A un mes de concluir su mandato, el Comité de Expertos ad hoc avanza en la elaboración de su informe final sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social en Colombia. El documento recogerá hallazgos sobre posibles patrones de vulneración y formulará recomendaciones para garantizar el derecho a la protesta y evitar la repetición de hechos violentos.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: Santiago Botero
El Comité de Expertos ad hoc para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales ocurridas entre 2019 y 2021 en Colombia avanza en la elaboración de su informe final, un documento que recogerá hallazgos sobre posibles patrones de vulneración de derechos fundamentales y formulará recomendaciones al Estado con el propósito de garantizar el derecho a la protesta y evitar que hechos violentos similares se repitan en el país.
El Comité fue creado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1190 de 2025, como respuesta a una iniciativa impulsada por víctimas, familiares y sobrevivientes de las protestas que busca esclarecer los hechos ocurridos durante el denominado estallido social. Al respecto, Leyder Humberto Perdomo Ramírez, profesor de la Universidad de Antioquia (UdeA), abogado, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Ciencia Política e integrante del Comité, explicó que “aunque inicialmente se planteó la creación de una comisión de la verdad, finalmente el Gobierno optó por la conformación de un comité de expertos”.
Conformado por doce personas, tres expertos comisionados y nueve profesionales de apoyo, el Comité inició sus actividades a comienzos de año y tendrá vigencia hasta el 31 de julio del presente año, fecha en la que presentará su informe final al presidente de la República, a la Mesa Nacional de Garantías para la Protesta Social y a la ciudadanía, con recomendaciones orientadas a evitar hechos de violencia durante las futuras protestas en el país. “No es un mecanismo judicial ni busca establecer responsabilidades individuales. Su función es identificar patrones y formular recomendaciones para la no repetición”, indica Perdomo.
La investigación aborda homicidios, lesiones personales, torturas, tratos crueles, violencia sexual, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta, uso indebido del sistema judicial e impunidad.
¿Cómo se recopila la información?
El abogado explicó que el Comité ha recopilado y contrastado información de organizaciones de derechos humanos, bases de datos, expedientes judiciales, víctimas, colectivos sociales y entidades del Estado, como el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Entre las fuentes consultadas figuran registros de Temblores, el Tribunal Popular de Siloé, el Proceso Social de Garantías en Antioquia y el CPDH en Caldas. Además, han realizado espacios de escucha en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Pasto y Popayán, donde participaron cerca de trescientas personas entre víctimas, familiares, sobrevivientes y organizaciones sociales.
Uno de los temas que analiza el Comité es la manera en que el Estado colombiano ha entendido la protesta social a lo largo de los años. Según Perdomo, la investigación muestra que, durante décadas, las manifestaciones han sido tratadas más como un problema de seguridad y control que como una forma legítima de expresión ciudadana. “La protesta ha sido presentada frecuentemente como una amenaza para el orden y las instituciones. Eso ha generado respuestas orientadas al control y la represión más que a la garantía de derechos”, afirma.
Esa lectura coincide con lo documentado por organizaciones que acompañaron a víctimas del estallido social. Laura Fernanda Villamizar Goez, politóloga e integrante de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), señala que la represión a la protesta entre 2019 y 2021 se expresó mediante una combinación de medidas institucionales, legales y de uso de la fuerza pública. Entre ellas menciona los toques de queda, los traslados por protección y la apertura de procesos judiciales contra manifestantes, situaciones que en varios casos derivaron en la criminalización y estigmatización de quienes participaron en las movilizaciones.
Para Perdomo, esta forma de comprender la protesta no es reciente. Está relacionada con enfoques de seguridad que, desde los años cuarenta, han asociado la movilización social con amenazas al Estado o con la acción de grupos armados ilegales. Esa mirada, explica, ha incidido tanto en las normas como en la actuación de las instituciones, incluida la fuerza pública.
