Un diagnóstico elaborado por el IPC, la OIA y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos da cuenta de que en esta región de Antioquia fueron desaparecidos, por lo menos, 42 indígenas. La falta de información es un impedimento para responderles a sus familias y comunidades.

Por Juan Camilo Gallego Castro – Agencia de Prensa IPC

El 10 de enero de 1995 desaparecieron a uno de los hijos de Jesús*, un indígena Senú de Necoclí. “No lo busqué porque en ese tiempo no se permitía buscar a los familiares, si uno buscaba también lo mataban”, dijo.

Fue una época terrible para los senúes. Jesús conoce de memoria lo sucedido en los años noventa, un tiempo que “nos pegó muy duro”. Días después de que un grupo paramilitar desapareciera a su hijo, asesinaron a uno de sus sobrinos, el 29 de enero; luego un grupo guerrillero asesinó a un líder de su comunidad, el 5 de febrero; y el 15 de marzo asesinaron al cacique de su comunidad, José Elías Suárez de la Cruz. A causa de esta violencia, se originó el desplazamiento de unas 31 familias senúes, unas 300 personas. Fue en medio de este contexto, cuando se recrudeció el conflicto armado en el Urabá, que Jesús se vio impedido para buscar a su hijo, pues debió salvar su vida.

Muchas de las comunidades indígenas Senú de Necoclí y Turbo, así como las Emberá Eyábida de Mutatá y Dabeiba, y las Embera Chamí de Apartadó tampoco buscaron a sus familiares por miedo a los grupos armados de la región. Jesús dice que a mediados de los años noventa el conflicto armado alcanzó tal impacto que este se metió en los resguardos y cabildos indígenas. Si bien en décadas anteriores los caciques indígenas habían acordado con todos los actores del conflicto la neutralidad de sus comunidades, estos nunca cumplieron, porque muchos de sus jóvenes fueron reclutados, además porque esa neutralidad los convirtió en obstáculo para las pretensiones de los grupos armados.

Rafael*, un exgobernador mayor en Dabeiba, reconoció que esto les generó un problema: “¿había indígenas en la guerrilla? Sí. ¿Había indígenas en los paras? Sí. también había indígenas en el ejército. Entonces cuando la guerrilla nos presionaba a nosotros, porque, según ellos, estábamos permitiendo que los paras entraran al municipio o a los resguardos, ya nosotros no podíamos defendernos, porque entonces ya los paramilitares decían lo mismo, ‘ustedes tienen indígenas en la guerrilla’, y con el Ejército era lo mismo.”

En Urabá, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, hubo 239 masacres y 10.284 víctimas de asesinato selectivo. Varios indígenas e investigadores coinciden en que como la magnitud de la desaparición forzada en las comunidades indígenas fue menor con relación a los asesinatos, no se le prestó tanta atención. Sin embargo, en esta región conformada por once municipios (Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo y Vigía del Fuerte) hay 4.738 registros de víctimas de desaparición forzada entre 1962 y 2013. En Dabeiba, por su parte, que pertenece a la región Occidente y que limita con Urabá, hay registradas 571 personas desaparecidas. Del total de Urabá y Dabeiba, según el Observatorio, hay 25 indígenas. Dato que ante nuevas indagaciones de la Organización Indígena de Antioquia (OIA) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) sería un subregistro.

Alexis Espitia, consejero de Derechos Humanos de la OIA, dijo que “es cierto que la desaparición forzada ha estado silenciada en estas comunidades indígenas de Urabá, sobre todo por la magnitud que han tenido los homicidios y masacres.”

Entre las dificultades para no buscar a los indígenas desaparecidos está la presencia de actores armados en el Urabá, la falta de denuncias, documentos y registros de las víctimas, e incluso el desconocimiento desde la institucionalidad de la lengua Emberá, pues los funcionarios solo hablan español. Estos son solo algunos de los obstáculos que tendrá la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) en en esta región del noroccidente colombiano

 

Buscar a los indígenas desaparecidos

A finales de 2020, la investigadora Zulhy Tobón recorrió las comunidades indígenas de Apartadó (Las Playas y Las Palmas), Mutatá (Jaikerazabi y Cacao), Dabeiba (Zabaleta, Chorumandó, Sever Taparales y La Meseta), Necoclí (El Volado) y Turbo (Santa Cruz), en busca de información sobre los indígenas desaparecidos en el marco del conflicto armado en Urabá, como parte de un convenio entre el IPC, la OIA y la UBPD, con el cual se buscó el acercamiento con las familias de las víctimas.

