Durante los años más crudos del conflicto armado, la hacienda El Topacio fue centro de operaciones militares en el Bajo Cauca. Más de dos décadas después, sus tierras se convierten en un escenario de reparación para las víctimas que intentan recuperar la tierra para sembrar la vida.

Por Daniela Sánchez Romero, editora de la Agencia de Prensa IPC

En la década de los noventa, “Cuco Vanoy”, máximo comandante paramilitar del Bloque Mineros de la AUC, instaló su centro de operaciones en varias haciendas y fincas en el Bajo Cauca antioqueño. Desde allí comandó tropas, distribuyó drogas y logró consolidar un control social a través del terror y la infiltración de las instituciones locales. 

La Ranchería, La Palma, La Moneda y Topacio fueron algunas de las propiedades que sirvieron como pistas de embarque de alijos de cocaína, centros de planeación de ofensivas militares, y hasta lugares de celebración cuando “coronaban” un negocio o tenían éxito en alguno de sus negocios o ataques, como la masacre perpetrada el 25 de octubre de 1997, en el corregimiento del Aro, en Ituango.

De estas fincas solo quedan las historias y leyendas sobre lo que ocurrió, y el misterio de muchas otras hazañas que aún están atrapadas en el silencio. Hoy son miles de hectáreas ocupadas por ganaderos, abandonadas a su suerte o en extinción de dominio con el propósito de ser entregadas a las víctimas campesinas de esta subregión.

En 2025, la hacienda El Topacio (antes conocida como hacienda Tarazá) fue entregada de manera provisional la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (ASOCBAC), por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para su aprovechamiento agrícola y como una de las medidas de reparación a las víctimas del conflicto armado en esta subregión.

La Masacre del Aro, en 1997, ha sido uno de los hitos más sangrientos y escabrosos de la historia paramilitar de Antioquia: dejó un saldo de 17 víctimas, 42 casas destruidas y quemadas, cuatro mujeres violadas y 1.400 personas desplazadas. Mientras la población de Ituango era víctima de la avanzada paramilitar, integrantes del Bloque Mineros de la AUC, comandados por “Cuco Vanoy”, celebraban el éxito de esta hazaña en sus tantas fincas. El Topacio fue una de ellas. 

Son más de mil hectáreas las que conforman el Topacio, una gran hacienda ubicada en la vereda Matecaña, del municipio de Tarazá, y que está en todo el borde de la vía Nacional 25, que conduce a Cáceres y conecta al sur con el norte del país. Una de las más importantes de Colombia y Antioquia. Por eso era un lugar clave y estratégico para la recepción y distribución de armamento, cocaína y personal.

De la bonanza de sus tierras para la agricultura, de los grandes corrales para la ganadería y de la belleza de sus cuatro mansiones, solo quedan las ruinas, la maleza y la humedad que se come poco a poco las paredes de concreto, y el hedor de los cientos de murciélagos y ratas que hoy habitan la infraestructura.

En diciembre de 2012, la hacienda El Topacio fue puesta en medida cautelar para garantizar que este predio fuera utilizado para la reparación integral de las víctimas. En 2016, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, declaró extinción de dominio y transfirió la propiedad al Fondo para la Reparación de las Víctimas administrado por la UARIV. 

De estas mil hectáreas totales que conforman El Topacio, 585 fueron compradas por la ANT a la UARIV y entregadas temporalmente a la ASOCBAC y Prosperidad Asociación Rural Integral, con el objetivo de que más de 120 familias del Bajo Cauca, integrantes de estas dos asociaciones, hagan uso y aprovechamiento de la tierra, bajo estrictas obligaciones de conservación, mantenimiento y aprovechamiento de la tierra. 

Hacienda El Topacio
En la vereda Matecaña, del municipio de Tarazá, queda la hacienda El Topacio, con cuatro mansiones en ruinas.

A Edgar Chancí se le mezcla la alegría con la tristeza. No sabe muy bien cómo explicarlo pero ahí están y cada tanto se les enredan en la garganta y no lo dejan hablar.

Acceder a las tierras fue y ha sido la bandera para mantener viva a la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (ASOCBAC). Estuvo en su creación, en 2008, en medio de una movilización social motivada por las constantes fumigaciones aéreas con glifosato que generaron el desplazamiento de decenas de campesinos hacia el casco urbano de Tarazá. 

Cultivaban coca como una alternativa de subsistencia ante la falta de inversión social. Sin embargo, reclamaban al gobierno una transformación del territorio hacia una economía lícita: tierras fértiles para sembrar yuca, maíz y frutas, así como garantías de comercialización, permanencia en el territorio y protección de sus derechos humanos.

