Luego del terremoto, organizaciones alertaron sobre las afectaciones en los camposantos e instaron al Estado a protegerlos, debido a que allí podrían estar inhumados cuerpos de personas desaparecidas.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: UBPD
Paredes de bóvedas y contenedores derrumbados, así como estructuras óseas expuestas, son algunas de las afectaciones registradas en varios cementerios luego del sismo de magnitud de 7,4 ocurrido en Colombia. Las organizaciones de víctimas hicieron un llamado a las instituciones del Estado para que protejan estos lugares donde podrían estar inhumados cuerpos de personas no identificadas o desaparecidas durante el conflicto armado. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) adelanta un censo para establecer el nivel de afectación y determinar cuáles sitios requieren una atención prioritaria.
Luego del movimiento telúrico registrado el 10 de agosto, en redes sociales se han publicado fotografías y videos sobre las afectaciones del cementerio Roldanillo, en el Valle del Cauca, donde quedaron expuestos dos cuerpos, junto a botas y prendas militares, tras la caída de una pared. “Ante este hallazgo y las afectaciones reportadas en otros cementerios, la Unidad viene implementando acciones humanitarias para el manejo de cuerpos en el marco del procedimiento de hallazgo fortuito”, indicó Julián David Arias Quintero, subdirector técnico forense de esta entidad.
El funcionario agregó que la entidad humanitaria está realizando actividades de traslado y custodia de los cuerpos, además de coordinar con otras autoridades competentes las medidas necesarias para su atención y protección en los cementerios afectados. “Estamos haciendo un diagnóstico del estado de los cementerios que son de interés para la búsqueda”, dijo Arias, y agregó que los equipos están trabajando en varias zonas afectadas por el sismo, entre ellos, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó.
Por otro lado, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) ha identificado afectaciones en el cementerio de Siloé en la ciudad de Cali; el cementerio municipal de Sonsón, en el Oriente antioqueño; el cementerio de Caramanta, en el Suroeste antioqueño; el cementerio de San Camilo en Pereira y el cementerio Bajo Calima, en Buenaventura. “Cuando hacemos las entregas de las ayudas humanitarias a las comunidades afectadas, nuestros equipos también visitan los cementerios, con el propósito de realizar un diagnóstico sobre las afectaciones. Esta información será entregada a las entidades competentes”, comentó Leo Ricardo García, secretario técnico del Movice, capítulo Eje Cafetero.
Para las organizaciones sociales y de víctimas, los daños en la infraestructura de los cementerios, así como el traslado inadecuado o el deterioro de las estructuras óseas expuestas, pueden afectar las evidencias necesarias para la identificación y, con ello, el derecho de las víctimas a buscar a sus seres queridos. “Es fundamental que las entidades, en este caso, la Unidad de Búsqueda y la Fiscalía, también protejan los cementerios donde pueda haber cuerpos no identificados que estén expuestos, o cuyas condiciones de inhabilitación puedan generar riesgos adicionales para la preservación de los cuerpos”, enfatizó Adriana Arboleda Betancur, coordinadora del Área de defensa de las víctimas de la Corporación Jurídica Libertad.
El Movice ha solicitado a las instituciones del Estado la implementación de cinco medidas durante esta emergencia: la protección preventiva de los cementerios afectados por el sismo; cumplir el Decreto 065 de 2026 para garantizar la custodia y protección de los cuerpos, especialmente los no identificados, bajo un enfoque de derechos humanos, justicia y memoria; diagnosticar los daños en la infraestructura de los cementerios y establecer un plan de recuperación; garantizar la correcta inhumación e identificación de las personas fallecidas durante el sismo, articulando estas acciones con la búsqueda de personas desaparecidas que adelanta la UBPD; y la elaborar un informe sobre las intervenciones realizadas en cada cementerio afectado.
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García hizo un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que analice la situación actual de los cementerios. “La jurisdicción debería analizar si amplía las medidas cautelares sobre los cementerios afectados y evaluar la información que surgió producto de estos acontecimientos”, comentó.
Mientras avanzan las verificaciones de la UBPD, la entidad humanitaria insta a las comunidades para que se sumen a los reportes de manera rigurosa a través de sus canales oficiales. Esto con el propósito de que los equipos profesionales puedan adelantar las acciones de intervención y análisis correspondiente.