Los hallazgos forenses de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunciados desde el 18 de diciembre, confirman que en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín mataron y desaparecieron a personas. Hasta ahora, esos hallazgos corresponden a cuatro personas asesinadas, con tiros de gracia, cerca de los años 2002 y 2003, quienes ya se encuentran en proceso de identificación en el Instituto Nacional de Medicina Legal. 

Texto y foto de portada: Margarita Isaza Velásquez

Estas cuatro personas son las primeras que emergen de la tierra de La Escombrera. La intervención, que comenzó a finales de julio de 2024, continuará a lo largo del 2025, y cada dos semanas las entidades a cargo darán a conocer los avances.

Los forenses de la JEP y de la UBPD explican que en este sitio —un polígono de 6800 metros cuadrados, definido desde las confesiones de comandantes paramilitares en los procesos de Justicia y Paz y revisado por las investigaciones de distintas entidades—, del que se han removido 37 022 metros cúbicos de tierra y escombros, antes había un pequeño riachuelo y había tal vez un bosque, también un camino que llevaba a más arriba, a la siguiente montaña, conformada por desechos de construcción y materiales inservibles. Un pequeño surco de agua se observa hoy en medio del paisaje lunar apuntalado con banderitas naranjadas y cintas amarilla y moradas.

«Todas las víctimas presentan signos de violencia peri mortem, es decir, como causa de muerte, y lesiones compatibles con proyectiles de arma de fuego, específicamente tiros de gracia. En la escena, además, los peritos forenses han encontrado objetos asociados que permitirán identificar a las personas y determinar las causas y circunstancias de su muerte, así como a los responsables», afirma el comunicado de la JEP, fechado el 23 de enero, que informa el primer balance quincenal de la intervención en La Escombrera, ubicada en los predios de la empresa Construcciones El Cóndor, límite urbano y borroso de la Comuna 13 con el corregimiento de San Cristóbal.

El camino hacía un claro en el monte. Podía ser el lugar adonde los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, por entonces jefes de la Comuna 13, llevaban a quienes iban a matar; a matar porque sí, porque decían que aquellos eran milicianos de las guerrillas —predecesores de los paras—; o porque les habían quedado mal en algún encargo como mandaderos, estafetas o colaboradores obligados; o porque, más sencillamente, esas eran las órdenes que tenían los que estaban adueñados del barrio, y los que se las dictaban no querían dejar rastro de sus crímenes, ni aumentar las cifras de asesinados en Medellín, ad portas de la desmovilización paramilitar, en unas administraciones que han tenido como caballo de batalla reducir los homicidios y pactar con la inseguridad.

Los primeros años de la década del 2000 pueden leerse hoy, sin riachuelo, sin camino, sin rastros de bosque, en la montaña que desde hace seis meses empezaron a cercenar los equipos arqueológicos y forenses de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y de la Jurisdicción Especial para la Paz, motivados tanto por las órdenes judiciales como por la insistencia inclaudicable de las organizaciones de víctimas, como Mujeres Caminando por la Verdad, y de defensa de los derechos humanos, como la Corporación Jurídica Libertad. Sin estos ciriríes valientes, las intervenciones forenses en este predio privado nunca hubieran sido posibles.

Las excavaciones de esta intervención forense en La Escombrera se centran en 6800 metros cuadrados. Foto: Nicole Acuña, JEP.

El personal de la JEP y la UBPD —más de 30 personas entre antropólogos, ingenieros, topógrafos, obreros, conductores y fotógrafos— cumple así la medida cautelar impuesta en el Auto 010 del 20 de agosto de 2020, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, que prohibió cualquier tipo de actividad en estos lotes y ordenó buscar allí a las víctimas de desaparición forzada. Antes de que esa búsqueda se hiciera efectiva, hubo dificultades e idas y vueltas con la pandemia, con nuevos autos, con el cerramiento del terreno, con impedir que se siguiera arrojando allí material de desecho, con revisar los polígonos para dar la primera palada, con validar los informes de la evaluación geotécnica, con demorar los recursos para la excavación, con desoír a los familiares de desaparecidos, y en fin, apenas a mediados del 2024 se empezó “de verdad” la intervención en el área.

La Escombrera es ahora, oficialmente, una escena del crimen: allí desaparecieron y también ejecutaron a personas. «Al menos dos de las personas fueron enterradas en el mismo lugar donde fueron asesinadas», corrobora el comunicado de la JEP. Por eso está cercada y protegida para que no pase nadie que no esté trabajando en la intervención forense. Medios de comunicación, organizaciones y familiares tienen también restringido el ingreso. Hay custodia policial y empresas de vigilancia las 24 horas. Solo las vacas de unos vecinos son capaces a veces de traspasar el alambre y dejar su boñiga al pie de la excavación; por el momento tres cuadrados delimitados en los que se han recuperado mucho más que los cuerpos de, hasta ahora, cuatro personas.

Hallazgos forenses se les llama también a lo que conecta el presente con el pasado, a lo que deja saber qué ocurrió allí, cuándo y cómo. Puede haber una estructura ósea rodeada por una soga, o un casquillo de bala, o el documento de identidad de una persona desaparecida, o una camiseta raída, o la bolsa plástica que por el logo ya descontinuado del almacén dice que lo que está emergiendo de allí corresponde al 2002, al 2003 o al 2004, los mismos años de la peor victimización de la población y guerra urbana en la Comuna 13.

