Julieta Lemaitre lidera en la JEP la investigación sobre secuestros cometidos por las FARC-EP, ahora en fase de imputación de máximos responsables según los bloques regionales de la guerrilla. En esta entrevista, la magistrada da detalles del Caso 01 y su impacto en Antioquia.
Por Margarita Isaza Velásquez
El 24 de junio en el municipio de Caicedo (Antioquia) y el 27 en Medellín, siete exmandos medios del bloque Noroccidental de las FARC reconocerán, en el contexto del Caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su papel como responsables regionales de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos contra los secuestrados, como asesinato, violencia sexual y tortura, entre otros. Según la JEP, son crímenes que por su gravedad no pueden recibir amnistía o perdón judicial.
Los comparecientes citados en septiembre de 2024 a esta audiencia regional son: Luis Óscar Úsuga (conocido como Isaías Trujillo o El Viejo); Jesús Mario Arenas (conocido como Marcos Urbano); Rodolfo Ruiz Restrepo (conocido como Víctor Tirado); Martín Cruz Vega (conocido como Rubín Morro); Ovidio Antonio Mesa Ospina (conocido como Anderson o Carranza); Pedro Baracutao y Jhoverman Sánchez Arroyave (conocido como Rubén Cano o Manteco).
Ellos hicieron parte de algunos de los nueve frentes rurales y el frente urbano que conformaban el bloque Noroccidental, llamado también José María Córdova, Efraín Guzmán o Iván Ríos, que en 2017 dejó sus armas con 1604 combatientes.
En esta entrevista, la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll explica las particularidades y modalidades de los secuestros ejecutados por la guerrilla, así como ofrece respuestas sobre por qué en este Caso 01 (primero del tribunal transicional), la JEP avanzó hacia máximos responsables de jerarquía inferior a los miembros del Secretariado de las extintas FARC-EP; cómo operó el bloque Noroccidental especialmente en Antioquia, y cuáles fueron los daños e impactos personales, familiares y sociales del secuestro y demás crímenes cometidos contra las personas en cautiverio.
En las investigaciones del caso, ¿qué ha descubierto que no se supiera de antes frente al secuestro?
Cuando dices “algo que no se supiera de antes”, la pregunta es que no lo supiera quién. El sufrimiento que causaba tener a un familiar secuestrado lo conocen las familias, pero en general en la justicia ordinaria esto no quedó registrado, porque no es parte del tipo penal y porque no había un incentivo para documentar si se habían cometido otros crímenes en el tiempo del secuestro. Solo comprobar el secuestro ya daba para 60 años de cárcel. Entonces no había que hacer un esfuerzo probatorio mucho mayor para hablar de qué pasó con el sufrimiento de las personas.
Y los otros crímenes alrededor del secuestro a veces las personas no los entendían como crímenes, sino solo como sufrimiento. Eso es lo que hemos documentado.
Tenemos tortura, trato cruel e inhumano, degradante; algunos casos de violencia sexual de los que la gente no quería hablar y menos que la familia supiera. Cada vez vienen más personas que vinieron por haber sido secuestradas y han contado que en el cautiverio fueron abusadas. Mujeres sometidas muchas veces a la desnudez forzada, que es una forma de violencia sexual; y trato cruel, inhumano y degradante relacionado con eso, por ejemplo, con que a los secuestrados los obligaban a defecar y a orinar con guerrilleros armados apuntándoles.
Entonces, había una cantidad de sufrimiento que simplemente se conocía como sufrimiento, en general, pero del que no se hablaba.
Las familias también recibieron en ocasiones un trato cruel y humillante: las sometían a la venta del cadáver de la persona secuestrada, les cobraban varias veces. También, no saber si su ser querido estaba vivo, si comía, no tener ninguna comunicación, no saber si estaba enfermo o qué necesitaba…
Toda esa angustia de las familias la documentamos en el caso, así como las secuelas que dejó el secuestro.
No hablamos solamente de secuelas físicas, sino de cuadros de salud mental que tienen una estrecha relación con el sufrimiento del secuestro, que son el vivir en un estado de alerta permanente, estrés postraumático, ataques de ansiedad, dificultades para dormir y que a veces desencadena en paranoia o en cosas más graves, como esquizofrenia.
El secuestro también desgasta las relaciones sociales, genera mucha desconfianza entre las personas; realmente erosiona el tejido social, sobre todo en las zonas rurales.
