La Escombrera, parte alta de la Comuna 13 de Medellín, ha sido señalada, denunciada y excavada, como un lugar en el que se cometieron asesinatos y desapariciones. Hacemos Memoria reconstruye en una línea de tiempo los hechos más significativos asociados a ella, desde el año 2000 hasta el presente.
Por Hacemos Memoria
Desde finales de julio de 2024, equipos profesionales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) realizan la tercera intervención forense en el predio La Escombrera, occidente de Medellín, en un área de 6912 metros cuadrados, que se ha definido en las medidas cautelares emitidas por la JEP como el polígono de búsqueda, luego de investigaciones judiciales y humanitarias realizadas por estas entidades, en las que han insistido y persistido las familias buscadoras y las organizaciones sociales que las respaldan, como la Corporación Jurídica Libertad y el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos.
Según los registros de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), se presume que en La Escombrera puede haber 502 víctimas de desaparición forzada, de las 5912 que corresponden al universo de desaparecidos de Medellín. La mayoría de las desapariciones forzadas ocurridas en la Comuna 13 se pudieron dar en el contexto de las operaciones militares realizadas allí a comienzos del presente siglo.
La Comuna 13 es una de las dieciséis comunas en zona urbana que tiene Medellín. Ubicada en el occidente de la ciudad, en límites con el corregimiento de San Cristóbal, cuenta con un poco más de 140 mil habitantes. Para finales de la década de los noventa y principios del 2000, esa comuna fue una de las más golpeadas por la violencia. Grupos insurgentes y milicias urbanas, como los Comandos Armados del Pueblo (CAP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y células paramilitares y grupos delincuenciales, que se sumarían al dominio del Bloque Cacique Nutibara, hacían presencia en la zona con el fin de aumentar su control social y político, así como los negocios relacionados con el narcotráfico. La desaparición de personas, los homicidios, las extorsiones, la violencia sexual, la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, y el desplazamiento forzado, fueron algunas de las modalidades de violencia que se instalaron allí.
En los años 2001 y 2002, la Fuerza Pública realizó en Medellín y especialmente en la Comuna 13 varias intervenciones militares, como Mariscal y Orión, con la participación de grupos paramilitares, para expulsar a las milicias urbanas. En estas operaciones, ordenadas por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, hubo múltiples violaciones a los derechos humanos, que fueron denunciadas desde su ocurrencia por sobrevivientes, familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la del 22 de noviembre de 2016, declararon responsable al Estado colombiano por estas violaciones de derechos humanos.
Durante las investigaciones de Justicia y Paz —luego de la desmovilización de los grupos paramilitares, a partir de 2005—, comandantes como ‘Móvil 8’ expresaron que La Escombrera era un lugar de depósito de cadáveres, adonde llevaban a los asesinados de la Comuna 13. En 2015, sucedió allí la primera intervención forense, sin hallazgos concluyentes. En 2020, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en el marco del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por la Fuerza Pública y otros agentes del Estado, adoptó medidas cautelares para proteger La Escombrera y evitar que se siguiera acumulando material de desecho en la montaña; en 2022 hubo algunos hallazgos, de naturaleza aún desconocida, y en julio de 2024 se reiniciaron las excavaciones para una nueva intervención.
Hacemos Memoria reconstruye los hitos que han marcado la historia de La Escombrera, e invita a las organizaciones, colectivos y ciudadanos a aportar información asociada a hechos significativos para comprender mejor por qué y cómo este lugar se convirtió en epicentro de victimización y de resistencia civil en Medellín.
La información fue recolectada a partir de entrevistas periodísticas, artículos de prensa local y nacional, investigaciones académicas y estudios gubernamentales; también de boletines e informes producidos por la JEP, la UBPD, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y la Corporación Jurídica Libertad, entre otros.
2025
Identificación de dos personas desaparecidas
El 23 de enero, en el Comunicado 006, la entidad había informado que los hallazgos forenses en La Escombrera correspondían al menos a cuatro personas:
«Todas las víctimas presentan signos de violencia peri mortem, es decir, como causa de muerte, y lesiones compatibles con proyectiles de arma de fuego, específicamente tiros de gracia. En al menos uno de los casos, existe evidencia suficiente para afirmar que la víctima fue reducida a un estado de total indefensión y sometida a malos tratos, sin descartar la comisión de torturas».
Dos cuerpos
El 10 de enero, la UBPD y la JEP confirmaron el hallazgo de dos cuerpos enterrados en La Escombrera, posibles víctimas de desaparición forzada, en el polígono donde se desarrolla la búsqueda y donde en diciembre de 2024 fueron halladas otras estructuras óseas. A lo largo de la intervención forense, llevada a cabo por estas entidades, los grupos de familiares como Mujeres Caminando por la Verdad han hecho veeduría al proceso y se mantienen a la expectativa de la excavación y de saber si las estructuras óseas corresponden a sus seres queridos, asunto que investiga el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Debido a la atención que los hechos de La Escombrera han generado, las entidades del Sistema Integral para la Paz publicaron el «Protocolo de comunicaciones para el cubrimiento de La Escombrera», que promueve el uso respetuoso y sensible de la información asociada a la búsqueda de personas desaparecidas.
2024
Los primeros hallazgos forenses
El 18 de diciembre, como parte de la fase 5 de intervención forense al predio La Escombrera, un equipo de profesionales de la UBPD y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la JEP hallaron dos estructuras óseas, luego de haber removido 36 450 metros cúbicos de tierra.
En el comunicado conjunto que emitieron la UBPD y la JEP el 20 de diciembre, se lee:
“Esto sucedió en la zona noreste del polígono, por fuera del área priorizada en la fase 5, a una distancia de 2,50 metros de esta. La prospección del lugar donde se ubicó la evidencia forense estaba contemplada para la fase 6 de la intervención”.
