La falta de recursos no solo afecta al Museo Casa de la Memoria de Medellín. Otros lugares de memoria en el país atraviesan crisis similares. Desfinanciación, falta de apoyo institucional y pérdidas de liderazgos son algunos de los problemas.
Por Víctor Casas y Karen Sánchez
Imagen de portada: cortesía Museo Casa de la Memoria de Medellín
El Museo Casa de la Memoria de Medellín cerró su Sala Central y el Centro de Documentación, desde el jueves 14 de julio de 2022, por la falta de presupuesto para restablecer el servicio de aire acondicionado. Aunque el 12 de agosto el Concejo de la ciudad aprobó la destinación de 230 millones de pesos para realizar los arreglos, a la fecha estos espacios siguen cerrados y el Museo no ha anunciado su reapertura.
Este caso es solo la punta del iceberg. Muchos lugares de memoria en todo el país hacen malabares para operar con pocos recursos y sin voluntad política. Hacemos Memoria indagó por el estado actual de algunas de estas iniciativas en Granada, San Carlos, Dabeiba y Amalfi, en Antioquia; Tumaco, en Nariño; y Tierralta, en Córdoba.
Promesas de papel
Los problemas del Salón del Nunca Más en Granada, Oriente antioqueño, no son nuevos. Hacemos Memoria denunció el 1 de septiembre de 2020 las graves afectaciones en su infraestructura por cuenta de la humedad que provocó, entre otros daños, el deterioro de 294 bitácoras que contenían las memorias de algunas víctimas y que terminaron con hojas húmedas y arrugadas, tintas corridas y carcomidas por hongos.
Tras la denuncia, el 10 de septiembre de 2020 la Gobernación de Antioquia se comprometió a destinar recursos para la rehabilitación del espacio: “Hay que recuperarlo, mantenerlo y fortalecerlo. Este es un gobierno que le apuesta a la verdad, la justicia, las garantías de No repetición, que cree en la no violencia como las rutas obligadas”, dijo en su momento Luis Fernando Suárez, entonces gobernador encargado de Antioquia, que visitó el municipio y que incluso firmó un acta de compromiso. Han pasado dos años y la promesa sigue sin cumplirse. “El salón sigue igual, con humedades, y eso tiende a empeorar”, afirmó Gloria Quintero, miembro de la Asociación de víctimas de Granada (Asovida).
Quintero también contó que el lunes 8 de agosto, víctimas y personas interesadas en los procesos de memoria del municipio se reunieron con Jorge Vergara Cardona, de la oficina de Planeación Municipal de Granada, quien les informó que el proceso de restauración está caminando y que para septiembre de este año esperan una respuesta por parte de la Gobernación de Antioquia.
Recorrido de los estudiantes del diploma Narrativas y Pedagogías de la Memoria por el Salón del Nunca Más de Granada, realizado el 2 de octubre del 2021. Foto: Hacemos Memoria.
Algo similar ocurrió con la Casa de la Memoria de Tierralta, en Córdoba, que cerró desde 2017. En noviembre de 2021 expusimos los reclamos de las víctimas a la administración de ese municipio, para que les construyera un nuevo espacio de exposición de sus memorias. Pese a que el alcalde Daniel Montero afirmó que “en nuestro plan de desarrollo tenemos como meta al menos dejar la primera piedra de la Casa”, a dieciséis meses de terminar su mandato no hay claridad respecto a esa promesa. “Este alcalde, para salir del paso, dice mentiras a la institucionalidad y a las organizaciones. Pero la verdad es que nunca ha tenido intenciones de hacer una casa de memoria. Esta iniciativa no es su prioridad”, afirmó Orlando Triana, integrante de una organización de víctimas del municipio.
Mientras tanto, en Tumaco, el Museo de la Memoria tiene los días contados por falta de presupuesto. Como lo denunció El Espectador el pasado 20 de mayo, el museo no recibe fondos de la Alcaldía, la Gobernación de Nariño le debe 30 millones de pesos y los recursos que tienen solo les permitirán operar hasta el 31 de diciembre.
En el Occidente antioqueño, el estado de la Fundación Casa de la Memoria Elkin González, de Dabeiba, es aún más crítico. El espacio, que abrió sus puertas el 15 de mayo de 2019, cerró a finales de 2020 debido a los problemas de salud de Augusto González Velásquez, creador, líder y único doliente de la iniciativa. A la fecha, en el municipio no hay un lugar para exhibir las piezas museográficas que terminaron arrumadas en un garaje de las misioneras de la Madre Laura.
En el Nordeste antioqueño, la Casa Amalfitana de la Memoria cerró sus puertas con apenas tres meses de funcionamiento. Este lugar, inaugurado el 10 de septiembre de 2021, nació como una iniciativa de diferentes organizaciones de víctimas y académicos del municipio de Amalfi, pero sin un presupuesto asignado para su operación. Pasaron ocho meses hasta su reapertura el 13 de agosto de 2022. Ahora, aunque hay una funcionaria de la administración local que tiene, entre otras responsabilidades, la administración de la Casa, no existe un plan de acción que dé cuenta de cómo funcionará este lugar.
Otro que estuvo en riesgo de cierre fue el Centro de Acercamiento, Reconciliación y Reparación (CARE), de San Carlos, uno de los lugares de memoria más importantes del Oriente antioqueño. La Sociedad de Activos Especiales (SAE), que se encarga de la administración y disposición de bienes bajo extinción de dominio, anunció a mediados de 2021 el requerimiento del inmueble donde funciona el CARE. El mismo se consolidó con una orden de desalojo en enero de 2022. Finalmente, el lugar del que hacen uso diez organizaciones de víctimas, fue declarado bien de utilidad pública por la Alcaldía de San Carlos y siguió con sus puertas abiertas gracias a la presión de víctimas, organizaciones sociales y medios de comunicación.
Algunas personas consultadas para este informe y que lideran procesos de memoria en distintas regiones del país coinciden en que el problema de fondo radica en la falta de voluntad política y el desinterés porque se conozca lo que ocurrió durante el conflicto armado.
La profesora Marta Giraldo, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, que ha investigado la relevancia de estos espacios de memoria, lamenta el panorama tan desalentador: “Colombia es un país en el que el conflicto no es socialmente reconocido, donde hay mucha gente que sigue negando su existencia y la de las víctimas. Lo que permiten estos lugares es transmitir esa memoria, y sin ellos se pierde esa posibilidad de contar lo que ha pasado, no para lamentarse sino en clave de futuro, de lo que podemos construir en un momento que es muy interesante para el país”, afirmó.
Ahora, las expectativas están puestas en el nuevo gobierno, en sus posturas frente a la construcción de memoria y en su promesa de seguir “a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad” como afirmó el presidente Gustavo Petro en su discurso de posesión el 8 de agosto de 2022. Según la profesora Giraldo, es urgente una política de memoria que asegure, entre otras cosas, el financiamiento estatal de estos espacios.