A un año de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (SNB), los familiares siguen enfrentando un escenario marcado por la frustración, la lentitud institucional y los reprocesos.
Por Emmanuel Zapata Bedoya
Foto de portada: INMLCF
Pese a que el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) fue creado en 2023 para agilizar la ruta que emprenden los familiares de personas desaparecidas, estos afirman que continúan enfrentando silencios, reprocesos y pérdida de pruebas clave. Las personas buscadoras denuncian que la falta de coordinación entre instituciones como la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) sigue entorpeciendo la localización de más de cien mil personas desaparecidas en Colombia.
Este sistema, liderado por la UBPD, busca articular a más de veinte entidades e instituciones del Estado para acelerar la búsqueda de las personas que fueron desaparecidas en el marco del conflicto armado. No obstante, para muchas víctimas, la creación del SNB por medio de la Ley 2294 de 2023, en su artículo 198, no ha representado un cambio significativo en su realidad cotidiana. Por el contrario, relatan que la descoordinación entre instituciones, la pérdida de información clave y las respuestas ambiguas continúan siendo parte de su día a día.
El SNB está compuesto por una comisión intersectorial, cuatro comités técnicos, un nivel de territorialización y una comisión asesora en la que participan víctimas y organizaciones sociales. Esta estructura debería facilitar una búsqueda más eficiente, más humana y centrada en las necesidades de las víctimas. “El Sistema Nacional de Búsqueda se crea con la intención de acelerar la puesta en marcha del Plan Nacional de Búsqueda”, afirma Adela Katherine Higuera Girón, asesora de la dirección general de la UBPD.
El Plan Nacional de Búsqueda (PNB), a diferencia del SNB, fue diseñado por la UBPD en conjunto con familiares de víctimas de desaparición forzada, con el propósito de transformar el enfoque tradicional de búsqueda: “pasar de un modelo judicial a uno extrajudicial y humanitario, que contribuya a garantizar el derecho a la verdad de las personas desaparecidas y a aliviar el sufrimiento de sus seres queridos”, así como lo define la UBPD en su sitio web. Entonces, el PNB establece una ruta de acción centrada en la búsqueda humanitaria, mientras que el SNB tiene la tarea de facilitar y agilizar esa búsqueda, utilizando las herramientas institucionales disponibles.
Para entender cómo funcionan el PNB y el SNB, hay que tener en cuenta que en Colombia varias instituciones del Estado tienen la responsabilidad de buscar a personas desaparecidas, cada una con funciones y enfoques específicos. La UBPD, creada en el marco del Acuerdo de Paz, lidera acciones humanitarias y extrajudiciales para localizar personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado; cuenta con un Portal de Datos que reúne información sobre el universo de desaparecidos, personas buscadoras y lugares de interés forense. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por su parte, gestiona el Registro Nacional de Desaparecidos (RND) y el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC), los cuales registran y cruzan información sobre personas desaparecidas y cuerpos no identificados, y permiten consultas públicas. También interviene la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE), que investiga casos, realiza exhumaciones y gestiona procesos de identificación.
Estas instituciones utilizan bases de datos especializadas que cumplen funciones clave en el proceso de búsqueda. Primero, permiten registrar información detallada sobre las personas desaparecidas y quienes las reportan. Luego, posibilitan el cruce de datos entre reportes y cuerpos no identificados, con el objetivo de encontrar coincidencias. Algunas plataformas, como el SIRDEC o el Portal de la UBPD, dejan hacer consultas a los familiares o a la ciudadanía, mientras que otras se utilizan internamente para la investigación. Estas herramientas también permiten hacer seguimiento a los casos y su evolución. Mientras la UBPD opera con un enfoque humanitario y centrado en el conflicto armado, el RND de Medicina Legal se orienta a la identificación forense mediante la recolección y comparación de datos ante mortem y post mortem.
Un sistema frágil
A pesar de la existencia de estas instancias y del trabajo que han realizado, desde las regiones la articulación efectiva entre las mismas se percibe frágil. Las víctimas evidencian la falta de coordinación que se traduce en largos silencios institucionales cuando solicitan información sobre sus familiares o casos, así como en la pérdida de pruebas de ADN o de sus registros en las bases de datos públicas. Esta situación genera reprocesos innecesarios, ya que otras entidades del Estado deben repetir las jornadas de toma de muestras. Más allá de las fallas técnicas y operativas, lo que prevalece es un sentimiento creciente de desesperanza entre quienes buscan a sus seres queridos.
Blanca Nury Bustamante, mujer buscadora de Puerto Berrío, Antioquia, y lideresa y víctima del conflicto armado por la desaparición de sus dos hijos: Jhon Jairo Sosa Bustamante, soldado regular que fue desaparecido en 2003, y Lizeth Andrea Sosa Bustamante, de 9 años, a quien busca desde el 2007, manifiesta que su municipio ha sido objeto de múltiples intervenciones por parte de la UBPD y ha sido incluido en procesos de investigación de la JEP. Sin embargo, para ella y otras víctimas, el acceder a información concreta sobre sus casos en particular es muy difícil.
“Nosotras las buscadoras hemos pedido información a la Fiscalía por nuestros casos y por otros de otras familias, y nos remiten a oficinas de Barrancabermeja, cuando esa información debería estar en nuestro territorio. La misma UBPD ha solicitado información y la Fiscalía ha guardado silencio o ha dado respuestas ambiguas. ¿Cómo vamos a avanzar si entre ellos no se hablan o no nos responden?”, dice cuestionando estos hechos.
