Del asesinato de 8 personas el 21 de febrero del 2005 se conocía que los autores materiales eran paramilitares que habían actuado con crueldad. Faltaba quizás escuchar de boca de los cómplices, miembros de la Brigada 17 del Ejército, el reconocimiento y los detalles de cómo los militares no hicieron nada para garantizar la vida de los asesinados y cómo, en cambio, trataron de encubrir su responsabilidad.
Por Margarita Isaza Velásquez
Fotos: Hacemos Memoria
Diez exmilitares, hoy comparecientes de la Fuerza Pública, contaron en audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– cómo fue su participación en la masacre de ocho personas, en las veredas Mulatos Medios y La Resbalosa de San José de Apartadó, cometida el 21 de febrero de 2005 por paramilitares.
La audiencia de seguimiento al régimen de condicionalidad y de aporte de verdad, presidida por el magistrado Pedro Elías Díaz, se realizó el 23 y 24 de abril en el auditorio de Corporabá, municipio de Apartadó, Antioquia. Hace parte de las investigaciones de los crímenes que juzga el ente transicional en la región de Urabá.
Los diez comparecientes pertenecieron al Batallón de Artillería N.° 47 “Francisco de Paula Vélez”, adscrito a la Brigada 17 del Ejército Nacional, con sedes en San Pedro de Urabá y Carepa, y durante la masacre desarrollaban la operación militar Feroz en zona rural del corregimiento San José de Apartadó. Estos comparecientes fueron condenados en la Justicia Ordinaria a penas de hasta 35 años de prisión por su participación en los hechos, que fueron perpetrados por paramilitares del Bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Las personas asesinadas en los dos hechos de la masacre eran campesinos que hacían parte de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y entre ellos había cuatro menores de edad.
En el primer hecho, ocurrido en la vereda Mulatos Medios, fueron asesinados Luis Eduardo Guerra Tuberquia, miembro fundador y líder del consejo de paz, junto a su compañera Bellanira Areiza, de 17 años, y su hijo Deiner Guerra, de 11 años.
En el segundo hecho, en la vereda La Resbalosa, fueron asesinados Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, también miembro del consejo de paz; su compañera Sandra Milena Muñoz y los hijos de ambos, Natalia, de 6 años, y Santiago, de 2 años. En este sitio fue asesinado asimismo el campesino Alejandro Pérez.
En los procesos judiciales de los militares implicados se comprobó la connivencia que tuvieron con los autores materiales de los crímenes y la omisión de sus responsabilidades como garantes de la vida y los derechos de las personas, primero retenidas, luego torturadas y asesinadas, quienes eran sujetos especiales de protección por ser miembros de la Comunidad de Paz y cuatro de ellos, menores de edad. Así mismo, se evidenció que intentaron encubrir todas las irregularidades y delitos en que incurrieron, como falsear las coordenadas en los reportes de avance de la operación Feroz, ir acompañados y guiados por paramilitares –una práctica común en la Brigada 17–, permitir la violencia contra los civiles, estigmatizar a los pobladores de la Comunidad de Paz, conseguir falsos testigos, etc.
En la audiencia estuvieron presentes los familiares de las víctimas, quienes pidieron conocer más de cómo se perpetró la masacre, quiénes dieron las órdenes y quiénes permitieron que los niños Deiner, Natalia y Santiago fueran asesinados.
Nélida Guerra, hermana de Luis Eduardo y tía de Deiner, les exigió a los comparecientes que asumieran su responsabilidad y se comprometieran con la verdad plena. “Pedimos que quienes cometieron estos hechos se reivindiquen con la sociedad a través de la verdad. Exigimos que limpien los nombres de estos niños y campesinos, que eran agricultores, trabajadores de la tierra, y los acusaron de ser guerrilleros. Nosotros como víctimas de esta violencia solo pedimos justicia, verdad y garantías de no repetición”, afirmó al inicio de la diligencia.