Plan de reparación colectiva a Mujeres Caminando por la Verdad
En noviembre fue aprobado por Mujeres Caminando por la Verdad y por la Unidad para las Víctimas el plan integral de reparación colectiva con 16 medidas de restitución, garantías de no repetición, satisfacción y rehabilitación psicosocial para las cerca de 80 personas que conforman el colectivo que en 2017 había sido reconocido como sujeto de reparación.
Mujeres Caminando por la Verdad ha promovido acciones de búsqueda de desaparecidos en La Escombrera y de denuncia de los crímenes cometidos por el Estado y otros actores armados en la Comuna 13 de Medellín. Entre las medidas que implementará este plan a partir de 2025 se encuentran «la compra y dotación de una sede que tendrá un salón para la memoria y dignidad de las víctimas; la creación de dos líneas de emprendimiento colectivo, incluyendo acompañamiento técnico y comercial; y formaciones en liderazgo y participación, derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, entre otras temáticas», afirmó la nota de prensa de la Unidad para las Víctimas.
Avance de medidas cautelares
El 25 y 26 de julio se realizó la audiencia pública de seguimiento a la medida cautelar impuesta por la JEP a La Escombrera. En ella se informó del reinicio de las excavaciones, que hace parte de la fase 5, denominada «intervención técnico-forense», que estaba en preparación desde 2022. También se realizó un acto simbólico convocado por Mujeres Caminando por la Verdad, la Corporación Jurídica Libertad y el Movice.
Ley de Mujeres Buscadoras
El 18 de junio el Congreso de Colombia decretó la Ley 2364 de 2024, «por medio de la cual se reconoce y protege de forma integral la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada». Esta ley instauró la fecha del 23 de octubre como Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada.
2023
Reparación a la Comuna 13
La Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio Público presentaron el informe de investigación Comuna 13 de la ciudad de Medellín: sujeto de reparación colectiva, que «describe, mediante testimonios, los daños que el conflicto armado le ha causado a la Comuna 13 como un sujeto colectivo que se ha visto afectado por el control social y territorial que han llevado, en últimas, a la fragmentación del tejido social y a una estigmatización de los habitantes de ese sector».
Este trabajo y otros insumos serán revisados por la Unidad para las Víctimas dentro de un posible proceso de diagnóstico de daño, previo a la declaración de sujeto de reparación colectiva, que puede ser impulsada por organizaciones y habitantes de la Comuna 13.
Segunda prórroga de la medida cautelar
El 22 de septiembre, mediante el Auto AI-058 de 2023, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP prorrogó por un año más las órdenes de prohibir cualquier tipo de actividad en los dos lotes ubicados en La Escombrera y La Arenera y de buscar a las víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13.
Según esta sección de la JEP,
«entre 1978 y 2016 se registraron 459 víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13. Solo en 2002 ocurrieron 200 casos, año en el que la fuerza pública realizó diversas operaciones militares, como Orión, cuando había una fuerte confrontación armada entre el Bloque Cacique Nutibara y milicias de grupos guerrilleros».
Sentencia por desaparición
El 23 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por la violación de múltiples derechos, entre ellos a la vida y a la integridad personal, de Arles Edisson Guzmán Medina, quien fue desaparecido en noviembre de 2002, y por la violación al derecho de sus familiares a conocer la verdad. Este caso es de especial relevancia, porque en su investigación los familiares aportaron un mapa o croquis trazado por un paramilitar que señala La Arenera como sitio de inhumación de Guzmán Medina.
En lo que recogió la Corte IDH sobe este caso consta que en junio de 2019, en el proceso de Justicia y Paz, fue dictada sentencia contra Jorge Enrique Aguilar Rodríguez, alias ‘Aguilar’, por homicidio en persona protegida y desaparición forzada, entre otros delitos. Este exparamilitar contó sobre Arles Edisson Guzmán Medina que:
era conocido como “pollo” o “el pollero” y que los encargados del Barrio 20 de Julio lo señalaron como colaborador de la guerrilla, además indicó que ese día lo subieron a “La Arenera”, pero no sabe dónde quedó sepultado. Agregó que el encargado del barrio 20 de Julio era alias “Félix”. En este evento, alias “Félix” le informó lo que iban a hacer con la víctima por lo cual él procedió a llamar a alias “King Kong”, quien autorizó el homicidio. Testificó que a todas las víctimas se les ocasionaba la muerte de la misma manera, eran llevadas a “La Arenera” y “King Kong” daba la orden de desaparecerlos. Se les daban dos impactos con arma de fuego tipo pistola 9 mm en la cabeza y luego los enterraban en un hueco que habían excavado.
2022
Hallazgos forenses
El 25 de noviembre, en la intervención arqueológica forense que se realiza en La Escombrera fueron hallados, como lo informó la UBPD,
«fragmentos de estructuras óseas (asociados a unas prendas de vestir y otros fragmentos textiles), que fueron sometidos por expertos a un análisis macroscópico preliminar en terreno, el cual no permitió concluir preliminarmente (por su tamaño y estado de conservación) que podría tratarse de estructuras óseas humanas»,
Estos fragmentos fueron remitidos por la entidad de búsqueda humanitaria al Instituto Nacional de Medicina Legal.
La orden de excavar
El 11 de noviembre, la JEP y la UBPD retomaron la tarea de excavar en un polígono de interés forense dentro del predio La Escombrera, según lo anunciaron en audiencia pública convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la entidad que administra la justicia transicional.
Así mismo, la JEP informó que la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación judicial de la victimización asociada a La Escombrera harán parte del Caso 08, «Crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado». Al respecto, se presentaron nuevas órdenes para las entidades oficiales, en el contexto de las medidas cautelares impuestas sobre La Escombrera desde 2020.
1) El Instituto Nacional de Medicina Legal deberá, en un término de 60 días, presentar un plan estratégico e integral para dar celeridad al proceso de identificación de cuerpos, y rendir un informe a la sección en 45 días.
