La minería ilegal se ha convertido en uno de los motores de la violencia en Briceño. La disputa por el control del oro ha dejado desplazamientos, confinamientos, amenazas y asesinatos, mientras las comunidades enfrentan el recrudecimiento del conflicto y un creciente control de los grupos armados sobre la vida cotidiana.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: cortesía
La disputa por el control territorial y las economías ilegales ha profundizado la crisis humanitaria en Briceño. Durante el último año, las comunidades han enfrentado confinamientos, desplazamientos forzados, amenazas, asesinatos, control social y ataques con artefactos explosivos, en medio de una escalada de la violencia asociada a la extracción ilegal de oro y a la confrontación entre grupos armados en este municipio del Norte de Antioquia.
Desde finales de 2025, la situación humanitaria y de derechos humanos en Briceño se ha agravado por la intensificación de las acciones de al menos tres grupos armados ilegales: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); las disidencias de las extintas FARC-EP, representadas por el Frente 36 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) y el Frente 18 del Estado Mayor Central (EMC); y las denominadas Guerrillas Campesinas Los Cabuyos (GCLC), una disidencia del Frente 36 aliada con integrantes de las AGC.
Estas estructuras se disputan el control territorial y de la extracción ilegal de oro en la cuenca del río Espíritu Santo, una confrontación que ha incrementado los riesgos y las afectaciones para las comunidades del municipio.
Entre enero y abril de este año, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó tres desplazamientos masivos en Briceño, con al menos 290 víctimas, entre ellas 11 docentes, un rector y dos menores de edad. En ese mismo periodo, también registró dos eventos de confinamiento que afectaron a más de 902 personas en la zona rural del municipio.
Entre los hechos más recientes que han afectado a Briceño se encuentran la explosión de una motocicleta bomba el 3 de abril en el parque principal, que dejó al menos 12 personas heridas, y el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido el 5 de mayo en el corregimiento Travesías. A estos hechos se suman los homicidios de los jóvenes Santiago Cuartas Gaviria y José Felipe Jaramillo Ramírez, presuntamente cometidos por integrantes de las AGC, el 3 de junio en ese mismo corregimiento.
La disputa por el oro
Para conocer la situación humanitaria y de derechos humanos que enfrenta el municipio de Briceño, Hacemos Memoria consultó a habitantes de la zona rural, defensores de derechos e investigadores del Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y la Fundación Sumapaz. Sus testimonios y análisis permiten comprender las causas de la actual escalada de violencia y las afectaciones que esta ha provocado en la población y en el territorio.
Las comunidades atribuyen parte de esta crisis a la llegada de maquinaria pesada para la extracción ilegal de oro en la cuenca del río Espíritu Santo, un fenómeno que ha profundizado las disputas por el control territorial desde inicios del año pasado. “A los pocos días comenzaron a evidenciarse fracturas entre los grupos armados: una parte de los integrantes del Frente 18 regresó al territorio, mientras que otros se vincularon al Frente 36. Quienes no se integraron a estas estructuras terminaron conformando las Guerrillas Campesinas”, expresa un habitante de la zona rural.
La disputa por el control territorial y las rentas de la minería ilegal ha intensificado la violencia en Briceño. Según el habitante, esta actividad ha provocado enfrentamientos entre grupos armados, desplazamientos forzados, asesinatos y restricciones a la movilidad. “Todo el mundo comenta que el origen de esta situación está en las minas que operan en el Espíritu Santo. Están muy cerca del casco urbano, a unos cinco o seis kilómetros, y son visibles desde el pueblo. Incluso hay presencia del Ejército en la zona, pero nadie hace absolutamente nada, ni el municipio, ni la Gobernación de Antioquia, ni el Gobierno nacional”, afirma.
Expertos consultados señalan que la economía de Briceño ha experimentado profundas transformaciones en los últimos años. Tras haber sido un municipio con una importante presencia de cultivos de coca, el territorio avanzó hacia procesos de sustitución de economías ilícitas luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Sin embargo, esta transición fue temporal. La llegada de mineros provenientes del Bajo Cauca y de otras zonas del Norte de Antioquia impulsó la expansión de la extracción ilegal de oro, lo que reconfiguró nuevamente las dinámicas económicas y de seguridad del municipio.
