Tres víctimas fueron escuchadas por la justicia argentina este 14 de abril y pidieron que no se archive la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsos positivos durante su mandato.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto: Mariana Álvarez
Osmaira Nieves Oñate, Andrey Betancur y Bertina Badillo, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, expusieron sus casos ante la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires y pidieron que no se archive la querella contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato. Esta audiencia se realiza luego de una apelación contra la decisión de archivar el caso, por lo que el tribunal decidirá si la mantiene.
La querella fue interpuesta en el año 2023 por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y once familiares de las víctimas; se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite a tribunales de otros países investigar crímenes graves —como las ejecuciones extrajudiciales— cuando en el país donde ocurrieron no hay avances efectivos ni sanciones contra los responsables.
La audiencia fue citada por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py, Argentina, luego de que a finales del 2025 el juez federal Sebastián Ramos decidiera archivar la querella contra Uribe Vélez al considerar que en Colombia existen mecanismos efectivos para investigarlo y juzgarlo. Las organizaciones sociales apelaron la decisión y las víctimas fueron llamadas a rendir sus testimonios este 14 de abril.
El abogado argentino Máximo Castex, representante de las personas querellantes, señaló que esta audiencia fue clave para las víctimas y el proceso judicial, ya que fueron escuchadas por primera vez por la justicia argentina. “Nos llevamos una buena impresión, en el sentido de que pudimos exponer todos los argumentos que planteamos para solicitar que la resolución de archivo sea revocada por la Cámara, y sobre todo por haber permitido la Sala la participación de las víctimas”, afirmó.
Los argumentos de los denunciantes
Según el abogado suizo e integrante del equipo de querellantes, Bénédict De Moerloose, los argumentos de la apelación se basan en que en Colombia no existen mecanismos judiciales efectivos para juzgar a los expresidentes, aunque sí los haya para otros funcionarios o agentes del Estado. “Porque la JEP no es competente para exmandatarios y la Comisión de Acusación, que supuestamente es el órgano encargado de investigarlos, es un órgano político y no judicial. Entonces, no hay una vía efectiva para las víctimas en Colombia y por eso acudieron a buscar justicia”, explicó el abogado.
De Moerloose señaló que, durante la audiencia, las víctimas pudieron compartir sus historias personales y hablar sobre sus procesos de resistencia en la búsqueda de verdad, justicia y reparación, los cuales han sido obstaculizados por los vacíos judiciales que persisten en el país. “Siento que los argumentos fueron muy contundentes. Los jueces estuvieron muy atentos, tomaron notas, comparado este con otros procesos que he podido acompañar”, afirmó el abogado, quien también fue representante de denunciantes y víctimas de la dictadura de Francisco Franco en España entre 1939 y 1975, ante la justicia argentina.
En la audiencia asimismo se presentó un informe del constitucionalista colombiano Rodrigo Uprimny, que señala que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia no investiga realmente a los presidentes, sino que en la práctica actúa como un órgano que termina archivando casos.
¿Qué sigue en el caso?
El abogado y director de la Corporación Jurídica Libertad, Sergio Arboleda, detalló que el próximo paso en el caso es esperar la decisión de la Cámara de Apelaciones sobre si revoca o mantiene el archivo de la querella contra el exmandatario. “La Cámara de Apelaciones deberá desarchivar la causa penal contra el expresidente Uribe y, de esta manera, permitir la continuidad de la investigación. Se ha llamado a las víctimas a rendir declaración y posteriormente se podría citar al expresidente para que ejerza su defensa”, concluyó.
La cifra de 6402 ‘falsos positivos’, ejecuciones extrajudiciales en personas protegidas, cometidos entre 2002 y 2008, los años de los periodos de Uribe Vélez como presidente de Colombia, resultó de las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, ante las cuales el movimiento de víctimas y los defensores de derechos humanos en el país han insistido en la pregunta de “¿Quién dio la orden?”.