2) La Gobernación de Antioquia deberá integrar su ‘Ruta de Memoria de la Comuna 13’ con el ‘Plan de Búsqueda de La Escombrera’, e integrar a ‘La Escombrera’ como lugar de memoria dentro de dicha ruta.
3) La sección ordenó ampliar la medida cautelar sobre el Jardín Cementerio Universal en las zonas 28, 29 y 29 A, y en la zona ubicada al costado occidental de la zona 29. También ordenó a la UIA caracterizar dichas zonas para identificar posibles puntos de interés forense.
Documental sobre La Escombrera
El colectivo Mujeres Caminando por la Verdad y la Corporación Jurídica Libertad presentaron el documental Escarbando la verdad, desenterrando la justicia, realizado por Juan Esteban Prado.
2021
Modificación y prórroga de las medidas cautelares
El 9 de agosto, por pedido del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la JEP prorrogó por 12 meses, mediante el Auto AI 041 de 2021, las medidas cautelares que protegen áreas de La Escombrera y La Arenera en la Comuna 13 y exigen a las entidades iniciar la búsqueda de personas desaparecidas.
A un año de estas medidas, se realizaron diez reuniones de la mesa técnica que vela por la implementación de las órdenes dadas por la JEP; en la que participan entidades estatales y organizaciones de defensa de derechos humanos. De allí surgió la “Propuesta interinstitucional de abordaje técnico forense» con cinco fases: 1) revisión y análisis documental, 2) materialización de áreas, 3) intervención inicial y priorización de áreas, 4) correlación de información y 5) intervención final.
Entre el 25 y el 29 de enero de 2021, el GATEF de la JEP y la UBPD llevaron a cabo «un ejercicio de prospección en campo» en los polígonos ubicados en La Escombrera y La Arenera.
El 11 de febrero la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad modificó la medida cautelar de protección de los polígonos para ampliarla a nuevas coordenadas, según lo establecido en la primera fase de la propuesta mencionada.
Informe a la Comisión de la Verdad
Las organizaciones de derechos humanos e investigación social Centro de Fe y Culturas, Instituto Popular de Capacitación y Corporación Jurídica Libertad presentan a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, el informe Comuna 13: Memorias de un territorio en resistencia. Graves violaciones a los derechos humanos y resistencias a la violencia en la Comuna 13 de Medellín durante el periodo 1995-2020.
2020
Medidas cautelares
El 11 de agosto, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP ordenó a la Alcaldía de Medellín acordonar y proteger dos lotes o polígonos en La Escombrera y La Arenera para que no sean alterados; solicitó al GATEF de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP elaborar —en un lapso de 30 días— un plan de intervención, búsqueda y prospección en esa zona. Además, le ordenó al GATEF empezar la búsqueda en coordinación con la UBPD, una vez que las condiciones de salubridad vinculadas con la pandemia de covid-19 lo permitan.
En las medidas cautelares, fijadas por un plazo de 120 días (cuatro meses) según el Auto AI 010 de 2020, la JEP le reiteró a la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación la orden de remitir la información faltante del caso: «los registros de audio (transcripciones) de las versiones libres de los miembros de los bloques Metro y Cacique Nutibara de las AUC y del grupo armado ilegal denominado Comandos Armados del Pueblo (CAP) que pudieran estar relacionadas con presencia y actos desarrollados en la Comuna 13 y en especial con hechos de desaparición forzada». Las diez personas sobre las cuales la Sala solicitó esta información son:
- Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias “Móvil 8
- Enrique Aguilar Rodríguez, alias “Aguilar”
- Carlos Arturo Estrada, alias “El Zarco”
- Daniel Alberto Mejía Ángel, alias “Danielito”
- Antonio López, alias “Job”
- Darinel Gil Sotelo, alias “Tiro loco” y “Darío”
- José Miguel Gil Sotelo, alias “Federico”
- Luis Adrián Palacio Londoño, alias “Diomedes”
- Luis Alfonso Sotelo Martínez, alias “Jhon”
- Fredi Alonso Pulgarín Gaviria, alias “La Pulga”
El Auto AI 010 menciona el «polígono nuevo» como ubicado en La Escombrera, una zona cercana a la base paramilitar que funcionó durante los primeros años del siglo XXI, en la que según versiones de miembros de estos grupos se inhumaban personas asesinadas. El otro lote se identifica en el área de La Arenera, cercano a una antigua laguna que desapareció por la explotación minera. Según el auto:
«La única forma de garantizar una adecuada intervención antropológica en los polígonos es preservando el mantenimiento de sus condiciones, para lo cual se requiere su cercamiento e impedir, tanto el acceso de personas, vehículos y maquinaria pesada, como el desarrollo de actividades económicas, especialmente la minera»,
Estos polígonos fueron delimitados por la Fiscalía General de la Nación y, según los estudios realizados por el topógrafo Albeiro Emilio Marín Vergara, técnico investigador II del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Medellín, en 2020, corresponden a más de 33 000 metros cúbicos de corte. Sobre este terreno dice el auto dictado por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad:
“queda prohibida cualquier intervención, bien sea de tipo minero o de paso por los lugares mencionados, salvo autorización expresa y previa de esta Sección. En ese sentido, se ordenará a la alcaldía de Medellín y a la Policía Nacional para que materialmente lleven a cabo el cerramiento de los lugares. Asimismo, se solicitará a las empresas que actualmente poseen estos terrenos, usufructúan y/o realizan explotación minera o desarrollan otras actividades económicas, la preservación de los mismos y conservación intacta de los lugares aquí referidos, para lo cual deben evitar que su presencia o actividad los altere”.
2018
El Movice pidió el cierre de La Arenera y La Escombrera
El 30 de agosto, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) solicitó a la JEP la implementación de medidas cautelares de protección sobre 16 lugares de Colombia en los que se presume hay inhumadas personas desaparecidas por causas del conflicto armado. En particular, la organización pidió el cierre de La Arenera y La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín.
