La sociedad colombiana tiene derecho a conocer cuál es la situación de sus archivos y, particularmente, es deber del Estado poner a disposición pública la información sobre violaciones a los derechos humanos.
Por Marta Giraldo y Yenifer Cardona*
“El que no tiene memoria se hace una de papel”, escribe García Márquez en El amor en los tiempos del cólera. Los archivos son justamente eso, memorias de papel para evitar que todo caiga en el olvido. Pero sobre los archivos en el país y, especialmente, sobre los documentos relacionados con derechos humanos, se ciernen amenazas que no podemos ignorar.
Marta Giraldo es profesora asociada de la Universidad de Antioquia.
Conviene comenzar con un poco de historia. El Archivo Nacional se creó en Colombia en 1868 como parte de las instituciones que materializaron el proyecto romántico de crear una identidad como país y que permitieron el desarrollo de una narrativa que daba cohesión a la comunidad nacional. Más de un siglo después, en 1989, se creó el Archivo General de la Nación (AGN), una entidad de orientación más moderna que buscaba, entre otros, generar políticas de gestión documental; crear un sistema que integrara archivos locales, regionales y nacionales; e implementar estrategias para conservar, proteger y difundir el patrimonio documental.
Los propósitos se lograron, la entidad fue reconocida como el ente rector de la política archivística en Colombia y un ejemplo a seguir por sus buenas prácticas, entre ellas la implementación de la Ley General de Archivos. En un país afectado por la violencia y la corrupción endémicas, la creación de un Sistema Nacional de Archivos sólido es una condición imprescindible para la rendición de cuentas, el buen gobierno, para garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos. La institución empezó a funcionar bajo el principio de que “el ser humano y la sociedad necesitan de la memoria y del recuerdo para edificar un futuro. Sin documentos no funcionan los estados”[i].
Yenifer Cardona es archivista y egresada de la maestría en Ciencia de la Información con Énfasis en Memoria y Sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la UdeA.
Treinta años después los propósitos iniciales parecen desvirtuados. Existe una vasta normatividad sobre la obligación del Estado y de las instituciones privadas que cumplen funciones públicas de salvaguardar los archivos, pero ésta, en términos generales, no se cumple. En los últimos años el AGN, al igual que otras instituciones encargadas de la transmisión cultural del pasado, ha perdido el rumbo. En lugar de promover el cumplimiento del deber de memoria, sus decisiones y políticas se han convertido en un obstáculo para su realización, hasta el punto de poner en riesgo el legado documental del país, especialmente aquel que testimonia violaciones a los derechos humanos.
Esto se constata en acciones y denuncias recientes. Una de ellas es la supresión en febrero de 2019, en un momento particularmente crítico de la implementación del Acuerdo de Paz, del Grupo de Archivos Étnicos y de Derechos Humanos, instancia del AGN que formaba parte de los mecanismos para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. Según Armando Martínez, director en ese entonces, una de las razones para suprimir este equipo de trabajo era que ya había cumplido los objetivos para los cuales había sido creado.
En noviembre de 2018, ante los peligros de pérdida de los archivos del DAS, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares para su protección y conservación. Esto considerando que en 2011, tras la liquidación del DAS, sus funciones quedaron distribuidas en distintas entidades, lo que al parecer justificó el desmembramiento del archivo, con evidentes riesgos de fragmentación de sus contenidos y, además, imposibilitó el análisis y el contraste de la documentación de manera integral. Hoy en día, casi nueve años después, no sabemos qué documentación conformaba el archivo del DAS en el momento de su supresión, ni qué documentación fue trasladada al Archivo General de la Nación y a las otras entidades que asumieron parcialmente sus funciones.
Más recientemente, La liga contra el silencio publicó graves denuncias sobre la supuesta destrucción y alteración de otros expedientes que se encuentran bajo custodia del AGN: aquellos producidos por la Defensoría del Pueblo y que documentan violaciones a los derechos humanos. La Liga ha señalado la falta de control sobre la documentación, cuya organización y valoración fue encomendada a terceros a cambio del pago de millonarios contratos. El AGN habría aprobado instrumentos y procedimientos elaborados sin criterios archivísticos y desconociendo además el carácter probatorio y testimonial de la documentación.
