En la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, este artículo destaca la labor y el legado de Asfaddes, la asociación de familiares que por más de treinta años ha recorrido caminos jurídicos y sociales por el reconocimiento de este delito.
Por Liza Acevedo Sáenz*
Foto: archivo de Asfaddes Medellín
El 4 de febrero de 1983, decenas de personas caminaron por las principales calles de Bogotá con claveles blancos y con las fotografías ampliadas de sus familiares y amigos que habían sido detenidos desaparecidos el año anterior. Por primera vez en Colombia se denunciaba públicamente la desaparición forzada de civiles, delito que en el imaginario social correspondía solo a gobiernos dictatoriales como el de Argentina o el de Chile. Sin embargo, este acto público evidenciaba que cientos de personas eran desaparecidas no solo en dictaduras cívico-militares sino también en países con democracias aparentemente estables.
En septiembre de 1977 se registró oficialmente la primera desaparición forzada en Colombia. Omaira Montoya, militante de izquierda, fue detenida por la Policía en Barranquilla, en el marco del Paro Cívico Nacional, y nunca más se supo de ella. Después de este hecho y tras la consolidación del Estatuto de Seguridad Nacional en 1978, los registros de delitos con estas mismas características empezaron a aumentar sustancialmente. Ante esto, madres, padres, esposas, hermanos, hijos y amigos denunciaron en entidades estatales la desaparición de sus familiares, y se enfrentaron a dos grandes dificultades: por un lado, la mayoría de los casos implicaba a las mismas entidades que recibían las denuncias; por otro, no había un cuerpo legislativo ni jurídico que correspondiera a las características de este delito. Es decir, la desaparición forzada no estaba tipificada en Colombia, por lo tanto, no había herramientas para la investigación de los casos ni para la judicialización de los responsables.
De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, la resolución del caso de Omaira Montoya por parte de la jurisdicción penal militar llevó simplemente a la suspensión o destitución de los policías que la detuvieron. No hubo un proceso en la justicia ordinaria, de manera que el crimen fue tratado como una falta disciplinaria. La impunidad del caso hizo evidente que la desaparición forzada se configuró para desafiar el paradigma judicial que plantea que, si no hay pruebas, no hay delito.
El drama social vivido por los familiares de los desaparecidos tenía en común la incertidumbre y la ambigüedad generadas por la ausencia tanto de información como de pruebas y de testigos frente a la detención y desaparición de los suyos. Además, también compartían la revictimización que sufrían al denunciar sus casos en las entidades estatales que no reconocían el crimen ni actuaban frente a él. En muchas ocasiones, los funcionarios públicos culpaban a las mismas víctimas por la desaparición. “Seguro está echándose una canita al aire”, “tal vez se fue de fiesta”, “quién los manda a meterse donde no deben”; estas fueron algunas de las respuestas que los familiares de los detenidos desaparecidos recibieron al denunciar sus casos.
Madres, padres, esposas, hermanos, amigos e hijos no solo debían lidiar con el sufrimiento de la desaparición de los suyos, sino también construir un lenguaje que permitiera que sus casos fueran tratados en la justicia ordinaria con el rigor y la seriedad que merecían. Por eso, necesitaban crear un sistema normativo que les diera herramientas para confrontar a un Estado perpetrador, cómplice o negligente en los casos de desaparición forzada.
Frente a esto, la primera organización de víctimas de Colombia, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asfaddes, se dedicó desde sus inicios a nombrar el crimen que les arrebató a sus familiares. En 1991, realizó una ponencia ante la Asamblea Constituyente para que fuera incluido el artículo 12, que prohíbe la desaparición de personas en la Carta Constitucional. Entre 1988 y el 2000, la organización trabajó junto a otras entidades en más de cinco proyectos de ley que buscaban tipificar el delito y que fueron rechazados, hasta que en julio del año 2000 lograron esta tipificación con la Ley 589.
Este avance tan importante para los familiares de los desaparecidos no pasó desapercibido por los violentos. En octubre del mismo año de la tipificación, dos familiares buscadores de Medellín fueron detenidos y desaparecidos. Se presume que la desaparición forzada de Ángel Quintero y Claudia Monsalve fue ejecutada por el general Mauricio Santoyo, quien en la época era el director del Gaula. Actualmente, este militar y exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez se encuentra investigado por la JEP por el delito de concierto para delinquir y desaparición forzada.
La desaparición de los dos defensores de derechos humanos golpeó profundamente a Asfaddes. Las personas asociadas llevaban años siendo perseguidas, amenazadas e incluso fueron víctimas de un atentado con bomba en sus instalaciones, que pretendía eliminar parte del archivo que la organización había constituido. A pesar de esto, continuaron construyendo camino. En 2010, fueron una de las organizaciones que con más vigor impulsaron la Ley 1408 para homenajear a las víctimas de desaparición forzada. En esta ley se ratifica en Colombia el acogerse a la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, durante la última semana de mayo.
Estas son algunas de las tantas acciones logradas por Asfaddes en términos legislativos y jurídicos desde que sus primeros integrantes decidieron reunirse con claveles blancos y denunciar públicamente la desaparición de sus hijos. En la actualidad, los avances en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas son sustanciales en comparación con los primeros años, en los que ni siquiera existía un delito que cubriera este tipo de acciones.
Hoy, 25 años después de la Ley 589 y a vísperas de la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, se hace necesario homenajear también a las personas buscadoras que sembraron el camino por el cual hoy muchas organizaciones de víctimas caminan y multiplican el legado de Asfaddes.
En muchos lugares de Colombia, Asfaddes continúa activa. En Medellín, lugar donde conocí la organización y aprendí del inmenso legado que construyeron no solo para los familiares de los desaparecidos, sino también para toda una población que sueña con un país en paz y sin desapariciones forzadas, ellas siguen trabajando. Tal vez no con las mismas fuerzas con las que comenzaron, pues los años de búsqueda, de espera, de lucha frente a la negligencia y el olvido del Estado las han agotado. Sin embargo, su legado sigue latiendo en las organizaciones de víctimas, en las herramientas que construyeron, en quienes hoy aprendieron de ellas y buscan, denuncian y nombran a los desaparecidos. Su fuerza está en todas las personas buscadoras que insisten en verdad, justicia, reparación y no repetición.
* Liza Acevedo Sáenz es antropóloga de la Universidad de Antioquia y Doctora en Antropología Social de la Universidad de São Paulo, Brasil. Acompaña a Asfaddes seccional Medellín como voluntaria desde el 2016. Correo: lizasaenz01@gmail.com.