Los representantes judiciales de las víctimas acreditadas del caso Comuna 13 y zonas aledañas, en la JEP, reclamaron a los comparecientes del Ejército y la Policía, en la audiencia de observaciones del 7 y 8 de mayo, hacer aportes reales a la verdad y reconocer su participación en los crímenes de la guerra urbana de Medellín entre 2001 y 2003.
Por María Camila López, abogada de las víctimas – Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, GIDH
Foto: Federico Carranza | JEP
Miriam Rúa, Socorro Mosquera, Luz Dary Ospina, Mery Naranjo, Sandra Cardona, Vanessa Yarce, Mónica Orozco Yarce, Luz Enith Franco y Eva Luz Rojas (qepd). Todas mujeres. Madres, lideresas, esposas, amigas.
Hoy hemos escuchado sus voces, narrando, denunciando, cuestionando. Como tantas veces lo han hecho y como seguro lo seguirán haciendo, hasta su último aliento, así como lo hizo Eva Luz Rojas, que murió esperando verdad y justicia por la ejecución extrajudicial de la que fue víctima su hijo Wbeimar Zea Rojas durante la Operación Mariscal en mayo del 2002.
Después de que ellas, estas mujeres valientes, oyeron lo que los comparecientes de la Fuerza Pública dijeron en este Caso 08, Subcaso Antioquia, podemos concluir que el camino hacia la verdad y la justicia sigue siendo lúgubre, toda vez que la amnesia colectiva de los miembros del Ejército y la Policía resulta profundamente revictimizante.
No solo hemos escuchado las historias de estas mujeres, sino también las historias de toda una comuna, la Comuna 13. Acá entonces no solo son ellas hablando, sino también las historias de esos niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas, cambiadas y aterrorizadas por la violencia estatal en una comuna que fue olvidada por el Estado, que no solo permitió que grupos al margen de la ley se asentaran en su territorio, sino que negoció con ellos, como toda una empresa criminal.
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Hoy presentamos observaciones ante comparecientes —quienes en muchos casos, para el año 2002, eran soldados— que manifiestan no haber tenido acceso a las altas esferas en las que se desarrolló el contubernio con los grupos paramilitares.
Queremos decirles que el rango no es una excusa aceptable para hacer parte de un entramado criminal, para haber cometido torturas, ejecuciones extrajudiciales, abusos de autoridad, detenciones ilegales y toda clase de violaciones a derechos humanos, las cuales ustedes pretenden excusar en presiones por resultados, inexperiencia y falta de poder de decisión.
Hoy, las víctimas de la Comuna 13 les dicen que ustedes fueron cómplices y que en todo caso decidieron violar derechos humanos, sacrificar sus principios éticos por vacaciones, condecoraciones, felicitaciones y ascensos. Decidieron participar de la estigmatización y la destrucción del proyecto de vida de muchas personas. A ustedes les hablamos, a ustedes que se sentían el eslabón más bajo de la cadena, pero que impactaron profundamente las vidas de estas mujeres y de los habitantes de la Comuna 13 con su complicidad, con su silencio.
El contubernio
En la medida que avanzaron las versiones voluntarias, fueron llamados soldados y policías de distintas unidades militares y policiales: BIPEP, BAJES, BIOSP, RIME, GAULA, MEVAL, CEAT, AFEAU, Estación de Policía de San Cristóbal, SIJIN y IV Brigada. Todas ellas con un común denominador: los rumores del contubernio entre agentes del Estado y los paramilitares. Rumores que bajaban hacia los soldados regulares, rumores conocidos por la totalidad de los batallones, compañías, pelotones. Sin embargo, solo rumores, porque los comandantes, aquellos llamados a responder ante estas graves acusaciones no hicieron nada, a pesar de que en los medios de comunicación, en las calles y en las denuncias que desde el 2002 hacían los habitantes de la comuna, se decía que la Fuerza Pública estaba aliada con los paramilitares.
Los entonces comandantes de la IV Brigada y de la Policía Metropolitana, Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón, han negado rotundamente haber conocido o presenciado alianzas entre agentes del Estado y paramilitares, esto pese a las masivas denuncias que para la época se hacían. También lo niega Juan Armando René Cadena Montenegro, comandante del GAULA para el año 2002, quien asiste virtualmente a esta audiencia y espero que nos esté escuchando.
¡Cuán imposible resulta esto!: que los comandantes, las esferas visibles de las instituciones, no hubiesen participado de este contubernio, el cual no investigaron ni sancionaron. En las diferentes unidades militares y policiales el aparato paramilitar se instaló como si fuese parte de la tropa. En ese sentido, para las víctimas, resulta imposible concebir que ustedes, comandantes, mayores, brigadieres, no tuvieran conocimiento de nada.