Documentamos la estigmatización de las víctimas, que tiene muchas dimensiones. Una es que los colombianos —y yo no sé si el ser humano—, con la dificultad de procesar lo duro que es que una persona estaba y ya no está y no sabe si va a volver, dicen: “No, por algo se lo habrán llevado”. Entonces ahí se crea como un estigma a veces en torno a que la persona, o le debía algo a la guerrilla, o era paramilitar, o era un mal jefe y lo vendieron sus empleados. Este estigma es tal que hay gente que no quiere que se sepa su identidad por los problemas que ha tenido después del secuestro.
Es muy impresionante que el secuestro sea como ponerle un blanco a la persona, en el sentido de que atrae delincuencia común y la posibilidad de muchas estafas. Esto aumenta el sufrimiento de las familias.
Esas cosas que hemos documentado, las víctimas y las familias saben que les pasaron, pero no sabían quizás que eso es lo que ocurre en general con el secuestro. Esto pasó en todo el país, le pasó a mucha gente y le pasó de maneras muy parecidas.
¿Con qué propósitos las FARC secuestraban? ¿Qué caracteriza las modalidades de secuestro?
Nosotros encontramos tres tipos o modalidades de secuestro. Uno es por plata, que es lo que la gente se imagina que es el secuestro, y que corresponde a cerca de la mitad de los secuestros que documentamos.
Otro tipo es minoritario, pero que causó un gran impacto en el país. En Antioquia lo vivieron con el gobernador Guillermo Gaviria estando en ejercicio y con su consejero de paz, el doctor Gilberto Echeverri, pero eso tuvo un enorme impacto en el país en su época. Es el secuestro de civiles y de oficiales y suboficiales para forzar el intercambio por guerrilleros presos; y fueron secuestros de muy larga duración. En realidad, nosotros le llamamos a este delito toma de rehenes, que tuvieron que vivir condiciones muy difíciles.
Mientras se mantuvo la zona de distensión —durante los diálogos del Caguán entre 1998 y 2002—, las FARC les podía garantizar a estos rehenes unas condiciones de comida o de higiene básicas, pero a medida que fue pasando el tiempo, dejaron de proveerles esas condiciones y su situación se degradó de una manera muy impresionante.
En esta región, entre los cometidos por el bloque Noroccidental de las FARC, también está el secuestro de Óscar Tulio Lizcano. Él tuvo muchos comandantes que lo custodiaron. Y algunos de esos comandantes, si bien yo no soy psicóloga, pensaría que no eran personas normales, que tenían el interés de causar sufrimiento. Cuando eso ocurría, el maltrato era muy intenso.
La orden del Secretariado era una orden general de buen trato, pero en la práctica esa orden era comprendida por todo el mundo como que no se les muera el secuestrado y pare de contar.
Entonces hay estos secuestrados de canje que tuvieron unas situaciones muy duras, unos cautiverios muy largos y tuvieron mucho impacto en el país.
Y luego hay una proporción importante también, casi la mitad, que son lo que llamamos secuestro de control territorial, que es donde encontramos más el desenlace fatal, o sea, que los asesinaran. También son estos en los que encontramos más casos de violencia sexual y más torturas.
Son personas civiles que son privadas de la libertad por la guerrilla, por ejemplo, para castigarlos, porque la guerrilla dio una orden y la orden no fue obedecida. O porque consumían drogas y a la comunidad no le gustaba ese comportamiento, o porque no sabían quiénes eran. Y es que si llega alguien que no es de la zona y que nadie lo identifica como parte, queda como una persona muy vulnerable. Se asumía que eran delatores, o del Ejército, o que eran espías, o que eran cercanos a los paramilitares; a ellos los privaban de la libertad un tiempo hasta que averiguaban quiénes eran y luego decidían qué hacer. En muchos de estos casos se trataba de personas muy pobres, población flotante que trabajaba raspando coca o eran transportadores de pequeñas mercancías hacia los pueblos.
¿Qué encontraron sobre esos comandantes que tenían el interés de causar sufrimiento y que cometieron torturas, tratos crueles e inhumanos?
No son muy conocidos, porque de comandantes de la guardia no ponían a alguien de perfil alto, generalmente. Pero quedaba la persona secuestrada completamente a la merced de quien fuera. Y sus formas de tortura son distintas a las torturas del Ejército. Uno piensa que tortura es tortura, pero los repertorios varían.
La forma de tortura que tiene unas enormes secuelas y causa mucho sufrimiento es el aislamiento: nadie te habla, nadie te mira; y pueden pasar meses, años, en que no has cruzado palabra con otro ser humano. El sufrimiento que eso causa es muy intenso. Óscar Tulio Lizcano contaba que, para poder sobrevivir y no enloquecerse, les ponía papeles con nombres a los árboles y les hablaba y les dictaba clases a los árboles.
