El organismo de justicia transicional encontró que 27 comparecientes de las antiguas FARC-EP deben responder por masacres, desapariciones, desplazamientos, torturas, violencia sexual y tomas guerrilleras en 15 departamentos del oriente y sur del país.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 27 comparecientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) por los crímenes más graves, como los ataques generalizados contra la población civil. La decisión es la primera imputación conjunta de los casos 10, que investiga los crímenes no amnistiables, y el 11, que aborda la violencia de género.
Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la JEP, detalla que los hechos investigados incluyen un amplio número de desapariciones, masacres, homicidios, atentados, desplazamientos forzados, torturas, violencia sexual y crímenes cometidos en medio de las tomas guerrilleras en 15 departamentos del país, los implicados pertenecían a los bloques Sur y Oriental de la antigua guerrilla. “Son crímenes cometidos básicamente en la mitad del país”, dijo en rueda de prensa.
Según la JEP, la investigación aborda casos en la Cordillera Oriental, Orinoquía y Amazonía, en los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Guainía, Caquetá y Putumayo, así como partes de Nariño, Cauca, Huila, Boyacá y el Amazonas, donde operaron estos dos bloques guerrilleros.
Los testimonios de las víctimas brindados a la jurisdicción señalan que campesinos, líderes comunales, docentes, madres y padres que buscaron proteger a sus hijos de ser reclutados, y funcionarios públicos fueron los más afectados por el accionar del antiguo grupo ilegal. “Esta decisión, recoge las voces de 2436 víctimas acreditadas”, enfatizó Catalina Díaz Gómez, magistrada y presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP.
Por otro lado, la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, agregó que la investigación documentó hechos que marcaron la historia del país, como los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir. “También recoge tomas guerrilleras como las de Mitú y Miraflores y masacres que sembraron terror, como la de los concejales en Rivera, en Huila, o los de Puerto Rico, en Caquetá”, explicó Lemaitre.
En noviembre de 2025, las víctimas presentaron sus observaciones a las versiones de exintegrantes del Bloque Sur de las FARC-EP. Mariela Hico Rodríguez, viuda del concejal conservador Álvaro Rubiano Suárez, asesinado el 20 de julio de 1992 en el municipio de Florencia (Caquetá), exigió esclarecer responsabilidades por el crimen: “Quiero saber quién dio esa orden que acabó con los políticos caqueteños, incluyendo a mi esposo. Me quedaron muchos vacíos porque Fabián Ramírez habló de los magnicidios de los políticos, pero no explicó por qué querían desaparecerlos ni quién dio la orden”, enfatizó Hico.
Entre los comparecientes imputados se encuentran cuatro exintegrantes del último Secretariado de las FARC-EP que tuvieron mando en los antiguos bloques Oriental o Sur: Rodrigo Londoño, quien fue conocido como ‘Timochenko’; Julián Gallo, quien fue conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’; Jaime Alberto Parra, quien fue conocido como ‘Mauricio Jaramillo’ o ‘El Médico’; y Milton de Jesús Toncel, quien fue conocido como ‘Joaquín Gómez’.
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La JEP también imputó a otros 23 comandantes que tuvieron mando y control sobre las tropas de los bloques Oriental y Sur. En la lista de imputados, aparecen comandantes de células urbanas que ordenaron poner bombas y matar civiles. De los 27 comparecientes, solo cinco, que no eran máximos comandantes de la antigua guerrilla, habían estado en la cárcel por estos crímenes. “Estos crímenes permanecieron en la impunidad. En la justicia ordinaria, el 97% de estos hechos no llegaron a juicio y cerca del 90% de las investigaciones penales no superó la etapa preliminar”, enfatizó Lemaitre.
Según el tribunal la imputación se sustentó en una investigación que recopiló los testimonios de 2436 víctimas acreditadas, 76 informes de organizaciones de víctimas, expedientes de la Fiscalía, investigaciones de la JEP y las versiones de 82 exintegrantes de las FARC-EP. Con estas pruebas, el tribunal identificó patrones criminales y exigió a los comparecientes una rendición de cuentas por los crímenes cometidos.
La JEP agrupó en tres los patrones criminales identificados durante la investigación: El primero, reúne los crímenes cometidos durante las hostilidades, como tomas guerrilleras, hostigamientos, emboscadas y ataques contra la Fuerza Pública que afectaron a la población civil; el segundo, corresponde a los delitos perpetrados para consolidar el control territorial, entre ellos castigos a la población, persecución de presuntos colaboradores del enemigo y ataques contra autoridades y líderes sociales; y el tercero, abarca los crímenes cometidos en zonas urbanas, incluidos atentados con explosivos y homicidios de civiles señalados por la guerrilla como objetivos militares.
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La decisión constituye la primera imputación conjunta entre los casos 10, que investiga “crímenes no amnistiables cometidos por las extintas FARC-EP en el marco del conflicto armado colombiano”, y el 11, que aborda la “violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual”.
Lemaitre explicó que existen coincidencias con algunos hechos que se están investigando en los dos macrocasos, por esta razón se emitieron las imputaciones conjuntas: “Allí encontramos una confluencia entre la modalidad de castigo a civiles por desobedecer a la guerrilla y los casos de mujeres que eran violadas como castigo por esa misma desobediencia”, dijo la magistrada, y agregó que los hechos violentos que no sigan esta lógica permanecerán en las investigaciones del Caso 11, subcaso 1.
Tras la notificación por parte de la JEP, los comparecientes tienen 30 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos imputados y aportar pruebas o argumentos adicionales. En ese mismo plazo, las víctimas y el Ministerio Público podrán presentar observaciones.
El tribunal también les ordenó entregar toda la información disponible a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) con el propósito de encontrar a 241 personas.
La JEP explica que si los comparecientes imputados reconocen su responsabilidad y aportan verdad, serán convocados a una audiencia de reconocimiento que podría derivar en sanciones restaurativas con restricciones de derechos, pero sin cárcel. Si niegan los cargos, el caso podría pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde enfrentarían un juicio que podría concluir con penas de hasta 20 años de prisión.