Al menos seis víctimas de desaparición forzada han sido halladas en La Escombrera de Medellín, un sitio en el que la búsqueda forense es una tarea minuciosa e inédita en Colombia, no solo por las condiciones del terreno, sino también por las tensiones sociales e institucionales que el mismo proceso implica.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que el 14 y el 15 de julio fueron halladas otras estructuras óseas que corresponderían al menos a dos personas, en el predio La Escombrera, en la zona de ampliación de la medida cautelar ordenada por este tribunal en abril de este año.
En las mismas fechas, según la entidad, fueron entregados dignamente a sus familias los cuerpos de otras dos víctimas que habían sido halladas en el área en enero de 2025. “Se trata de dos hombres jóvenes, trabajadores honestos, habitantes de barrios Medellín, desaparecidos presuntamente por miembros del grupo paramilitar Bloque Cacique Nutibara en el 2002”, declaró la JEP en el comunicado de prensa.
A la fecha, se ha confirmado el hallazgo de seis personas en La Escombrera, donde se presume que fueron inhumadas un número indefinido de víctimas de los grupos armados en la primera década del 2000, principalmente habitantes de la Comuna 13 de Medellín y sus zonas aledañas.
La búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera es una de las más complejas en Colombia, ya que, entre otras razones, se trata de un terreno de límites urbanos en el que por más de veinte años se arrojaron allí toneladas de desechos de construcción que terminaron por enterrar aún más las posibilidades de hallar a las personas presuntamente inhumadas allí.
A esa complejidad se ha sumado en los últimos meses la distancia evidente entre la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), al menos en el caso La Escombrera. Con el llamado a que la búsqueda no se detenga y puedan producirse nuevos hallazgos, las víctimas solicitan mayor celeridad en las labores forenses y demandan una articulación más efectiva entre las entidades estatales que hacen parte del Sistema Integral de Paz.
Desde el año 2020, la JEP y la UBPD han intervenido e investigado el predio conocido como La Escombrera en los límites de San Javier y el corregimiento San Cristóbal; la primera entidad, con enfoque judicial para aportar al Caso 08 sobre crímenes cometidos por la Fuerza Pública en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado, y la segunda, con enfoque humanitario y extrajudicial en el que prevalece la función de aliviar el sufrimiento de los familiares de las personas desaparecidas, sin tener en cuenta las responsabilidades penales de los posibles ejecutores.
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Tales procesos de investigación e intervención forense se implican en la búsqueda que se adelanta allí con el acompañamiento y la veeduría de organizaciones sociales y defensoras de derechos como la Corporación Jurídica Libertad, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, la Fundación Santa Laura Montoya y los familiares de las personas desaparecidas.
Desarticulación institucional
Después de los primeros hallazgos forenses de diciembre del 2024 y enero del 2025 en La Escombrera, se hizo evidente en los medios de comunicación una distancia entre la JEP y la UBPD, que hacen parte del Sistema Integral de Paz y del Sistema Nacional de Búsqueda, frente a las particularidades de la búsqueda en esta zona de Medellín: primero, no hubo acuerdo entre las declaraciones ofrecidas por una y otra entidad con respecto a la difusión de las identidades de las víctimas allí encontradas, y luego, se conocieron dificultades presupuestales de la UBPD para continuar aportando a la búsqueda. En medio de estas tensiones, ha habido dificultades en la comunicación pública de cómo avanza el proceso.
Esta distancia entre entidades fue expuesta públicamente el 21 de mayo del presente año, cuando la JEP y la Alcaldía de Medellín anunciaron el fortalecimiento de la búsqueda con maquinaria amarilla, personal forense, mantenimiento del talud —la pared del terreno— y el avance hacia las fases 5 y 6 de la intervención forense, sin mencionar en los comunicados la participación de la UBPD.
En aquel momento, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice) señaló en un comunicado su preocupación al respecto. “Lo ocurrido en La Escombrera es reflejo no solo de problemas de coordinación, sino también, y de forma aún más preocupante, de disputas de egos y competencias por el reconocimiento público, en un proceso donde lo fundamental debería ser el respeto y la dignificación de las víctimas”, se lee en el documento.
La desarticulación se evidenció aún más en un comunicado del 27 de mayo de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, que cuestionó la exclusión de la UBPD de una audiencia clave de la JEP sobre fortalecimiento presupuestal del Sistema Integral de Paz: “Hacemos un llamado a mantener y profundizar los canales de diálogo y colaboración armónica entre las instituciones que conforman el Sistema Integral. La búsqueda de las personas dadas por desaparecidas como mandato humanitario y extrajudicial en cabeza de la UBPD requiere del respaldo técnico, financiero y político del conjunto del Estado colombiano”.