Los directivos de las FARC, que son el Secretariado, los grandes comandantes, decían: “No, deles buen trato”, pero nunca hacían seguimiento y realmente la relación se entendía como que no se les podía morir el secuestrado y ya. Se metían en un problema si se les moría la persona, o si lo mataban sin permiso.
¿Han documentado impactos como el desplazamiento forzado y el exilio, derivados del secuestro?
Después del secuestro, mucha gente, motu proprio, se exilió.
Un daño que documentamos es el empobrecimiento de algunas regiones donde la gente se tuvo que ir, sobre todo los pequeños comerciantes que son quienes mueven las economías locales. Por ejemplo, el dueño de la tienda de agroinsumos se va, y ya para conseguir esos insumos hay que ir hasta la ciudad. O sea, hay un empobrecimiento de la vida comunitaria, en muchos niveles sutiles; lo cual es diferente a que hay gente a la que le dicen: “Yo lo suelto, pero usted se va”, que eso es ya un desplazamiento forzado. Y de eso también hay muchos casos.
En los departamentos donde actuó el bloque Noroccidental, ¿qué tan diferente o qué tan parecido fue con respecto a los otros bloques de las FARC en otras regiones?
Hay una cosa que a mi juicio caracteriza al bloque Noroccidental, que es la geografía antioqueña, con las formas de poblamiento de la región. ¿Qué caracteriza esto en Antioquia? La persistencia de la idea de unas provincias o subregiones que, a pesar de que no tienen un estatus constitucional, son un referente cultural y geográfico: Oriente, Suroeste, Nordeste, Norte, Valle de Aburrá… Hay varias de ellas que marcan la centralidad en Medellín y es importante su ubicación con respecto a la ciudad. Sus carreteras van hacia la capital del departamento y tuvieron una relación de poblamiento interno, que generalmente es anterior al siglo XX o de sus inicios.
Y luego están Urabá, que tiene otra dinámica de poblamiento, que también lo refleja en su nombre propio, y el Magdalena Medio, con otras dinámicas. El poblamiento de estas regiones es más fuerte durante y después de la Violencia, con gente que huye de ella y con procesos de disputas sobre la tierra y de colonización armada.
En las otras subregiones, hay poblamientos más viejos y generalmente están muy caracterizadas por las montañas: si está más arriba, si está más abajo, qué tan difícil es atravesarlas. Oriente, por ejemplo, tiene todos los pisos térmicos; hay partes de puro despeñadero.
Entonces, este protagonismo de las dinámicas de poblamiento y de la geografía marcan la historia de la guerra en cada lugar. Por dar un ejemplo: donde las montañas son muy escarpadas, lo más valioso son los cañones, los pasos. Así, el cañón de la Llorona es supervalioso militarmente, porque es la manera como uno va de Urabá al Valle de Aburrá, y pasa por el norte. Y hay, por eso, unas grandes disputas en torno a esa zona. Pero no es el único, hay otros pasos montañosos que solo conocen los pobladores locales y que permiten la movilización de los ejércitos, de los recursos.
Es decir, uno dice el bloque Noroccidental, pero no es lo mismo estar en la selva en Urrao que estar colgado de un risco en el norte de Antioquia. Y en general esta es una zona, la del bloque Noroccidental, en el cual surge y se consolida la segunda generación del paramilitarismo; la primera lo hace en el Magdalena Medio.
La segunda generación surge en el Nordeste antioqueño y se va consolidando en el sur de Córdoba, se toma el Urabá, y hay un surgimiento en los 90 muy fuerte del paramilitarismo propiamente, que se enfrenta con la FARC y con el ELN en la región.
Vemos guerras entre ejércitos: entre las FARC y los paramilitares, y el Ejército propiamente. Hay otras guerrillas: están el ELN, el EPL que se desmoviliza en el 91; está toda la historia de los Esperanzados de Urabá, y es su guerra con las FARC. Entonces, hay como muchas guerras y cuando uno ve algo que sí las caracteriza es que son muy fuertes. O sea, no son asesinatos selectivos sueltos, sino que son masacres, pueblos destruidos. Tiene una escala que en otras partes del país no alcanza a tener. Y eso y el papel del cartel de Medellín y sus herederos también es significativo en las dinámicas del conflicto, según con quién se alíen.
