En dos audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz en Barrancabermeja y Medellín, las víctimas acreditadas hicieron preguntas a los comparecientes, antiguos miembros del Ejército, para conocer la verdad en los crímenes que las afectaron. Voces de dolor y rabia se entrelazaron con las que aceptaban responsabilidad y pedían perdón.
Por Carla Serna Ovallos
De las audiencias públicas de observaciones realizadas por las víctimas y de consolidación de verdad y reconocimiento de hechos por parte de los comparecientes, llevadas a cabo recientemente en Barrancabermeja y Medellín como parte de los casos 08 y 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aún resuenan voces de los reclamos por la verdad, de los dolores que no se pueden olvidar, de arrepentimientos por los daños infringidos, del perdón solicitado y en algunos casos otorgado.
En Barrancabermeja se llevó a cabo la audiencia de observaciones de víctimas en el Magdalena Medio sobre el caso 08 de la JEP, que aborda los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado. Allí participaron víctimas acreditadas para expresar sus posturas, relatos y memorias.
Dicha audiencia se desarrolló a lo largo de tres días, 27 y 28 de febrero y 21 de marzo, en los que se presentaron 72 intervenciones de víctimas. Participaron campesinos e integrantes de organizaciones de la región, representantes de distintos gremios y sectores económicos de la zona, y víctimas de Barrancabermeja (Santander) atravesadas por los hechos ocurridos en la que se denominó ‘toma paramilitar’ de la ciudad, entre finales de la década de 1990 y comienzos de los 2000.
La audiencia pública fue presidida por la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, en compañía de las magistradas María del Pilar Valencia, en las dos primeras sesiones, y Gloria Amparo Rodríguez, en la tercera y última sesión.
Allí se reconoció que la violencia en el Magdalena Medio dejó cerca de 46 000 víctimas en más de 60 400 hechos cometidos entre 1985 y 2016, y que estuvo concentrada mayormente en el puerto petrolero de Barrancabermeja, lugar de interés como abastecimiento económico por su ubicación estratégica en el centro de Colombia y su riqueza de recursos renovables y no renovables.
“Las balas entraron no solamente a ese féretro, a esos muertos, las balas también entraron a nuestras familias, a estas mujeres que están aquí, cuando entró el desasosiego”, expresó Yolanda Corzo Solano en su intervención, a quien grupos paramilitares le mataron a su esposo y a su sobrino en el 2002. Estos asesinatos ocurrieron por la alianza de la fuerza pública con grupos paramilitares en el contexto de la persecución a los trabajadores sindicalizados de la empresa estatal Ecopetrol.
La declaración de Corzo y las demás que hicieron parte de las observaciones de las víctimas durante la audiencia, confirmaron que las razones de la violencia ejercida en el territorio no solo respondieron a intereses económicos relacionados con la industria de los hidrocarburos y la minería, sino también a la disputa territorial y política al servicio de grandes terratenientes, así como a la estigmatización de la población sindicalizada, campesina y de bajos recursos.
En el subcaso Magdalena Medio, del caso 08, la JEP ha reconocido a 601 víctimas individuales y a 15 víctimas colectivas, incluyendo campesinos, sindicalistas, líderes sociales, estudiantes y defensores de derechos humanos. Sus relatos permitieron que la investigación por estos crímenes ampliara el contexto del conflicto armado en la región y se sumaran elementos para las decisiones que competen a las magistradas a cargo.
Abrazar la verdad
En el Museo Casa de la Memoria de Medellín, los días 25, 26 y 27 de marzo se realizó la audiencia de consolidación de aportes a la verdad, aceptación de responsabilidad y medidas de contribución a la reparación, en el contexto del subcaso Antioquia del caso 03, correspondiente a “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.
La diligencia fue presidida por el magistrado Carlos Alberto Suárez López, en compañía de la magistrada auxiliar Ángela Janeth Galvis Ardila, quienes hacen parte de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. Fueron vinculados 31 comparecientes de la fuerza pública implicados en 9 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en el Oriente antioqueño. Los hechos sucedieron entre 2002 y 2007, cuando los comparecientes hacían parte del Batallón de Artillería N.º 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (Bajés), quienes en su actuar dejaron 19 víctimas directas.
