Excombatientes de las FARC se van de Ituango, pero no saben para dónde

Ante la presencia de grupos armados que vulneran su seguridad, 110 excombatientes de las FARC decidieron trasladarse del espacio territorial de Ituango para continuar su reincorporación a la vida civil en otro lugar. Lo que aún no saben es cuándo ni a dónde se irán.

 

Por Camilo Castañeda Arboleda

El asesinato de 12 excombatientes de las FARC en Ituango, Antioquia, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la confrontación armada entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y un grupo de disidentes del Frente 18 y, en medio de esto, las agresiones a los habitantes de la vereda Santa Lucía, fueron las razones por las que el pasado 20 de enero decidieron salir del lugar 110 de los 130 habitantes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Román Ruiz (ETCR), en el que los exguerrilleros desarrollan su proceso de retorno a la vida civil. Sin embargo, hasta ahora su salida no ha sido posible.

La decisión de los habitantes del ETCR Román Ruiz fue desplazarse a otro municipio de Antioquia donde puedan seguir con su reincorporación sin poner en riesgo sus vidas. Pero, pese a esa determinación, a la fecha no tienen claro cuándo podrán hacer el traslado, en qué territorio se asentarán y cómo las instituciones estatales encargadas de la implementación del Acuerdo Final de Paz, entre ellas la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN), les garantizarán el transporte de sus pertenecías y la continuidad de los proyectos productivos que están desarrollando con inversiones cercanas a los 500 millones de pesos.

En este espacio de reincorporación, hace tres años, 278 integrantes de los Frentes 18 y 36 las FARC dejaron las armas. Desde entonces, según Juan de Dios Quintero, presidente de la junta administrativa del ETCR Román Ruiz, el lugar empezó a quedarse vacío porque los excombatientes no confiaron en que el Estado cumpliría con lo pactado y porque el territorio estaba siendo ocupado por diferentes grupos armados que tenían la intensión de controlar esa zona que fue bastión militar de la guerrilla de las FARC durante sus años de lucha en el conflicto armado.

Cuando se cumplió el proceso de concentración y desarme, “mucha gente dijo que le enviaran un certificado de la dejación de armas. Después sacaron la cédula y se fueron a trabajar a otras partes, decían que aquí no había futuro, buscaron mejores condiciones de vida. Usted mira este terreno y se da cuenta que es una tierra complicada, aquí pega el café, el maíz o el frijol que son productos muy baratos”, explicó Juan de Dios.

Según Gustavo López, quien fue el último comandante del Frente 18 de las FARC y ahora representa a los excombatientes de Santa Lucía ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), se necesitarían dos meses para planear y realizar el traslado de las personas, las pertenencias y los proyectos productivos, una tarea que debe ser garantizada por la ARN y las instituciones gubernamentales de orden nacional, regional y local.

López contó que con el fin de encontrar un terreno en el que se pueda reubicar a la población en proceso de reincorporación, desde noviembre de 2019 se crearon varias comisiones en las que participan excombatientes, funcionarios de la ARN y del CNR. En esas comisiones “hemos visto cuatro o cinco predios en otros municipios, en los que nos propone el Gobierno, pero no son adecuados por temas de agua, por ejemplo, o porque no se puede adelantar nuestro proyecto de vivienda rural. Algo se ha adelantado, pero no vamos a anunciarlo hasta que todo lo del traslado esté claro, porque si damos alguna información ya, nos preocupa que se pueda atravesar un palo en la rueda”, reveló Rivera.

 

El problema de la inseguridad

El 24 de enero de 2020, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de riesgo por la vulnerabilidad de los derechos humanos de los excombatientes, los presidentes de Juntas de Acción Comunal, los participantes de programas estatales como el Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), los comerciantes, los transportadores y los menores de edad en Ituango, debido a la ocupación territorial que adelantan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y un grupo de disidentes del Frente 18 de las FARC.

Tres días después, el 27 de enero, fue asesinado César Darío Herrera Gómez, quien realizaba su proceso de reincorporación en el ETCR Román Ruiz. El asesinato ocurrió en la entrada a la vereda El Inglés, sobre la carretera que conecta a la vereda Santa Lucía con el casco urbano del municipio.

