De las informaciones que algunos medios producen sobre el Paro Nacional en Colombia pueden extraerse varios errores que se cometieron en el cubrimiento del conflicto armado. Recuperar esos aprendizajes y ponerlos en práctica hacen que valga la pena hacer memoria.
Opinión por: Esteban Tavera
Pareciera que no hemos aprendido nada. Se suponía que después de la firma del Acuerdo Final de Paz, con el que se logró lo más difícil que fue desarmar un conflicto con la guerrilla más antigua del continente, vendría lo más fácil, que sería desarmar la palabra usada como instrumento de la guerra durante muchos años. Pero el reciente contexto de movilización en todo el país ha dejado al descubierto que muchas de esas lecciones del pasado en realidad nunca fueron aprendidas.
Desde que comenzaron las manifestaciones en desarrollo del Paro Nacional en Colombia, algunos medios de comunicación han incurrido una y otra vez en las mismas actitudes informativas que en el pasado sirvieron para atizar odios, promover estereotipos y reflejar una sociedad divida entre amigos y enemigos. El cubrimiento que varios medios de comunicación han desplegado sobre este Paro Nacional nos actualiza algunos de los errores informativos cometidos ya en el pasado sobre el ejercicio de informar los conflictos armados, sociales o políticos. A continuación algunos aspectos importantes de analizar.
1. Informar sobre una lógica de amigo/enemigo
Durante décadas, especialmente durante las presidencias de Álvaro Uribe, los integrantes de las Farc-ep y el ELN fueron presentados por algunos medios de comunicación como los enemigos absolutos de Colombia denigrando su condición humana. Así lo dice el estudio La construcción del enemigo en el conflicto armado colombiano 1998-2010, publicado en 2010 por un grupo de investigadores del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia: “Algunas formas de concebir y enfrentar al enemigo, las cuales tienden a privarlo de su condición de persona, han llevado a los actores armados a traspasar las limitaciones impuestas por el Derecho Internacional Humanitario. El enemigo ha sido nombrado no solo como rival, contrincante u obstáculo, sino también como bandido, terrorista, monstruo, maleza, bestia, demente, canalla, etcétera”.
En la actual coyuntura la palabra usada para incurrir en señalamientos deshumanizantes es “vándalos”; un término que es usado sin criterio alguno y que, en los medios, carece de sustento, definición o delimitación. Para algunos medios es igual de “vándalo” aquel que impide el flujo vehicular en una vía pública en medio de una manifestación, que quien quema un bus o agrede a un integrante de los cuerpos de Policía.
Lo peor de esto es que ese apelativo ha servido para etiquetar a las personas que se convierten en blancos legítimos para cualquier tipo de violencia represiva. Es decir, el solo etiquetamiento de una persona o un colectivo como “vándalos”, abre las puertas para que los organismos de seguridad del Estado combatan a esas personas con todos los recursos que tengan a su alcance sin que medie la proporción de la fuerza y, en los peores casos, sin que se respeten los marcos constitucionales que regulan el uso de ese accionar.
Allí se ve claramente aplicado el efecto deshumanizante que tiene el uso de tal expresión y, como ya lo aprendimos en la larga experiencia de conflicto armado, este tipo de concepciones fomentan y legitiman a quienes ofrecen como única solución los grupos de autodefensa armada. Ya hemos visto en la actual coyuntura cómo en Medellín y Cali han circulado videos en los que se ve a civiles armados que intimidan a quienes protestan y que juran proteger la propiedad privada a sangre y fuego.
Pero, además, ese señalamiento ocasiona que cuando un manifestante denuncia que fue golpeado, torturado, abusado o herido por parte de un integrante de la Policía, la duda recae sobre él, que pasa de ser víctima a tener que demostrar que no estaba haciendo nada “malo”. La expresión más triste de esto puede verse en algunas de las declaraciones de padres o madres de personas asesinadas en medio de las protestas a quienes, en medio de su dolor, les obligan a presentar evidencias de que sus familiares no hacían parte de una protesta o no estaban “vandalizando”. Obviamente, de fondo siempre queda la pregunta: ¿entonces se permite asesinar a alguien que participa de una manifestación o que se comporta como “vándalo”?
Y finalmente, esta lógica que separa a la sociedad entre amigos y enemigos, se ve reflejada en informaciones que replican discursos en los que algunas muertes se califican como más injustas que otras. Estas calificaciones replicadas por los medios son pronunciadas por todos los bandos en conflicto. Algunas provienen de personas que se manifiestan a favor del paro, para quienes la muerte de un policía no amerita un proceso de verdad y justicia eficiente, contrario a lo que exigen cuando en los casos en que las víctimas fueron manifestantes. Igual sucede con aquellos que están en contra del paro, para quienes la muerte de un manifestante es justificable, pero la de un Policía es motivo de estridentes homenajes y merece implacables represalias.