Ella también hizo una semblanza de sus familiares y contó cómo Luis Eduardo y Deiner nunca perdieron “su motivación por vivir y por aprender y salir adelante”. Nélida narró que como familia enfrentaron grandes adversidades después de que en 2004 falleciera la esposa de Luis Eduardo y madre de Deiner y tres hijos más, en un atentado con explosivos.
“Es profundamente doloroso pensar en todo lo que estuvo viviendo mi hermano. Seis meses antes de su asesinato, la violencia en San José de Apartadó le arrebató a su compañera de vida y madre de sus hijos. Tuvimos graves afectaciones físicas, morales y mentales”, contó en la audiencia.
Santiago Tuberquia, hijo de Alfonso Bolívar, también habló de su padre, a quien describió como un campesino que sembraba cacao, maíz y plátano, que le gustaba leer y era muy servicial, una persona dispuesta a ayudar a su comunidad. “Casi toda la vida la vivió en la vereda La Resbalosa. Como padre, adoró a sus hijos. Nos enseñó el respeto por los demás y a amarnos como hermanos. Siempre estuvo para nosotros”, dijo en representación de su familia.
Asimismo les pidió a los comparecientes que digan más de lo que se sabe hasta ahora: “Exigimos que se nombre a todas las personas que actuaron de una u otra manera en estos hechos. Lo más doloroso para mí es cómo actuaron en contra de estos niños; por qué les hicieron algo así a niños tan pequeños. Exigimos la verdad plena y detallada”, concluyó Santiago.
Luego de las intervenciones de los familiares, el jefe del Grupo de Análisis de Información de la JEP, Juan Felipe García, presentó un análisis del contexto en que se perpetró esta masacre y refirió cómo eran las dinámicas de colaboración entre los grupos paramilitares y la Fuerza Pública en la región de Urabá a finales de los noventa y en la primera década del 2000.
Posteriormente, y durante los dos días de la audiencia, el magistrado Pedro Elías Díaz llamó a cada uno de los comparecientes a expresar su versión y reconocimiento de los hechos. Sus aportes de verdad son el requisito para continuar con los beneficios de la justicia transicional; si los limitan o la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas los considera insuficientes, los comparecientes pierden el sometimiento a la JEP y deben retomar la condena que les fue impuesta en la Justicia Ordinaria.
Las intervenciones más destacadas de la diligencia, por el contraste de los hechos que narran y por las responsabilidades que asumieron dentro de la operación Feroz y los días posteriores, fueron las del teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán, el sargento Sabaraín Cruz Reina, el capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez y el subteniente Alejandro Jaramillo Giraldo.
La audiencia completa está disponible en el canal de YouTube de la Jurisdicción Especial para la Paz. Video del 23 de abril y video del 24 de abril.
Comparecientes
Guillermo Armando Gordillo Sánchez, capitán; Alejandro Jaramillo Giraldo, subteniente; Jorge Humberto Milanés Vega, subteniente; Darío Brango Agámez, sargento segundo; Orlando Espinosa Beltrán, teniente coronel; Ricardo Bastidas Candia, cabo; Edgar García Estupiñán, subteniente; Ángel María Padilla Petro, sargento; Sabaraín Cruz Reina, sargento; Henry Agudelo Cuasmayán, sargento.
Cronología de la masacre de Mulatos Medios y La Resbalosa
Antecedentes
23 de marzo de 1997. Campesinos de Urabá fundan la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que declara su neutralidad en el conflicto y no colaboración con los actores armados. El jesuita Javier Giraldo, miembro del CINEP, y la entonces alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, los acompañan como garantes.
Esta decisión de la comunidad obedece a los hostigamientos que habían padecido los habitantes del corregimiento San José de Apartadó y que habían denunciado con mayor fuerza desde 1996. Una comisión negociadora del Gobierno detalló que los pobladores reportaron 91 eventos de graves crímenes de derechos humanos, ocurridos entre diciembre de 1994 y septiembre de 1996. “22 ejecuciones extrajudiciales; 4 desapariciones forzadas; 8 torturas; 2 tratos degradantes; 27 detenciones arbitrarias; 9 casos de pillaje; 10 casos de destrucción de bienes elementales para la subsistencia de la población; 2 desplazamientos forzados; 6 casos de amenazas de muerte y 1 bombardeo indiscriminado con efectos destructivos”, recogió en 2017 el informe final de la Comisión de la Verdad.