Zulhy identificó 42 casos de desaparición forzada en esas comunidades, entre 1980 y 2016. “En una familia veías tres o cuatro homicidios y una desaparición, o la historia de desplazamiento forzado. No solo son víctimas de un hecho victimizante, las familias tienen varios hechos en medio del conflicto”, dijo.

Pablo Barrios, coordinador de este convenio, considera que es importante comprender el contexto de la desaparición forzada en las comunidades indígenas porque este problema no se ha hecho visible. Su hipótesis es que “se había trabajado el desplazamiento, el homicidio, las minas antipersonal. Pero la desaparición forzada no había sido tan visible, y eso es por la manera como el delito se percibió en las comunidades, hubo muy baja denuncia. Siempre estuvo el rumor de no saber dónde estaba alguien, pero les dijeron que lo habían matado. Lo asumían como un homicidio. Con contadas excepciones.”

Con lo anterior coincidió el consejero Alexis Espitia, al afirmar que se nombraron como homicidio hechos en los cuales nunca aparecieron los cuerpos. Él dijo que la OIA tenía un reporte inicial de tres personas desaparecidas, pero que ahora tienen alrededor de 80 reportes.

Lo anterior lleva a las múltiples dificultades para encontrar a las víctimas. La primera tiene que ver con las condiciones de seguridad, a la que se refirieron los indígenas. El informe Contexto sobre Desaparición Forzada en los municipios de Necoclí, Turbo, Apartadó, Mutatá en Urabá, y Dabeiba, al occidente antioqueño, entre 1985 y 2016, elaborado por el IPC y la OIA, dice que “la percepción de que el actor armado constituye un riesgo para realizar la búsqueda no es unánime en los líderes y lideresas entrevistadas, sino que encontramos que para unos sí constituye un riesgo, mientras para otros, si bien lo consideran una dificultad o problema, no lo estiman como un riesgo”.

Harrison*, un indígena de Mutatá, manifestó que a pesar de que conoce información prefiere callar, “es la ley del silencio”.  Mientras Saúl*, otro indígena de Necoclí, señaló que “los riesgos para la búsqueda es que estamos bajo el control de los paramilitares, depende también de a quien se esté exhumando, donde sea el lugar; porque si el Clan de Golfo se siente afectado no lo va a permitir.”

Pero para otros indígenas consultados, hoy no existe riesgo de buscar a sus familiares desaparecidos, pues han pasado varios años desde los hechos. Sin embargo, sí consideran problemática la presencia de actores armados ilegales en la zona, entre otras razones, porque dentro de estos grupos también hay indígenas.

 

Otras dificultades para la búsqueda

Exposición fotográfica de personas desaparecidas en Urabá. Foto: IPC.

Espedito Álvarez, consejero de la OIA y líder de la comunidad de Churumandó, expresó que uno de los elementos que más dificultades generará al proceso de búsqueda, es el no reconocimiento de la desaparición forzada por parte de los actores armados, dado que las cúpulas militares no conocieron muchas de las decisiones tomadas en los territorios. “Lo otro es que como indígenas no denunciamos esos casos y nos quedamos callados”, agregó. En su caso, cuatro miembros de su familia fueron desaparecidos por actores armados en el Urabá, según él fueron asesinados, a pesar de que sus cuerpos no han sido encontrados.

En el trabajo de campo, observó Zulhy Tobón, “ellos me comentaban todas las dificultades, empezando por la documentación. Para hacer un trámite de denuncia les piden documentación del desaparecido para certificar que sí son familiares. Y ellos no tienen el documento”, pues en muchos casos los únicos documentos de identidad que las familias tenían de las víctimas desaparecían con ellas y solicitar uno nuevo “se les dificultaba muchísimo, porque generalmente viven lejos de los cascos urbanos». A esto se suma que  hay pocas fotografías de las víctimas, algunas familias tienen imágenes pequeñas de cuando las personas desaparecidas eran niños, pero no hay fotos que retraten su aspecto para la época de la desaparición. Otro asunto a considerar, anotó la investigadora, es que la mayoría de los indígenas hablan Emberá y aunque algunos entienden español existen problemas de comunicación con los funcionarios públicos, por lo que en ocasiones las instituciones no los atienden cuando se acercan a denunciar.