Sobre los hechos y motivos para realizar esta solicitud, el Movice, aquí citado por la JEP en autos posteriores, explicó:
- Que “las organizaciones que hacen parte del Movice Antioquia han documentado cerca de 200 casos de personas dadas por desaparecidas”;
- Que “[d]esde el año 2002 comenzaron las denuncias sobre desaparición forzada y se dio a conocer a las autoridades competentes que muchas de las víctimas estaban siendo asesinadas e inhumadas en diversos lugares de la comuna, entre ellas algunas escombreras activas, en la zona, una arenera y otros sectores de la montaña”;
- Que “en la Loma, sector rural circundante a la Comuna 13” se han reportado más de sesenta y cinco (65) personas dadas por desaparecidas en ese lugar y ya se han encontrado dos (2) fosas con 13 cadáveres de personas dadas por desaparecidas, así como cuerpos esqueletizados de posibles víctimas sin identificar;
- Que antiguos paramilitares han informado de la existencia de once (11) fosas en ese lugar, donde “pueden estar sepultadas más de trescientas personas”, así como han detallado la forma como fueron “inhumados varios cadáveres en la Escombrera, localizada en el Barrio San Javier”, así como “en el sector de la Arenera”; y
- Que, pese a lo anterior, (a) ”la falta de investigación no permite tener certeza sobre el número de víctimas” y (b) “a la fecha [tampoco] se ha logrado que exista un plan de búsqueda que permita avanzar en la búsqueda, localización y exhumación de posibles víctimas”. Pero, además, (c) en las “excavaciones con fines judiciales” que se realizaron en La Arenera “entre el 4 de agosto y el 15 de diciembre de 2015, [no se logró] ningún hallazgo”; (d) “no se ha avanzado en la búsqueda en ninguno de [sus] sectores”; (e) “[e]n diversas ocasiones las víctimas y sus organizaciones han solicitado el cierre inmediato de estos lugares, como una forma de preservar el sitio y garantizar una búsqueda que sea eficaz”, sin obtener resultados positivos, con excepción de lo decidido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en auto del 4 de septiembre de 2013; y los mecanismos dispuestos hasta ahora por autoridades como la Alcaldía Municipal de Medellín, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal de Medellín, “han sido ineficientes y son básicamente de registro o base de datos, pero no incluyen instrumentos de búsqueda y protección”.
Casi un año después de esta solicitud, el 17 y el 18 de julio de 2019 en Medellín se realizó una audiencia pública, convocada por el magistrado Gustavo Salazar de la JEP, para recolectar mayor información y analizar la petición del Movice con respecto a los predios de la Comuna 13. En la audiencia participaron familiares de los desaparecidos, el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, el Movice, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la Nación, la Personería de Medellín, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Ministerio del Interior.
2016
Una caravana para conmemorar Orión
En octubre, el mes del plebiscito que preguntaba a los colombianos: «¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?», y en el cual la respuesta por el «No» fue mayoritaria, las víctimas de desaparición forzada y los habitantes de la Comuna 13 conmemoraron los 14 años de la Operación Orión con una caravana a la que denominaron «Tras las huellas de la memoria».
Con esta acción, adelantada en las Jornadas de Memoria y Resistencia ¡Orión Nunca Más!, del 14 al 17 de octubre, integrantes del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, el Movice y el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos solicitaron a la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Federico Gutiérrez, reanudar las excavaciones en La Escombrera y avanzar en las acciones propuestas en el “Plan integral de búsqueda de personas desaparecidas en el departamento de Antioquia y el área metropolitana del Valle de Aburrá”.
2015
Excavación sin hallazgos
El 15 de diciembre finalizaron las actividades de prospección arqueológica por parte de la Fiscalía General de la Nación en el «polígono 1», sector La Arenera de la zona conocida como La Escombrera. Fueron cinco meses de trabajo, desde agosto, en los que no hubo hallazgos «compatibles con la especie humana», según informó el laboratorio especializado del CTI. Las excavaciones contaron con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad, la Obra Social Santa Laura Montoya y el GIDH, entre otras, insistieron en que las excavaciones debían retomarse en el año siguiente.
Desde el 5 de agosto se instaló un campamento permanente en La Escombrera, de Mujeres Caminando por la Verdad, para hacer veeduría al proceso de búsqueda de desaparecidos. En este campamento se realizó acompañamiento psicosocial.
Sentencia del Tribunal Superior de Medellín
El 24 de septiembre, la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín dictó sentencia contra ocho desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara y ordenó medidas de satisfacción directamente relacionadas con la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera:
«e) Ordénase a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín y al Concejo Municipal que adopten todas las acciones y medidas necesarias para suspender el arrojo de escombros y otros desechos en las zonas conocidas y delimitadas como la Escombrera y la Arenera de esta ciudad,
f) Ordénase al Ministro del Interior, al Fiscal General de la Nación, al Gobernador de Antioquia, al Alcalde de Medellín y las demás instituciones que hacen parte de la Mesa Técnica e Interinstitucional de Desaparición Forzada del Área Metropolitana que financien y realicen todos los esfuerzos posibles, suficientes y razonables que estén al alcance de la ciencia, humanos, técnicos y materiales, para encontrar los cuerpos de las víctimas que fueron inhumadas ilegalmente en las zonas identificadas y delimitadas como La Escombrera y La Arenera y continúen y lleven hasta su terminación el Proyecto La Escombrera.
Sin perjuicio de lo anterior, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín deberán construir en La Escombrera un memorial para rescatar y honrar la memoria de las víctimas de desaparición forzada de la comuna 13, que podrá incluir a las víctimas de desaparición forzada de otras comunas o zonas de Medellín, en los términos establecidos en la parte motiva de esta sentencia».
