En Granada, víctimas y comparecientes ante la JEP presentaron este 4 de marzo el libro Justicia restaurativa, palabra y reparación en el Oriente antioqueño, resultado de talleres reflexivos que propiciaron relatos y cartas de difícil correspondencia.
Por Margarita Isaza Velásquez
Fotos: cortesía JEP
El libro Justicia restaurativa, palabra y reparación en el Oriente antioqueño es una acción de la justicia transicional en la que participaron 93 comparecientes, exintegrantes del Batallón de Infantería N.° 4 Cnel. Jorge Sánchez Rodríguez –Bajés–, y 54 víctimas, familiares de personas asesinadas y desaparecidas que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate en esta región de Antioquia entre 2002 y 2008.
Según datos recopilados por la JEP en el caso 03, subcaso Antioquia, que se ocupa de la investigación y el juzgamiento de este crimen cometido por agentes del Estado, en el Oriente antioqueño hubo al menos 501 víctimas de ejecuciones extrajudiciales –conocidas también ‘falsos positivos’– en ese periodo, y el Bajés de la IV Brigada del Ejército fue el principal victimario.
Los textos compilados en el libro partieron de una iniciativa restaurativa cuyos objetivos, según el magistrado Carlos Alberto Suárez López, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, incluyen aplicar de forma creativa los principios de la justicia restaurativa, permitir que los comparecientes tengan alternativas para cumplir con los compromisos del régimen de condicionalidad al que están sometidos y que a la vez haya una contribución a restaurar el buen nombre y la dignidad no solo de las víctimas sino también del territorio afectado, como lo fue el Oriente antioqueño.
En este ejercicio no hubo máximos responsables, sino comparecientes con otros niveles de participación en hechos de afectación localizada y que, según lo explicó el magistrado a cargo, no tienen responsabilidad penal en los hechos que son competencia de la JEP, por lo que si cumplen el compromiso de contribuir a la verdad y a la reparación de las víctimas, pueden resolver su situación jurídica sin sanción penal. Las víctimas, por su parte, decidieron participar, con el acompañamiento de sus representantes, para buscar respuestas y reparación simbólica.
Las víctimas y los comparecientes que contribuyeron a la elaboración del libro, presentado el 4 de marzo en el coliseo de Granada –el municipio de Colombia más golpeado por este crimen, según datos de la JEP–, se vieron a la cara varias veces antes y después del ejercicio restaurativo, que se realizó en dos jornadas en noviembre del 2025, cuando trabajaron por separado. En los otros espacios intercambiaron palabras, reclamos y llantos, o se escucharon en las observaciones que las víctimas presentaron a las versiones dadas por los comparecientes, hace dos años en El Carmen de Viboral; en las audiencias de reconocimiento de verdad y responsabilidad, en abril y diciembre del año pasado en Medellín, y en el acto de perdón o ceremonia de dignificación a víctimas, cumplida el reciente 11 de febrero también en Medellín.
El libro Justicia restaurativa, palabra y reparación en el Oriente antioqueño contó con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y fue liderado por el despacho del magistrado Suárez López, quien describió así la metodología que originó los textos compilados: en las jornadas del 22 y 23 de noviembre de 2025, “93 comparecientes reflexionaron sobre los patrones de macrocriminalidad, escucharon testimonios de víctimas y, a partir de esta sensibilización, procedieron a escribir sus cartas, muchos de ellos acompañados por sus familiares. De forma paralela, 54 víctimas participaron en talleres de memoria y cartografía social que permitieron dibujar su relación con el territorio, revivir recuerdos dolorosos y afirmar sus esperanzas”.
De acuerdo con el funcionario, los espacios estuvieron acompañados por profesionales del nodo de las universidades por la paz del Oriente antioqueño y especialistas del equipo de afectaciones del Grupo de Análisis de Información de la JEP.
Letras que insisten y callan
En el acto de lanzamiento, varias víctimas y comparecientes leyeron los textos que quedaron consignados en el libro.
Entre los realizados por las víctimas, varios son de reclamo, cuando las familias sienten que el reconocimiento de los comparecientes ha sido débil, contradicho o sin suficientes claridades; otros abren la puerta a la conversación y al perdón de los comparecientes, si estos se han acercado a ellos con actos y palabras sinceras en otras diligencias; algunos más se dirigen a los familiares asesinados y les relatan a ellos cómo ha transcurrido la vida luego de su pérdida.
