Durante ocho años, siete miembros del antiguo secretariado de las FARC-EP deberán cumplir con trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto: JEP
Por 21 396 hechos victimizantes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) responsabilizó a siete exintegrantes del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
La Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal de Paz (SERVR) dio a conocer la sentencia —la primera en emitirse después de siete años de investigación— este 16 de septiembre de 2025.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, resaltó la importancia de este hecho judicial al señalar que, por primera vez, los comparecientes respondieron ante la justicia y reconocieron su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Además, subrayó que en Colombia nunca se había documentado la magnitud de estos delitos. “Por secuestro se escuchó a 402 comparecientes, de los cuales 41 fueron imputados como máximos responsables, entre ellos los integrantes del antiguo Secretariado”. Y agregó que durante el proceso, todos reconocieron su responsabilidad: “Esto fue posible no solo por la rigurosidad de la investigación y las evidencias irrefutables, sino también porque los comparecientes tuvieron que mirar a los ojos a sus víctimas y escuchar sus voces”.
Los responsables
Los sancionados por el Tribunal de Paz fueron: Rodrigo Londoño Echeverri, último comandante en jefe de esa guerrilla; Pablo Catatumbo Torres Victoria, excomanandante del Bloque Occidental; Pastor Lisandro Alape Lascarro, excomandante del Bloque Magdalena Medio; Milton de Jesús Toncel Redondo, excomandante del Bloque Sur y miembro del Estado Mayor Central; Jaime Alberto Parra, excomandante del Bloque Oriental; Julián Gallo Cubillos, excomandante del Bloque Oriental y miembro del Estado Mayor Central; Rodrigo Granda Escobar, excomandante del Bloque Caribe y miembro del Estado Mayor Central.
Según Camilo Suárez Aldana, magistrado ponente de la sentencia, los siete comparecientes fueron declarados máximos responsables y autores de “crímenes de guerra de tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual, desplazamiento forzado y por crímenes de lesa humanidad de tortura, esclavitud y otros actos inhumanos cometidos por unidades bajo su mando”.
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La investigación de la JEP concluyó que los exintegrantes del secretariado de las FARC-EP hicieron del secuestro una política criminal siguiendo tres patrones: financiar su organización armada, presionar al Estado colombiano para un intercambio de prisioneros y ejercer control social y territorial.
La sentencia
El magistrado Suárez Aldana detalló que los comparecientes de las FARC-EP realizarán trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador —TOAR— durante ocho años para contribuir a la reparación de las víctimas. “La máxima que permite el Acuerdo Final de Paz”.
También afirmó que esto implica restricción de derechos como la libertad de residencia y de movimiento. Además, estarán sujetos a un régimen de supervisión permanente de la JEP, portarán un dispositivo electrónico que permitirá al Tribunal para la Paz verificar en tiempo real su ubicación y actividades, deberán permanecer en un espacio geográfico determinado —que no implica cárcel— y cumplir con horarios y tareas específicas derivadas de la sanción impuesta.
Asimismo, detalló que los comparecientes deben seguir proporcionando información veraz, completa y detallada cada vez que la JEP los requiera, incluso en las demás macro investigaciones en las que están vinculados. “Esta justicia les exige mucho más a los responsables que estar encerrados en cárceles: tuvieron que reconocer públicamente sus crímenes, aportar verdad, dar la cara a las víctimas y ahora deberán trabajar en favor de ellas”, dijo Suárez Aldana, ponente de esta decisión judicial.
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Finalmente, la JEP advirtió que podrá ordenar proyectos restaurativos adicionales o complementarios en caso de requerirse para completar el período sancionatorio de ocho años o para reforzar la satisfacción de los derechos de las víctimas. Dichas iniciativas no implican, en ningún caso, la ampliación del tiempo de la sanción.
¿Qué sigue ahora?
La SERVR avanza en la etapa final de la investigación por los crímenes juzgados en este caso, contra exmandos medios de las siete estructuras con las que las FARC-EP planearon tomarse el poder. “Ya aceptaron responsabilidad en público diez mandos del Comando Conjunto Central, ocho del Bloque Occidental y siete del Bloque Noroccidental”, detalla el comunicado.
Asimismo, cinco exmandos medios del Bloque Caribe y cuatro del Magdalena Medio aceptaron responsabilidad por escrito y se preparan para hacerlo en público. Y, próximamente, se conocerá la imputación a los máximos responsables de los secuestros del Bloque Oriental y el Bloque Sur. Si los comparecientes cumplen con los requisitos de aportar verdad y reconocer los crímenes, podrán acceder a esta sección del Tribunal de Paz para recibir una sanción propia, como ya sucede con el último Secretariado de las FARC-EP.