Fueron estigmatizados y señalados como guerrilleros. “Somos resilientes, a pesar del contexto y del territorio aquí seguimos firmes”, dice Edgar. En el camino y la historia de ASOCBAC, 29 líderes y lideresas fueron asesinados por ser la voz que se oponía a la vulneración de sus derechos. Otros tuvieron que abandonar sus territorios y unos más fueron víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales. 

Lea también: Documentación del proceso organizativo y las violaciones a los derechos humanos en contra de la Asociación Campesina del Bajo Cauca, ASOCBAC

El primer gran golpe a la asociación fue el 4 de julio de 2008, cuando  José Antonio Betancur López, uno de los líderes más reconocidos dentro de la asociación, fue bajado de un taxi por la Policía y entregado a grupos armados; un hecho que fue calificado como un crimen de Estado. O el de José Aníbal Herrera Vargas el 20 de marzo de 2018, quien fue fundador y expresidente de ASOCBAC. Su asesinato marcó el inicio de un año letal en el que se arreció la violencia contra los coordinadores municipales de los comités cocaleros y promotores del Acuerdo de Paz. Ese 2018, se registraron siete asesinatos a líderes y lideresas, y el desplazamiento masivo de más de cuatro mil personas.

Campesinas de Asocbac El Topacio
De los terrenos de la hacienda El Topacio se beneficiarán 75 familias integrantes de la ASOCBAC que han sobrevivido a la estigmatización y el abandono estatal.

Hoy, ASOCBAC es reconocida como Sujeto de Reparación Colectiva ante la UARIV y fueron beneficiados por la ANT con la entrega de más de 250 hectáreas, bajo una figura de provisionalidad que les permite aprovechar 20 lotes de la hacienda El Topacio 1. 

De ese terreno se beneficiarán 75 familias integrantes de la ASOCBAC que han sobrevivido la estigmatización, el abandono estatal y han regresado a Tarazá con la esperanza de recuperar un pedacito de tierra que les permita vivir en paz y con dignidad. 

“La verdad es que para nosotros fue una felicidad porque sabemos que muchos no contamos con tierra. Es muy emocionante tener un espacio donde se pueda sembrar comida, donde podamos tener un rancho digno, y la verdad es que esperamos que la ANT sí le entregue esto a la asociación porque en este momento lo tenemos provisional”, cuenta Claudia Lopera, actual presidenta de ASOCBAC.

El paisaje es esperanzador y ambicioso. Son decenas y decenas de hectáreas que caminan todos los días los y las integrantes de ASOCBAC buscando un buen “pedacito de tierra” para sembrar yuca, plátano, maíz, arroz y algunos árboles frutales. 

Sin embargo, al detallar el estado de la tierra, la esperanza se nubla y se convierte en incertidumbre. Según Sebastián Cadavid, ingeniero agropecuario, el uso del suelo en actividades ganaderas dejó graves consecuencias en la tierra que tomarán tiempo y trabajo para que estén cien por ciento aptas para el cultivo de pancoger.

“El suelo presenta altos niveles de compactación asociados al tránsito del ganado y al manejo histórico del potrero.  El tipo de suelo es localmente conocido como “Barro Tigre”, caracterizado por su textura predominantemente arcillosa, baja fertilidad natural y alta susceptibilidad a la compactación. Estas características han generado diversas dificultades en los procesos productivos implementados en el predio”, explica Cadavid. 

A pesar de esto, durante el recorrido por el predio se pueden observar especies de fauna y flora que, indica el ingeniero, “sugiere la presencia de condiciones ecológicas favorables” y reviven, poco a poco, las esperanzas dentro de las familias de ASOCBAC que, con esfuerzo y paciencia, trabajan por un futuro en colectivo que les permita conservar su tradición rural y campesina. 

La entrega es provisional, pero para Claudia y Edgar es el primer paso del reconocimiento de su lucha, su persistencia y de que la memoria de sus compañeras y compañeros muertos sigue más presente que nunca, como lo expresa Edgar: “Como persona y como líder es un logro que gracias a Dios  nosotros hoy lo podemos vivir. Hay compañeros que perdieron la vida, que se quedaron en el camino y no lograron este sueño. Esto es por y para ellos”. 


Esta historia fue publicada originalmente el 24 de marzo de 2026 por la Agencia de Prensa IPC en este enlace.

La Agencia de Prensa IPC visibiliza y comunica las diferentes acciones y estrategias que se realizan, desde el IPC, en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia. Así mismo, realiza de manera autónoma e independiente diferentes ejercicios de periodismo de investigación y análisis informativo en el marco de la promoción de los derechos humanos, la democracia y la paz.