Entre enero y septiembre de 2022 fueron asesinados 145 defensores y defensoras de derechos humanos en el país según el programa Somos Defensores. 46 de estos asesinatos ocurrieron entre julio y septiembre, lo que representa un aumento del 64 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2021.
Por Karen Sánchez Palacio
Foto: Wikimedia Commons
El 11 de septiembre de 2022 en Fortul, Arauca, fue asesinado el líder campesino Esneider Ruiz Pinto. Él era integrante de la Asociación Nacional Campesina, Asonalca, de la Guardia Interétnica Campesina y Popular y del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente del país. Este es uno de los 145 líderes y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia entre enero y septiembre del presente año, según el último informe del programa Somos Defensores titulado Al filo de la oscuridad, el cual fue publicado el 25 de noviembre.
Esneider empezó su liderazgo en el sector juvenil y estudiantil en Arauca cuando tenía 10 años. Fue miembro de la Asociación Juvenil Estudiantil Regional, Asoger, y luego pasó a ser parte de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán. Tenía 32 años cuando fue asesinado el pasado 11 de septiembre y en su comunidad lo describen como una persona alegre, a la que le gustaba bailar, disfrutar de la música y dedicarse a su labor social. “Él se destacó mucho en la guardia, le gustaba estar pendiente de lo que la gente necesitara. Desde la pandemia, la guardia ha tenido un papel protagónico y se ha encargado de recoger alimentos y víveres para compartirlos con las personas a las que se les dificultaba trabajar. Esneider estuvo siempre al frente de esas cosas, era muy entregado a eso, muy disciplinado”, así lo recordó Juan Carlos Torregrosa, amigo de Esneider e integrante de la junta directiva de la fundación de derechos humanos Joel Sierra.
A Esneider lo asesinaron en un billar del municipio de Fortul, Arauca, mientras departía con algunos amigos. “A él lo llamaron para que ayudara a mediar en una riña y una de esas personas lo agredió y con una sola puñalada lo hirió de muerte. Nosotros nos hemos preguntado qué tanto tiene que ver el asesinato con su papel como líder y defensor de derechos humanos en la comunidad, porque la primera impresión que tuvimos es que lo llamaron para que sucediera lo que sucedió. Después parece que no fue así, pero en últimas, él sí murió por su liderazgo en el sentido de que, si no hubiera sido él el responsable de los guardias campesinos, pues no lo hubieran llamado para eso. Y él tampoco hubiera acudido, lo hizo en su calidad de guardia”, explicó Juan Carlos Torregrosa.
Esneider no había sido directamente amenazado, al menos no que supieran sus familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, según Torregrosa, las organizaciones a las que pertenecía sí han sido amenazadas por las disidencias de las Farc que habitan el territorio y que desde el inicio de este año han señalado a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y campesinos, en general, por lo que asumen que Esneider, sin estar amenazado directamente, sí estaba en riesgo.
Sobre este asesinato las autoridades no han identificado a los posibles responsables, por lo que quedan muchas preguntas en quienes conocieron a Esneider y su trabajo por más de 22 años con las comunidades campesinas. Lo cierto es que las circunstancias de su muerte, como las de otros defensores en el país, tienen un impacto negativo; generan miedos y silencian voces fundamentales en los territorios.
El asesinato de Esneider y de otros 144 defensores en lo que va de 2022 genera preocupación, porque según las cifras recogidas por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia de Somos Defensores, los asesinatos de líderes y defensores aumentaron este año comparado con 2021.
Si bien el registro indica que, en general, las agresiones a defensores en el país disminuyeron en 2022, los asesinatos aumentaron, pasando de 139 en todo el 2021 a 145 hasta septiembre de este año. Solo en el primer semestre estas cifras fueron un 71 por ciento más altas que durante el mismo periodo en 2021.
Cabe resaltar que el primer semestre de este año estuvo enmarcado en un contexto de campañas electorales en las que, por primera vez en el país, un candidato de izquierda lideraba las elecciones y esto, de alguna manera, puso un blanco sobre las personas que ejercían algún tipo de liderazgo en sus regiones. El informe de Somos Defensores anotó que la intensidad de estas campañas se dio en un contexto de persistencia de las violaciones a los derechos humanos en los territorios y de violencia generalizada.