La finalidad “contrainsurgente” sirvió de fachada para las más atroces violaciones a derechos humanos. Hoy les recordamos a ustedes, exmilitares y policías que, debido al abandono estatal, las milicias se asentaron en el territorio de la Comuna 13. Sin embargo, ustedes, así como el alcalde, el Presidente de la República y la Ministra de Defensa de la época, los comandantes Montoya Uribe y Gallego Castrillón y los diversos comandantes de batallón crearon toda una narrativa de odio y estigmatización respecto de los habitantes de la Comuna 13, los tildaron de milicianos, colaboradores de la guerrilla, terroristas, enemigos.
Este profundo odio que destilaron sobre hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes de la Comuna 13 se tradujo en alianzas directas con el paramilitarismo, en homicidios, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, detenciones ilegales y un sinfín de conductas delictivas que atentaron contra la dignidad de estas personas.
Y si ese “odio común a las milicias” fue el que llevó a que versionados como Carlos Mauricio Rojas Martínez del GAULA —segundo al mando— aceptaran que tuvieron vínculos con el paramilitarismo y utilizaran el odio como justificante para ello.
Desde los gobiernos nacional y local, el Ejército y la Policía solo se infundió odio por la población civil de la Comuna 13. Hombres fueron detenidos sin orden judicial, tan solo por su apariencia y por la sospecha que recaía en todos los jóvenes de la comuna de que posiblemente eran milicianos. Estas detenciones ilegales fueron confirmadas por muchos de los versionados, sin embargo, estos buscan minimizarlas usando eufemismos, manifestando que técnicamente no “detenían” sino “conducían” para verificar antecedentes. Siguen minimizando lo ocurrido, pero las víctimas no, por eso acá alzan su voz para seguir denunciando los crímenes que les fueron infligidos.
Ese odio visceral disfrazado de lucha contrainsurgente no solo llevó a que la fuerza pública se asociara con paramilitares, sino también a que se desarrollaran operaciones militares conjuntas, violando los principios del derecho internacional humanitario. Operaciones militares como Mariscal y Orión, en las que ingresaron efectivos de la Policía, el Ejército, la Fiscalía, el DAS, el CTI, el GAULA, entre otros, sin contar con ninguna preparación en combate urbano, sin disciplina de fuego, utilizando armas de largo alcance como ametralladoras M60 y lanzagranadas MGL, cuyo único propósito era destruir todo a su alrededor. Se violaron obligaciones básicas del DIH como la protección del derecho a la vida de la población civil, reconocida en el artículo 3 común de los convenios de Ginebra y principios como el de la proporcionalidad y distinción.
Un tiempo de amenaza
Fue entonces en Mariscal cuando hombres, mujeres, niños y niñas fueron brutalmente asesinados por la Fuerza Pública; ahí Wilmer Alfredo y Wbeimar Zea, además de otros hombres, mujeres y niños, perdieron la vida. Uno, esposo de Sandra Cardona y otro, hijo de Eva Luz Rojas. Hoy sus muertes siguen impunes y ustedes, comparecientes, plantean narrativas que nunca existieron y que buscan minimizar la resistencia civil de los habitantes de la Comuna 13 ante el terror estatal.
¡No! Las milicias no obligaron a los habitantes de la Comuna 13 a salir con los pañuelos blancos cuando en la operación Mariscal parecía que la Fuerza Pública iba a arrasar con la comuna entera; los habitantes, armados de una valentía sin precedentes decidieron salir de sus casas pidiendo que cesara la violencia que se había desatado sobre ellos, y ustedes, después de todo el horror que habían causado, se retiraron. No pretendan con sus narrativas justificar sus actos; la comunidad habló ese día en Mariscal y lo sigue haciendo ahora, también en un mayo, 24 años después.
Luego llegó aquel octubre del 2002, cuando, con la promesa de pacificar la Comuna 13, se allanó el camino para que el paramilitarismo se instalara en el territorio. Orión golpeó con todas sus fuerzas a los habitantes de la Comuna 13 y desangró sus vidas. Las detenciones ilegales, el desplazamiento forzado y la desaparición forzada colmaron la cotidianidad de los habitantes, consecuencias de todo el repertorio de estigmatización y violencia estatal.
Un 12 de noviembre del 2002, Socorro Mosquera, Mery Naranjo y Ana Teresa Yarce fueron detenidas sin orden judicial por soldados del BAJES. El compareciente Pilides José Torres Monterrosa manifiesta haber participado de esta captura, pero el informe de captura realizado por el ejército ese día no se compadece con lo que en verdad ocurrió y fue probado en sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yarce y otras vs. Colombia.
