A propósito de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, el exintegrante de la Comisión de la Verdad Max Yuri Gil hace un llamado al Estado y a la sociedad por la reparación efectiva de las víctimas.
Por Max Yuri Gil Ramírez*
Foto de portada: Defensoría del Pueblo
Según el informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, en Colombia el número de víctimas del conflicto armado se acerca a los diez millones de personas, esto es, el 20 por ciento de la población. Ocho millones, el 80 por ciento, eran civiles mayoritariamente de origen campesino, a quienes los grupos armados, legales e ilegales, les irrespetaron su condición de civiles y, en muchas de las modalidades de violencia, los convirtieron en el objetivo militar primordial en la confrontación.
El informe de la CEV identifica cinco modalidades de victimización y establece que, en términos de personas afectadas por las acciones de los grupos armados, se tienen números cercanos a los 8 millones de víctimas de desplazamiento forzado, medio millar de víctimas de homicidio, ciento veinte mil desapariciones forzadas, cincuenta mil secuestros, diecisiete mil víctimas de reclutamiento forzado y al menos treinta y tres mil víctimas de violencias sexuales. Estas cantidades, aproximadas a cifra inexactas, poseen un alto subregistro y, además, se deben actualizar, pues el informe final de la CEV, ¡Hay futuro si hay verdad!, fue presentado ya hace tres años.
Este registro de cantidades configura una de las peores tragedias humanitarias del planeta.
Las víctimas de Colombia, de todos los grupos armados y de todas las formas de victimización, requieren una reparación integral que permita que, como sociedad, remediemos el enorme daño infligido a millones de personas, y esta es una responsabilidad que compete de manera directa y principal al Estado colombiano, en sus diferentes componentes y en sus diversas expresiones territoriales, reconociendo que puede apelar a otros sectores de la sociedad para que coadyuven en esa labor.
Por eso, hoy se tiene que reiterar que el Estado debe asumir sin dilaciones la responsabilidad de liderar esta labor de reparación, y que esto también debe ser competencia de las administraciones departamentales y municipales, quienes tienen de la misma manera el deber de desarrollar políticas territoriales de reparación integral, propiciando mecanismos de consulta y participación efectiva, asumiendo de manera complementaria acciones para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, y erradicando cualquier acción institucional de revisionismo o negacionismo de la memoria histórica.
La sociedad colombiana como un todo también debe asumir su responsabilidad y contribuir a la reparación integral a las víctimas. Esto implica luchar contra las narrativas y acciones revictimizantes sobre determinados tipos de víctimas, la justificación y legitimación de ciertos grupos de responsables de las violencias, la negación de los hechos, el desprecio y la falta de solidaridad. Violencias crónicas, masivas y sistemáticas como las que ha vivido y sigue viviendo la sociedad colombiana son posibles, no solo por la acción de los grupos armados de todo tipo, sino también por el apoyo, la complicidad y la indiferencia de sectores importantes de la población.
Para cerrar definitivamente este doloroso periodo de violencia en el país, se requiere que la sociedad colombiana asuma una ruptura ética con la legitimación y aceptación de la violencia como algo normal, e incluso, en muchas ocasiones, como algo banal o justificado.
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Lamentablemente, ha quedado claro que el conflicto armado interno que ha vivido Colombia desde mediados de la década de los sesenta del siglo pasado no terminó con el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP en 2016. Este conflicto ha cambiado, se ha reconfigurado, hay permanencias y transformaciones, pero no terminó, y por eso hoy en día hay 12 territorios del país donde, según la Defensoría del Pueblo, hay emergencias humanitarias por enfrentamientos armados. Aunque parezca idealista, se debe exigir a los actores armados el respeto absoluto por la población civil y el acatamiento pleno a la normatividad humanitaria.
A propósito de este 9 de abril, la sociedad colombiana tiene la oportunidad de asumir que la mejor manera de conmemorar y honrar a las víctimas es persistir en la vía negociada para poner fin a las violencias, parar las dinámicas de victimización y centrar los esfuerzos en la atención y reparación integral a las víctimas.
Perseverar en la construcción de escenarios de paz, diversos, territoriales, poblacionales, permitirá la reconstrucción de la sociedad colombiana tan afectada por la violencia.
Es urgente lanzar un rotundo ¡Basta ya!, para contrarrestar los cantos de sirena que nuevamente se agitan en el país invitando a la fiesta sangrienta de la guerra, que como se ve, solo ha dejado millones de víctimas y desolación en todo territorio.
* Max Yuri Gil es director de Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Fue coordinador de la región Antioquia – Eje Cafetero de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de Hacemos Memoria ni de la Universidad de Antioquia.