Desde 1997 la Comunidad de Paz cuenta con medidas cautelares de protección, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y desde 2000 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Febrero de 2005. Con cerca de 300 hombres en sus filas, el grupo paramilitar Héroes de Tolová, asentado en Urabá, especialmente en los límites de Córdoba y Antioquia, toma la denominación de Bloque. Según la Fiscalía, ante Justicia y Paz, las masacres y asesinatos cometidos por los paramilitares, desde 1996, en la región de Urabá contaron con la complicidad de la Brigada 17 del Ejército nacional y con miembros de organismos especializados de seguridad.
El jefe máximo del Bloque Héroes de Tolová es Diego Murillo Bejarano. Son jefes militares del bloque Uber Darío Yáñez, alias 21, y Jarol Manuel Hernández Reyes, alias Cuatro Cuatro. En la sentencia de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra la estructura paramilitar, se mencionan también como participantes de la masacre de San José de Apartadó: Euliser Burgos, alias Ronco o Águila 6; Manuel Arturo Salom Rueda, alias JL; Joel José Vargas, alias Pirulo; y Genaro Antonio Burgos Torreglosa, alias Colmillos.
Martes 8 de febrero de 2005. Una tropa del Batallón de Infantería N.° 46 “Voltígeros”, adscrito a la Brigada 17 del Ejército nacional, es emboscada por dos frentes de las FARC en la vereda El Porroso, de Mutatá. Mueren 19 soldados.
Esta derrota militar conlleva a que la Brigada 17, comandada por el general Héctor Fandiño, se reúna con el general Mario Montoya Uribe, comandante de la Primera División del Ejército, y emita la orden de operaciones Fénix, que a su vez contiene la realización de la operación Feroz por parte del Batallón de Infantería N.° 47 “Francisco de Paula Vélez”, comandado por el teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán.
Feroz implica la movilización de tropas para realizar patrullajes de contraguerrilla en la zona del corregimiento San José de Apartadó.
Operación Feroz
16-17 de febrero de 2005. Inicia la operación Feroz, liderada por el Batallón Vélez y comandada por el capitán Guillermo Gordillo, que hasta esa fecha estaba prestando seguridad al reality de televisión El Desafío en cercanías de Cabo Tiburón, Urabá chocoano.
Se reúnen las tropas en las compañías Anzoátegui 1, Anzoátegui 2, Anzoátegui 3 y Bolívar 1. Esta última compañía está bajo el mando del teniente Alejandro Jaramillo, que en los últimos tres meses había permanecido con el Batallón Vélez, con sede en San Pedro de Urabá, prestando seguridad a las fincas de los hermanos Conrado y Guillermo Builes, ganaderos de Urabá vinculados al paramilitarismo.
Se suman a la operación Feroz dos guías, conocidos con los alias de Jonás y Ratón, quienes hacen parte del Bloque Héroes de Tolová. Los lugares de destino de la operación son las zonas mencionadas como el cerro La Cooperativa y el cerro Bogotá, donde hay antenas de comunicación radial de uso militar y quedan distantes de Nueva Antioquia que es el punto de partida.
Viernes 18 de febrero de 2005. El capitán Gordillo reúne a las compañías, cerca de 120 hombres, para salir de Nueva Antioquia e informarles que la operación es coordinada con los paramilitares. Adelante van las unidades Anzoátegui 2 y 3, que son las que tienen mayor conocimiento del área, una zona limítrofe de Córdoba y Antioquia; detrás va Anzoátegui 1 y cierran la fila los hombres de Bolívar 1. Ese día llegan al cerro La Hoz, donde los espera un grupo paramilitar. Allí pasan la noche juntos.