Ese 12 de noviembre las vidas de estas lideresas y el liderazgo social y comunitario que ejercían desde la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI) cambió para siempre. No solo fueron sometidas a la detención ilegal en centro carcelario, sino también al terror de ser asesinadas y desaparecidas, ya que miembros de la Fuerza Pública les dieron varias vueltas en un vehículo antes de llevarlas a un centro de detención. Sus familiares y la lideresa Luz Dary Ospina, que para la época era la directora ejecutiva de AMI, nunca desampararon aquella patrulla que se las había llevado, porque sabían que si lo hacían, las posibilidades de volverlas a ver con vida eran prácticamente nulas.
Luego de que las lideresas recuperaran su libertad, se enfrentaron al homicidio, a las amenazas, al desplazamiento forzado e, inclusive, al exilio; así como a la destrucción de sus vínculos familiares, personales y sociales. Las amigas no pudieron volver a encontrarse y las mujeres que asistían a aquella casa-amiga no regresaron. Hijos, hijas y esposos sufrieron afectaciones psicológicas profundas, las cuales aún hoy persisten.
Hoy entre nosotras no está Ana Teresa Yarce, madre de Vanessa y Mónica, compañera de Mery, Socorro y Luz Dary. Ana Teresa fue asesinada por paramilitares el 6 de octubre del 2004, luego de que esta hubiese denunciado ante soldados del BIOSP al paramilitar Jorge Enrique Aguilar y estos lo hubiesen detenido, torturado y vuelto a dejar en libertad, por lo que la dejaron totalmente desprotegida.
Ana Teresa era una líder social de la Comuna 13 que se había acercado ingenuamente a soldados del Ejército para denunciar la presencia paramilitar en la zona y pedir protección para su comunidad: No era una informante del Ejército, como erróneamente el versionado Edwin Gutiérrez lo manifestó en versión voluntaria; era una denunciante que buscaba que el Estado tomara medidas ante la presencia de paramilitares en la comuna y que creyó que podía confiar en los soldados, esos mismos que dejaron de patrullar la zona en donde ella se encontraba el día que la asesinaron.
Hoy queremos honrar su memoria. Ana Teresa Yarce fue una lideresa que ejerció públicamente el derecho a denunciar las violaciones de derechos humanos sufridas por su comunidad. Señalar ejecuciones, desapariciones, amenazas y todo tipo de abusos jamás convertirá a una lideresa social en informante. Un informante colabora con estructuras de inteligencia para señalar a personas como objetivos. Ella era una defensora de la vida y de su comunidad, y como suelen hacerlo las personas comprometidas con la comunidad, lo hacía de frente y sin ninguna retribución.
Los desaparecidos
Después de Orión los paramilitares tomaron posesión de la Comuna 13 y con ello, la estigmatización que ya imperaba en el territorio llevó a que cientos de personas fuesen desaparecidas, dentro de ellas Arles Edison Guzmán Medina, desaparecido el 30 de noviembre de 2002. La Escombrera se convirtió en una fosa común a cielo abierto ante los ojos de todas las autoridades y pese a las denuncias, nadie hizo nada.
Hoy, 24 años después, Luz Enith Franco, su esposa, así como los hermanos y hermanas de Arles, lo siguen buscando.
Si la connivencia entre Fuerza Pública y paramilitares es ampliamente negada por los versionados que han comparecido ante la JEP. Frente al delito de desaparición forzada ningún compareciente ha hecho un aporte significativo. Ninguno vio, conoció ni estuvo involucrado en estos crímenes, esto pese a que hay denuncias claras de que agentes de la policía de la Estación de San Cristóbal colaboraban con los paramilitares presentes en la zona, cuyo comandante era Hernán Darío Aristizábal, alias King Kong, acusado ampliamente por haber cometido desapariciones forzadas, como la de Arles Edison Guzmán.
De hecho, es el versionado Jorge Hernán Arias Martínez, patrullero para la época de la Estación San Cristóbal, quien informa haber visto alguna vez a King Kong; sin embargo, manifiesta no haber hecho nada, ya que este no tenía orden de captura, pero reconocía que era el líder paramilitar. Resulta profundamente irónico que nunca se les hubiese detenido aludiendo a la falta de órdenes de captura; no obstante, ahí sí estaba el ejército deteniendo a habitantes de la Comuna 13 sin ningún tipo de orden.
La contribución a la verdad por parte de los versionados frente a este crimen atroz de la desaparición forzada es nula, lo que perpetúa el dolor de las víctimas de este flagelo, teniendo en cuenta la presencia de La Escombrera en la comuna y el hallazgo hasta el momento de 7 cuerpos en ese lugar. Escuchar a varios comparecientes decir que no sabían de este lugar como un sitio clandestino de inhumación de cuerpos y que apenas se enteraron de su existencia por las noticias recientes, resulta imposible de creer.