Entre los textos de los comparecientes, escritos para las víctimas, para todas o para algunas en particular, y desde el yo o el nosotros del haber pertenecido al Ejército Nacional, también hay unos con tono emotivo, explicación de la culpa y disposición a la reparación; otros, no obstante, aparecen con mayor distancia de los hechos y algún nivel de abstracción.
Marleny Castaño Quintero, hermana de Esaú de Jesús Castaño, asesinado el 16 de enero del 2003, en una carta dirigida al Ejército Nacional de Colombia, insistió en los hechos: “Ese día cuatro miembros de nuestra familia fueron asesinados y presentados como muertos en combate. No fue un error, ni un hecho aislado; fue una acción deliberada que destruyó vidas y que marcó para siempre la vida y la historia de cuatro hogares”; y luego preguntó: “¿Cómo fue posible que quienes tenían el deber de protegernos terminaran asesinando a nuestros seres queridos? ¿Cómo justificaron la muerte de cuatro personas inocentes de una misma familia? ¿Cómo permitieron abusos contra mujeres, niños y comunidades enteras?”.
Asimismo, Luz Marina Naranjo, hija de Luis Arturo Naranjo, asesinado en Granada en septiembre del 2004, se expresó en forma de reclamo: “Qué triste que la vida de un ser humano valga tan poco para el Estado. Qué triste que ustedes hayan asesinado a tantos campesinos, personas con discapacidad, adultos mayores, niños y personas desempleadas por algo tan insignificante”.
Por su parte, el compareciente Jorge Alexander Cardona, dirigiéndose a las víctimas en general, admitió haber actuado con cobardía y sentir culpa por el dolor causado a las familias: “Si no hubiese sido ese cobarde, hoy ustedes no estarían llorando a sus seres queridos”.
Darwin Alejandro Echavarría escribió para “los habitantes del Oriente antioqueño y la familia Morales Arias”, a quienes él y sus compañeros del Bajés arrebataron la vida de la menor Luz Stefany Morales Arias, habitante de la vereda El Morro de Granada, presentada falsamente como baja en combate en septiembre del 2003. En la carta reconoce su responsabilidad, como lo hizo en la audiencia de abril del 2025, y agrega: “Hoy trato de recoger los pedazos de mí que logré rescatar y asumir la enfermedad que esta situación me causó, como un recuerdo de que algo así jamás puede volver a ocurrir”.
También el compareciente Carlos Enrique Alzate nombró varias veces a sus víctimas –la persona asesinada en julio de 2004, sus allegados y los habitantes de Cocorná y del Oriente antioqueño–, para tratar de limpiar el buen nombre de aquel que él y sus compañeros quisieron presentar como combatiente: “Es el momento de reconocer que don Norbey de Jesús fue esposo, padre e hijo, y que no era miembro de ningún grupo armado. Es hora de que la familia Ceballos Santamaría, como otras víctimas, vea su nombre limpio”.
Además de los textos escritos por víctimas y comparecientes, el libro recoge un mensaje de Francisco de Roux, expresidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que llama a la confianza en la justicia restaurativa y aboga por la no repetición de la guerra.
También, un capítulo inicial denominado “El contexto del daño” recoge algunos impactos de los asesinatos y desapariciones de personas cometidas por agentes estatales en el Oriente. Allí se incluyen dos apartados firmados por representantes de víctimas: uno, el de Juan David Viveros, del Grupo Jurídico de Antioquia, en el que se destaca el texto “Los riesgos jurídicos de la justicia restaurativa en contextos de precariedad”, y dos, el de Luis Alfonso Castillo, de la Corporación Jurídica Libertad, titulado “Una carta de protesta”, que interpela a los comparecientes del caso 03 por la falta de respuesta detallada y la escasez de aportes a la verdad ante los interrogantes que las víctimas les han hecho sobre cada homicidio y desaparición que estos reconocieron haber cometido.
En total, el libro presenta las cartas y relatos de 34 víctimas y 86 comparecientes, que constituyen un testimonio sobre el dolor que deja la pérdida de los seres queridos por causa del conflicto armado, la búsqueda de una justicia capaz de restaurar el vínculo social y el reconocimiento del daño a las personas, las familias, la comunidad y sus territorios.