María Victoria Fallon, abogada, defensora de derechos humanos y directora del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), explicó que, según el Acuerdo de Paz, las leyes que lo desarrollaron y el decreto que creó la UBPD, y que además fue revisado por la Corte Constitucional, la búsqueda de desaparecidos le corresponde a la UBPD. “La UBPD tiene la responsabilidad de dirigir y coordinar todos los procesos relacionados con la implementación de la búsqueda, incluyendo las prospecciones, excavaciones, recuperaciones e incluso las entregas dignas”, afirmó.
También señaló que el hecho de que sea una entidad humanitaria la que realice las excavaciones no interfiere en absoluto con el proceso judicial: “La UBPD es quien tiene la competencia para dirigir a los trabajadores, cuyos forenses determinan las zonas a intervenir, cómo se deben trazar las cuadrículas, en qué puntos se realizan las actividades, cómo se utilizan las zarandas y cómo se deben embalar adecuadamente los elementos encontrados”, dijo la abogada que representa a la familia de Arles Edisson Guzmán, desaparecido en noviembre del 2002 en la Comuna 13 y cuyo caso fue denunciado por el GIDH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según la abogada, los cuatro primeros hallazgos de La Escombrera fueron realizados por el equipo de la UBPD. Los del 14 y 15 de julio fueron anunciados por la JEP como realizados por su Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) con el refuerzo de personal, que cuenta con el apoyo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
El paso a paso de la intervención
El plan de intervención forense de La Escombrera fue elaborado por la UBPD, a partir de las medidas cautelares impuestas en el 2020 por la JEP sobre este lugar, en diálogo y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. En la concreción de este plan se tuvieron en cuenta diversas fuentes de información como la JEP, la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para las Víctimas, entre otras.
Según el Plan de Búsqueda Regional del Valle de Aburrá (PBRVA) de la UBPD, en el área metropolitana existe un universo 5438 víctimas; en la Comuna 13 hay reportes de 502 personas dadas por desaparecidas. Sin embargo, John Mesa Bedoya, investigador y encargado del PBRVA, aclaró que en esta región del país existe un alto subregistro: “Este es un estimado, ya que hay mucha información que necesita ser complementada para determinar con exactitud el número total de desaparecidos”.
El plan de intervención forense de La Escombrera contempla cinco fases: en la fase 1, se revisaron documentos, imágenes satelitales y distintas fuentes de información; la fase 2 consistió en una prospección no intrusiva, usando drones y métodos geofísicos; en la fase 3, se realizaron excavaciones exploratorias para entender el comportamiento del terreno; la fase 4 implicó el cruce de datos y la elaboración de una propuesta de intervención; y en la fase 5, se instalaron equipos especializados y comenzaron las excavaciones en el sitio.
Julián Arias, antropólogo a cargo de la Dirección de Prospección, Recuperación e Identificación de la UBPD, explicó que para esta intervención se recogió información de excombatientes, análisis de fotos tomadas en distintos momentos, referencias del paisaje como antiguos caminos y una laguna ya inexistente, así como datos geofísicos. “También se hicieron pruebas piloto de excavación a menor escala, llamadas trincheras o pozos de control, para entender el comportamiento del relleno antrópico y definir una estrategia de intervención”, dijo.
Con base en la información recolectada, se priorizó un área de interés forense de 2417 metros cuadrados. A partir de esto, la UBPD inició las primeras labores de intervención en noviembre del 2022, realizando apiques, es decir, excavaciones pequeñas que permitieron analizar la composición y el comportamiento del suelo.
Como el suelo de La Escombrera es antrópico, es decir que ha experimentado cambios por la actividad humana, se utilizó la geofísica para analizar el comportamiento del relleno. El relleno está compuesto de materiales “como desechos de construcción, tuberías, ladrillos, tierra mezclada con basura, etiquetas con fechas visibles, ropa y otras prendas que no representan evidencia ni elementos materiales probatorios, sino que simplemente forman parte del relleno como tal”, comentó el antropólogo.
Las excavaciones a gran escala, parte de la fase 5 planeada inicialmente, comenzaron en julio del 2024. Su planificación y ejecución requirió de la colaboración de un equipo interdisciplinario con conocimientos en ingeniería, geotecnia, geofísica, antropología y arqueología forense.
Este proceso implicó la adecuación del terreno mediante la creación de terrazas y drenajes, la instalación de un sistema de monitoreo para seguir la estabilidad de la montaña, el descapote de la capa superior del suelo y el corte del talud para facilitar la remoción de material con maquinaria pesada, también llamada amarilla.
En la intervención han participado diversos profesionales, como antropólogos forenses, odontólogos forenses, criminalistas, ingenieros civiles, investigadores, interventores, topógrafos, auxiliares y operarios de maquinaria. Cada uno cumple un rol específico dentro del proceso forense, desde el análisis especializado hasta el apoyo técnico y operativo en terreno.