Y el 23 de febrero, 863 personas fueron desplazadas de doce veredas ubicadas en el cañón El Inglés, a causa de la disputa entre ambos actores armados. Los desplazados se albergaron en el coliseo municipal hasta el 26 de febrero cuando iniciaron su retorno con acompañamiento de las autoridades.

Sobre la situación de los excombatientes y sus familias en esta zona, Sergio Guzmán, abogado que representa a los excombatientes del ETCR Román Ruiz, afirmó que las medidas de seguridad por parte del Ejército se han debilitado. “Aquí, cuando construían todo el espacio de reincorporación había dos cordones de seguridad: uno del Ejército y otro de la Policía, el del Ejército estaba conformado por soldados profesionales. Hoy, el número de militares se ha reducido y los han cambiado por soldados regulares. Una zona donde hay tanta conflictividad requiere militares especializados”, explicó Guzmán, quien desde 2017 viaja constantemente a Santa Lucía.

Además, el abogado aseguró que al gobierno del presidente, Iván Duque, y al Ejército les han exigido el aumento de pie de fuerza para proteger a las comunidades y a los excombatientes, porque “nosotros creemos que esto se agrava, no solo por las condiciones que plantean los actores armados, sino también por el incumplimiento de las obligaciones de la Fuerza Pública”.

 

Preocupación por los proyectos productivos

Perder los proyectos productivos y la inversión económica es una de las mayores preocupaciones de los 105 excombatientes invirtieron en Santa Lucía los ocho millones de pesos que el Estado les dio para facilitar iniciativas que garantizaran su seguridad económica. Esas 105 personas se dividieron en cinco grupos que empezaron labores agropecuarias en las fincas El Alto, Alto Mono, Nueva Esperanza, Santa Bárbara y El Raspado.

En esas fincas los excombatientes cultivan café, maíz, frijol, crían ganado, cerdos, gallinas y pollos. Además, algunos de ellos invirtieron en un proyecto de fibra óptica que permite conectar a la comunidad a la Internet. De todos, Juan de Dios resalta el Café Paramillo, pues este proyecto es de los pocos con los que han podido beneficiar a los campesinos que viven en el entorno, a través de la compra del café que cultivan. Luego se encargan de tostarlo, molerlo y comercializarlo.

Juan de Dios hace parte del grupo que se trasladará, esto implica dejar a un lado el deseo que tenía de continuar con su proceso de reintegración en Santa Lucía. Dice que le da tristeza dejar la casa de adobes que construyó con cuatro de sus compañeros y que se convirtió en su hogar, así como alejarse de la comunidad campesina a la que se ha acercado y con la que trabaja: “Ha sido una cuestión muy difícil, pero por salvar la vida tenemos que trasladarnos”, afirmó.

Pero, si bien la decisión del traslado colectivo se tomó en las distintas asambleas que realizaron los excombatientes entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, en las cuales evaluaron qué decisión tomar frente al problema de la inseguridad, hay un grupo de veinte personas, vinculados a los proyectos productivos en la finca Nueva Esperanza, que decidieron quedarse y seguir su reincorporación en la vereda Santa Lucía.

 

Quedarse en Santa Lucía

Oleander Granda, quien también realiza su proceso de reincorporación en el espacio Román Ruiz, recuerda que en la vereda Santa Lucía, que se supone está custodiada por un anillo de seguridad del Ejército, han asesinado a tres de sus compañeros. A pesar del riesgo, él es una de las veinte personas que se quedará en el espacio de reincorporación.

“Por ahora, a mí no me han dicho que si no me voy me matan, cuando eso ocurra y tenga que proteger mi vida, ahí si empacaré mis cositas”, dijo Oleander, quien opina que es posible que las garantías de seguridad en otro territorio tampoco estén dadas por la Fuerza Pública. “Quizás en un territorio donde mis compañeros no operaron cuando estaban en armas, no sean bien recibidos por las autoridades y la comunidad receptora”, advirtió.

Oleander es hoy uno de los líderes más visibles del espacio de reincorporación, es el fiscal de la junta administradora, el vicepresidente del consejo que administra la cooperativa que agremia a los proyectos productivos, y en 2019 fue candidato al Concejo Municipal por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Él llegó a Santa Lucía en noviembre de 2016 y recuerda que apenas en julio de 2017, cuando terminaron los módulos donde ahora viven, pudieron al fin enfocarse en sus iniciativas agropecuarias.