En el transcurso de la audiencia, se realizó el acto simbólico de no repetición de la construcción colectiva del llamado Bosque del Recuerdo —por el momento en maqueta—, que será un lugar de memoria viva. Por cada uno de los hechos abordados se incorporará un árbol, y cada árbol llevará el nombre de las víctimas directas, las fechas de sus muertes y una palabra o frase que honre su memoria.
El despacho del magistrado Suárez López señaló como máximo responsable del patrón de criminalidad en este subcaso al exteniente Andrés Mauricio Rosero Bravo, quien fue comandante del Bajés en la época juzgada, y, por lo tanto, no podrá transitar la ruta no sancionatoria de la JEP, es decir, tendrá que enfrentar sanciones severas que pueden incluir la privación de su libertad.
Durante la audiencia, los comparecientes y las víctimas estuvieron frente a frente, y mientras los magistrados y abogados hacían recuentos de lo expresado en diligencias anteriores, los comparecientes podían aportar más información de los 9 hechos abordados y reconocer su participación en los crímenes. Luego, los representantes de las víctimas y las mismas víctimas presentes intervinieron con preguntas para conocer más de cómo y por qué sus familiares fueron asesinados y en ocasiones desaparecidos.
En ese contexto, los comparecientes relataron cómo se ejecutaron cada uno de los hechos, cómo llegaban a los lugares de las ejecuciones, quiénes les suministraban información, cómo eran sus vínculos con estructuras paramilitares y de qué forma realizaban el reporte de falsas bajas en combate.
“Estábamos mi capitán Buitrago, el subteniente Díaz Yamid y yo sentados en una cafetería en Granada, y a mí se me ocurrió la grandísima idea de hacer esto: ‘Por qué no hacemos esto, nos disfrazamos, entramos en la chiva y sorprendemos a la guerrilla’; el objetivo era sorprender, hacer de que fuera la misma ruta de la chiva con personal civil que entrara a Santa Ana. Se ejecutó el plan tal cual, hasta que llegamos a Santa Ana y todo se salió de control: fueron lluvias de disparos, gritos, porque preciso en ese instante, yo ni me acordaba de que era el día de las madres, cuando la chiva estaba entrando, las personas estaban saliendo de la iglesia, salían de misa”, contó el Rosero Bravo frente a la operación militar que victimizó al corregimiento de San Ana, en Granada, nombrada como ‘Hecho 9’ en la audiencia.
En esa arremetida del Ejército fueron víctimas los campesinos Francisco Emilio Idárraga Marín, Ramiro de Jesús Idárraga Marín y Alirio de Jesús Ramírez Giraldo, quienes fueron señalados por los militares como integrantes de grupos armados ilegales y reportados como bajas de combate.
En los hechos narrados, los comparecientes pidieron perdón a las víctimas como parte de restauración y reparación de sus actos.
De los momentos más destacados de la audiencia, fue cuando las víctimas Yésica Natalia Giraldo Marín y Rosalba Angélica Quintero de Giraldo le concedieron un abrazo al teniente retirado Rosero Bravo como muestra de su perdón. “De parte de mi abuela, y de parte mía como muestra de nuestro perdón real y sincero queremos brindarle un abrazo, si lo permite y si lo desea”, mencionó Giraldo Marín antes del emotivo momento.
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En suma, las audiencias de Medellín y Barrancabermeja dejaron registro de las versiones de las víctimas del Magdalena Medio, la reconstrucción de acontecimientos por parte de los comparecientes ante la JEP en Antioquia, y las memorias del proceso dialógico que ayudan a la construcción de la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.
Para el caso 03, subcaso Antioquia, sigue la publicación de la decisión final, mediante un Auto de Resolución de Conclusiones que debe emitir la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. Para el caso 08, subcaso Magdalena Medio, que va en etapa media, continuará a cargo la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, para avanzar en la contrastación integral de las pruebas recogidas; en esa etapa, la Sala imputará a los responsables y los llamará a reconocer responsabilidad.