Siete exmandos medios del bloque Noroccidental de las extintas FARC-EP reconocen su responsabilidad por secuestros en Antioquia, Chocó, Córdoba, Caldas y Risaralda. Los crímenes cometidos para financiarse produjeron graves daños sociales en el país.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a siete exmandos medios del bloque Noroccidental de las extintas FARC-EP para que reconocieran en una audiencia pública su responsabilidad por secuestros y otros crímenes perpetrados durante los cautiverios en Antioquia, norte de Chocó, sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. La diligencia se llevó a cabo el 24 y el 27 de junio en el municipio de Caicedo, donde sucedió uno de los secuestros más relevantes reconocidos por esta estructura, y Medellín, la capital del departamento más golpeado por este crimen en Colombia.
La investigadora Gloria María Gallego recoge en su libro Fue como un naufragio: Análisis y testimonios del secuestro en Colombia, que Antioquia registró, entre 1958 y 2021, una cifra de 7777 secuestros en ocasión del conflicto armado. Según la JEP, las estructuras del bloque Noroccidental fueron responsables de cerca del 25 % de todos los secuestros de las FARC-EP cometidos en el país, más de 20 223, entre 1990 y 2018, según la Comisión de la Verdad.
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas —abreviada como SARV— de la JEP imputó, en septiembre del 2024, a siete antiguos integrantes de este bloque por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la implementación regional de la política nacional de secuestro por parte de esta estructura armada. Este proceso judicial hace parte del Caso 01: “Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP”.
Esta imputación se basa en 314 hechos documentados por la JEP. Los crímenes concurrentes son toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, asesinato, violencia sexual, tortura, desaparición forzada, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos.
A esta audiencia regional de reconocimiento de verdad fueron convocados e imputados como máximos responsables: Luis Óscar Úsuga, también llamado ‘Isaías Trujillo’ o ‘El Viejo’; Jesús Mario Arenas, conocido como ‘Marcos Urbano’; Rodolfo Ruiz Restrepo, quien usaba el alias de ‘Víctor Tirado’; Martín Cruz Vega, conocido como ‘Rubín Morro’; Ovidio Antonio Mesa Ospina, llamado ‘Anderson’ o ‘Carranza’; Pedro Baracutao, quien mantenía su nombre en la guerrilla; y Jhover Man Sánchez Arroyave, apodado ‘Rubén Cano’ o ‘Manteco’.
En el proceso de contrastación judicial adelantado por la JEP se evidenció que estos comparecientes del bloque Noroccidental tuvieron poder y mando regional para liderar las acciones de la política de secuestro que ejecutó el antiguo Secretariado de las FARC-EP.
Según el Auto 20 del 12 de mayo de 2025 de la SARV, la práctica del secuestro adelantada por esta estructura estuvo marcada por tres patrones criminales: una política nacional de privar de la libertad a funcionarios, civiles de alta notoriedad y miembros de la Fuerza Pública para forzar su intercambio por guerrilleros presos; el secuestro a civiles para financiar sus operaciones con el dinero que pagaban los familiares para obtener la libertad de sus seres queridos; y la privación de la libertad, sin justificación militar, de personas que no participaban en las hostilidades, como forma de control social y territorial.
El secuestro con fines económicos
Algunos de los secuestros y crímenes cometidos por frentes que integraron el bloque Noroccidental tuvieron un alto impacto regional y nacional, que obedecía a la estrategia de tomar como rehenes a personajes de relevancia política y social, como fueron los casos del gobernador de Antioquia en ejercicio, Guillermo Gaviria Correa, y su asesor de paz, Gilberto Echeverri Mejía, secuestrados por el Frente 34 el 21 de abril de 2002 durante la marcha de la no violencia hacia el municipio de Caicedo (Antioquia), y quienes fueron asesinados, en medio de un fallido operativo de rescate, el 5 de mayo de 2003.
También es un caso emblemático de este patrón de criminalidad el secuestro del representante a la Cámara por Antioquia, Óscar Tulio Lizcano, cometido en agosto del 2000 en Riosucio (Caldas); el entonces congresista estuvo en poder del Frente Aurelio Rodríguez durante ocho largos años de cautiverio, cuando al fin pudo fugarse y recuperar su libertad.