Un ejemplo más de la gravedad de la situación es el proceso kafkiano por el que ha pasado el trámite de dos derechos de petición para una investigación académica de maestría. El primero se dirigió en marzo de 2019 a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en el marco de la investigación Las víctimas en el papel, que estudió el origen, tratamiento y uso de los documentos generados a partir de las políticas de reparación a víctimas del conflicto.[ii] La petición exigía, entre otros, información sobre los avances en la implementación del Protocolo de gestión documental. De los archivos referidos a las graves violaciones a los derechos humanos, e infracciones al derecho internacional humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno firmado, en 2017, por el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Archivo General de la Nación, y de obligatorio cumplimiento por las entidades que produzcan o custodien este tipo de acervos.
Un año después, la UARIV por fin dio respuesta a la solicitud. Allí informó, entre otras cosas, que “en aras de garantizar los ejes fundamentales de los archivos de derechos humanos (protección, valoración, acceso y difusión) se tiene previsto poner a disposición de las víctimas, las instituciones y la sociedad en general, un expediente único de víctimas, tanto en físico como digital, que cumpla con los principios y estándares establecidos” (negrilla y subrayado propio). En otras palabras: tres años después de su firma, el Protocolo todavía no se está implementando, lo que, a su vez, pone en duda el cumplimiento de las labores de monitoreo, evaluación y seguimiento por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Archivo General de la Nación.
En un segundo derecho de petición, radicado en julio de 2019, se indagó al AGN por la implementación del Protocolo. La respuesta, fechada en septiembre, dice: “le sugerimos consultar con el Centro de Memoria Histórica el avance del protocolo”. Dicha comunicación sorprende por su contenido puesto que compete a ambas entidades coordinar las acciones de seguimiento.
Situaciones como estas denotan la evidente falta de articulación institucional entre los entes rectores de los archivos y la memoria histórica en el país, que no ofrecen información clara y oportuna sobre avances en la implementación de la Política Pública de Archivos de Derechos Humanos. Las respuestas no deberían estar mediadas por la delegación de competencias, a modo de circulo vicioso, entre una institución y otra. La sociedad colombiana tiene derecho a conocer cuál es la situación de sus archivos y, particularmente, es deber del Estado poner a disposición pública la información sobre violaciones a los derechos humanos.
La posibilidad de edificar un futuro más justo y humano sigue estando en vilo en un país que ha dejado en manos los gobernantes de turno la gestión de su pasado. La opacidad del Estado fomenta la desconfianza hacia él. Los derechos de casi 9 millones de víctimas registradas, en su mayoría, siguen siendo una deuda pendiente. Así pues, preservar y facilitar el acceso a los archivos que documentan el conflicto son acciones necesarias para el esclarecimiento de lo sucedido, para la reparación de los daños y para evitar que se siga repitiendo.
Para que el AGN retome su papel de garante del cumplimiento del deber de memoria por parte del Estado, habrá que invocar los principios que le dieron origen. Habrá que hacer del nombramiento de su director un proceso transparente y abierto en el que tengan la posibilidad de participar los archivistas, la academia, la sociedad civil. Tendrá que promoverse el desarrollo de investigaciones orientadas a construir narrativas plurales sobre el conflicto a partir de los archivos. Como institución deberá lograr autonomía y pluralidad, al margen de intereses políticos sectarios.
El desafío es trabajar en la construcción colectiva de una agenda de actuación amplia, orientada a la salvaguarda de archivos públicos y privados, y a su conservación como patrimonio de todos. Corresponde a los archivistas y a los estudiosos de los archivos desarrollar un discurso público que muestre a la sociedad su importancia y la manera como pueden contribuir, efectivamente, a la garantía de los procesos de transparencia gubernamental, rendición de cuentas y protección de los derechos humanos.
Este es un llamado a unirnos en torno a nuestra memoria de papel, a luchar en contra de su borramiento y destrucción.
Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de Hacemos Memoria ni de la Universidad de Antioquia.
* Marta Giraldo, profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología (EIB) de la Universidad de Antioquia. Yenifer Cardona, archivista egresada de la maestría en Ciencia de la Información con Énfasis en Memoria y Sociedad de la EIB.
[i] Palabras de Jorge Palacios primer director del Archivo General de la Nación, citado en Semana “El guardián de la memoria”, disponible en https://www.semana.com/cultura/articulo/el-guardian-memoria/61153-3
[ii] Cardona, Yenifer. (2019) Las víctimas en el papel. Análisis de los Formatos Únicos de Declaración y su función social en el marco de las políticas de reparación y memoria en Colombia 1997-2019.Tesis para optar al grado de magister en ciencia de la información con énfasis en memoria y sociedad. Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología. http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/12571/1/CardonaYenifer_2019_AnalisisFormatosVictimas.pdf