Hacemos Memoria y el Sistema Informativo De la Urbe establecieron desde 2016 una alianza para desarrollar un trabajo conjunto para la producción y difusión de contenidos periodísticos, con los que se pretende hacer un aporte a la construcción de memoria. En esta oportunidad, compartimos el especial «¿Los matan por ser líderes?», realizado por De la Urbe y UdeA Noticias, que cuenta las historias de nueve personas incluidas en los conteos de líderes y defensores de Derechos Humanos asesinados en Antioquia durante los cuatro primeros meses de 2017.
Por De la Urbe y UdeA Noticias
Nueve personas
Para la fecha en que se publica este especial periodístico, van nueve. Esos nueve, en Antioquia, durante los cuatro primeros meses de 2017. Esos nueve engrosan las listas de diversas organizaciones, oficiales y no oficiales. Para cada uno hay un renglón asignado con su nombre, una fecha y, en algunos casos, el colectivo o la organización social a la que pertenecía.
Esos nueve son una fracción de un número más grande, de alcance nacional. Un número indeterminado y en disputa que varía dependiendo de quién esté llevando la cuenta. Hasta principios de mayo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas hablaba de 41 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia durante 2017. El Ministerio del Interior reaccionó a la cifra que circuló en los medios y explicó que, si bien ha recibido 41 denuncias, “solo” catorce casos han sido verificados, diez más se encuentran en proceso para establecer si eran o no activistas y en los demás está confirmado que no se trataba de defensores de derechos humanos.
Ese es solo un ejemplo de la disparidad en las cifras, pero más allá de quién tiene la razón, hay dos realidades: la primera es que, líderes o no, en Colombia nos seguimos matando y la mayoría de esos crímenes quedan en la impunidad. La segunda es que, desde muchos sectores, parece haber un interés por manipular las cifras y hacer las listas más o menos extensas. ¿A esos muertos los usan para hacer política?
Las nueve personas de este especial periodístico han sido reivindicadas como líderes sociales o defensores de derechos humanos. Ya sea sus familiares, las organizaciones a las que pertenecían u otros sectores que hacen seguimiento a la violencia contra líderes sociales, han defendido en algún escenario la relación entre sus asesinatos y su activismo social. Pero ese tampoco es un campo libre de disputas. En algunos de esos casos, hay voces que ligan los crímenes con otras motivaciones o, incluso, que no reconocen en las víctimas procesos de liderazgo.
Al margen de esa discusión, son más que un número en una lista, son nueve víctimas, nueve personas con nombre propio, con rostro y con historia. Para incluirlos en este especial, tuvimos en cuenta información de prensa, denuncias y comunicados de organizaciones sociales, informes de riesgo, además de los listados de la Defensoría del Pueblo y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Ocho de esos nombres coinciden en ambas bases de datos.
¿Violencia sistemática?
Con base en ese rastreo, definimos como líder social a una persona cuyo trabajo es defender y promover los derechos humanos de cualquier ciudadano. Se trata de representantes de comunidades o de poblaciones específicas, de abanderados de procesos sociales y, también, de personas que, pese a no contar con reconocimiento público, integraban organizaciones de representación política, social, comunitaria, gremial, etc.
Entre ellos hay campesinos, líderes afrodescendientes, indígenas, representantes de víctimas, miembros de juntas de acción comunal, líderes de organizaciones ambientalistas, periodistas, representantes de la población LGBTI, sindicalistas.
Tienen especial presencia en las zonas periféricas y rurales, pero también se mueven en las urbes. Son los voceros de procesos comunitarios, trabajan en asuntos como la restitución de tierras y la sustitución de cultivos ilícitos o ejercen vigilancia y veeduría al proceso de paz. Son autoridades ancestrales, populares o ciudadanas.
¿Por qué los asesinan? La respuesta tiene muchos matices. Lo primero que es preciso reconocer es que Colombia está atravesando una situación coyuntural con la implementación de los Acuerdos de Paz. La salida de las Farc de muchos territorios donde antes ejercían control ha generado nuevas disputas para explotar diferentes economías ilegales en esos lugares. En algunas zonas, deja expuesta y en riesgo a una base social que la guerrilla consolidó durante dé- cadas. En ese contexto, los líderes sociales adquieren especial visibilidad al ser quienes señalan y se oponen a estas nuevas dinámicas en sus regiones.
