Mientras el país amplía el marco jurídico para proteger a las víctimas del conflicto armado, la violencia continúa y la reparación integral sigue pendiente. El Sexto Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad advierte que las capacidades institucionales y los recursos del Estado son insuficientes para responder a esa deuda.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: CJL
Cuatro años después de que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición entregara su Informe Final, Colombia enfrenta un panorama contradictorio. Según el Sexto Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CSM), el país ha fortalecido el marco jurídico para la protección y reparación de las víctimas del conflicto armado. No obstante, la violencia persiste, las capacidades institucionales creadas hace 15 años ya no responden a la magnitud de las necesidades actuales y millones de víctimas siguen esperando que los derechos reconocidos en la ley se traduzcan en garantías efectivas.
El informe, con corte a mayo de 2026, fue presentado públicamente el 2 de julio en Bogotá. El Comité centró su análisis en las recomendaciones relacionadas con los derechos de las víctimas del conflicto armado. Sus conclusiones señalan que, durante los últimos cuatro años, el país registró avances sin precedentes en la ampliación de esos derechos. “Todo el tema de las víctimas, a nivel del marco jurídico, está completamente robustecido, y eso lo vemos como un gran logro. Sin embargo, no basta con contar con un marco jurídico sólido si no existe una infraestructura institucional adecuada ni los recursos necesarios para hacerlo efectivo”, afirma Julia Cogollo, presidenta del CSM.
Avances en derechos y reconocimiento
Según el informe del CSM, estos avances han sido posibles gracias a los esfuerzos del Estado y a la persistencia de las organizaciones de víctimas, cuyas exigencias han impulsado cambios concretos en materia de verdad, justicia y reparación. No obstante, para Cogollo, el reto ya no consiste en seguir ampliando el marco normativo para atender a las víctimas, sino en transformar la manera en que el Estado enfrenta las causas del conflicto armado. En ese sentido, afirma: “No creo que tengamos que seguir produciendo más leyes para atender a las víctimas. Lo que necesitamos es impulsar leyes que contribuyan a poner fin al conflicto”.
Entre los logros identificados por el Comité se encuentran la formulación participativa del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2026-2036 y la prórroga de la Ley de Víctimas mediante la Ley 2421 de 2024. El informe también señala que, en 2025, el país alcanzó el mayor registro histórico de indemnizaciones a mujeres víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual: 8574 recibieron esta medida de reparación, una cifra cuatro veces superior a la del año anterior.
En materia de reconocimiento de responsabilidades, el Ministerio de Defensa lideró tres actos oficiales por ejecuciones extrajudiciales, mientras que la Cancillería realizó 14 actos simbólicos dirigidos a víctimas colombianas en el exterior. A ello se suma la reanudación, en febrero de 2026, de las obras del Museo de la Memoria, cuya apertura parcial está prevista para 2027.
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El informe también destaca los avances del Sistema Integral para la Paz. Al cierre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había acreditado a 14 260 víctimas individuales y 421 sujetos colectivos ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, además de reconocer como víctimas a territorios de pueblos indígenas y comunidades campesinas. Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) fortaleció su presencia en los territorios en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las demás entidades que integran el Sistema Integral para la Paz.
La atención sigue siendo insuficiente
El documento detalla que la arquitectura institucional diseñada hace 15 años para proteger a las víctimas está desbordada. El Registro Único de Víctimas (RUV) supera hoy los 10,2 millones de personas, diez veces más de lo proyectado inicialmente. “Nuestro informe muestra que, al ritmo actual, se necesitarían 62 años para indemnizar a las víctimas que hoy existen en el país. Imagínese: y eso suponiendo que dejáramos de producir nuevas víctimas. Pero el conflicto sigue generándolas todos los días, lo que significa que ese plazo podría ser aún mayor”, señala la presidenta del CSM.
El Comité advierte que la reparación integral de las víctimas continúa enfrentando enormes desafíos. Según estimaciones de la Contraloría General, atender al universo actual de víctimas requerirá una inversión de 303,9 billones de pesos entre 2025 y 2031. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Ley de Víctimas, apenas el 19 % de las personas con derecho a indemnización ha recibido esa reparación, mientras que el 81 % permanece a la espera.