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Villamizar agrega que, durante las movilizaciones, también se denunciaron prácticas como el uso desproporcionado de la fuerza, el empleo irregular de armas menos letales, agresiones físicas, detenciones sin información clara sobre el paradero de las personas y fallas en los registros de captura. “Se evidenciaron prácticas como el disparo frontal, el uso de armas modificadas o alteradas de letalidad reducida, entre otras”, detalla.
La CJL también documentó casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como desapariciones forzadas temporales, en las que manifestantes eran detenidos, incomunicados, trasladados sin registro y posteriormente abandonados. A esto se sumaron omisiones en los registros de detención, lo que dificultaba el seguimiento de las personas privadas de la libertad y favorecía la impunidad, además de la connivencia con particulares armados que amenazaban o disparaban sin intervención estatal.
Perdomo advierte que esa lógica también ha tenido efectos en el sistema judicial, donde los conflictos sociales tienden a abordarse desde el castigo y la sanción antes que desde el diálogo, la prevención o la garantía de derechos. En ese escenario, los jueces no solo deciden sobre el cumplimiento de la ley, sino que también pueden terminar interviniendo en la gestión del orden público, lo que refuerza una mirada de la protesta como problema de seguridad.
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Las violencias también tuvieron expresiones diferenciadas por razones de género y diversidad. Villamizar señala que se identificaron agresiones contra mujeres con contenido sexista y machista, incluidos insultos y casos de violencia sexual, además de impactos físicos y psicológicos diferenciados. También se reportaron agresiones contra personas LGBTIQ+ mediante insultos homofóbicos y violencia de carácter discriminatorio.
El caso de Stiven Loaiza Giraldo
En los encuentros realizados por el Comité de Expertos, Lina María Giraldo Parra, madre de Stiven Loaiza Giraldo, encontró un espacio para compartir su experiencia. Su hijo resultó herido en el rostro el 1 de mayo de 2021 en el sector de La Alpujarra, en Medellín, tras ser impactado por una granada de gas lanzada por el antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Giraldo destacó que estos espacios permitieron a las familias contar lo ocurrido, visibilizar las secuelas físicas y psicológicas de las agresiones y sentirse escuchadas. “Las madres exponían el caso, contaban la fecha y lo que había pasado, mostraban las secuelas y las fotos de cómo habían quedado sus hijos. Fue un espacio que nos ayudó a sanar”, relata.
Antes de la agresión, recuerda a Stiven como un joven alegre, trabajador y cercano a su familia. Trabajaba en un restaurante, hacía deporte, compartía con sus amigos y tenía el sueño de convertirse en chef. “Mi hijo tenía un buen trabajo, era muy sociable, muy feliz; siempre estaba molestando, riendo y charlando”, cuenta.
Después del hecho, afirma que la vida de su hijo cambió por completo. Perdió el olfato y el gusto, y con el paso de los meses comenzó a enfrentar otros problemas de salud, como depresión, síndrome de persecución y epilepsia. “Yo lo veía y decía: ese no era mi hijo, porque él era otra persona antes”, recuerda.
Cinco años después, Stiven se encuentra en un proceso de rehabilitación con el que busca reconstruir su vida. Para su madre, el informe del Comité puede convertirse en una herramienta para que las víctimas sean reconocidas, sus historias no queden en el olvido y el Estado adopte medidas que garanticen verdad, justicia, reparación y no repetición.
Garantías para la protesta y atención a las víctimas
Aunque el contenido definitivo del informe aún se encuentra en construcción, el Comité trabaja en recomendaciones orientadas a fortalecer las garantías para el ejercicio de la protesta social y mejorar la atención a las víctimas.
Sin embargo, Perdomo advirtió que la implementación de estas recomendaciones dependerá de la voluntad política de los próximos gobiernos y de la capacidad de las organizaciones sociales para apropiarse del informe y convertirlo en una herramienta de incidencia. “El informe no resolverá por sí solo los problemas. Puede convertirse en una hoja de ruta para que las víctimas y las organizaciones continúen reclamando verdad, reconocimiento y garantías de no repetición”, puntualiza.