temor que tienen distintos sectores sociales y es que van a llegar otros actores a reemplazar a la guerrilla. En el caso del narcotráfico ese temor es real porque sabemos que es una economía muy rentable y más en un país como Colombia con altas tasas de inequidad y de pobreza.
Las personas podrían seguir la ética del campesino “cualquier cosa menos aguantar hambre”; si se siguen demandado esas drogas y el que las sembraba o el que las protegía ya no está, van a llegar otros a cumplir ese papel. Que el Eln llegue a esos territorios no es tan probable porque esa es una guerrilla que por un asunto de adoctrinamiento, ideología y capacidad de mando no puede crecer al ritmo de una banda criminal.
¿Qué cambios traería un enfoque de Derechos Humanos al problema de Cultivos Ilícitos?
En el acuerdo dividen la problemática en tres partes: la producción, la comercialización y el consumo. Sobre la producción, dicen que resolverá con un programa de sustitución integral de cultivos. Ahí lo nuevo no es la sustitución porque eso es viejísimo, lo nuevo es la palabra integral. Por la experiencia en los fracasos con la sustitución de cultivos, es que lo atan con el punto uno de la negociación que es la Reforma Rural Integral.
Sobre la comercialización se mantiene, a mi modo de ver, el enfoque tradicional: el control militar. Tradicionalmente, lo militar se ha ocupado de las tres partes, pero según el esquema que presenta el acuerdo y siguiendo ciertas tendencias mundiales, ahora, solo se va a concentrar en los comercializadores o narcotraficantes.
¿La sustitución es suficiente para erradicar los cultivos ilícitos del país?
En el acuerdo se plantea que el posible éxito de la sustitución de cultivos depende de la Reforma Rural Integral. Las evaluaciones sobre la sustitución de programas efectivos ya lo han señalado en Colombia y en Afganistán: esos programas tiene éxito en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo siempre fracasan porque estamos en una era de economía de mercado.
Un ciudadano va a un supermercado y encuentra productos de una marca que promueve la sustitución de cultivos, le dicen que es importante comprar ese producto porque apoya a unos campesinos que intentan salir de la economía ilegal de las drogas. Ese discurso dura muy poco tiempo porque luego las personas, como consumidoras racionales, se fijan es en la calidad del producto y en el precio. Cuando eso pasa, los campesinos que intentaron salir de los cultivos ilícitos dejan de vender, se quiebran nuevamente retornan a la economía de la coca, de la marihuana o de la amapola porque, aunque no se enriquecen, les permite vivir y subsistir.
¿Por qué el acuerdo habla de un tratamiento judicial diferenciado para los campesinos que trabajan cultivos ilícitos?
Las tendencias mundiales hablan de que hay que concentrar la fuerza militar en el eslabón más fuerte de la cadena y no en el más débil. Cuando se habla de eslabones débiles son la producción y el consumo. Concentrarse en estos últimos genera un efecto de eficientísimo político, pero mandar a todo este gentío a la cárcel no resuelve nada. Las cárceles están congestionadas; además, está probado que el poder se concentra en el que comercializa.
¿Qué percepción tiene del enfoque de salud pública con el que se abordará el problema del consumo?
Tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que a los consumidores se les quita la etiqueta de delincuentes. A estos se les captura, se les persigue. En Colombia se cree que los consumidores son la perdición del mundo, y muchos han sido eliminados por medio de la limpieza social. La policía ha abusado de los consumidores.
Las actuales políticas de prevención de drogas de la ONU y de este Gobierno siguen funcionando bajo un enfoque prohibicionista. Un enfoque desde la salud pública es interesante porque el sistema de salud tendrá que ofrecerle opciones al consumidor. Se esperarían unas campañas educativas con las que se les informe, particularmente a los jóvenes, cuáles son los efectos de las drogas, en qué consisten y, finalmente, se espera que sean los mismos ciudadanos quienes tomen decisiones frente al consumo.
Un limitante del enfoque en salud pública es que, aunque a los consumidores se les quita la etiqueta de delincuentes, quedan con el estigma de enfermos. La Sentencia C-221 de 1994 de Carlos Gaviria insistía en eso, que los drogadictos no son ni enfermos ni delincuentes, son ciudadanos ejerciendo el libre derecho al desarrollo de la personalidad.
Por fortuna, a nivel mundial y en Colombia los consumidores se están organizando, están protestando, están saliendo a la luz pública y están empezando a participar en la formulación de esas políticas.
¿Cómo aportarían las Farc a la implementación de este acuerdo de narcotráfico?
Los analistas lo han dicho: en los primeros tres puntos de las negociaciones (Desarrollo Agrario Integral, Participación en Política y Fin del Conflicto) El Estado atiende las demandas de las Farc, los otros dos puntos (Drogas ilícitas y Víctimas) responden a las demandas que las Farc deben cumplirle a la sociedad y al Estado.
Las Farc dicen que no van a sembrar más coca si las propuestas que formula el Estado en sustitución de cultivos son económicamente viables. Si el Estado tiene que erradicar los cultivos a la fuerza, eso quedó consignado en el acuerdo, se tendrá que hacer manualmente y no por aspersión.
También se supone, lo ha dicho el Gobierno, que las Farc van a entregar redes, rutas de narcotráfico. A mi modo de ver, ahí nos vamos a encontrar con que las rutas no son de las Farc sino de los narcotraficantes. Los que fueron socios de esta guerrilla ya están armando otras rutas.
La corrupción es un elemento de fondo que no se puede olvidar. Las guerrillas han jugado un papel en el tema de las rutas, pero la corrupción del Estado juega un papel mayor. Muchos narcotraficantes armaron sus rutas corrompiendo a generales, a coroneles, a funcionarios públicos, a senadores; es decir, aunque las Farc se retiren de esta actividad, no se va a acabar con el narcotráfico.
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