Ante la no apertura de un macrocaso de desaparición forzada por parte de la JEP, y ante el negacionismo sistemático de los miembros de la Fuerza Pública con respecto a este crimen, las esperanzas de verdad y justicia que les asisten a Luz Enith y a las demás familias buscadoras se reducen a la nada. Sin embargo, a Arles y a todos los seguiremos buscando, hasta el final, hasta encontrarlos. Porque contrario a la frase profundamente revictimizadora pronunciada por el compareciente Carlos Mauricio Rojas Martínez del GAULA, quien dijo que ellos no cometieron desapariciones forzadas porque un “desaparecido no era una persona rentable”, en tanto no representaba para ellos ningún tipo de beneficio; para los seres queridos de los desaparecidos y para nosotras las organizaciones representantes, ellos son seres amados, que significan y significaron el todo para quienes los siguen buscando.
El Ejército y la Policía penetraron la comuna 13 dejando una estela de destrucción y muerte a su paso, y hoy, 24 años después, los comandantes de estas unidades militares y policiales permanecen en silencio y se rehúsan a aceptar su responsabilidad por los hechos cometidos. Niegan ante las víctimas el contubernio, cuando ellas lo vivieron en la Comuna 13, utilizan eufemismos para camuflar la gravedad de ciertos actos como la detención ilegal y las alianzas con paramilitares, como lo hizo el comandante de la compañía Bombarda II, Ramírez Riaño, quien dijo que ante la presión de resultados había tenido que negociar con unos grupos de autodefensas apostados en la parte alta de la comuna para que le entregaran armas y municiones, pero que, pese a ello, nunca colaboró con paramilitares. Igualmente, hicieron uso de guías paramilitares durante las operaciones militares, guías a quienes les pagaron, financiando así su estructura criminal, pero que misteriosamente, pese a toda la inteligencia del Ejército, no sabían que hacían parte de estas estructuras.
La fuerza pública se comportó como una estructura criminal en la comuna 13. La corrupción, la violencia y el odio se enraizaron en la conducta de militares y policías, independiente de su rango, siendo claramente más deplorable el actuar criminal de los mandos medios y altos.
Soldados y policías se aliaron con paramilitares, detuvieron ilegalmente ciudadanos, asesinaron civiles inocentes para presentarlos como bajas en combate, torturaron a paramilitares en vez de capturarlos, aceptaron sobornos a cambio de permitir que paramilitares robaran combustible —como fue el caso de los policías de la Estación de San Cristóbal—, impusieron toques de queda, involucraron a los civiles en el conflicto tomando sus casas como bases militares, promovieron la delación en la Comuna 13, emplearon guías paramilitares cuya información nunca fue contrastada, recibieron visitas de paramilitares en batallones, estigmatizaron a la población civil, utilizaron armas no aptas para el combate urbano, alteraron informes de operaciones, firmaron actas de munición que no gastaron, pidieron que se les dieran felicitaciones por conductas que no cometieron, firmaron actas de capturas que no realizaron y que hoy representan un problema para el esclarecimiento de la verdad en diversos casos, entre otras múltiples conductas delictivas.
Fueron soldados y policías quienes cometieron estos actos, y no, a diferencia de como lo dice el versionado Leonardo Gallego, no se trató de conductas individuales, sino todo lo contrario: estos actos delictivos fueron sistemáticos, ya que en cada una de las unidades militares y policiales se evidencian rumores, casos y denuncias del contubernio y de graves violaciones a derechos humanos, todas bajo la justificación contrainsurgente, la necesidad de resultados y la promesa de ascensos, vacaciones y felicitaciones.
Ante lo expuesto en los traslados realizados por la jurisdicción, manifestamos que máximos responsables deben ser no solo Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón, sino todo aquel comandante de compañía, pelotón y batallón que actuó en connivencia con grupos paramilitares y que a su cargo tuvo hombres que cometieron graves violaciones a derechos humanos que no fueron sancionadas, ni investigadas.
Hoy, 24 años después de aquel 2002 lleno de operaciones militares que solo trajeron muerte, destrucción y rompimiento del tejido social a los habitantes de la Comuna 13, las víctimas les dicen que, pese a su negacionismo, ellas conocen la verdad y la van a seguir denunciando.
La Fuerza Pública no trajo paz a su barrio y nada de lo que ellas perdieron hace 24 años les será restituido; sin embargo, acá siguen, alzando la voz, esperando el momento en el que puedan mirarlos a los ojos para transmitirles un poco del dolor que ustedes, soldados y policías, les causaron.
Este discurso fue leído por la abogada María Camila López, como parte del equipo de representación de las víctimas que integra el GIDH, el 7 de mayo de 2026, en la audiencia de observaciones de las víctimas a las versiones de los comparecientes en la fase 1, de operaciones militares en la Comuna 13 y zonas aledañas entre 2001 y 2003, dentro del subcaso Antioquia, del Caso 08 «Crímenes cometidos por la Fuerza Pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado», establecido por la JEP.