Junto con otros nueve compañeros, Oleander empezó a trabajar en un terreno de seis hectáreas al que nombraron finca Nueva Esperanza. “Ahí tenemos un pedacito para sembrar comidita, tenemos pasto de corte, cañita, galpones y el corral de manejo de las vaquitas. Aquí ya uno se ha acostumbrado a ese tirón de que uno se hace la cosechita, es una vida campesina otra vez”, comenta Oleander y añade que es difícil abandonar el territorio en el que nació y en el que estuvo alzado en armas, más ahora cuando ha logrado retornar la vida civil.

En vista de que la finca Nueva Esperanza es arrendada, Oleander no se atreve a instalar más infraestructura, porque su permanencia depende de la voluntad del gobierno con las ayudas y del deseo del arrendatario de continuar con el contrato, por eso, a mediano plazo espera, con ayudas gubernamentales o de organizaciones internacionales, hacer uso de la opción de compra que contempla su contrato. “Creemos que con algunos recursos que ha dejado el ganado, que compramos nueve animalitos con el proyecto y ya hay cinco crías, y con alguna ayuda podemos comprar este año la tierra, aunque no es fácil”, apuntó.

Acerca de las otras experiencias productivas que desarrolla este grupo de excombatientes, explicó que el proyecto avícola genera dos empleos directos a personas en proceso de reincorporación que se encargan de cuidar los animales y recoger los huevos, mientras en el de ganadería se turnan los cuidados de las reses y todos están al tanto de las huertas donde cultivan café, frijol, maíz y otros alimentos para el consumo propio.

 

Garantías para los que se van y los que se quedan

La inseguridad a la que están sometidos los campesinos y los excombatientes en Ituango motivó una caravana humanitaria organizada por el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Mesa Ecuménica por La Paz, la Corporación Nibaru y la Revista Generación Paz, que tuvo objetivo “acompañar y abrazar a la comunidad campesina y exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz”.

En la caravana participaron cerca de cien personas, entre dirigentes políticos, miembros del partido FARC, artistas, académicos, periodistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos. También se esperaba la participación de un grupo de senadores pertenecientes a la Comisión de Paz del Congreso de la República, que llegarían en un helicóptero hasta el ETCR Román Ruiz. Sin embargo, por la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 en Colombia, el Ejército no prestó la aeronave en la que se transportarían, la cual fue enviada a la frontera con Venezuela.

En un acto público realizado ese 14 de marzo, Juan de Dios Quintero leyó una carta de los excombatientes dirigida a la Comisión de Paz del Congreso de la República y a los integrantes de la Caravana Humanitaria por la Vida y la Paz. En el documento piden la consecución de un nuevo predio en el que puedan asentarse, que se socialicen las implicaciones del traslado con las autoridades locales y las comunidades del municipio donde serán instalados, que se garantice el transporte de las personas y sus pertenencias, que se trasladen los proyectos productivos, que continúe el acompañamiento y la asesoría de la ARN, del CNR, de la ONU y de las organizaciones de defensores de derechos humanos; y que en el nuevo terreno se mantenga la figura de espacio de reincorporación.

Por su parte, Oleander Granda pidió no olvidar a las veinte personas que trabajan en la finca Nueva Esperanza, que van a persistir en su proceso de reincorporación en Santa Lucía, razón por la cual solicitó seguimiento a la satisfacción de sus derechos y al cumplimiento de los compromisos que asumió el Estado con los excombatientes tras la firma del Acuerdo Final de Paz.

Para estos excombatiente que continuarán en Santa Lucía, se exigió además que se aclare la ruta de reincorporación sin que se desmonten ayudas de alimentación, salud, educación, vivienda y tierras; que continúe el acompañamiento de las instituciones estatales, internacionales y civiles; que las instalaciones del espacio de reincorporación no sean destruidas y se destinen a beneficio de los campesinos de la vereda; y que se realicen acciones humanitarias permanentes monitoreando los derechos humanos de la población civil.