Asimismo, la minería ilegal se ha convertido en una alternativa económica para una amplia parte de la población rural, en especial para los jóvenes. Pablo Barrios, antropólogo y coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, detalla que esta actividad ofrece ingresos más estables que otras labores agrícolas y se desarrolla bajo reglas impuestas por los grupos armados ilegales: “Porque a muchos de esos jóvenes les va bien económicamente en esta actividad. Se acogen a ciertas reglas y logran obtener ingresos que les garantizan una subsistencia mejor que la que podrían conseguir recogiendo café”.
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El habitante consultado señala que la expansión de la minería también ha impactado las actividades agrícolas tradicionales. “La gente prefiere trabajar en la mina. Dicen: ‘¿Para qué vamos a ir al campo a ganar 70 mil pesos por una jornada de ocho o nueve horas, si en la minería es más rentable?’. Además, los turnos suelen ser de dos o tres horas y se distribuyen entre grupos de veredas controlados por los actores armados, lo que hace que muchos jóvenes vean esta actividad como una mejor opción económica”.
Por jornada o turno, las ganancias para los campesinos pueden oscilar entre los 200 mil pesos y los 2 millones de pesos, dependiendo de la cantidad de material extraído. En cada turno pueden participar entre 200 y 300 personas, una dinámica que ha incrementado el interés de jóvenes y trabajadores rurales por vincularse a esta actividad.
De acuerdo con el testimonio recogido, los campesinos que realizan labores de barequeo en las zonas cercanas a las explotaciones mineras no deben realizar pagos por esta actividad o ingresar a la zona. Sin embargo, la extracción de oro con maquinaria especializada opera mediante un sistema de cobros que beneficia a distintos actores.
Según el entrevistado, los propietarios de las dragas —o dragones— y las volquetas, que en muchos casos llegan desde otras regiones, deben entregar un porcentaje de sus ganancias a los grupos armados que ejercen control sobre el territorio. De acuerdo con su versión, el Frente 36 recibe el 10 % de las utilidades y las AGC otro 10 %, lo que representa un 20 % del total de las ganancias.
A esto se suma un pago del 10 % al propietario del predio donde se desarrolla la actividad minera, generalmente en las laderas y áreas cercanas a la cuenca del río Espíritu Santo. El habitante también explica que existe otro cobro equivalente al 10 %, presuntamente destinado a una entidad pública o a funcionarios relacionados con la actividad, aunque aseguró desconocer quiénes reciben exactamente esos recursos.
De acuerdo con esta versión, la distribución de las ganancias evidencia la compleja red de intereses económicos, controles territoriales y actores que gravitan alrededor de la extracción ilegal de oro en la zona.
En ese contexto, el control de la extracción de oro se ha convertido en una actividad cada vez más atractiva para estos grupos ilegales, una tendencia que también se observa en otras regiones del país donde existe interés por minerales como el coltán y el cobre.
Para el investigador Barrios, esta transición ha reconfigurado las disputas territoriales y los patrones de violencia en varios municipios de Antioquia: “Los grupos armados entendieron eso y se dedicaron a esa actividad. Se dieron cuenta de que Colombia ya no tiene el mismo lugar geopolítico en el mercado internacional de las drogas”.
Por su parte, Julián Escobar, politólogo e integrante de la CJL, explica que Briceño se ha convertido en un territorio estratégico para los grupos armados por su posición geográfica, que conecta corredores hacia el Occidente, Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños.
A esto se suma la presencia de proyectos de infraestructura y economías extractivas, factores que incrementan el interés de estas estructuras por controlar el territorio y acceder a recursos económicos legales e ilegales. “La dinámica de conflictividad tiene que ver también con la imposición de algunos megaproyectos, como Hidroituango, y la planeación de pequeñas y microcentrales independientes en la zona”, afirma Escobar, integrante de la CJL.
La violencia contra la población
Estos cambios en las dinámicas económicas del municipio, sumados a las disputas territoriales entre los grupos armados, han traído consigo un deterioro de la situación de derechos humanos tanto para las comunidades campesinas como para quienes habitan la zona urbana de Briceño. Según Óscar Yesid Zapata, analista de derechos humanos e integrante de la Fundación Sumapaz, en el último año se han registrado diversos hechos violentos, entre ellos homicidios selectivos, desplazamientos, confinamientos, desapariciones forzadas, amenazas, extorsiones y casos de violencia basada en género.