La violencia es histórica y está arraigada en los territorios
De los 46 asesinatos registrados en el trimestre de julio a septiembre, el 54 por ciento ocurrieron entre el 7 de agosto y el 30 de septiembre, es decir, durante el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha tenido como bandera la defensa de los derechos humanos y de los territorios.
Para explicar esta situación hablamos con la socióloga Andrea Lissett Pérez Fonseca, profesora y coordinadora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Ella explicó que “está dinámica de violencia intestinal del territorio colombiano no depende solamente de las decisiones gubernamentales ni del tipo de gobierno que esté en el momento. Evidentemente hemos pasado por distintas tonalidades, perspectivas ideológicas y políticas y nos hemos dado cuenta de que esa dinámica de violencia y de agresión a los líderes sociales, a defensores de derechos humanos y a distintos actores comunitarios y no comunitarios, se ha mantenido y excede al poder del momento, porque está instaurada en los territorios. No se trata de un asunto coyuntural o eventual. Son dinámicas que están arraigadas, que son históricas, que son parte de la constitución misma de los territorios y de las dinámicas sociales. Los actores armados no son parte del paisaje, sino que son actores fundamentales en la constitución y el ordenamiento territorial; entonces el cambio de un gobierno no podría generar inmediatamente una ruptura de estas lógicas profundas”.
Según el informe de Somos Defensores, el Cauca es el departamento donde se reporta el mayor número de agresiones a defensores y defensoras en el último trimestre con 48 casos de las 182 agresiones registradas en Colombia. Esto tiene sentido porque es una de las zonas del país donde hay disputas entre actores armados. En esta región, como lo explica el informe: “se ha identificado la presencia de varias estructuras de grupos post acuerdo: Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Segunda Marquetalia, y del ELN, que se han envuelto en enfrentamientos para tener el control del territorio, especialmente en municipios del norte del departamento que es justamente donde más se concentran los asesinatos de personas defensoras”. Por su parte, en Arauca, donde fue asesinado Esneider Ruiz, hacen presencia integrantes de las disidencias de los frentes 18 y 45 de las Farc y del Clan del Golfo.
En este sentido, la profesora Andrea Pérez planteó que, si bien los grupos armados han hecho presencia en los territorios históricamente, en la actualidad “hay una fragmentación al interior de los actores armados ilegales que son los causantes de este tipo de violencias y que hacen que sea más complejo el fenómeno. Hay disputas internas y la entrada de carteles extranjeros como los mexicanos ha cobrado mucha fuerza. Y yo sí creería que las disidencias de las Farc agudizaron este fenómeno, porque generan otro tipo de actor que dispersa, que controla, que disputa. Además, tenemos el paramilitarismo que no se ha logrado exterminar y que se reconfigura con combos; esto genera que el fenómeno del asesinato sistemático a aquellos que se oponen a los diferentes tipos de violencia, sea mucho más viral”.
Según explicó la profesora Andrea Pérez, las intenciones de los actores armados en los territorios resultan determinantes en la violencia contra personas líderes y defensoras, porque cuando los territorios están en manos de colectivos, organizaciones sociales y comunitarias, es más difícil ejercer control sobre ellos porque hay procesos organizativos en pro de la defensa del territorio y las personas, lo que hace que la idea extractivistas con la que llegan esos actores armados de tala de árboles, de explotación de recursos naturales, plantación de hojas de coca y control del territorio sean más difíciles de ejecutar.
De manera que para los actores armados el hecho de asesinar a una persona defensora “es una forma de romper esos lazos comunitarios, de romper esas resistencias sociales, porque estos procesos organizativos son peligrosos para ellos, porque a pesar de que los liderazgos no tienen armas en el sentido de la guerra, sí tienen la fuerza de la unión, de convocar y de generar procesos y proyectos alternativos a las perspectivas extractivistas y de explotación”, concluyó la profesora.
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