Además de esto, agregó Pablo Barrios, “las instituciones no se han adaptado, por tantas culturas e idiomas en Urabá, no hay traductor Emberá que ayude a la gente a entregar documentación”. Ante esas dificultades hubo información que se registró de forma indebida, por ejemplo, que en algunas denuncias presentadas a la Fiscalía se afirmaba que los hechos eran homicidio, cuando nunca fue encontrado el cuerpo de la víctima ni existió un acta de defunción.

Por otro lado, identificaron Tobón y Barrios, en las comunidades indígenas se ha dado un relevo generacional en los líderes, que ahora son mucho más jóvenes y no tienen el conocimiento de algunos de los hechos sucedidos hace varias décadas, por lo que tuvieron que recurrir a sabios y mayores que tienen más información.

 

Los daños de la desaparición forzada

Luis Domicó Domicó fue desaparecido el 15 de septiembre de 2013 por un grupo guerrillero en límites entre Chigorodó y Mutatá en el Urabá. Estaba en su segundo periodo como gobernador de la comunidad indígena Saundó.

Alberto*, un indígena de Chigorodó contó que Luis fue citado por ese grupo en un lugar ubicado a cinco kilómetros de la comunidad. “Él nos dijo que tenía problemas con el Quinto Frente por minería, porque los campesinos sacaban mucho oro en el río Juradó”, y la decisión en el cabildo fue suspender esa explotación, de la cual se beneficiaba el grupo armado al cobrar un impuesto. Dos días después, al no saber del paradero del gobernador, 180 indígenas recorrieron por dos semanas la Serranía de Abibe en su búsqueda. Pero no lo encontraron. Luego 1.500 indígenas marcharon en Chigorodó y Apartadó exigiendo el regreso de Luis Domicó, pero nunca hubo respuesta.

Para Alberto*, miembro del Consejo de Paz de la OIA, “hacer un líder nos cuesta mucho tiempo. Diez, quince años, para hacer el líder de una comunidad que hable y tenga sentido de pertenencia. Esa comunidad de Saundó casi se desplaza, nos costó mucho. Como hemos tenido una organización fuerte, aguantamos.”

La desaparición de este líder aún afectando a la comunidad de Saundó, agregó Alberto*, pues desde entonces los líderes permanecen menos tiempo al frente de la comunidad por miedo a ser nuevas víctimas de los grupos armados que hacen presencia en la región.

En este sentido, el informe Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia, publicado en 2016 por el Centro Nacional de Memoria Histórica, dice que “los daños que experimentan las víctimas son de distinta índole y se configuran, entre otros, por aspectos como el rol que ellas desempeñaban en su familia y en su comunidad, por los afectos y vínculos que caracterizaban sus relaciones con sus familiares, amigos, vecinos, compañeros, y por las actividades que desarrollaban y que pudieran resultar significativas o determinantes en las dinámicas sociales, organizativas y comunitarias.”

Las desapariciones de Luis Domicó y del gobernador Senú José Elías Suárez, fueron algunos de los hechos que más impactaron a los indígenas en el Urabá antioqueño. Al igual que ellos, hay otros indígenas desaparecidos a los cuales sus parientes no pudieron buscar. Ahora, a pesar de que no existen ni fotografías, ni documentos, ni otras evidencias, las familias esperan que la Unidad de Búsqueda pueda encontrar a sus seres queridos.

Cabe concluir con lo que expresó un indígena del pueblo Guna-Dule en Necoclí: “cuando ocurre una muerte natural no hay mucha discusión, porque es el tiempo de la vida de la persona, el tiempo que tejieron las abuelas para esa persona, pero cuando sucede violentamente, se está interrumpiendo el tejido que las abuelas tejieron para esa vida.”

 

*Nombres cambiados por seguridad de las fuentes.

Este artículo fue publicado originalmente el 1 de marzo de 2021, aquí.