Testimonios, investigaciones, documentos metodológicos y otros materiales sobre el conflicto armado hacen parte del legado documental de la Comisión de la Verdad, que estará disponible para consulta pública en formato digital. El reto ahora es que este patrimonio documental sea conocido, consultado y apropiado por la ciudadanía.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: AGN
Antes de culminar su mandato en 2022, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición entregó un legado que trasciende su informe final. Miles de audios y videos con testimonios de víctimas, documentos oficiales, investigaciones, archivos de organizaciones sociales y metodologías de trabajo conforman uno de los repositorios más completos sobre el conflicto armado colombiano. Hoy, este patrimonio documental, bajo custodia del Archivo General de la Nación (AGN), se ha convertido en una herramienta clave para la búsqueda de la verdad, la investigación académica y la justicia transicional.
La Comisión dejó su archivo bajo un esquema de protección institucional: la titularidad del fondo documental quedó en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mientras que el AGN asumió su custodia, conservación y acceso. Desde 2023, estos archivos permanecen en poder de la entidad y pueden ser consultados por la ciudadanía de manera presencial o mediante solicitud por correo electrónico.
En los próximos meses, el acceso al fondo también podrá realizarse de forma digital. Rosario Arias Callejas, historiadora y subdirectora de Gestión del Patrimonio Documental del AGN, explica que la carga de los documentos en la plataforma Archivo Digital Nacional comenzó este mes y se realizará de forma gradual. Según proyecciones de la entidad se espera que el fondo quede disponible para consulta pública antes de finalizar 2026.
¿Cómo está conformado el archivo de la Comisión de la Verdad?
Arias explica que este fondo documental está integrado por documentos nativos digitales y por una parte física conformada por 2422 cajas. Tras la consolidación y digitalización, el fondo reúne 4 803 574 archivos digitales, equivalentes a 132 409 gigabytes de información. “Debido a la pandemia, la mayor parte del trabajo de la Comisión se realizó de forma digital. Por ello, cerca del 80 % del fondo es nativo digital, mientras que el 20 % restante corresponde a documentos producidos en papel”, dijo la funcionaria.
Este fondo documental se divide en dos grandes conjuntos. El primero corresponde a la documentación producida por la Comisión durante su funcionamiento: actas, metodologías de investigación, informes técnicos y más de 16 000 testimonios individuales y colectivos de víctimas, comparecientes, líderes sociales, académicos y expresidentes. “Hay muchas cosas que pueden servirle a la ciudadanía: metodologías para realizar entrevistas colectivas, procesos de reconocimiento y los llamados mapas de vientos, utilizados para recopilar la información inicial de la Comisión”, cuenta.
El segundo conjunto está integrado por documentos aportados por entidades del Estado, como ministerios, la Fiscalía y la Procuraduría, así como de organizaciones de derechos humanos como Codhes y el Movice, y organismos internacionales. Este material incluye informes, bases de datos y expedientes que apoyaron el trabajo de esclarecimiento de la Comisión.
Saber más: Espacios que resignifican el caso Palacio de Justicia
Durante los últimos dos años, el AGN ha trabajado en la organización archivística del fondo, la verificación de inventarios, la consolidación de copias de seguridad y la descripción de miles de documentos. “Uno de los mayores retos ha sido organizar la documentación aportada por otras entidades y organizaciones, gran parte de la cual llegó al final del mandato de la Comisión. El AGN continúa su inventario y descripción para facilitar la consulta ciudadana”, dice Arias.
Retos y utilidad de los archivos
Más allá de conservar la memoria del conflicto, Marta Lucía Giraldo Lopera, profesora de la Universidad de Antioquia, doctora en Historia Comparada, Política y Social, sostiene que el archivo es una herramienta para la investigación, la búsqueda de personas desaparecidas, el reconocimiento de víctimas y la enseñanza de la memoria histórica en la academia y en los espacios comunitarios. “Tenemos una tarea importante: dar a conocer el trabajo de la Comisión, porque su legado no se limita al informe final. También implica estudiar nuestro pasado y comprender las causas de la violencia que aún siguen afectando al país”.