En todo momento, los comandantes reportan ubicaciones falsas, coordenadas que no corresponden al avance real de las tropas, pues dejarían en evidencia la relación ilegal con los paramilitares.
Sábado 19 de febrero de 2005. Se desplazan hacia un segundo cerro, llamado Castañeda, donde están ubicados más paramilitares; en total son cerca de 60 hombres del Bloque Héroes de Tolová. La operación se coordina de modo que militares y paramilitares vayan intercalados en fila por los caminos de herradura. Bajan del cerro hacia un lugar nombrado como Casa Verde.
El capitán Gordillo define que las tropas tomen dos ejes de avance; Anzoátegui 2 y 3 quedan por un lado, y Anzoátegui 1 y Bolívar 1, por otro. Cada día y ante cada decisión, los comandantes de las unidades se comunican con el jefe de la operación, incluso por canales radiales usados por el grupo paramilitar que los acompaña y guía.
El subteniente Jorge Milanés Vega comanda Anzoátegui 1; el sargento segundo Darío José Brango Agámez, Anzoátegui 2, el subteniente Édgar García Estupiñán, Anzoátegui 3; y el subteniente Alejandro Jaramillo Giraldo, Bolívar 1. Cada compañía o unidad está conformada por entre 35 y 40 hombres.
Domingo 20 de febrero de 2005. En el sitio de Casa Verde, los guías paramilitares se comunican con el guía que acompaña al Batallón de Contraguerrillas 33, que también participa en la operación Fénix. Alias Melaza, que acompaña al batallón 33, le cuenta a alias Jonás que han dado “un resultado operacional”: la muerte en combate de un miembro de las FARC conocido por ellos como Macho Rucio.
Los militares de la operación Feroz continúan avanzando por entre cerros y quebradas, divididos en dos frentes de avance.
Dos masacres
Lunes 21 de febrero de 2005. Desde Casa Verde, los uniformados retoman la marcha por las orillas del río Mulatos, en zona del corregimiento San José de Apartadó; un grupo va por la margen derecha y el otro, por la margen izquierda.
Pasadas las 9 de la mañana, el grupo de Anzoátegui 1 y Bolívar 1 hace un alto en el camino de herradura, por cerca de 45 minutos. En un radio de comunicación se ha informado que los paramilitares tienen retenido a un guerrillero. Los comandantes Gordillo y Jaramillo van de atrás del grupo hacia adelante, para saber qué pasa.
Junto al río, del otro lado, hay un hombre que lleva de cabestro un caballo, en el caballo va una mujer joven y junto al caballo va un niño. Los rodean unos seis paramilitares. La mujer les grita a los hombres del Ejército que la observan: “No me vayan a dejar con estas personas. Nos van a matar”. Los militares vuelven con sus hombres y continúan por el camino.
La mujer del caballo es Bellanira Areiza, de 17 años; el niño es Deiner Tuberquia, de 11 años; y el hombre es la pareja de ella y el padre del niño, Luis Eduardo Guerra, uno de los campesinos líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Los paramilitares los asesinan. Este crimen ocurre en la vereda Mulatos Medios y es el primero que integra la masacre de San José de Apartadó.
Después de las 11 de la mañana, mientras transitan por la vereda La Resbalosa, los militares de la operación Feroz escuchan la detonación de una granada. Desde donde están, algunos pueden observar la casa donde ha ocurrido la explosión. Jaramillo ve correr a un hombre desarmado y ser alcanzado por las balas de los paramilitares. Se trata de Alejandro Pérez, un vecino de la región.
A la casa se dirigen algunos militares. El capitán Gordillo, que está con los guías y comandantes paramilitares; Cruz Reina y Jaramillo Giraldo, de Bolívar 1; Milanés y otros soldados, de Anzoátegui 1.