2. Informar a partir de una simplificación del problema
No es cierto, como pretenden hacerlo creer algunas informaciones sobre el Paro Nacional, que todas las acciones de hecho ejercidas por las personas que protestan son acciones violentas. No pueden ponerse en el mismo nivel acciones como el bloqueo de una vía, la quema de un bus o el asesinato de un miembro de la Policía.
Pero, además, aquellas expresiones que sí son violentas tampoco pueden igualarse. Cuando se igualan las reacciones violentas, desproporcionadas y abusivas que ejercen miembros de las fuerzas militares, con las expresiones violentas que se producen en el marco de una acción política, se desconoce una lección más que nos ha dejado nuestro conflicto armado interno: que hay una larguísima tradición política y jurídica que, por un lado, reconoce que las conductas violentas de los ciudadanos que protestan tienen un carácter reivindicativo y, por el otro, condena la violencia que ejercen los miembros de la fuerza pública, quienes tienen la misión constitucional y legal de proteger a la ciudadanía a través del uso de las armas.
Evadir ambos acumulados es simplificar un problema que tiene una historia y que es complejo. Así las cosas, no vale el argumento de que los periodistas cuentan con muy poco tiempo para tratar un tema o conocer un hecho. Las varias décadas que los medios llevan cubriendo el conflicto armado han demostrado que es necesario especializarse en estos temas, adquirir sensibilidad frente a determinados fenómenos, conocer las normas que regulan esa realidad de la cual se informa y tener nociones de los debates que rodean cada problemática. Es otras palabras, la preparación de un informe, una noticia o un reportaje no comienza cuando sucede el hecho, sino que el periodista debe tener todo un cúmulo de conocimientos previos que precisamente le eviten caer en simplificaciones como que “todo es vandalismo” o que “la protesta nunca nos llevó a nada bueno”.
Otra forma en que se manifiesta la simplificación, en la que han incurrido muchos medios al informar acerca del paro, es cubrir las protestas como un fenómeno de orden público. Aquí también hay que decir que del cubrimiento del conflicto armado hemos aprendido que los asuntos complejos deben recibir explicaciones complejas. Los conflictos políticos y sociales no pueden ser reducidos a problemas de orden público cuya solución se encuentra en el uso de la fuerza y mucho menos minimizar la situación a un asunto de “vandalismo” o “terrorismo”, como ahora lo quieren hacer ver algunos medios, igual que lo hicieron con el conflicto armado en el pasado.
3. Desinformar tratando de manipular la historia
El conflicto armado colombiano nos ha dejado como lección que el registro periodístico de lo ocurrido a lo largo de tantos años de confrontación armada, es en ocasiones la versión más factible que tenemos para reconstruir muchos hechos en el presente. Sin embargo, hemos aprendido que ese registro mediático no es inmune a manipulaciones, sesgos o deformaciones, como probablemente ocurrió con muchos casos con las víctimas de ejecuciones extrajudiciales que fueron reseñadas por los medios como personas muertas en combate. Estas manipulaciones tienen un impacto en la vida de las personas a futuro, como probablemente ocurre ahora con muchas víctimas que buscan en los archivos de periódicos una prueba que les permita confirmar que su familiar no era un guerrillero sino que fue una víctima del conflicto armado y, particularmente, de las ejecuciones extrajudiciales que según la Jurisdicción Especial de Paz ascienden a 6.402 en el país.
Por eso es tan grave que Noticias RCN haya usado un video de una protesta contra la reforma tributaria en Cali para informar que los manifestantes celebraban un anuncio del Gobierno. Evidentemente, este acto de desinformación del noticiero buscaba desviar la atención de los televidentes para ocultar la inestabilidad política que le ha generado al país el Paro Nacional y para tratar de reivindicar la imagen de un Gobierno que está siendo cuestionado por los miles de ciudadanos que protestan en las principales ciudades del país. Esto lo que demuestra, una vez más, es un desprecio absoluto por quienes salen a las calles a manifestar su inconformidad, cuya voz ni siquiera fue consultada por el noticiero que buscó de esta manera simplificar el suceso acerca del cual estaba informando. Se produce así una deformación que busca asegurar para el futuro un relato favorable a los intereses del medio, de sus dueños y de los grupos políticos que han sido sus aliados.
Por eso, en momentos en los que Colombia atraviesa una discusión sobre las disputas por la memoria del conflicto armado, es muy importante mantener vigentes estas y otras lecciones que nos ha dejado a los periodistas el pasado. Solo así seguirán teniendo sentido el deber del periodismo de informar a los ciudadanos aportar al ejercicio de la democracia y el trabajo de quienes se esfuerzan diariamente por mantener viva la memoria de este país.
Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de Hacemos Memoria ni de la Universidad de Antioquia.