Premio Nacional de Derechos Humanos
El 10 de septiembre, el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad fue galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia en la categoría «Experiencia colectiva del año». Este reconocimiento es otorgado por la comunidad internacional, coordinado por la agencia de cooperación Diakonia. En un comunicado las organizaciones que respaldan la labor del colectivo, afirmaron:
«Mujeres Caminando por la Verdad está conformada por madres, esposas, hijas, hermanas y familiares de personas asesinadas o desaparecidas desde el año 2002 en el marco de operativos militares realizados por la Fuerza Pública en conjunto con integrantes del bloque paramilitar Cacique Nutibara. Muchas de ellas son también víctimas de desplazamiento forzado, tortura, violencia sexual, amenazas o despojo de viviendas, entre otras modalidades de agresión. Recientemente, el mundo entero reconoció su lucha por hacer posible el inicio del proceso de búsqueda de personas desaparecidas, que se presume se encuentran inhumadas clandestinamente en La Arenera, sector de La Escombrera».
Seis meses del proyecto «La Escombrera»
El 27 de julio comenzó oficialmente el proceso de prospección, búsqueda, identificación e inhumación de víctimas de
desaparición forzada y de reconstrucción de memoria y atención psicosocial a sus familiares en La Escombrera, Comuna 13 de Medellín, conocido como proyecto «La Escombrera», organizado por la Alcaldía de Medellín con la Mesa Interinstitucional (integrada por entidades y organizaciones), tras acoger la orden del Tribunal Superior de Medellín de septiembre del 2013. Investigadores del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia sistematizaron el proceso, inicialmente propuesto por seis meses, y publicaron artículos al respecto.
Requisitos para la búsqueda
El 9 de junio, Mujeres Caminando por la Verdad, el Movice Antioquia, la Obra Social Madre Laura y la Corporación Jurídica Libertad presentaron a las autoridades administrativas y judiciales el documento «Requisitos mínimos para la búsqueda de personas desaparecidas en la Comuna 13 de Medellín», en el que solicitan que las acciones de la búsqueda, como la posible excavación, sean concertadas e informadas a las víctimas; también reiteran que debe implementarse el «Plan integral de búsqueda», firmado a comienzos del 2015, siguiendo los lineamientos de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas establecidos en el 2014 (Decreto 1862). Refiere el documento:
“Si bien La Escombrera es un caso importante, la búsqueda no puede estar concentrada solo en el polígono uno de este lugar. Una prioridad del Plan de Búsqueda debe ser que la Fiscalía avance en las labores investigativas para establecer otros posibles lugares de inhumación o enterramiento de las víctimas puesto que a la fecha se desconoce este dato”.
2014
Continúan los vertimientos
En mayo, la Alcaldía de Medellín y la Mesa Municipal de Víctimas le solicitaron a la Fiscalía General de la Nación que designe a un fiscal especial para esclarecer las investigaciones sobre las inhumaciones de desaparecidos en las escombreras de la Comuna 13 y se defina a partir de ello un plan de búsqueda, con polígonos específicos para la excavación en esa zona.
Así mismo, las organizaciones de familiares insistieron en la importancia de que se detengan los vertimientos de basuras y desechos de construcción en las escombreras, como lo había determinado, en septiembre del 2013, el auto de control de legalidad contra siete postulados del Bloque Cacique Nutibara dictado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.
Cuerpos Gramaticales
En octubre, una acción performática de los jóvenes y artistas de la Comuna 13, agrupados en colectivos como Agroarte, denunció los enterramientos de víctimas del conflicto armado. Cuerpos Gramaticales surgió durante la conmemoración de los 12 años de la Operación Orión.
2013
Órdenes del Tribunal Superior de Medellín
El 4 de septiembre, en el curso de las investigaciones contra desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara, el magistrado Rubén Darío Pinilla, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, exhortó al alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, a adoptar mecanismos de búsqueda y protección de los desaparecidos de la Comuna 13 que, según las investigaciones judiciales, estarían enterrados bajo escombros de construcción. El documento oficial de tal decisión afirma:
“el Alcalde de Medellín, en asocio de las autoridades competentes, y en cumplimiento de los compromisos y deberes internacionales del Estado, tiene el deber de adelantar y tomar las acciones y medidas necesarias para suspender el arrojo de escombros en los sitios conocidos y delimitados como la Escombrera y la Arenera de Medellín y rehabilitar esas zonas de tal manera que constituyan un acto de memoria y dignificación de las víctimas y de los desaparecidos que fueron sepultados en esta zona, con audiencia y opinión de las víctimas. La Sala lo exhorta a cumplir ese deber y le hará seguimiento a esas medidas y al cumplimiento de ese deber”.
2012
Comisión Internacional de Esclarecimiento
En octubre, a diez años de las operaciones militares Orión y Mariscal en la Comuna 13, las víctimas organizadas convocaron a la realización de la Comisión Internacional de Esclarecimiento sobre Graves Violaciones a los Derechos Humanos en la Comuna 13, 2002-2003, que recogió testimonios y análisis, y aportó recomendaciones técnicas relacionadas con la búsqueda de las personas desaparecidas que se presume fueron inhumadas en La Escombrera, en el contexto de violencia y conflictividad que supusieron esas operaciones de la Fuerza Pública. Afirma la comisión en su informe preliminar:
«En un recorrido por distintos barrios de la Comuna —desde la llamada casa Orión hasta La Escombrera (un lugar utilizado como cementerio clandestino de detenidos-desaparecidos), pasando por Belencito, El Corazón, Villa Laura, El Salado, Eduardo Santos y Las Independencias—, pudimos constatar que a diez años de los hechos persiste en la zona un amplio despliegue territorial policial-militar, incrustado incluso en viviendas particulares. Sin embargo, también fuimos alertados de la persistencia del accionar de agrupaciones paramilitares y bandas delincuenciales vinculadas a la economía criminal.
Durante las audiencias públicas de los días 16, 17 y 18 de octubre, recibimos testimonios, documentales y denuncias sobre la aparición de cuerpos mutilados y decapitados (lo que habla de la práctica de la tortura previa a la ejecución extrajudicial); la existencia de fosas comunes clandestinas; acciones de escarmiento contra familias de presuntos subversivos, con saqueo, destrucción e incendio de viviendas y el desplazamiento forzado de sus moradores; así como el reclutamiento forzoso, principalmente de jóvenes. Todas estas actividades tuvieron el efecto de destruir el tejido social comunitario autogestionario, preexistente en la Comuna 13″.