Es una zona pues de paso de la cocaína, de gente lucrándose de ese negocio, de cultivo en algunas partes. Todo esto es una mezcla muy explosiva; es la zona del país que incluso si uno descuenta que es la más poblada, está en los primeros dos o tres lugares de afectación.
Por eso a veces decimos que Antioquia es el corazón de la guerra.
¿Esto es así también para el secuestro?
El secuestro era parte de esta guerra. Entonces el bloque Noroccidental es el segundo o tercer bloque de las FARC que más secuestra, donde tenemos más víctimas de todas las modalidades. De la que hay menos es esta de intercambio humanitario, porque a la mayor parte de ellos los tuvieron en el Caquetá. Pero del resto de modalidades, Antioquia es la segunda.
El fin de la guerra es distinto aquí. Antioquia y el Noroccidente son de esas partes del país donde la guerra sí se empieza a acabar antes. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hay muchos frentes de las FARC que desaparecen, y los que quedan realmente se tienen que refugiar en zonas relativamente inaccesibles. En el Urabá sobre todo pierden la guerra con los paramilitares y hay otras partes en que pierden la guerra con el Ejército.
Medellín, la capital, se caracteriza porque es la única ciudad del país donde hubo una guerra urbana. Entonces, no es donde hubo milicias, donde hubo atentados, no; aquí es la única ciudad del país donde hubo ejércitos moviéndose, disparándose, con una dinámica muy fuerte.
¿Cómo fue esa decisión de bajar hacia los mandos medios como máximos responsables? ¿Qué significa esta denominación?
Las FARC tenía una regla interna: por la orden que se da responde el comandante, no quien la ejecuta. Pero en el derecho internacional, esto no es así. O sea, cada cual es responsable si ejecuta una orden inhumana.
Entonces, el beneficio que ha ofrecido la JEP es que si usted no era máximo responsable, no nos enfocamos en usted. Sí tiene que rendir cuentas, pero no es el foco. Entonces, ¿cuál es la definición de máximo responsable? Nosotros miramos lo que había en la literatura, en las decisiones que había, qué quiere decir ser máximo responsable. Y estamos haciendo operativa esa definición de la manera más asimilable posible, por las diferencias tan grandes que había de estructura tanto en las FARC como en el Ejército.
Máximo responsable es alguien que recibe una política y la convierte en unas órdenes que se les dan a otros, y esas órdenes son inhumanas. Por darte un ejemplo, le dicen: “Usted tiene que secuestrar a cinco personas al año y conseguir un millón de dólares”. Esa es la orden que el comandante de un frente recibe; él tiene que convertir eso en: “Ya sé, la hija del alcalde sale a las cuatro del colegio; llevémonosla, secuestrémosla a ella y le pedimos plata al alcalde”. La conversión de esa estrategia general en órdenes completas, inhumanas, nosotros la consideramos una máxima responsabilidad.
En el caso del secuestro, ellos tenían la responsabilidad de controlar el trato que la tropa les daba a los cautivos, pero no controlaron nada; no les importaba, a menos de que se muriera.
¿Cómo llegaron a identificar a estos máximos responsables?
Nosotros dependemos de la información que nos dio la Fiscalía y de las víctimas que vinieron a contarnos sus relatos.
Hay una parte que es una demanda de justicia para la identificación de máximos responsables o de lo que llamamos ejecutores notorios. Y es que, por decirlo francamente, las comunidades que convivieron con los frentes guerrilleros nos cuentan quiénes son los comandantes que en la región eran conocidos por secuestrar. Eso es importante, porque pensamos que los exguerrilleros están poniendo la cara ante el país por lo que hicieron. Este es un sistema que no tiene cárcel si usted reconoce, pero el requisito es que usted ponga la cara.
Quien pone la cara tiene que tener algún relacionamiento con la región. Entonces, son las personas que eran conocidas en las regiones como los comandantes de las FARC. Y para las regiones ellos son quienes realmente eran las FARC. Entonces también queremos dar un efecto de que las regiones sientan que el que mandaba en su zona puso la cara.
Muchas familias y secuestrados no se acreditaron como víctimas en este caso. Entiendo, por ejemplo, que los familiares del gobernador Guillermo Gaviria no se acercaron a la JEP…
La familia Gaviria tiene una participación política. Algunos de ellos, no todos, entiendo que tuvieron una oposición significativa al acuerdo de paz y tienen una posición política unificada en que nunca han querido participar del proceso con la JEP. La familia Echeverri rindió un informe, la viuda del gobernador también. Ellos han procesado sus preguntas y sus intereses de otras maneras; participaron en un encuentro de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, no directamente ante la JEP, pero a la JEP sí le rindieron informe. O sea, nos contaron lo que sufrieron y eso lo registraron y está allí.