Giraldo también destaca el valor del fondo para periodistas, investigadores, organizaciones sociales, la academia y la sociedad civil, pues aporta evidencia documental que contribuye a comprender el conflicto armado. “El archivo, así como el informe de la Comisión, se convierte en una herramienta clave para combatir el negacionismo, siempre y cuando la sociedad se apropie de él, no solo las organizaciones sociales o la academia”, cuenta la profesora.
Por su parte, la historiadora Arias enfatiza en que el archivo conserva experiencias de convivencia, iniciativas culturales y estrategias de resistencia construidas por comunidades afectadas por la guerra. “La Comisión también documentó cómo las comunidades resistieron al conflicto y construyeron caminos de convivencia. Ese legado sigue siendo útil para las nuevas generaciones”, señala.
Leer más: El estallido social y las heridas que siguen abiertas
Estas herramientas son un apoyo para las organizaciones de víctimas, ya que orientan las investigaciones que adelantan en sus territorios y comunidades. Ana María Gallego Patiño, abogada y coordinadora de representación de víctimas ante la JEP del Instituto Popular de Capacitación, destaca su utilidad para estos procesos: “permiten saber por dónde empezar a buscar, cómo organizar grupos focales, a quiénes entrevistar y cómo entender las dinámicas del territorio a través de ejercicios de cartografía”, explica.
Arias señala que las consultas más frecuentes provienen de la JEP, el Centro Nacional de Memoria Histórica, organizaciones no gubernamentales, comparecientes, estudiantes, docentes, investigadores y periodistas que utilizan estos archivos para sus investigaciones. “Ese es uno de los grandes desafíos. Todavía hace falta mucha difusión para que las organizaciones de base sepan que este archivo existe y puedan utilizarlo para ejercicios de memoria, conmemoración e investigación”, explica, y agrega que durante los últimos cuatro años, el AGN ha realizado talleres, exposiciones y ha trabajado de la mano de diferentes colegios y redes de fuentes históricas de universidades para dar a conocer este acervo.
La conservación de los archivos
La cercanía del cambio de gobierno en Colombia ha generado preguntas sobre el futuro de estos documentos. Sin embargo, Arias asegura que su preservación está respaldada por garantías legales e institucionales. El material hace parte del patrimonio documental de la Nación, fue declarado Bien de Interés Cultural de carácter documental y además integra el Registro Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe de la Unesco.
A ello se suma una copia digital de seguridad, custodiada en Suiza mediante un convenio internacional, que preserva la información y contribuye a mitigar los riesgos técnicos, tecnológicos o políticos que puedan afectar su conservación, garantizando así el resguardo del archivo y evitando su pérdida o destrucción permanente. Según Arias, ningún gobierno puede modificar, eliminar o retirar estos documentos del AGN. “No se puede intervenir el contenido del archivo. Está protegido por la ley y existen protocolos claros sobre su conservación y acceso”, afirma.
No obstante, Arias advierte un riesgo diferente: “lo que puede cambiar es el interés institucional para difundirlo. Si el próximo gobierno decide no priorizar este fondo, la sociedad civil, las universidades y las organizaciones sociales tendrán que asumir la tarea”, enfatiza.
Este archivo se convierte en una herramienta fundamental para comprender el conflicto armado y fortalecer las garantías de no repetición en un momento que la memoria está en disputa. Aunque su permanencia está respaldada por la ley, según Arias, el reto es que deje de ser un archivo conocido solo por especialistas y se convierta en un patrimonio al servicio de la sociedad colombiana. “Los archivos solo tienen sentido si la gente los conoce, los consulta y los utiliza. No basta con conservarlos físicamente; también es necesario mantener viva la memoria que contienen”, puntualiza.