Fruto del acompañamiento a la Comisión Internacional de Esclarecimiento, la organización Equitas presentó en el 2013 el documento de «Conclusiones técnicas desde la perspectiva de la búsqueda de las personas desaparecidas: La Escombrera».
El caso en la televisión regional
En mayo fue emitido en el canal regional Teleantioquia el reportaje «La Escombrera, historia de una verdad enterrada», del programa periodístico Infrarrojo, que dio cuenta de las denuncias de crímenes y desaparición forzada en la Comuna 13 en los contextos de las operaciones militares.
2011
«Escarbando la verdad, desenterrando la justicia»
El 21 de mayo se llevó a cabo la caminata “Escarbando la verdad, desenterrando la justicia”, encabezada por grupos de víctimas como Mujeres Caminando por la Verdad y Mujeres con Sed de Justicia, acompañadas de la Fundación Obra Social Madre Laura, el Movice y la Corporación Jurídica Libertad. La caminata partió del CAI de San Michel, pasó por el barrio Eduardo Santos, siguió por el sector conocido como Terrígenos y llegó a la zona de La Escombrera, en los terrenos de Agregados San Javier. Mientras caminaban, las víctimas hacían eco de las declaraciones de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias «Don Berna», en las que afirmaba que en esa zona de la Comuna 13 habían sido enterradas por lo menos 173 personas.
2010
Recomendaciones de los equipos forenses internacionales
La Alcaldía de Medellín contrató a un grupo de expertos internacionales en antropología forense, con experiencia en la prospección arqueológica y exhumación de víctimas de desaparición forzada en diferentes escenarios de conflicto, para que elaboraran un diagnóstico y dieran sus conceptos técnicos sobre las posibilidades de realizar exhumaciones en el sitio La Escombrera. Participaron el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), que rindieron sus conceptos el 23, 24 y 25 de noviembre. De este trabajo resultó el documento Caso La Escombrera. Comuna 13, Medellín – Colombia. Conceptos técnicos por forenses internacionales, publicado en 2011. En la presentación de este documento se recogen conclusiones derivadas de los conceptos de los expertos; algunas de ellas son:
- «Para encontrar los cuerpos enterrados en La Escombrera, se deberán remover por lo menos millón y medio de metros cúbicos de tierra, procedimiento que costaría entre 30 y 40 millones de dólares».
- «La llamada Escombrera en realidad son 3 hectáreas conformadas por tres botaderos de materiales de construcción ubicados en la ladera occidental de la ciudad que fueron usados por los grupos al margen de la Ley desde hace dos décadas para ocultar sus crímenes».
- «La Fiscalía dispone de un banco de datos accesible al público con información ya reunida desde el 2008 que corresponde al Plan de Búsqueda que adelanta la Unidad de Justicia y Paz del CTI y el Grupo de NNs y Desaparecidos de la Fiscalía».
- «Si bien se tiene un aproximado de 40 cadáveres que pudieron estar inhumados en La Escombrera, no necesariamente todos corresponden a desaparecidos de la Comuna 13; allí puede haber cuerpos de personas de otras partes de Medellín e igualmente puede haber personas de diferentes periodos de la violencia de la ciudad».
- «Es importante considerar la iniciativa de lugar de la memoria como opción simultánea como espacio de dignificación de la memoria de los desaparecidos […]».
Testimonio de exparamilitares
El 27 de abril, una comisión judicial de la Fiscalía visitó los lotes La Escombrera y La Arenera entre la Comuna 13 y el corregimiento San Cristóbal de Medellín. Allí un exparamilitar, postulado al proceso de Justicia y Paz, ubicó y señaló sitios de enterramiento de víctimas del Bloque Cacique Nutibara, donde podría haber entre 15 y 20 personas asesinadas y desaparecidas.
Las organizaciones de defensa de derechos humanos estiman en 150 el número de víctimas inhumadas en esa zona; la Fiscalía tiene reportadas 60 personas desaparecidas.
El 26 de octubre, en versión libre ante la Sala de Justicia y Paz, Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias ‘Móvil 8’, exparamilitar al servicio del Bloque Cacique Nutibara, confirmó que La Escombrera fue utilizada como un centro de operaciones de grupos paramilitares, en el que llevaban a cabo asesinatos y enterraban a personas retenidas. Su testimonio original se encuentra en el folio 87 de la carpeta «Comuna 13, La Loma, La Palomera, El Cebollal» en los expedientes del Tribunal Superior de Medellín, en la Sala de Justicia y Paz. En una entrevista que Villa Saldarriaga, desde la cárcel La Picota, le dio al periodista Nelson Matta de El Colombiano en 2016, reiteró:
«En esa Escombrera sí se empezaron a hacer fosas, pero no porque nosotros hayamos escogido el terreno, sino porque era una fortaleza de la guerrilla. Cuando entramos, en el fuego cruzado empezaron a caer los primeros muertos. A unos los ocultábamos, otros tocaba dejarlos ahí porque la Fuerza Pública estaba encima. Casi todo lo que hicimos fue en pelea, hombre a hombre, fusil a fusil. Y sí, también sacamos gente de las casas, o los bajamos de buses, otros que había que matar los traíamos de otro lado y se los entregábamos a seis muchachos que permanecían en la Escombrera, y ellos se encargaban de hacer lo pertinente».
Según el portal Verdad Abierta, ‘Móvil 8’ fue «referenciado por varios de los postulados del Bloque Cacique Nutibara como uno de los encargados de la parte militar en la Comuna 13 luego de efectuada la Operación Orión». No obstante, su postulación a Justicia y Paz fue negada en 2012.
