¿Qué pasa cuando una decisión judicial puede afectar la manera en que una sociedad conoce, recuerda y debate su pasado? La reciente decisión de la Corte Constitucional sobre el mural “Las cuchas tienen razón“ reafirma la protección reforzada a la libertad de expresión y el derecho de las víctimas, los artistas y la ciudadanía a construir memorias sobre el conflicto armado. Este fallo se relaciona con decisiones anteriores que protegieron la búsqueda de la verdad más allá de los tribunales.
Por Alejandro Valencia
Foto de portada: Sepc
Por medio de la sentencia T-202/26, la Corte Constitucional reconoció la pintura urbana como una herramienta legítima de memoria, ordenó a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana de Manizales diseñar un protocolo de protección para el mural “Las cuchas tienen razón“ y encomendó a la Defensoría del Pueblo y a la Personería adelantar campañas pedagógicas de sensibilización. Además, exigió disculpas públicas al concejal de Medellín Andrés “El Gury” Rodríguez, quien en febrero de 2025 cubrió con pintura negra más de la mitad de un mural ubicado en Manizales.
Como reacción al intento de borrar el mural, representantes de organizaciones sociales como el Movice (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado), Nugepaz (Grupo Nuevas Generaciones por la Paz) y la Corporación Reiniciar presentaron una tutela contra el concejal Rodríguez.
La Corte amparó los derechos a la libertad de expresión, la verdad extrajudicial y la memoria histórica del Movice y otras plataformas de derechos humanos y recordó que el arte cumple una función pedagógica y deliberativa dentro de la justicia transicional, operando como un “lenguaje alternativo de producción de verdad“ que visibiliza experiencias históricamente silenciadas. Además, ratificó el estatus de protección reforzada que tienen las mujeres buscadoras y su función social vinculada a la preservación de la memoria y a reclamar el derecho a la verdad.
Estos derechos ya habían sido protegidos por la Corte Constitucional en sentencias en las que se reconoce que la verdad no se construye únicamente en los juzgados y que los relatos extrajudiciales son fundamentales para la memoria colectiva, la comprensión de lo ocurrido y la construcción de una sociedad que aprenda de su pasado y evite la repetición de las violencias.
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En 2021, por ejemplo, la Corte protegió el derecho de las mujeres a denunciar públicamente las violencias de género cuando las instituciones no les ofrecen respuestas oportunas y efectivas. Ese mismo año también respaldó a organizaciones de víctimas que compartieron por redes sociales la pieza de “¿Quién dió la orden?” en la aparecen los rostros de los máximos responsables de los ‘falsos positivos’.
¿Se cumple lo que ordena la Corte?
Aunque ha pasado más de una semana desde que se hizo pública la sentencia, el concejal no ha publicado disculpas públicas en sus redes sociales. Por el contrario, publicó un video en X donde cuestionó la decisión y señaló a la Corte de tener sesgos ideológicos.
No acatar la orden de la Corte Constitucional podría tener dos consecuencias, según el abogado e investigador de la UdeA Juan Pablo Acosta. La primera sería un arresto de seis meses y una multa de 20 salarios mínimos. “Sin embargo, en la práctica es poco probable que este escenario se dé, al menos en la sanción máxima, pues el desacato es bastante frecuente en el sistema judicial colombiano”, afirma Acosta.
La segunda consecuencia, explica Acosta, es de carácter simbólico: “La reputación del concejal está constantemente en cuestionamiento por la opinión pública”.
Por su parte, Sepc, muralista de Manizales que participó en la elaboración junto con otros colectivos artísticos en la obra en esta ciudad, cuestiona si el respaldo de la Corte brindará una protección real sobre el terreno: “Una cosa es lo que está en el papel y otra lo que sucede en la práctica, sobre todo en un momento donde los discursos de odio van en aumento. El fallo sienta un precedente y legitima la denuncia, pero la dinámica de pintar va a seguir con o sin la Corte porque es un mecanismo que incomoda y funciona“.
La censura hizo que el mural se multiplicara
El primer mural con el mensaje “Las cuchas tienen razón” fue pintado por colectivos artísticos el 12 de enero de 2025 en la autopista Norte de Medellín. El mensaje hace alusión al hallazgo de los primeros restos humanos en La Escombrera, una fosa común ubicada en la Comuna 13 de Medellín. Esto confirmó lo que decenas de mujeres buscadoras afirmaron durante décadas: que en ese lugar se enterraron cuerpos para desaparecerlos.
En menos de 24 horas la Alcaldía de Medellín cubrió de gris el mural, lo que detonó una réplica nacional: para mayo de 2025, el medio de comunicación Mutante identificó 76 murales en el país. Aunque 20 fueron borrados, 11 lograron ser restaurados.
Sepc señala que el intento de borrar el mensaje en Medellín terminó siendo el “florero de Llorente” que expandió la iniciativa a nivel nacional: “Nos taparon lo poco que teníamos, que era una pared. La gente sintió indignación y eso terminó desencadenando todo el movimiento“.
Por su parte, Margarita Restrepo, referente del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, madre buscadora y uno de los rostros icónicos que se ha pintado junto al mensaje, señala que el mural “es un símbolo colombiano que nació precisamente de la negligencia de las instituciones“. Fueron dos décadas en las que gritó una verdad por la que fue estigmatizada y tildada de “loca” y “cansona” por las instituciones y parte de la sociedad.
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Margarita agradece a todas las personas que se solidarizaron con ella y que empezaron a replicar el mural en diferentes ciudades del país. “La pintura de varios colores muestra la armonía, alegría, felicidad, pero una pintura gris da rabia, tristeza, muestra negligencia”, dice Margarita. Para ella, la pintura gris es muestra del ocultamiento de una realidad que quisieron borrar.
Memoria y manifestaciones artísticas
El fallo constitucional no solo protege una pared en Manizales; respalda de manera directa el trabajo de los colectivos artísticos que han puesto talento y su pintura al servicio de las víctimas. La jurisprudencia reconoce que el espacio público es un escenario legítimo para la construcción de memoria colectiva.
El llamado del alto tribunal no se limita a una disputa local en la capital de Caldas. Si bien la orden de crear un protocolo de custodia recae sobre la Alcaldía de Manizales, las organizaciones de derechos humanos insisten en que este estándar debe ser adoptado por los gobiernos locales en todo el territorio nacional.
“Es necesario que esta jurisprudencia se extienda a las diferentes alcaldías donde ya existen los murales o donde los colectivos artísticos deseen replicarlos, creando políticas públicas de uso del espacio que preserven la memoria y garanticen la no repetición“, puntualiza Leo Ricardo Sierra, secretario técnico del Movice capítulo Eje Cafetero.
La decisión también sienta un antecedente clave respecto a los deberes de los servidores públicos de elección popular frente a las manifestaciones artísticas vinculadas al conflicto armado. Así lo explica Sierra: “un funcionario no puede salir al espacio público a opinar como individuo y al segundo siguiente escudarse en su cargo para promover discursos negacionistas frente a hechos ya probados por la justicia“.