Facilitar la participación de los familiares de personas dadas por desaparecidas en los planes estratégicos de búsqueda en los territorios, consolidar el universo de desaparecidos en el departamento y articular el trabajo institucional son algunos desafíos que enfrentará este pacto.
Por: Pompilio Peña Montoya
Datos presentados en Medellín por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, señalan que entre 1958 y el 2016 en Colombia se registraron 120 mil personas dadas por desaparecidas. De esta cifra, el departamento de Antioquia concentra el mayor número de casos con 30.607 personas de las que se desconoce su paradero, de las cuales 20.279 fueron víctimas de desaparición forzada, 2.710 fueron desapariciones por reclutamiento, y 7.618 por secuestro. Para agilizar la búsqueda, localización, exhumación, identificación y entrega de los cuerpos a sus familias, el pasado 11 de marzo se suscribió el Pacto por la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Antioquia.
En este departamento el pacto está encabezado por la Unidad de Búsqueda y varias organizaciones de víctimas, junto a la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, colectivos sociales y organismos de carácter estatal.
Juliette de Rivero, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, firma el Pacto por la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Antioquia. Foto: Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
El propósito de este pacto es articular alianzas y esfuerzos entre las fuerzas firmantes con el fin de atender las demandas de familiares que buscan a sus seres queridos, y fortalecer la tarea que viene llevando la Unidad de Búsqueda dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, según afirmó la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón, quien señaló que son múltiples los retos a superar si se quiere que este pacto tenga un alcance positivo en poco tiempo.
“El paso a seguir es concretar compromisos específicos con cada autoridad. Ya hay unos compromisos que se expresaron, como la instalación de la Mesa de Desaparición de Antioquia. Eso significa que hay que sentarse con la gobernación, la alcaldía de Medellín y representantes de las víctimas, mirar cuál va a ser la reglamentación de esa mesa, su periodicidad, quiénes van a estar allí y cómo se va actuar en concordancia con lo que ya se ha hecho”, indicó Luz Marina Monzón y añadió que los planes de trabajos surgidos de allí deben estar ajustados a las particularidades de los territorios en donde se emprenderán las búsquedas. Lea también: Inició la búsqueda de cerca de 20 mil desaparecidos en Antioquia
El pacto firmado concentrará esfuerzos, a su vez, en trabajos que ya viene realizando la Unidad de Búsqueda en Antioquia, en zonas altamente golpeadas por el conflicto armado, entre las que se encuentran el Oriente antioqueño, donde se han registrado 6.132 casos, el Urabá con 5.972, y el Valle de Aburrá con 5.149 personas dadas por desaparecidas, de las cuales se cree que solo en el Cementerio Universal de Medellín hay al menos 900 “cuerpos inhumados de personas no identificadas y que pueden corresponder a víctimas de desaparición forzada y/o ejecuciones extrajudiciales”, según un reporte dado a conocer por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Los retos que señalan las organizaciones
Existe un ambiente de optimismo dentro de organizaciones de víctimas luego de la suscripción de este acuerdo, aunque reconocen que los obstáculos a superar en el camino son varios. Luz Mery Velásquez, vocera de la Mesa Departamental de Desaparición Forzada, afirmó que, entre las primeras cosas por hacer, dentro del pacto, está emprender un registro de casos en cada uno de los 125 municipios que conforman Antioquia. Para esto debe haber una coordinación más juiciosa con las organizaciones de víctimas y los apoyos desde las administraciones locales, con el fin de afianzar una base de datos más pormenorizada, y para lo cual se espera que pronto se unan a este pacto facultades de antropología y consultorios que brinden asesorías jurídicas a las víctimas.
Instalación realizada por los familiares de víctimas de desaparición forzada durante el acto de firma del Pacto por la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Antioquia. Foto: Pompilio Peña, Hacemos Memoria.
Sin embargo, advirtió Luz Mery, son muchas las alcaldías que no están apoyando este tipo de procesos, por lo que destacó la iniciativa de la procuradora de Antioquia Claudia Vallejo Avendaño, quien, en alianza con la Mesa Departamental de Víctimas, ha solicitado a todos los personeros de los municipios que envíen un registro de al menos diez casos de desaparición, que, según Luz Mery “aunque son pocos, constituye un acercamiento con aquellos poblados en donde no se ha hecho un ejercicio juicioso de registro de sus víctimas”.
Luz Mery añadió que en el proceso que se desarrolla en Antioquia se deben enfilar esfuerzos de búsqueda en los municipios que conforman el proyecto Hidroituango y le hizo un llamado a Medicina Legal, entidad encargada del reconocimiento de cuerpos, para que agilice su trabajo. Lea también: Los desaparecidos en Hidroituango, un duelo que quedó bajo el agua
Por su parte, Adriana Patricia Pérez, integrante del primer Consejo Asesor de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, y quien desde 1996 viene recorriendo el departamento para apoyar procesos de búsqueda, afirmó que este pacto debe garantizar una mayor participación de las organizaciones de víctimas pues, para ella, hasta el momento la labor de algunas entidades del Estado no está debidamente articulada con las víctimas.