Diversos analistas explican esta situación por la existencia de un poder hegemónico que busca mantener el statu quo. Uno de ellos es Alfonso Insuasty, profesor de la Universidad de San Buenaventura e integrante de Kavilando, un grupo autónomo de investigación. Él asegura que, con los Acuerdos de Paz, algunas élites ven amenazado el poder que han ejercido y hacen uso de la violencia para preservarlo.
Ejemplo de ello fue el exterminio de la Unión Patrió- tica. “Esa masacre —dice Insuasty— estuvo relacionada con el inicio de las elecciones populares de alcaldes [1988]. Hoy vuelven a estar en riesgo el poder regional y el poder económico. Ya no estamos hablando de un partido, sino de líderes sociales que pueden tener incidencia bajo la lógica de la participación en los asuntos regionales”.
Frente a este fenómeno, distintas organizaciones se plantean hipótesis sobre quién o quiénes son los responsables de estos asesinatos. Para el caso de Antioquia, la Defensoría del Pueblo, en su Informe de Riesgo N.° 10 de 2017, identifica dos grupos armados como fuentes de amenazas: el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Por su parte, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, cree que detrás de esos crímenes están “sectores que quieren tomarse las economías ilegales y sectores con miedo a la verdad que están pagando matones para que asesinen a los líderes”.
A su vez, Insuasty habla de unas lógicas paramilitares heredadas por combos que actúan como mercenarios. “¿Cuál es el acuerdo? ‘Usted me controla la zona y, eventualmente, yo le doy la orden de que mate a alguien. Usted ni siquiera sabe quién es’, y resulta siendo el presidente de una junta de acción comunal”.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, Antioquia es el segundo departamento con más asesinatos a líderes sociales, solo superado por el Cauca. De los 156 asesinatos ocurridos entre el primero de enero de 2016 y el 5 de marzo de 2017, veinticinco ocurrieron en Antioquia. Además, este departamento está en el primer lugar en número de hechos victimizantes contra líderes, con 79 casos en veintidós municipios, entre los que hay amenazas individuales y colectivas, atentados y homicidios.
En el contexto nacional, la Defensoría explica que por lo menos el 69 por ciento de las víctimas desarrollaban su labor comunitaria en zonas rurales y que un veinticinco por ciento eran líderes de pueblos y comunidades indígenas. Esa entidad expresa además su preocupación porque muchos de esos crímenes quedan en la impunidad.
Carlos Jaime Taborda, director Seccional de Fiscalías de Antioquia, señala la relación que existe entre ese fenómeno y actividades como el tráfico de estupefacientes, la minería ilegal y, en general, las dinámicas criminales del departamento. A eso suma la salida de las Farc de algunas zonas para iniciar su proceso de desarme. Eso ha generado, según Taborda, que “otras organizaciones delincuenciales quieran entrar a cooptar [llenar los espacios que quedaron vacantes] el territorio. Eventualmente los líderes sociales no quieren que eso siga ocurriendo y es ahí donde los amenazan y, no en pocas ocasiones, los matan”.
Frente a la sistematicidad del fenómeno también hay opiniones diversas. Imelda Daza, sobreviviente del exterminio a la Unión Patriótica y actual integrante del movimiento político Voces de Paz, explica que “la sistematicidad de los asesinatos la podría dar la frecuencia, el tipo de víctima y las formas en que se perpetúan. Para el asesinato de líderes sociales, se deben ver los motivos más que los perfiles. Es lo mismo un conservador que reclama su tierra que un socialista que reclama su tierra”.
Por su parte, el defensor Regional del Pueblo de Antioquia, John Jaime Zapata, aunque no afirma que se trate de un accionar sistemático, reconoce que sí hay elementos que se reiteran: “No solo la amenaza, no solo los homicidios, sino las agresiones, la estigmatización y los hostigamientos. El tema no es local, no es regional; es una dinámica que se está dando contra los defensores a nivel nacional”.
Otros sectores de la oficialidad niegan esa sistematicidad. Así lo ha hecho el Ministerio de Defensa y con ello coincide la directora seccional de Fiscalías de Medellín, Claudia Carrasquilla: “Hemos podido establecer que no es un ataque sistemático ni sistémico a los líderes sociales, sino que, por el contrario, obedece a diferentes circunstancias”.