Allí ven muerta y tendida en el suelo a una mujer, Sandra Milena Muñoz, compañera de Alfonso Tuberquia, otro líder campesino de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Un paramilitar, que se identifica por tener un collar con colmillos de animal, lleva cargado a un niño de 18 meses y de la mano a una niña de 5 años. Son Natalia y Santiago, los hijos de Sandra Milena y Alfonso. Los militares ven a los niños en esa situación, pero no intervienen; se apartan de la casa. Los paramilitares discuten qué hacer con los menores y los asesinan.
Poco después, es asesinado también Alfonso quien se había escondido en el cacaotal contiguo a su casa.
Los hechos de La Resbalosa son la segunda masacre de San José de Apartadó.
El capitán Gordillo sigue las instrucciones de los paramilitares y le propone al teniente Jaramillo que hagan pasar los asesinatos de Alejandro Pérez y Alfonso Tuberquia, cometidos por los paramilitares, como muertes en combate. Debido a la falta de control sobre la escena del crimen y la imposibilidad de explicar los hechos y las coordenadas antes reportadas por la tropa, deciden no hacerlo.
En la noche, reunidos de nuevo militares y paramilitares en una montaña vecina a la casa de la segunda masacre, cenan con carne de los cerdos robados a Alfonso Tuberquia.
Los cadáveres de las 8 víctimas, entre ellas 4 menores de edad, permanecen sin inhumar.
Encubrimiento
Martes 22 de febrero de 2005. Los comandantes que participan en la operación Feroz se ponen de acuerdo en el relato que darán sobre los hechos del 21 de febrero. El teniente Jaramillo realiza un mapa de coordenadas y avance de tropas que no corresponde a sus recorridos.
Paramilitares y militares toman rumbos diferentes.
Desde la Brigada 17 les preguntan a las tropas de Feroz si deben reportar alguna situación irregular. No reportan nada: ni las masacres ni algún contacto con grupos al margen de la ley. Las unidades continúan el avance hacia la zona de la Cooperativa.
Miércoles 23 de febrero de 2005. En Urabá, la Brigada 17 les dice a los comandantes de las unidades que participan en Feroz que se han reportado desapariciones de personas en el área y que por ello va a haber una comitiva encabezada por el general Héctor Fandiño para tomar nota de la operación.
Las tropas del Batallón Vélez concluyen Feroz, e inician la orden de mantener el control de la zona.
En el Congreso de la República se discuten los textos del marco jurídico de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, que tiene como área de despeje una zona en San José de Ralito, municipio de Tierralta en Córdoba, muy cerca de donde ocurrió la masacre del 21 de febrero.
Denuncias
Jueves 24 de febrero de 2005. La Corporación Jurídica Libertad, que ha acompañado a los habitantes y líderes de la Comunidad de Paz en las medidas cautelares de protección impuestas al Gobierno por instancias internacionales, denuncia ante autoridades nacionales y a través de un comunicado público la masacre de siete personas en San José de Apartadó.
Según el secretario de Gobierno de Antioquia, Jorge Mejía Martínez, la denuncia no llega a la Gobernación de Antioquia sino a la Vicepresidencia de la República.
Los militares que participaron en Feroz, que implicaba el desplazamiento entre los sitios Nueva Antioquia y la Cooperativa, son transportados en vehículos militares hacia el Batallón Vélez en Carepa.
El general Fandiño habla con el capitán Gordillo, quien decide que la comitiva de la Brigada 17, que acompañará la verificación de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, sea acompañada por las unidades Anzoátegui 2 y 3 —que no estuvieron presentes en las masacres—. Mientras tanto, Bolívar 1 y Anzoátegui 1 deben recorrer la misma zona de La Resbalosa y Mulatos Medios para prestar seguridad a la comitiva.
Viernes 25 de febrero de 2005. La comisión integrada por funcionarios de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo encuentra a cielo abierto los cadáveres de Alfonso Tuberquia, Sandra Muñoz, los niños Santiago y Natalia Tuberquia Muñoz, y Alejandro Pérez, en la vereda La Resbalosa de San José de Apartadó.