El área de mayor interés con la zona de apoyo incluye los taludes, los bordes inclinados del terreno y las demás zonas de trabajo. Según Gustavo Salazar, magistrado de la JEP, esta área de 3000 metros cuadrados se divide en cuadros, los cuales a su vez se organizan en cuadrículas. “Cada una de ellas se va excavando poco a poco, con un objetivo principal: llegar al suelo histórico, es decir, al nivel original del terreno, antes de que fuera alterado por el relleno. Este proceso se evalúa todos los días, según el avance de la excavación”, dijo.
El magistrado Salazar, que ha estado presente en todos los hallazgos, le explicó a Hacemos Memoria que, cuando se estima que los cuerpos están a mayor profundidad, se usa maquinaria pesada. Pero al acercarse al suelo histórico, que corresponde al periodo 2000-2004, se emplea una draga mucho más pequeña, sin dientes, adecuada para las etapas más delicadas del trabajo. “En ese momento, la maquinaria remueve la tierra con mayor precisión, lo que permite seleccionar el material extraído para realizar un tamizaje más detallado. Esto ocurre especialmente cuando ya se está muy cerca del suelo histórico”, detalló.
El tamizaje manual es una técnica utilizada comúnmente en la búsqueda a pequeña escala para lograr una verificación minuciosa del material extraído. “El tamizaje se hace pasando la tierra por zarandas o cedazos, con el fin de identificar si contiene estructuras sólidas o material de interés forense”, describió el magistrado Salazar.
A medida que avanza la excavación, los forenses evalúan cada cuadrícula: “Cuando se alcanza el suelo histórico, ellos deciden cuál será el siguiente paso. Esto puede incluir bajar el nivel de la excavación (la cota), excavar hasta tres metros más, abrir trincheras u otras acciones. Estas decisiones se toman caso por caso, según las condiciones específicas de cada cuadrícula”, prosiguió el magistrado.
En las últimas etapas del proceso, los obreros trabajan con pico y pala para remover la tierra. Sin embargo, cuando hay un posible hallazgo, los forenses asumen completamente el control del área.
A partir de ese momento, el trabajo se realiza con herramientas pequeñas como palitas, palustres y brochas. “Esto se hace para evitar dañar cualquier evidencia. Además, se realiza un registro fotográfico y estratigráfico, es decir, se documenta la profundidad exacta y la ubicación de cada hallazgo. Finalmente, todo el material encontrado se embala cuidadosamente para su análisis”, puntualizó el magistrado.
Continúan las labores
En un comunicado del 8 de mayo, la JEP anunció la protección del polígono extendido por los próximos seis meses —al menos hasta noviembre—, y ordenó al Grupo de Apoyo Técnico Forense, de su Unidad de Investigación y Acusación, asumir la coordinación y ejecución del “Plan de intervención técnico-forense de La Escombrera”.
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Para ese momento, la JEP evaluó la posibilidad de redefinir el espacio de interés forense, para ampliarlo. Dijo entonces el magistrado Gustavo Salazar: “Hemos tratado de reconstruir el porqué se encontraron los cuerpos en el límite del polígono y no un poco más hacia el centro. Inicialmente, pensábamos que los hallazgos se ubicaban unos veinte o treinta metros más al sur. Eso nos plantea la necesidad de una ampliación, hacia el norte, nororiente y un poco hacia el sur”. Con esa ampliación del polígono se inició una fase 6 de la intervención sin que se agote la búsqueda correspondiente a la fase 5.
Los hallazgos del 14 y 15 de julio ocurrieron en esta zona de ampliación. “El hallazgo se dio a pocos metros del lugar donde fueron encontradas las cuatro primeras víctimas en diciembre de 2024 y enero de 2025”, afirmó la JEP.
Mientras los trabajos forenses continúan, las víctimas y organizaciones que las acompañan insisten en la construcción colectiva de memoria y en la búsqueda de verdad y de justicia. El 30 de junio, la Fundación Santa Laura Montoya, el Movimiento de Sacerdotes de la Iglesia de los Pobres y la organización de buscadoras Mujeres Unidas por la Libertad lideraron una peregrinación a La Escombrera; el recorrido, que contó con la participación de cerca de cien peregrinos, también fue acompañado por el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad (MCV), la Corporación Jurídica Libertad, la JEP y la Alcaldía de Medellín.
Al cierre de este evento, Margarita Restrepo, una de las lideresas de las familias buscadoras, agradeció a los asistentes y añadió: “Esto es una manera de resistir y una forma de recordar a nuestros familiares y a las mujeres buscadoras que ya no están con nosotros, a las que se fueron. Es una forma de recordar también que nosotros espiritualmente necesitamos que la búsqueda no se detenga”.
Asimismo, en los últimos días de junio, las integrantes del colectivo MCV, al que pertenece Restrepo, realizaron un mural en la sede Robledo de la Universidad de Antioquia, en homenaje a sus compañeras fallecidas durante los años de búsqueda.