El Comité advierte, además, que la reparación no puede limitarse a una compensación económica. “Para muchas mujeres es igual o incluso más importante que el responsable reconozca lo que hizo, explique por qué ocurrió y exista una respuesta institucional integral”, afirma Cogollo.
El informe también alerta sobre las deficiencias en la articulación entre las entidades del Sistema Integral para la Paz. Dos años después de la expedición de la Ley 2421 de 2024, todavía no existe una ruta clara para integrar los registros de la Unidad para las Víctimas, la JEP y la UBPD. Como resultado, el 43 % de las víctimas acreditadas ante la JEP no aparece en el RUV, lo que dificulta su acceso a medidas de atención y reparación.
Las dificultades también se reflejan en la reparación colectiva. De los 940 sujetos de reparación colectiva étnicos reconocidos, siete de cada diez registran avances inferiores al 40 % en la implementación de sus planes y solo seis han culminado el proceso. “Hay muchos sujetos que aún no han sido reconocidos como víctimas, por lo que la dimensión real de esa deuda es incluso mayor”, enfatiza Cogollo. Agrega que la situación es aún más crítica para otros grupos poblacionales: existen diez sujetos de reparación colectiva de mujeres, de los cuales apenas uno ha concluido su reparación, mientras que los cuatro procesos correspondientes a personas LGBTIQ+ siguen sin finalizar.
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El informe también advierte sobre la deuda pendiente con las víctimas colombianas en el exterior. Aunque la Comisión de la Verdad estimó que cerca de un millón de personas fueron víctimas del conflicto fuera del país, el Registro Único de Víctimas solo ha recibido 31 282 declaraciones desde el extranjero. A ello se suma que el 58,5 % de los consulados colombianos aún no está habilitado para recibir estas declaraciones, lo que limita el acceso de esta población a las medidas de reconocimiento y reparación.
El CSM también alerta que las violencias sexuales asociadas al conflicto persisten y que las mujeres buscadoras de personas desaparecidas siguen enfrentando obstáculos para ejercer sus derechos. Aunque existe una ley que reconoce su labor, su implementación continúa siendo insuficiente por la falta de recursos y de conocimiento institucional. “Hay que superar la brecha entre el marco jurídico, su socialización y la asignación de recursos. En el caso de la Ley de las Buscadoras, ese es el principal desafío para garantizar su implementación efectiva y lograr que las mujeres la conozcan, se apropien de ella y puedan ejercer los derechos que les reconoce”, detalla Cogollo.
La deuda de la no repetición
Uno de los mensajes más contundentes del informe es que Colombia sigue atrapada en un ciclo de reproducción de las violencias. Aunque las dinámicas del conflicto han cambiado, sus impactos continúan acumulándose sobre las comunidades. El recrudecimiento de la violencia en regiones como el Catatumbo, Cauca, Nariño y Valle del Cauca demuestra, según el Comité, que las garantías de no repetición siguen siendo una deuda del Estado. “En materia de no repetición no hemos avanzado. Por el contrario, hemos tenido retrocesos”, afirma Cogollo.
Entre la firma del Acuerdo de Paz y finales de 2025 fueron asesinados al menos 1865 líderes y lideresas sociales y, durante ese mismo periodo, el conflicto armado dejó más de un millón de nuevas víctimas, de acuerdo con el RUV. Para el CSM, estas cifras evidencian que la violencia continúa afectando a los territorios y que las condiciones para evitar su repetición aún no están garantizadas.
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El informe advierte que esta situación no solo incrementa el número de víctimas, sino que también profundiza el desborde institucional, pues las proyecciones con las que fue diseñada la política de reparación quedaron ampliamente superadas por la realidad del conflicto.
Un llamado para el próximo gobierno
De cara al cambio de gobierno, el Comité insiste en que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad deben consolidarse como una política de Estado y no depender del gobierno de turno. Para ello, propone incorporarlas al próximo Plan Nacional de Desarrollo, garantizar los recursos necesarios para su implementación y establecer mecanismos de seguimiento que permitan verificar su cumplimiento.
Pese a las posibles diferencias políticas, el CSM confía en que las organizaciones sociales y las víctimas seguirán impulsando esta agenda. “Hemos resistido momentos mucho más difíciles. Si el gobierno no asume plenamente esta agenda, la sociedad civil seguirá defendiéndola”, puntualiza Cogollo.