Circunstancias todas ellas que, en cualquier caso, han costado la muerte de decenas de personas en toda Colombia durante los últimos meses. Como dice Ariel Ávila, “esto no es normal en una democracia”. Y lo es menos si recordamos que cuando pusimos en marcha este especial eran ocho las víctimas en Antioquia; unas semanas después la cifra subió a nueve y amenaza con seguir creciendo. Como ya dijimos, esos números son un campo de disputa.
Publicamos este especial periodístico convencidos de que esas vidas perdidas no valen menos o más por su condición de líderes o por la relación de esos liderazgos con sus asesinatos. Lo hacemos con el sinsabor que nos deja el habernos preguntado: “¿Qué pasa si en unos días ya no son nueve, sino diez?”.
José Yimer Cartagena: el valor de decirle ‘basta’ a la economía de la coca
José Yimer se desempeñaba, desde hace más de siete años, como líder campesino en toda la zona del sur de Córdoba, más exactamente en el corregimiento de Saiza, del municipio de Tierralta, lugar donde, en los años noventa, las Farc y las AUC provocaron masacres, tomas y desplazamientos.
Gustavo: el observador visible
Gustavo Suárez mantenía contacto con un hombre de Medellín que decía estar interesado en comprar su camioneta. El día del asesinato, esa persona lo llamó y acordaron una cita. Gustavo salió en su moto de su residencia en la vereda El Salado y fue interceptado por un sicario cerca al hospital de Jardín. Al parecer, el asesino usó un arma con silenciador.
Edmiro León Alzate y la defensa del territorio
A Edmiro León Alzate lo hallaron al borde de un camino tras dos días de búsqueda. Había dejado de comunicarse con su familia y, aunque el caballo en el que se desplazaba había regresado al potrero de su finca, Edmiro no aparecía por ninguna parte.
Porfirio: tierra, desplazamiento y muerte
Sentado en la vieja mecedora, después de una larga faena, Porfirio Jaramillo miró con ternura los puños de arroz guindados de las vigas del techo. “La cosecha no pudo ser mejor, la suerte nos está cambiando”, le dijo a su esposa, hijas y nietos la noche del 28 de enero. Por fin, el hambre parecía cosa del pasado. Nadie presagiaba el desenlace que tendría ese día.
Leonidas González: el narrador discreto
Leonidas González Pérez tenía cincuenta años y era periodista deportivo. Aunque amaba el fútbol, no era fanático, sino reservado. Era, además, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (Acord), capítulo Antioquia, y uno de los fundadores de la Mesa de Derechos Humanos de los Periodistas de Medellín y Antioquia (Mesdhupera), en la que asumió la coordinación del Capítulo Afro. Estudiaba Periodismo en la Universidad de Antioquia y había sido narrador en diferentes emisoras y en eventos como el Pony Fútbol.
Luz Herminia Olarte: la justicia que calla
En la vereda Las Cruces del corregimiento El Llano, de Yarumal, una de sus habitantes, Luz Herminia Olarte, sale de su casa a las dos de la tarde. Al caer la noche, todavía no ha vuelto. Su hija de diez años, y su padre, a punto de cumplir noventa, esperan su regreso ese domingo 29 de enero; pero ella nunca volverá.
Fabián Antonio Rivera: el líder que no llegará a su cumpleaños veinticuatro
Esta historia empieza en la madrugada del 2 de marzo de 2017, cuando Fabián Rivera, de veintitrés años, presidente de la junta de acción comunal del barrio Rosalpi, en Bello, fue asesinado. Empieza cuando el nombre de Fabián pasó a una lista junto a otros líderes que, igual que él, ahora ocupan el lugar de víctimas.
Rubiela Sánchez: la última caminata a casa
Ella, una mujer blanca, cabello castaño, un metro y 54 centímetros de estatura, fue encontrada sin vida a unos cinco minutos —a pie— de su casa. Se llamaba Rubiela Sánchez Vanegas y fue asesinada esa mañana del 18 de abril. Tenía 49 años.
Alicia López, una vida de trabajo y resistencia
Alicia López regresó en febrero a Medellín, de donde salió desplazada en 2002, para visitar a su hermano en el barrio Olaya Herrera. Llevaba dos semanas en la ciudad cuando en una cafetería dos sicarios encapuchados y motorizados le propinaron ocho balazos. Ese mismo día su familia fue amenazada, por eso la velaron en absoluta discreción.
