La Alcaldía de San Carlos declarará el edificio del Centro de Acercamiento, Reconciliación y Reparación (CARE) un bien de utilidad pública como centro de memoria. Esto, luego de que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirmara que se cancela definitivamente la diligencia de desalojo.
Texto y fotos por Paula Ruiz Torres
Veinte días después de la polémica que generó el anunció de desalojo del Centro de Acercamiento, Reconciliación y Reparación de San Carlos (CARE), el director de la Sociedad de Activos Especiales, Alejandro Henao, confirmó este miércoles 26 de enero que el proceso se suspende de manera definitiva. “Hoy conocimos la importancia del programa que se desarrolla en el inmueble y se decidió por parte de la SAE, cancelar la diligencia de desalojo y suspender el proceso de venta que se tenía”, declaró el funcionario a Hacemos Memoria al término de una reunión con las víctimas, la Alcaldía, la Gobernación de Antioquia y el Ministerio Público, la cual fue realizada en este municipio del Oriente de Antioquia.
A lo anterior se sumó el anuncio, por parte de la alcaldesa, Mary Luz Quintero, de emitir un acto administrativo que declare al inmueble un bien de utilidad pública como centro de memoria. Con esta figura se busca legalizar la ocupación de las más de diez organizaciones que funcionan en el edificio, la mayoría de ellas víctimas del conflicto armado. Ver: Víctimas de San Carlos serán desalojadas del CARE, su lugar de memoria
De esta manera se allana el camino para que esta edificación de tres pisos, que está en proceso de extinción de dominio desde el 2005, pueda ser adquirida de manera legal por la comunidad sancarlitana, según explicó la alcaldesa. Así, agregó la mandataria, será posible conservar este lugar de memoria, fundado desde el año 2008 por un grupo de víctimas que se asentó en este espacio para resignificarlo, pues a mediados de los noventa este edificio, en el que estaba ubicado el hotel Punchina, fue epicentro de graves violaciones a los derechos humanos debido a que los paramilitares del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia lo usaron como base de operaciones y lugar de detención y tortura, por lo que miembros de la comunidad comenzaron a llamarlo “la casita del terror”.
Al término de la reunión con las víctimas, la SAE y la Secretaría de Gobierno de Antioquia anunciaron también la implementación, en un plazo de un mes, del programa de la Vicepresidencia de la República ‘Casa de la Mujer Empoderada’, el cual coexistirá junto con los otros procesos que se desarrollan en este espacio. “Con estas acciones permitiremos que el lugar siga siendo lo que ha sido durante todos estos años, buscando una solución definitiva en la que el municipio quede con la propiedad y que no haya riesgo de que una situación como esta vuelva a suceder”, señaló la alcaldesa de San Carlos.
Pastora Mira, lideresa de víctimas de San Carlos, en el recorrido por el CARE con los funcionarios de la SAE, la Alcaldía de San Carlos y la Gobernación de Antioquia.
Por su parte, Marcela Castañeda, enlace territorial de la Secretaría de Gobierno Departamental, reveló que desde la Gobernación de Antioquia se ha destinado un presupuesto que estará dirigido a apoyar la dotación y funcionamiento de los proyectos que se adelantan en el CARE. Esto, luego de que los funcionarios que participaron en la reunión, recorrieran el lugar logrando conocer de cerca no solo el trabajo de la comunidad de víctimas, sino también las necesidades que la edificación presenta. Ver: Borrar las huellas del horror equivale a perpetuar la impunidad y la violencia
En este último sentido, el personero municipal, Leonardo Álvarez, instó a las instituciones estatales a reconocer la importancia de inventariar e identificar lugares, que al igual que el CARE, vienen desarrollando trabajos comunitarios, por lo que afirmó: “en Antioquia existen muchos CARE que deben ser reconocidos y protegidos”.
Ya se había iniciado un proceso de venta del inmueble
La medida de extinción de dominio aplicada en el año 2005 al antiguo hotel Punchina, fue ordenada por la Fiscalía General de la Nación dentro de una investigación por narcotráfico contra Gabriel Puerta, quien era el propietario del edificio y quien en mayo del 2009 fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de activos.
Según informó Alejandro Henao, funcionario de la SAE, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y encargada de administrar los bienes bajo extinción de dominio, en el año 2019 el edificio, avaluado en 305 millones de pesos, fue puesto a la venta a través de la Central de Inversiones S.A. (CISA), dedicada a la administración de bienes incluidos en procesos litigiosos. Sin embargo, no se recibió ninguna propuesta de compra hasta el 2021.
Hacemos Memoria conoció que ese año un habitante de San Carlos contactó a la SAE con el interés de comprar el inmueble y que, incluso, firmó con esa entidad una promesa de compraventa, la cual fue revocada al inicio de esta semana, por común acuerdo, luego de que la institución decidiera suspender el desalojo y la comercialización del bien para tramitar su entrega legal a la comunidad sancarlitana.
Sobre el proceso de desalojo, el gerente de la Sociedad de Activos Especiales señaló que esta entidad desconocía los procesos sociales y de memoria que se llevan a cabo en el espacio. “Infortunadamente, nuestro depositario que es el encargado de administrar el inmueble nunca nos informó dicha situación. Hoy, que sabemos qué se hace y la importancia para el departamento de Antioquia decidimos cancelar definitivamente la diligencia”, reiteró.
Los desafíos que aún le esperan al Care
“Estoy llorando de felicidad”, fueron las primeras palabras de Pastora Mira, lideresa de la organización de víctimas, al conocer la determinación de la SAE. La mujer agregó: “Me siento tranquila, agradecida, con un gran regocijo por la solidaridad que hemos tenido”. No obstante, advirtió que el CARE aún tiene muchas necesidades que requieren de la articulación de diferentes sectores.
Justamente, en medio del encuentro entre las organizaciones de víctimas y los entes gubernamentales, las lideresas del CARE hicieron notar los requerimientos que tiene este lugar de memoria para seguir funcionando, como la necesidad de intervenir la planta física del edificio, algo que también anotó la alcaldesa quien al inicio de la reunión expresó: “no es solo comprar el predio, es también recuperarlo”.
Por medio de estas pinturas, visitantes del CARE y familiares de las víctimas han representado la manera como vivieron el conflicto armado. Las imágenes están exhibidas en las paredes de este lugar de memoria.
En ese sentido, Dora Bedoya, representante legal de la Asociación de Piscicultores de San Carlos y coordinadora del espacio, manifestó: “El tercer piso está que se nos viene encima, se nos han dañado equipos, el agua nos ha dañado computadores y la poca inversión que tiene el CARE es porque lo recogemos nosotros”.
Según explicó la lideresa, el CARE sobrevive a partir de la autogestión y de un fondo que recogen mensualmente entre las organizaciones que tienen su sede administrativa en el edificio. Cada aporte es de treinta mil pesos y es usado para pagar los servicios públicos: agua, luz e internet del que muchos jóvenes del municipio se benefician. Por eso, ahora las organizaciones esperan que a partir de la alianza con el programa Casa de la Mujer Empoderada, se adecúen los espacios que actualmente funcionan allí, y se creen otros nuevos que alberguen a las mujeres del programa.