En Colombia, muchas familias buscadoras y lideresas como Blanca Nury han probado múltiples formas de búsqueda ante la lentitud o ineficacia institucional. Estas acciones incluyen los recorridos autónomos por territorios señalados por testimonios de amigos y vecinos, la identificación de posibles fosas, la recolección de relatos comunitarios y la construcción de archivos familiares de memoria. También han interpuesto denuncias ante la Fiscalía, la UBPD y otros organismos, además de participar en jornadas de toma de muestras de ADN y consultas en registros públicos. Sin embargo, que sucedan casos de negligencia como los que expone Blanca Nury, refleja las trabas que las instituciones imponen a las familias afectadas por este hecho victimizante.
Muestras perdidas
Este tipo de situaciones, lejos de ser excepcionales, se repiten en todo el país. En Puerto Triunfo, otro municipio del Magdalena Medio antioqueño, Marleny Salazar, coordinadora de la mesa de víctimas de ese municipio, denuncia una situación en particular: la pérdida de muestras de ADN que fueron tomadas por la Fiscalía en 2013 y que, una década después, no se sabe dónde están.
“Se tomaron más de 80 muestras. En 2023, la UBPD vino a intervenir el cementerio, y cuando nosotras, las víctimas, solicitamos esa información para poder continuar con la intervención, la Fiscalía nunca respondió”, relató con indignación Marleny, quien también es víctima en esta región limítrofe de Antioquia, Boyacá, Bolívar y Caldas. “Algunas de las mujeres que dieron esas muestras ya murieron. Si las pruebas se perdieron, también se perdió la posibilidad de identificar muchos cuerpos”, puntualizó.
Según la UBPD, en esta región se registran más de 5300 personas dadas por desaparecidas, lo que da cuenta de la magnitud del dolor y la urgencia de una acción coordinada y transparente por parte del Estado.
El caso de la familia Giraldo Giraldo, en Granada, Antioquia, es otro testimonio que refleja la ineficiencia institucional. Tras la desaparición de Jair de Jesús en 2006, su esposa Luz Dary y su hijo entregaron muestras de ADN a la Fiscalía un año después, en 2007. En 2013, el cuerpo fue encontrado en una fosa común, pero solo fue identificado en 2025, gracias a un nuevo proceso liderado por la UBPD.
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“El día de la entrega digna preguntamos por esas pruebas. Nos dijeron que nuestras muestras se perdieron. Solo lo identificaron porque hubo otra toma de ADN organizada por la UBPD. ¿Cómo es posible que después de tantos años ni siquiera sepan qué hicieron con nuestras pruebas? ¿Y si no hubiéramos participado otra vez?”, se cuestiona indignada Luz Dary.
En este caso en particular, la Fiscalía respondió a un derecho de petición de información afirmando que las muestras de ADN de Luz Dary y su hijo Elkin fueron debidamente radicadas y enviadas desde Bogotá al grupo de Genética de Barranquilla el 29 de abril de 2011. Sin embargo, la comunicación no aclara por qué las muestras fueron trasladadas a esa ciudad ni por qué este envío se realizó cuatro años después de la toma inicial. A pesar de estas inconsistencias, en la respuesta también se afirma que las muestras llegaron finalmente al grupo de genética del CTI, donde fueron ingresadas a las bases de datos sin que se obtuviera un resultado de identificación.
Prolongar la espera
Este tipo de fallas no solo representa “desorden” entre las instituciones, como lo definen las víctimas, sino también un reproceso y más retrasos en la búsqueda de personas que fueron desaparecidas. “La ineficiencia institucional se convierte en una forma de revictimización”, insiste Blanca Nury, víctima de Puerto Berrío.
Desde la UBPD se reconoce que el principal obstáculo del sistema sigue siendo lograr una verdadera coordinación interinstitucional. Como señala Higuera Girón, “articular a tantas instituciones que estaban acostumbradas a trabajar solas es un gran reto. Esa es nuestra tarea y tenemos que hacerla de forma rápida”. La asesora de la dirección general de la UBPD insiste en que la creación del SNB es apenas un primer paso, pero que la meta debe ser construir una política pública de búsqueda sólida, sostenible y con un enfoque realmente humano.
“La mayoría de las buscadoras en Colombia son mujeres adultas mayores. Muchas de ellas están muriendo sin saber la verdad. No podemos permitir que los casos se sigan perdiendo en el papeleo o en la desidia institucional. Necesitamos con urgencia una política pública que perdure en el tiempo. La UBPD tiene un mandato temporal, pero la Fiscalía queda, Medicina Legal queda, el Estado queda. Por eso debemos dejar una ruta clara y humana que continúe con la búsqueda sin inconvenientes como los que expresan las víctimas”, advierte.
Esta política no solo pretende articular los esfuerzos actuales, sino también recuperar la confianza de las víctimas, acercar el sistema a las comunidades más afectadas y garantizar que la búsqueda de las personas que fueron desaparecidas siga siendo una prioridad nacional.
“Mientras las entidades del Estado intentan aprender a trabajar juntas, miles de familias seguimos caminando como podemos, con carpetas llenas de papeles, nombres, fechas, cartas sin respuesta y una esperanza que se agota con los años. Para nosotros el tiempo no es una cifra institucional: es el rostro de muchas madres que fallecen sin saber dónde está su hijo; es una tumba sin nombre que no puede ser llorada”, manifestó Marleny Salazar, lideresa de Puerto Triunfo.
A un año de su nacimiento, el SNB representa un paso necesario —aunque insuficiente— hacia una respuesta integral frente a la desaparición forzada. Las víctimas no solo exigen resultados. Piden humanidad, coherencia y compromiso real. “Solo pedimos que la búsqueda de nuestros familiares no sea un mandato institucional, sino que sea una causa de carácter nacional y, sobre todo, una promesa cumplida”, enfatizó Marleny Salazar.