Domingo 27 de febrero de 2005. En una fosa común de Mulatos Medios son hallados los cadáveres de Luis Eduardo Guerra, Bellanira Areiza y el niño Deiner Guerra.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos Corporación Jurídica Libertad y CINEP denuncian que hay al menos 10 familias desplazadas de veredas como Las Nieves y La Esperanza, vecinas a los sitios de las masacres, y que hay personas desaparecidas en los últimos días.
Lunes 28 de febrero de 2005. Sepultan en San José de Apartadó a las 8 personas asesinadas en las masacres del 21 de febrero.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, realiza consejo de seguridad en Apartadó y pide que se establezca un puesto de policía en San José de Apartadó, una medida a la que se oponen los habitantes que insisten en la regla de no usar armas para mantener su neutralidad en el conflicto.
La exalcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, declara que hasta la fecha 154 personas de la Comunidad de Paz, entre hombres, mujeres y niños, han sido asesinadas desde 1997.
El ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, les dice a los medios de comunicación que hay tranquilidad en la fuerza pública “porque sabe que ninguno de sus miembros participó en la masacre” (El Colombiano, 01/03/2005, p. 10A). Afirma también: “Los soldados que estaban más cerca estaban a tres o cuatro jornadas de ahí” (El Colombiano, 02/03/2005, p. 3A).
Desviar la culpa
Miércoles 2 de marzo de 2005. Delegados de la ONU en cabeza del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, visitan San José de Apartadó para verificar con la comunidad la situación de derechos humanos; se establece que los habitantes de las veredas Las Nieves y La Esperanza, cuyo paradero se desconocía, están a salvo.
Cuando los delegados internacionales regresan a Apartadó, son atacados por supuestos guerrilleros de las FARC y el patrullero de policía Roger Jaraba resulta herido.
Marzo de 2005. Un desmovilizado de las FARC dice que la masacre fue cometida por esa guerrilla en venganza de la muerte de un comandante apodado Macho Rucio, a quien tropas del Batallón de Contraguerrillas 33 había dado de baja el 20 de febrero.
Según esta versión, los hombres asesinados en las masacres de La Resbalosa y Mulatos Medios habían hecho parte de la guerrilla en años anteriores y habían delatado a Macho Rucio (El Colombiano, 04/03/2005, p. 3A).
El general Héctor Jaime Fandiño Rincón, comandante de la Brigada 17 del Ejército, emitie un comunicado en el que sindica al Quinto Frente de las FARC como autores de la masacre del 21 de febrero, por coincidir en el modus operandi con otros asesinatos de los últimos meses en las zonas vecinas.
El presidente Álvaro Uribe Vélez afirma ante los medios de comunicación: “En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista” (Verdad Abierta, 28/06/2010).
Agentes de la Justicia Penal Militar toman declaraciones a los militares que lideraron la operación Feroz, quienes reiteran la versión acordada por ellos después de la masacre. En esta versión, sin embargo, no omiten haber hecho los patrullajes con guías paramilitares, por lo que las investigaciones continúan.
15 de junio de 2005. El Bloque Héroes de Tolová inicia el proceso de desmovilización en una zona del corregimiento Mata Maíz de Valencia, Córdoba. En septiembre, 464 hombres de esta estructura entregan sus armas.
25 de julio de 2005. Es aprobada la Ley 975, conocida como Ley de Justicia y Paz, a la que deben someterse los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, para continuar su proceso de reincorporación a la vida civil.
Junio de 2010. Los juzgados primero y segundo penales de Antioquia condenan a penas de entre 6 y 40 años de prisión a los exparamilitares Bionor Vargas Flórez, Euliser Burgos, Jorge Luis Salgado David, Esaut José Feria Martínez y José Joel Vargas Flórez, por la masacre de San José de Apartadó.
En sus procesos describieron la relación de colaboración que mantuvieron con los militares del Batallón de Infantería N.° 47 “Francisco de Paula Vélez”.