Volver a nombrarte
El Programa de Atención a Víctimas de la Alcaldía de Medellín, en convenio con la Fiscalía General de la Nacional, desarrolla desde 2009 las jornadas «Volver a nombrarte», que tienen como propósito acercar a los familiares de víctimas de desaparición forzada, para que reciban atención integral y aporten información y muestras de ADN que contribuyan a la búsqueda e identificación de los desaparecidos. Esta vez, del 25 al 27 de agosto, «Volver a nombrarte» se realiza en el Centro de Desarrollo Zonal de San Cristóbal, cerca de La Escombrera, en límites del corregimiento con la Comuna 13.
2008
La sentencia contra alias ‘Don Berna’
El 6 de febrero, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, como líder de las Autodefensas Unidas Colombia, fue hallado por el Juzgado Tercero Penal de Medellín, responsable de homicidio, desaparición forzada y desplazamiento, con casos específicos en la Comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal. Según la sentencia, que cita, entre otros, el testimonio del desmovilizado Carlos Estrada, en los años 2002 y 2003 allí operaba el Bloque Cacique Nutibara, comandado entonces por alias ‘King Kong’, y que, con la orden de erradicar a las milicias de las FARC y a los Comandos Armados del Pueblo, los paramilitares tenían como modus operandi
«combatir a sangre y fuego y […] sacar a los ocupantes de las residencias, amarrarlos y llevárselos para luego ajusticiarlos a sangre fría y proceder a enterrarlos en fosas comunes».
En la misma sentencia, se recoge parte del contexto de conflictividad de la zona, aportado por el investigador criminalístico Jaime Alberto Henao:
«la Comuna 13 se caracterizó en su momento por una amplia influencia de milicias urbanas denominadas CAP, igualmente otros grupos del ELN y las FARC, los cuales tenían el control absoluto de la zona y donde se registraron gran cantidad de homicidios, desapariciones, detectando igualmente que allí llevaban personas secuestradas, siendo esa zona un territorio impenetrable para las autoridades; comenta que se llevó a cabo la Operación Orión con el fin de realizar las capturas de los miembros de esa organización ilegal y a la vez retomar el control de ese sector; que luego del ingreso por parte de la autoridad, comenzaron a hacer presencia las autodefensas, presentándose entonces las desapariciones, desplazamientos, incluso grafitis en las paredes donde se decía que habían llegado las AUC; hechos que fueron puestos en conocimiento ante las autoridades competentes mediante unas 77 denuncias aproximadamente».
Fosas y cuerpos
El 13 de marzo, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía informó, por petición del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), sobre los hallazgos de fosas comunes que habían sido señaladas por exparamilitares en versiones de los procesos de Justicia y Paz. Según el documento «Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas ESAP. Caso Arles Edison Guzmán Medina y otros vs. Colombia», del GIDH, el CTI reportó «14 cuerpos de los 130 desaparecidos de la Comuna 13 entre 2002 y 2003», uno de ellos en La Arenera. Se cita:
El CTI respondió en marzo 13 de 2008 en la que informa de un (1) cuerpo encontrado el 9 de noviembre de 2002 en el sector Cerro los 12 Apóstoles; uno (1) el 4 de febrero de 2003 en San Javier La Arenera; diez (10) encontrados el 31 de julio de 2003 en la vereda Bellavista de San Cristóbal; uno (1) encontrado el 9 de noviembre de 2003 en San Javier La Loma y uno (1) encontrado el 23 de febrero de 2006 en San Javier La Quiebra.
2005
Las primeras denuncias
En agosto, los colectivos de mujeres y víctimas de la Comuna 13, acompañados por organizaciones de defensa de derechos humanos, hicieron públicas las primeras denuncias de desaparición forzada de personas, durante y después de las operaciones militares ejecutadas por la Fuerza Pública en los barrios de la zona. En julio, el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresó que recibió «testimonios de familiares sobre la existencia de lugares donde hay fosas comunes o individuales que non han sido investigadas».
Ley de Justicia y Paz
El 25 de julio se sancionó la Ley 975, llamada también de Justicia y Paz, que se constituyó como el marco jurídico para la desmovilización de grupos paramilitares en Colombia. En el contexto de esta ley se crearon las Unidades de Atención a Víctimas del conflicto armado. Ante estas unidades, los familiares de víctimas denunciaron 30 hechos de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín.
Esta ley de justicia transicional reconoce los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación, e investiga y juzga, a través de los tribunales de Justicia y Paz, a los desmovilizados de los grupos paramilitares por los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado.
2003
A un año de Orión
El 19 de octubre, programa periodístico Contravía, emitido en la televisión nacional, reconstruye a partir de los testimonios de habitantes y víctimas cómo fue la intervención militar en la Comuna 13.
Noche y Niebla
En mayo, el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP publicó el documento Caso tipo N.° 2 que recoge y analiza la información de victimización sufrida por los habitantes de la Comuna 13 en el contexto de las operaciones militares Mariscal y Orión, realizadas en el 2002, de las cuales anexa los casos ocurridos allí y que fueron registrados en los números 24 y 26 de la revista Noche y Niebla, también del CINEP. Los investigadores resumen así lo sucedido en la Comuna 13:
«Para el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, fue la aplicación de un modelo de agresión criminal contra la comunidad. No se trató, estrictamente, de una guerra entre dos bandos, se pusieron a prueba estrategias y modalidades de arrasamiento del tejido social y comunitario por la vía de la fuerza (militar y jurídica) para, finalmente, imponer el control social e implantar en el territorio comunal la presencia de un Estado paramilitar».
Un mapa de La Escombrera
El 28 de febrero, luego de diez semanas de la detención y desaparición de Arles Edisson Guzmán, sus familiares le entregaron al investigador judicial del CTI encargado del caso un «croquis a mano alzada que habían obtenido de un informante anónimo de los paramilitares, en el que se daban indicaciones con algunos puntos de referencia del lugar en el que había quedado enterrado ‘bajo dos volquetadas de escombros’ el cuerpo de A. E. Guzmán».
