Así lo dio a conocer el informe Resiste, elaborado por el Programa Somos Defensores, que registró 524 agresiones a personas defensoras de derechos humanos en Colombia entre enero y junio del 2021, la mayoría de ellas en el contexto del Paro Nacional.
Por: Pompilio Peña Montoya
Imágenes: Somos Defensores
Con 12 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, dos de ellas mujeres, en el primer semestre de este año, Antioquia fue el departamento con más casos de líderes y defensores asesinado entre enero y junio del 2021, siendo las subregiones del Bajo Cauca y el Norte las más afectadas por esta problemática, reveló el informe Resiste del Programa Somos Defensores que fue socializado en Medellín el jueves 28 de octubre en el espacio del Concervesatorio.
Las cifras del informe revelan que en el primer semestre del 2021 fueron asesinados en Colombia 58 personas defensoras de derechos humanos (11 mujeres y 48 hombres), de las cuales ocho murieron en medio de las protestas del Paro Nacional que inició el 28 de abril. Aunque esta cifra representa una reducción del 39 por ciento de los asesinatos, en comparación con igual periodo del 2020 cuando se registraron 95 casos, en general, las agresiones contra líderes y defensores aumentaron en el 2021 en buena medida en el contexto del paro.
A nivel nacional, reveló el informe, en el primer semestre del 2021 se registraron 524 agresiones que afectaron a 484 personas defensoras de derechos humanos (143 mujeres y 341 hombres), lo que representó un incremento del 13 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2020 cuando se registraron 463. El departamento con más agresiones fue el Cauca con 133, seguido por el Valle del Cauca con 79, Bogotá con 50 y Antioquia con 40 agresiones. Del total de agresiones, durante las protestas sociales se cometieron 218 que representan el 41,6 por ciento de todos los hechos.
Las 524 agresiones registradas por Somos Defensores en el 2021 tuvieron lugar en 26 de los 32 departamentos de Colombia. Captura tomada del informe Resiste.
Sobre los presuntos responsables de las agresiones, Lourdes Castro, coordinadora del Programa Somos Defensores, reveló que la fuerza pública se ubicó en el primer lugar con el mayor número de agresiones y explicó que con “la coyuntura del paro pasamos de una violencia selectiva, que es la que normalmente se ejerce contra los liderazgos sociales, a una generalizada, que fue la que se vivió durante las protestas sociales. Eso quiere decir que la violencia se trasladó a los centros urbanos”.
Lourdes Castro añadió que el liderazgo más afectado fue el de los activistas que defienden los Derechos Humanos, principalmente en medio del Paro Nacional en el que estas personas acompañaron las protestas para mediar concertaciones entre los manifestantes y la fuerza pública. En total fueron 155 las personas activistas de derechos humanos agredidas.
Captura tomada del informe Resiste.
Los capítulos del informe
El informe del Programa Somos Defensores lleva por nombre Resiste, según Lourdes Castro, “con la intención de llamar la atención y reconocer ese sector de la sociedad que día a día lucha por la dignidad y los derechos de sus comunidades, sorteando contextos de violencia muy complejos que cada día se agravan más en distintos territorios del país. En contrate con un Estado que está incumpliendo su obligación de garantizar la protección integral a las personas defensoras, en un marco ostensible de deterioro de la democracia, como quedo en evidencia con el excesivo uso de la fuerza y el uso abusivo del derecho, como respuesta estatal a las movilizaciones con ocasión del Paro Nacional”.
Lourdes también destacó la gran acogida que adquirió el paro, como la manifestación de una conciencia colectiva “que salió a las calles para poner de manifiesto su inconformismo con la corrupción, la desigualdad social, la falta de oportunidades de empleo, las amenazas y muertes a líderes sociales que no menguaron a pesar de la pandemia, y el desinterés del gobierno frente a la implementación del Acuerdo de Paz”, punto crucial, según Lourdes, para comprender aspectos de un conflicto armado que persiste.
Captura tomada del informe Resiste.
Con el fin de comprender los aspectos citados, el informe Resiste fue dividido en cuatro partes. La primera, titulada Democracia en caída libre, trató sobre nuevos elementos identificados durante el primer semestre del año que ayudaron a comprender el socavamiento de la institucionalidad democrática promulgada hace 30 años con la creación de la Constitución del 91. Este apartado expuso cómo durante el gobierno de Iván Duque se ha acrecentado un panorama desfavorable en el que se ha impuesto el autoritarismo y la militarización, la falta de políticas caras para las minorías y los sectores más pobres y una apatía por lo acordado en La Habana, entre otras cosas.
El informe señaló en el caso de la falta de garantías para los líderes que “los planes que supuestamente buscan mejorar las condiciones de seguridad de comunidades y personas que defienden los derechos humanos, como el Plan de Acción Oportuna -PAO- y las Zonas Estratégicas de Intervención Integral -ZEII-, además de desconocer medidas como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, ha incumplido los cambios que tanto se han prometido, lo cual ha derivado en una inusitada violencia que arrecia como nunca en los últimos años”.
Por otra parte, en el segundo capítulo, el informe caracteriza “las protestas que se dieron en el marco del Paro Nacional intentando mostrar cómo estas determinaron nuevos procesos de movilización y protesta protagonizados por nuevas generaciones, un hecho sin precedentes en la historia reciente de Colombia, y esto lo contrastamos con lo que fue la respuesta por parte del Estado. El tercer capítulo se lo dedicamos a las reacciones de la comunidad internacional, porque nos pareció relevante las múltiples reacciones, llamados de atención y exigencias al gobierno colombiano por cuenta de sus obligaciones internacionales. Y el último capítulo lo reservamos para identificar las agresiones que se dieron durante el semestre”, manifestó Lourdes Castro.
Impunidad que perpetúa la violencia
Lourdes Castro llamó la atención sobre una serie de irregularidades llevadas a cabo por la Fiscalía en términos de investigación y esclarecimiento de crímenes contra defensores de Derechos Humanos: “El nivel de esclarecimiento de la fiscalía, solo refiriéndonos a casos de asesinatos, estaba por el 16 por ciento. Además, los datos que proporciona este ente en materia de esclarecimiento solo se refieren a las muertes, como si las otras agresiones no existieran y no fueran igualmente preocupantes como delitos. Y la información que proporciona sobre los casos que han llegado a sentencia judicial no permite establecer si esas sentencias hacen referencia a los autores materiales o a determinadores de los hechos”.
En este sentido, Lourdes Castro manifestó su preocupación ante una forma de proceder que se presta como un mecanismo de impunidad en el que los actores intelectuales no son tocados por las investigaciones. Añadió que, para sumar, la fiscalía en su afán de demostrar resultados proporciona a la opinión pública, a través de los medios de comunicación, una información distorsionada entorno al ‘esclarecimiento’, distorsionada en el sentido de que el ente judicial asume como tal todo tipo de adelanto dentro de los procesos, (la apertura de la investigación, la expedición de una orden de captura o la imputación a un determinado presunto responsable). “Hay que entender que las actuaciones propias que le competen como ente investigador no pueden entenderse como hechos que revelan todas las dimensiones del crimen”, aseveró la coordinadora de Somos Defensores.
Captura tomada del informe Resiste.
Finalmente, Lourdes Castro manifestó su preocupación sobre la precaria seguridad en la que viven los defensores de Derechos Humanos, líderes sociales y excombatientes con miras al panorama electoral que se avecina para el próximo año, por lo que teme que las cifras de agresiones y asesinatos aumenten.
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