El informe Comuna 13: Memorias de un territorio en resistencia, publicado en 2021 por la Corporación Jurídica Libertad, el Centro de Fe y Culturas y el Instituto Popular de Capacitación, resume en tres periodos la consolidación de la hegemonía paramilitar en la zona: “(i) entre 1999 y 2001, cuando se desató la confrontación por el dominio territorial en la comuna. (ii) 2002-2003, consistente en la militarización estatal y paramilitar del territorio. (iii) 2004-2007, cuando se consolidó el dominio paramilitar y se dio continuidad a su presencia silenciosa”. Son esos los años de mayores denuncias de desaparición de personas, que según los registros de la UBPD tocan la cifra de 502 solo en la Comuna 13. En Medellín, azotada por la violencia en todas sus barriadas, se habla de 5912 personas desaparecidas.

Los hallazgos forenses son indicios —no elucubraciones ni inventos— de lo que pasó; ratifican las denuncias de los familiares de asesinados y desaparecidos de aquella época. Mujeres que perdieron el rastro de sus hijos e hijas en diferentes circunstancias, en los años de operaciones oficiales y carta blanca a los paramilitares, averiguaron por ellos desde el día uno de su desaparición, preguntando a los buenos y a los malos, y el rumor siempre fue el mensaje de que no debían buscarlos más. Se decía en las calles estrechas de toda la Comuna 13 que a los que iban a matar los atrapaban en alguna esquina del barrio, que tenían que ir a hablar con alguien más, les quitaban los documentos y abandonaban sus pertenencias por ahí, los paseaban un poco hasta hacerlos confesar cualquier cosa o arrepentirse de cualquier otra, y los hacían caminar hasta arriba, abrir su fosa tal vez, golpeados, aporreados, en un viacrucis que terminaba en la muerte. Tiros de gracia, el disparo a poca distancia que los forenses pueden corroborar una vez se hallan los cuerpos.

Los hallazgos se han producido al excavar a quince metros de profundidad; es decir que la montaña artificial de desechos y escombros era en julio de 2024 quince metros más alta que la superficie que hoy se observa, El comunicado afirma que una de las cuatro personas encontradas sería una mujer; que uno de los cuerpos tenía las manos atadas; que las estructuras más completas dejan ver signos de tortura y de tiros hechos con pistola.

En la parte de abajo del lote, una excavadora Hitachi saca de a 20 centímetros de capa de tierra, no va a lo profundo sino a lo ancho, va cuchareando en el terreno horizontal. Dos forenses miran cuidadosamente el contenido de la palada que forma otra pequeña montaña; ven pedazos de plástico, pequeñas rocas, leños, fragmentos de baldosa, lo que parece una lona o polisombra, masas negruzcas que solo ellos tienen el ojo entrenado para valorar. Otra excavadora de la misma marca recoge ese material y lo tira a una volqueta. La volqueta lo transporta hasta la parte superior del lote, donde se tamiza o cierne ese material y se puede diferenciar con más precisión lo que va saliendo. Hay que saber identificar los hallazgos de los hallazgos forenses, dice un antropólogo experto del Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la JEP.  

En la zona de tamizaje de materiales, los forenses trabajan para ubicar pequeños objetos o estructuras óseas. Foto: Nicole Acuña, JEP.

Ambas zonas, arriba y abajo, son importantes en esta intervención. Aclaran los forenses, de la JEP y de la UBPD, que los hallazgos in situ son fundamentales y prioritarios para la investigación; es decir, aquellos que se hacen ahí mismo donde trabajan las excavadoras, porque permiten conocer más datos del cuándo y el cómo sucedió que a unos vecinos de la Comuna 13 los enterraran allí.

Las actividades técnico-forenses del GATEF y la UBPD continuarán centradas, en esta fase de excavación que cobijará todo el 2025, en aspectos comunes como “Delimitar el sitio de inhumación donde se han recuperado estructuras óseas”, “Mantener las labores de monitoreo hasta alcanzar el suelo que corresponde a los años 2003 y 2004” e “Iniciar tamizaje de alta intensidad del material removido”, así lo expresa la noticia publicada este 23 de enero en la página de la UBPD, entidad que, por su investigación humanitaria y extrajudicial, continúa realizando “el registro de solicitudes de búsqueda, la toma de muestras de ADN a familias buscadoras y la investigación”. Por su parte, La JEP, en el contexto del subcaso Antioquia del Caso 08, “indaga las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se perpetraron estos delitos”, en la misión “de esclarecer la verdad y hacer justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto”, expresa en su comunicado. Al Instituto Nacional de Medicina Legal le corresponde avanzar en el proceso de identificación de las estructuras óseas encontradas.

Los familiares de víctimas de desaparición forzada realizaron una visita al sector de excavación. Durante la intervención, ellas hacen todos los días veeduría de la labor forense, acompañadas del equipo psicosocial. Foto: Nicole Acuña, JEP.