La opinión pública nacional también conoció del secuestro y asesinato del cabo de la Policía José Norberto Pérez, entre 2000 y 2002: su hijo Andrés Felipe, enfermo de cáncer, falleció pidiendo la liberación de su padre, cuyo cuerpo fue encontrado en zona rural de Granada (Antioquia).
Si bien estos hechos son una herida sensible en la reciente historia de la región y del país, los secuestros con fines financieros, según lo dice el mismo Auto 20 de 2025, tuvieron graves afectaciones individuales, familiares y sociales, derivadas de la pérdida del sustento económico, el desplazamiento forzado y el desarraigo. Así mismo, generaron estigmatización hacia las comunidades donde operó el antiguo bloque armado.
La mayor cantidad de secuestros reportados por las víctimas de este bloque ocurrieron en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca en Antioquia, donde funcionaron los frentes 36 y 18. Los comparecientes reconocieron ante la JEP que esta área fue estratégica para las finanzas del bloque Noroccidental, no solo por el tráfico de cocaína, sino también por la extorsión y el secuestro de agricultores, ganaderos y comerciantes de oro.
Entre estos casos se encuentra el de Omar Darío Arboleda Vásquez, quien se dedicaba a actividades del campo en el Norte antioqueño. Omar le relató a la JEP que fue secuestrado el 2 abril de 1998, a las 6:30 de la mañana: “Salí en compañía de un trabajador del municipio de San José de la Montaña con ánimos de realizar trabajos en la finca La Aurora, en el camino exactamente en la finca Puente Seco, nos salieron dos personas encapuchadas y se nos subieron al carro en el que viajábamos”.
El automóvil avanzó unos trescientos metros, y después los hicieron bajar. Allí los esperaban otras dos personas armadas. “Fuimos requisados y después de esto regresamos donde nos pararon la primera vez, orillaron el auto y se identificaron”. Estas personas eran del Frente 36.
Al final de ese jueves, el trabajador que lo acompañaba quedó en libertad con una nota para pedir su rescate, y a él lo retuvieron en contra de su voluntad durante 23 días más. “Hasta que mi familia pudo reunir el dinero para pagar mi rescate. En este tiempo me tuvieron caminando por diferentes montes y caminos rurales”, contó Omar. Fue liberado el 25 de abril de 1998.
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Los secuestros con fines económicos estaban dirigidos a empresarios, comerciantes, ganaderos y agricultores. “A nivel de empresas nosotros hicimos la detención de unos empleados de cementos El Cairo, tratando de presionar a la empresa para que nos diera un impuesto mensual o anual”, afirmó el compareciente Jesús Mario Arenas, conocido como Marcos Urbano en una audiencia de la JEP.
La SAR identificó que, para seleccionar a las víctimas de secuestro, las estructuras del bloque se apoyaron en milicianos e informantes civiles, a quienes les pagaban. Con frecuencia era un continuo de extorsión y secuestro. Los comparecientes reconocieron que para extorsionar a los empresarios en algunos casos quemaron buses o usaron explosivos en las oficinas o locales de las compañías. Y cuando esto no funcionaba, entonces los secuestraban para forzar los pagos de las llamadas ‘vacunas’.
En otras ocasiones no había información previa de las personas a quienes iban a secuestrar, como sucedía en los retenes de las vías. Era esta la práctica de ‘pesca milagrosa’, en la que se llevaban a diez o quince personas a una zona montañosa, allí los requisaban e indagaban sobre su capacidad económica, luego, dos o tres de ellas terminaban secuestradas para exigirles dinero a sus familias.
Bernardo Ernesto Vélez White, agrónomo y parte de una destacada familia de Antioquia, fue secuestrado el 23 de marzo de 2001 en una ‘pesca milagrosa’ del Frente 34 en cercanías de Cañasgordas (Antioquia). La investigación antes mencionada de Gloria María Gallego recoge buena parte de la vida y victimización que padeció la familia Vélez White, pues, además de Bernardo, su hermano Félix y su mamá, Gabriela White de Vélez, sufrieron en carne propia el secuestro.