2002
Operaciones militares
El 21 de mayo, cerca de mil efectivos de la Fuerza Pública ejecutaron en los barrios Veinte de Julio, El Corazón, El Salado, Las Independencias I, II y III, y Nuevos Conquistadores de la Comuna 13 la operación Mariscal dirigida contra integrantes de las FARC, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo (CAP). En el desarrollo de esta operación, organismos de derechos humanos constataron que hubo ataques indiscriminados con ametralladoras, fusiles y helicópteros, que afectaron a la población civil.
Desde la medianoche del 16 de octubre, también unos mil miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y distintas unidades del Ejército Nacional, con acompañamiento de la Fiscalía, el DAS y la Procuraduría, entre otros, ejecutaron la operación Orión, especialmente en los barrios Belencito, Corazón, Veinte de Julio, El Salado, Nuevos Conquistadores y Las Independencias II. La Comisión de la Verdad sintetiza así el impacto de esta operación:
«Es la mayor acción militar realizada en área urbana en Colombia dentro de la historia del conflicto armado. Orión fue emblemática por las modalidades de violencia que desplegó (capturas arbitrarias, detenciones selectivas y posteriormente desapariciones), por las series denuncias sobre la actuación irregular de agentes del Estado (además de fuerza pública, DAS y Fiscalía) y por la participación de grupos paramilitares».
En el informe Comuna 13: Memorias de un territorio en resistencia, presentado a la Comisión de la Verdad por el Centro de Fe y Culturas, la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Madre Laura, el Instituto Popular de Capacitación y Mujeres Caminando por la Verdad, se anexa una tabla con 31 operativos de la Fuerza Pública realizados durante 2002 en la Comuna 13.
2001
Las mujeres se reúnen, la comunidad resiste
En el convento de la Madre Laura, barrio Belencito, la hermana Rosa Cadavid abrió una oficina para acoger a las familias afectadas por el conflicto en la Comuna 13, y desarrollar junto a ellas planes de capacitación y acompañamiento psicosocial para subsistir en medio de las dificultades económicas y el control de los actores armados en la zona. Realizaban allí sancochos, torneos de fútbol, talleres de bordado, cocina y panadería, entre otras actividades.
En 18 de septiembre este grupo, integrado sobre todo por mujeres, decidió llamarse Sembradoras de Esperanza. Con el acompañamiento de Codhes, la Ruta Pacífica de las Mujeres y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizaron la Jornada por la Vida, como una forma de fortalecer el tejido social ante los embates de la violencia de los grupos armados en la Comuna 13.
En el documento resultado de la «Sistematización del proceso de prospección, búsqueda, identificación e inhumación de víctimas de desaparición forzada y de reconstrucción de memoria y atención psicosocial a sus familiares, en La Escombrera, Comuna 13 de Medellín» (2015), elaborado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, los investigadores relatan los inicios del colectivo:
«Después de las operaciones militares, el panorama general en la comuna era desgarrador. No obstante, algunas mujeres empezaron a llegar a la Obra Social Madre Laura, en busca de asesoría para atender los casos de los que eran víctimas: asesinatos de familiares y vecinos, torturas, abusos sexuales, detenciones arbitrarias, desplazamientos y desapariciones forzadas. […] Nuevamente, la acción de la hermana Rosa favorece la comunicación y la constitución de vínculos entre las mujeres y la Obra Social. Así mismo, por este camino, se inicia un proceso de articulación con otras organizaciones sociales que dieron apoyo a la iniciativa de Mujeres Caminando por la Verdad. La Pastoral Social, Corporación Sumapaz, Corporación Jurídica Libertad, están en el inicio de este proceso organizativo, a quienes se sumará más adelante, la Corporación AVRE».
2000
Territorio de escombros
Según los testimonios tomados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, cuyo informe recoge el documento “Caso La Escombrera, Comuna 13, Medellín, Colombia. Conceptos técnicos por forenses internaciones”, publicado en octubre del 2011 por la Alcaldía de Medellín, el área donde se encuentra La Escombrera comenzó “a organizarse en el año 2000”; antes de ello, afirma el informe, era “una zona de bosque secundario, con una quebrada importante”.
Con un poco más de detalle, la monografía de Sandra Milena Álvarez Ramírez (que presentó en 2010 para optar al título de socióloga en la Universidad de Antioquia), titulada «La Escombrera: entre la memoria y la impunidad. La búsqueda política de las mujeres, por la vida, la verdad y la justicia», describe la situación de esta zona en el 2001 y los inicios formales del depósito de escombros:
«En la parte alta de el sector de San Javier y cercanías con el corregimiento de San Cristóbal, están ubicadas dos escombreras legales de la ciudad de Medellín, Unión Temporal Parque del Sol y Escombros Sólidos Adecuados (Essa).
Esta última hace parte de la empresa de economía mixta (Essa LTDA) Escombros sólidos Adecuados LTDA, conformada por la firma privada MAE S.A. y Empresas Varias de Medellín, cada una con un 50 % de participación. Este proyecto conocido como B-2 comienza actividades a partir del primero de marzo de 2001, la duración de la licencia ambiental se estableció para un periodo de 12 años. Este lugar anteriormente era una firme montaña, la cual preservaba en su interior diferentes especies de fauna y flora, además de tener por su paso la quebrada Guaca Vieja, la cual abastece de agua a sus habitantes, este lugar posibilitaba la realización de caminatas ecológicas, asimismo lograba que la comunidad encontrara espacios de esparcimiento y encuentro. […]
La escombrera Unión Temporal Parque del Sol está ubicada en la parte alta de San Javier, limita con los barrios El Salado, Eduardo Santos y Terrígenos principalmente. […] Esta escombrera, según licencia ambiental, tiene un periodo de operación de diez años [de 1997 a 2007], después de este tiempo se construirá en la escombrera y sitios cercanos a ella un parque, zonas de canchas, parque ecológico y se reforestarán las áreas aledañas a la quebrada la Hueso».