Ante la JEP viene sobre todo gente que no estaba opuesta al proceso de paz y que —nosotros le decimos la demanda de justicia— sienten que realmente el Estado no los ha atendido, no les ha puesto atención, no los ha acogido. Ese es el grueso de la gente que termina viniendo a la JEP.
¿Qué esperan las víctimas de secuestro como reparación en este proceso, si se considera, por ejemplo, que muchas de ellas tienen alguna solvencia económica o que no tiene esa demanda de justicia que usted mencionaba?
La mayor parte de las víctimas de secuestro, incluso con fines económicos, no tenían plata para pagarlo. Hay una parte que la gente que pagó quiere que le paguen, tuviera dinero o no. Hay gente que todavía está pagando la deuda que pidió para pagar el secuestro. Pero yo pienso que no es una cuestión solo de plata, sino de lo que representa la plata para la gente.
Si tu familia ahorra, si tu mamá ahorra, se jubila, se compra el apartamento que quería, con las cesantías o con lo que ahorró, pues uno puede decir: “Ah, es que eso es solo plata”, pero en realidad eso es el trabajo de toda la vida. La plata representa tus sueños, tus esperanzas, tu trabajo, hasta tu valor en la sociedad.
La plata tiene un valor simbólico muy grande y la gente quiere una reparación en ese sentido. La JEP no puede dar ese pago. El Estado sí, y se supone que la Unidad para las Víctimas da algo, pero realmente eso no está unido al daño.
Cuando las víctimas que vienen se dan cuenta de que la JEP no puede dar plata, la reparación se mueve a temas de dignidad. Entonces, ¿qué quiere la mayor parte de la gente? Que la JEP como representante del Estado colombiano los trate con dignidad, que los escuche, que el Estado en general los respete, los trate de una manera digna.
Quieren que los exguerrilleros que quedan pongan la cara, que acepten su responsabilidad, que les den la información que les falta, que necesitan. Y hay unos diálogos que están avanzando, sobre todo por la Secretaría Ejecutiva de la JEP respecto a si las sanciones propias deben tener una dimensión restauradora, eso qué puede querer decir. Y los diálogos van más o menos avanzados según la región del país, con el grupo de víctimas.
En secuestro no tenemos el arraigo territorial de otros casos, por lo que no hemos tenido ese tipo de diálogos, además de que es muy difícil hacerlos, porque no hay una comunidad específica con quién hablar. Las víctimas de secuestro se conocen en las diligencias, porque no son de la misma zona.
Allí lo que propuso el Secretariado como acciones restaurativas y que se avaló es el desminado, las actividades de memorialización y la búsqueda de desaparecidos. Yo no he visto a la primera persona que se oponga a que ellos se dediquen a tareas como buscar a los desaparecidos.
El proyecto Siembras de Vida ha sido criticado porque muchas víctimas no se sienten reparadas con que los comparecientes de las FARC siembren árboles en regiones como el Sumapaz. ¿En qué va este proyecto?
Nosotros propusimos un proyecto que no se ha podido hacer como lo pensamos y que de hecho es el origen del problema de los arbolitos, y es que, en la zona de Bogotá, el Sumapaz era como el “guardadero”, como dice la gente. Es decir, en todas partes, las FARC para mantener a las personas cautivas, les daban garantías de seguridad y en algunas zonas que ellos controlaban; y eso es por ejemplo ocurrió en una zona del Sumapaz.
Es una zona en la que ellos nos dijeron que según sus cálculos tuvieron ahí por lo menos a 600 o 700 personas secuestradas. Entonces, la propuesta era hacer en allí actividades de restauración ambiental y de trabajo con la comunidad. Porque a la comunidad le tocó vivir con un enorme estigma.
Y a nosotros eso nos pareció que era una buena idea. Creo que están intentando hacerlo, pero por la reconfiguración del conflicto armado han tenido retos de seguridad.
En lo personal, yo sigo pensando que es una gran idea. Es una zona muy abandonada, muy golpeada por el conflicto, pero que está en las goteras de Bogotá.
En ese sentido, es un lugar simbólico, lo mismo que lo es Caicedo en Antioquia. Hay muchos sitios en el país donde todo el mundo sabía que era donde tenían a los secuestrados. Pero, como casi todas estas sanciones, tiene unos retos logísticos que mis colegas de la JEP están intentando resolver.