Sobre la práctica de la ‘pesca milagrosa’, uno de los sobrinos de Bernardo, Marcos Vélez Botero —hijo de Félix Vélez White, asesinado en 1997—, expresa: “Lo cogieron accidentalmente en la carretera, no fue muy premeditado, pero cuando los guerrilleros se dieron cuenta de que era un Vélez White aprovecharon porque les parecía muy bacano volver a tener a alguien de nuestra familia. Era práctica común de las FARC jugar con el secuestrado y la familia hasta que no pudieran, era una tortura psicológica del grupo, la idea era desbaratar el aparato económico de la zona en que estuvieran”.
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Los secuestros con fines económicos perpetrados por el bloque Noroccidental de las extintas FARC-EP tuvo graves consecuencias, tanto para las víctimas como la sociedad en general. El Auto 20 de 2025 señala que, a nivel individual, quienes fueron privados de la libertad enfrentaron graves secuelas físicas y emocionales que afectaron su salud mental, deterioraron sus vínculos personales y dificultaron su capacidad de retomar la vida en sociedad tras el cautiverio.
El documento indica que el secuestro impactó gravemente la vida social de las comunidades, al imponer un ambiente de miedo e incertidumbre que deterioró la confianza colectiva, forzó desplazamientos y debilitó los liderazgos locales. Esta desestabilización afectó la cohesión comunitaria y tuvo consecuencias económicas al limitar la productividad, frenar la inversión y obstaculizar el desarrollo local. “Los territorios […] fueron utilizados para actividades ilícitas y como zonas de tránsito, repliegue, paso y asesinatos de secuestrados, afectando su relación con el territorio y sus posibilidades de ser solidarios”.
| ¿Cómo funcionaba el bloque Noroccidental? |
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| El bloque Noroccidental, también conocido como bloque José María Córdova, o Efraín Guzmán, o Iván Ríos, tuvo sus raíces en una comisión de 20 combatientes de las extintas FARC-EP que llegaron desde el Magdalena Medio al Urabá antioqueño en 1971 y formaron el Frente 5. A partir de ahí se fueron conformando más frentes y se expandieron por el Nudo del Paramillo hacia el Norte y el Suroeste de Antioquia, así como hacia el norte del Chocó por el río Atrato. Otros frentes del bloque se originaron en el desdoblamiento del Frente 4 ubicado en el Magdalena Medio, y llegaron a las regiones del Nordeste y el Oriente de Antioquia. En 1993, el Noroccidental se convirtió en una de las siete estructuras con las que la guerrilla buscaba cumplir el “plan estratégico” de tomarse el poder por las armas, cercando y dominando ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. El Auto 20 del 12 de mayo de 2025 detalla que en la VIII Conferencia Nacional Guerrillera de 1993 se le asignó a este bloque la misión de crear condiciones político-militares para controlar los territorios de Medellín, Urabá y la frontera con Panamá. En esta conferencia también se impuso la tarea de conseguir recursos económicos para financiar al grupo, y obtener dos millones de dólares anuales que debían enviar al Secretariado. El secuestro y la extorsión, junto con los ingresos derivados del narcotráfico y la minería ilegal, fueron las fuentes de este dinero. La JEP pudo establecer que este bloque, al igual que las otras organizaciones de la antigua guerrilla, tenía una estructura jerárquica y centralizada con un mando responsable vinculado al Secretariado; este marcaba los planes de acción a todos los frentes, incluyendo los planes de finanzas, con órdenes de secuestrar para conseguir cuotas fijas de dinero para su funcionamiento y para el Secretariado. El bloque Noroccidental tuvo nueve frentes rurales: el 5.°, el 9.°, el 18, el 34, el 36, el 47, el 57, el 58 y el Aurelio Rodríguez, ubicados en todas las regiones de Antioquia, el norte de Chocó, el sur de Córdoba, Risaralda y Caldas. Contaban además con el frente urbano Jacobo Arenas que operaba en Medellín y el Oriente antioqueño, y con la columna móvil Mario Vélez. Según la JEP, en el año 2000, en su momento de mayor expansión, el bloque Noroccidental llegó a tener 3145 combatientes y 923 milicianos. A partir del 2002, empezó su declive. La política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la mayor profesionalización del Ejército Nacional, las capturas y el enfrentamiento con las Autodefensas Unidas de Colombia tuvieron como resultado la muerte de dos de los comandantes del bloque y de varios comandantes de frente, así como la muerte o desmovilización de cientos de guerrilleros. Esto generó la pérdida de control territorial y capacidad bélica hasta su dejación de armas en 2017. |