Además de las afectaciones derivadas de la confrontación armada, los grupos ilegales ejercen un fuerte control social sobre las comunidades. Zapata explica que estas estructuras han asumido funciones de mediación y resolución de conflictos cotidianos, un papel que les permite fortalecer su influencia y mantener el control social sobre la población: “Imponen multas por cualquier situación, desde un chisme hasta un conflicto entre vecinos. Se presentan como mediadores, pero en realidad ejercen control social mediante la imposición de normas y castigos que la comunidad termina acatando por temor”, agrega.
Las comunidades también enfrentan fuertes restricciones a la movilidad. Las fuentes consultadas relatan que los habitantes no pueden desplazarse ni salir de sus viviendas entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, debido a las normas impuestas por los grupos armados. Durante ese horario, los grupos armados instalan minas antipersonales en algunos sectores para limitar el tránsito de personas.
Además, realizan retenes ilegales en carreteras y caminos rurales, donde exigen documentos de identidad y revisan los teléfonos celulares de los transeúntes. También obligan a que los vehículos viajen con los vidrios abajo y a que los motociclistas se movilicen sin casco para facilitar su identificación. “Es muy complicado. Uno tiene que guardar silencio. Si encuentran algo que relacione a una persona con otro grupo, con el Ejército o con cualquier cosa que les genere sospechas, la pueden matar o desaparecer”, comenta una de las personas consultadas.
Según Alex Diamond, quien es autor del libro ¿Quién gobierna a los excluidos? y es sociólogo y etnógrafo, los grupos armados intentan limitar la circulación de información sobre los enfrentamientos y evitar que la población reporte estos hechos a las autoridades. “Además, controlan el ingreso de personas externas a las veredas y corregimientos donde ejercen influencia, consolidando su poder sobre las comunidades”, explica.
Este control no solo se ejerce mediante restricciones a la movilidad y al flujo de información. Para el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, Pablo Barrios, una de las principales preocupaciones es que los grupos armados han trasladado parte de sus operaciones a zonas cercanas a los caseríos, poniendo a la población civil en medio de la confrontación. A esto se suma el uso creciente de drones para labores de vigilancia y para el transporte o lanzamiento de explosivos, una práctica que ha transformado las dinámicas del conflicto. “La gente está absolutamente temerosa, se siente observada por todos lados, y eso la mantiene en una situación de gran vulnerabilidad”, enfatiza.
Según habitantes del municipio, los grupos armados utilizan mecanismos de presión sobre líderes comunitarios y presidentes de las juntas de acción comunal para movilizar a la población en asonadas contra la Fuerza Pública o para intentar recuperar a integrantes capturados. “Quienes se niegan a participar enfrentan amenazas, multas y posibles represalias”, afirma uno de los habitantes consultados por este medio.
Los testimonios también indican que estas estructuras armadas obligan a los habitantes a adscribirse a una junta de acción comunal, con el fin de mantener un control más estricto sobre la población de cada vereda. A través de listados comunitarios, los grupos armados monitorean quiénes viven en el territorio, quiénes ingresan o salen de él y cuáles son sus actividades, como medida para fortalecer sus mecanismos de vigilancia y control social.
Además de las afectaciones constantes, los habitantes de Briceño sienten preocupación por el impacto del conflicto en la educación de niños y jóvenes. Padres de familia y docentes advierten sobre un creciente proceso de desescolarización en las veredas más afectadas por la violencia: “No ha habido ni siquiera una semana completa de clases”.
Frente a este panorama, habitantes, líderes comunitarios y organizaciones sociales insisten en la necesidad de una presencia permanente del Estado en el territorio. Aunque reconocen la importancia de la Fuerza Pública para contener los enfrentamientos, consideran que la respuesta no puede limitarse a operativos militares temporales. También reclaman mayor inversión social, acceso a servicios básicos, atención oportuna a las víctimas y una intervención efectiva frente a la minería ilegal que, según las comunidades, se ha convertido en una de las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales.
Asimismo, hacen un llamado al Gobierno nacional para que avance en el cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo de Paz, en especial en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito y apoyo a proyectos productivos. Para los habitantes de Briceño, la falta de oportunidades económicas y el incumplimiento de las promesas estatales han contribuido a que persistan las economías ilegales y las condiciones que son el combustible del conflicto armado en el municipio.