Según Adriana Pérez, “el paso a seguir es poder articular y hacerle seguimiento al pacto para que no se quede en un papel, y eso depende de que nosotros podamos contribuir a la búsqueda, ya que somos las víctimas en los municipios las que tenemos la información que debemos materializar con la Unidad, con la Gobernación, con la Fiscalía y con Medicina Legal”.
Un aspecto a destacar para Adriana Pérez es que las organizaciones de víctimas han encontrado en la Unidad de Búsqueda una entidad más cercana que la misma Fiscalía, ya que tiene carácter humanitario y extrajudicial, lo cual es fundamental “porque nosotros antes que justicia lo que queremos es encontrar a nuestros familiares, y porque muchas víctimas han tenido tropiezos con la Fiscalía cuya bandera es buscar al responsable y judicializar, lo que causa miedo entre los denunciantes”.
Durante el 2020 la Unidad de Búsqueda logró recuperar y entregar 97 cuerpos a Medicina Legal y recibió 9.058 solicitudes de búsqueda. Foto: Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
Entre tanto, la representante del Movice en Antioquia, Martha Soto, reiteró la importancia de la participación de los movimientos de víctimas para fortalecer el trabajo de la Unidad de Búsqueda y otras instituciones del Estado. “Queremos construir conjuntamente los planes regiones y locales, así como el departamental, para que contribuyan en todo el proceso de búsqueda y entrega de cuerpos”, señaló la líder, y añadió que por esta razón es importante contar con el compromiso de todas las alcaldías, en especial las del Valle de Aburrá, “por lo que creemos que se debe diseñar un plan metropolitano de búsqueda”.
Martha Soto hizo especial énfasis en este plan metropolitano debido a que en varias ocasiones, cuando las víctimas y algunas instituciones están en terreno explorando zonas donde posiblemente hay fosas, no encuentran respaldo en las administraciones locales para continuar con la búsqueda. Por ello, refiriéndose al pacto por la búsqueda de los desaparecidos en Antioquia, la lideresa de víctimas manifestó que este tipo de iniciativas deberían ser creadas por decreto, “porque nuestras luchas aisladas no darán los frutos esperados”.
Para Terecita Gaviria, directora de Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, la importancia del trabajo de la Unidad de Búsqueda, en cabeza de Luz Marina Monzón: “Es un paso más que estamos realizando, porque este pacto lo veíamos muy lejos y hoy nos llena de confianza”. La lideresa añadió que el trabajo de encontrar cuerpos va a ser dispendioso, ya que “solo en mi organización hemos contabilizado mil 176 personas desaparecidas. Por eso creo que la búsqueda en Medellín debe hacerse en todas las comunas, comenzando por la 13 (San Javier), siguiendo por la comuna ocho (Villa Hermosa) y la comuna uno (Popular), donde creemos que hay fosas comunes que la comunidad no se atreve a denunciar”. Lea también: Madres de La Candelaria: imágenes que son testimonio de un viaje
La institucionalidad se comprometió
En la firma del pacto hizo presencia el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien dio su respaldo a esta iniciativa y añadió que “la paz de Colombia pasa por Medellín y por Antioquia, por eso todos nuestros esfuerzos están dirigidos a encontrarlos y a que estos hechos de violencia no sigan enlutando a las familias”.
Asimismo, el Secretario de Gobierno, Paz y No Violencia de la Gobernación de Antioquia, Rafael Blanco, se comprometió a trabajar en conjunto con la Unidad y las organizaciones de víctimas en la búsqueda de sus seres queridos, por lo que expresó: “Con la firma de este pacto estamos enviándole un mensaje a la sociedad sobre la importancia de trabajar unidos para frenar este flagelo de la desaparición, el cual causa un profundo dolor a los familiares que aún esperan información de su ser querido, pero que también ha afectado el tejido social”.
Antioquia es el segundo departamento que suscribe un pacto por la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. El primer departamento en hacerlo fue el Meta, donde de acuerdo con los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2016, se contabilizaron 8.724 personas dadas por desaparecidas.
Durante el 2020 la Unidad de Búsqueda logró recuperar y entregar 97 cuerpos a Medicina Legal y recibió 9.058 solicitudes de búsqueda, además de 47 informes de organizaciones civiles con los que se espera dar con el paradero de más cuerpos. El trabajo tendrá un énfasis especial en nueve de los 32 departamentos que conforman Colombia: Antioquia, Meta, Magdalena, Valle del Cauca, Cesar, Santander, Caquetá, Norte de Santander y Putumayo, donde según reveló Luz Marina Monzón, se concentran el 60 por ciento del total de los casos de desaparición.