La JEP escuchó en versión voluntaria al general retirado Mario Montoya Uribe dentro de la fase nacional del caso 03 sobre falsos positivos. La diligencia busca establecer las responsabilidades de la cadena de mando militar en estos crímenes y avanzar en el esclarecimiento del papel que desempeñó uno de los oficiales más influyentes y controvertidos del Ejército colombiano. 

Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: JEP

El general retirado Mario Montoya Uribe fue escuchado en versión voluntaria por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco de la fase nacional de sobre los asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate entre 2005 y 2008. Esta etapa del caso 03 prioriza el análisis de las presuntas responsabilidades de los más altos mandos del Ejército Nacional en este fenómeno criminal.  

La audiencia, realizada los días 1 y 2 de junio y presidida por los magistrados Óscar Parra Vera y Catalina Díaz Gómez, se centró en hechos ocurridos durante el periodo en que el alto oficial se desempeñó como comandante de la Primera División del Ejército, del Comando Conjunto Caribe N.° 1 y del Ejército Nacional, cargos que ocupó entre finales de 2003 y noviembre de 2008. 

Para esta diligencia, la JEP puso a disposición de Mario Montoya cerca de 30 versiones voluntarias y declaraciones juradas de excomandantes militares, funcionarios del Gobierno y representantes de organismos de derechos humanos recopiladas durante la investigación del caso 03. Con este material, la jurisdicción busca contrastar su versión de los hechos y avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades por los llamados falsos positivos. 

Entre las versiones voluntarias se encuentran las rendidas por los generales retirados Óscar Enrique González Peña, comandante del Comando Conjunto N.° 1 ‘Caribe’; Justo Eliseo Peña Sánchez, comandante de las divisiones I y III del Ejército; Freddy José Padilla de León, comandante general de las Fuerzas Militares; Hernán Giraldo Restrepo, comandante de la X Brigada Blindada; y Carlos Orlando Quiroga Ferreira y Carlos Omairo Lemus Pedraza, inspectores generales del Ejército.  

Esta nueva audiencia da continuidad a la primera versión rendida por Montoya en febrero de 2020 y fue ordenada como parte del cierre de la investigación nacional del caso 03. La decisión se tomó luego de analizar las pruebas recolectadas por la JEP y la justicia ordinaria, incluido el expediente que la Fiscalía adelantó en su contra.  

La JEP detalla que Montoya Uribe fue llamado a reconocer responsabilidad como presunto máximo responsable por la consolidación del patrón macrocriminal que dejó alrededor de 118 asesinatos y desapariciones forzadas en el Oriente antioqueño entre 2002 y 2003, mientras se desempeñó como comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional.  

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Debido a que el alto oficial decidió no aceptar responsabilidad, “su proceso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que continuará con la investigación y definirá si lo acusa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz”, detalla comunicado de la JEP, publicado el 1 junio del presente año. 

Asimismo, fue llamado a rendir versión voluntaria en el subcaso Antioquia del caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública u otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares y/o terceros civiles, durante el conflicto armado.  

Investigaciones de la JEP indican que, mientras él se desempeñó como brigadier general al mando de la IV Brigada del Ejército Nacional, “se habrían cometido crímenes por parte de integrantes de esa unidad en el marco de varias operaciones adelantadas entre 2001 y 2003 en la Comuna 13 de Medellín, entre ellas la Operación Orión”, se lee en el documento. 

Mario Montoya Uribe nació el 29 de abril de 1949 en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. Es oficial retirado del Ejército Nacional, profesional en Ciencias Militares de la Escuela Superior de Guerra (ESDEG) y especialista en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes. Durante más de cuatro décadas de carrera militar ocupó diversos cargos de mando hasta convertirse en comandante del Ejército entre 2006 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe Velez. 

Sus primeros años en la institución transcurrieron en unidades de inteligencia y contrainsurgencia. Luego de graduarse de la ESDEG fue destinado al Batallón de Inteligencia Charry Solano. Posteriormente estuvo en Puerto Berrío (Antioquia), donde sirvió bajo las órdenes del mayor general Farouk Yanine Díaz. A comienzos de la década de 1990 integró la Brigada VII en Villavicencio y participó en labores de inteligencia y apoyo logístico de la operación Casaverde, la incursión militar contra el Secretariado de las FARC-EP en La Uribe (Meta), acción por la que recibió una condecoración. 

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A lo largo de su carrera comandó el Grupo Mecanizado Maza de Cúcuta, la Escuela de Caballería de Bogotá, el Comando Operativo de El Bagre, la Brigada 18 en Arauca y el Comando Conjunto Caribe. También fue agregado militar de Colombia en el Reino Unido y dirigió el Batallón Antinarcóticos, una unidad creada en el marco de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos para combatir el narcotráfico. 

Entre 2001 y 2003 estuvo al frente de la IV Brigada del Ejército en Antioquia, uno de los periodos más controvertidos de su trayectoria. Durante esos años lideró operaciones militares como Mariscal y Orión en la Comuna 13 de Medellín, así como acciones contrainsurgentes en el oriente antioqueño. Sin embargo, estas operaciones han sido objeto de investigaciones y cuestionamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y posibles vínculos entre integrantes de la fuerza pública y grupos paramilitares. 

En noviembre de 2008, Mario Montoya renunció a la comandancia del Ejército luego del escándalo de los falsos positivos que llevó al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez a retirar del servicio a 27 militares por la ejecución de jóvenes de Soacha (Cundinamarca) presentados como guerrilleros muertos en combate en Norte de Santander. 

Pese a su salida de la institución, en 2009 fue designado embajador de Colombia en República Dominicana. Sin embargo, ese mismo año la Fiscalía abrió una investigación preliminar en su contra luego de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y posteriormente alias ‘Don Berna’ lo relacionaran con presuntas alianzas entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares durante la Operación Orión. 

Las investigaciones continuaron en los años siguientes. En 2011 renunció a la embajada tras nuevos señalamientos de exparamilitares y fue interrogado por la Fiscalía por su presunta participación en la falsa desmovilización del Bloque Cacica Gaitana. En enero de 2012 fue llamado a indagatoria para responder por supuestos vínculos con estructuras paramilitares. 

En 2018 solicitó formalmente su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Cinco años después, en 2023, la Sala de Reconocimiento lo imputó por crímenes de guerra y de lesa humanidad por su presunta responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate durante su comandancia de la IV Brigada del Ejército en Antioquia. 

En la etapa actual de los casos, las víctimas y sus representantes presentan observaciones sobre las versiones recopiladas por la JEP en audiencias públicas. La primera se realizó en abril en Bogotá y las restantes se desarrollarán en los próximos meses con la participación de víctimas acreditadas en el caso 03. 

Con este proceso, la JEP avanza hacia la identificación de máximos responsables y el cierre de la investigación nacional del caso 03, centrada en establecer las responsabilidades de la cadena de mando militar en los llamados falsos positivos y contribuir al esclarecimiento de estos crímenes.