A mediados de septiembre del 2017, habitantes del Cañón del río Cauca le exigieron al Estado encontrar los cuerpos de por lo menos treinta desaparecidos, algunos de ellos víctimas del conflicto armado, cuyos cuerpos podrían estar enterrados en inmediaciones del río. La situación no da espera, porque Hidroituango planea inundar la zona a finales de 2018. Compartimos este especial periodístico, publicado en la edición 88 del periódico De la Urbe.
Por Santiago Rodríguez Álvarez, estudiante de Periodismo de la Universidad de Antioquia
“Le exigimos a la Fiscalía que nos garantice que en este cañón no hay cuerpos enterrados. Creemos que es una exigencia básica, digna. Como decir: por favor, antes de inundar, que no haya cuerpos”, dijo Isabel Cristina Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos. Se refería a los cuerpos de las personas desaparecidas que, se presume, estarían en la región del Cañón del río Cauca. La zona, de acuerdo con los cronogramas oficiales, será inundada por el Proyecto Hidroeléctrico Ituango en aproximadamente un año.
Era el 19 de septiembre y avanzaba una jornada de protesta de un grupo de pobladores de la región. Isabel estaba en el puente Pescadero y con ella había alrededor de doscientas personas que efectuaban un acto simbólico en memoria de las víctimas del conflicto armado y exigían al Estado la búsqueda de los cuerpos desaparecidos.
Ese puente queda a solo ocho kilómetros de la presa, que medirá 225 metros de altura y que permitirá inundar la zona a finales de 2018. Según estimaciones de EPM, empresa que desarrolla el proyecto, 3.800 hectáreas a lo largo del Cañón del Cauca quedarán bajo el agua del embalse. En la actualidad, explica la compañía, “el proyecto está cercano a un ochenta por ciento de avance, a pesar de la magnitud y la complejidad de las obras, y a las contingencias de diversa índole que se han debido enfrentar” (ver comunicado completo en recuadro adjunto).
Dentro de esas “contingencias de diferente índole” se encuentran las protestas y exigencias que desde 2012 han hecho comunidades de los municipios de Ituango, Valdivia, Peque, Sabanalarga, Liborina, Briceño, Yarumal, San Andrés de Cuerquia y Toledo; personas que viven y trabajan en las zonas impactadas por el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia.
El movimiento Ríos Vivos se ha encargado de reunir a esas personas y sus protestas. Según Zuleta: “El movimiento es el momento en que se junta el descontento. Por los desalojos inicialmente, pero después empezó a crecer el descontento por la migración de especies, los impactos ambientales, la contaminación y la desviación del río…”. En este momento se suma otro descontento, que “el territorio se esté resignificando y que se esté resignificando borrando la memoria”.
Una región víctima del conflicto
En los municipios ubicados en el Cañón del Cauca hubo presencia histórica de los frentes 18 y 36 de las Farc hasta el pasado enero, mes en que concluyó el traslado del hoy desmovilizado grupo a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. La presencia de la guerrilla también tuvo como consecuencia que, durante años, los paramilitares de las AUC hicieran incursiones para disputarles el control del territorio. Esta situación produjo numerosas masacres y la desaparición forzosa se volvió una práctica común por parte de los actores armados.
Según cifras del Registro Único de Víctimas, hay 815 víctimas de desaparición forzada en Toledo, Ituango y Briceño, los municipios que están en el corazón del Cañón del Cauca y más cercanos a Hidroituango. Esta cifra no significa necesariamente que todas esas personas estén desaparecidas en el Cañón, ni que sus cuerpos estén en el río o sus inmediaciones, pero sí refleja la dimensión de esta práctica que infundía terror en la zona.
En el mismo puente Pescadero, jurisdicción de Ituango, los campesinos de la zona recuerdan los retenes de los paramilitares e incluso algunos saben que desde allí arrojaron cuerpos al río. “Para nosotros ha sido muy importante este sitio, sobre todo porque en este momento adquiere una nueva lógica. Ante la llenada del embalse el próximo año, hay un gran dolor por la posibilidad de que se pierda todo esto que sentimos cuando pasamos por acá”, dice Isabel Cristina acerca del puente.
Ante las manifestaciones y la exigencia de que se inicie un proceso de búsqueda antes de la inundación, EPM respondió un cuestionario enviado por De la Urbe a través de un Derecho de Petición que “solicitó a la Fiscalía General de la Nación, de manera preventiva, hacia finales de 2013, impulsar procesos de búsqueda, y de ser el caso, exhumación de restos humanos sin identificar en zonas del futuro embalse”. Al respecto, Ríos Vivos solicitó a la Fiscalía conocer los avances de dicha búsqueda y, en respuesta, esa entidad envió un documento en el que asegura haber realizado la exhumación de 159 restos humanos en la zona, de los cuales 84 ya han sido identificados y entregados a sus familiares.
Sin embargo, Ríos Vivos habla de un subregistro en el número de víctimas. En parte porque, según el movimiento, los habitantes del Cañón tienen miedo a denunciar. “Muchos de los que están acá saben que ahí están sus seres queridos. Pero no ha habido garantías para decir, para poder buscar y sacar esos restos sin que haya criminalización, sin que haya persecución”, dice Zuleta. Por eso, Ríos Vivos le pide a la Fiscalía que haga las búsquedas con la comunidad.
¿Inundar el dolor o frenar la energía?
La mañana del 20 de septiembre, en el coliseo de El Valle, corregimiento de Toledo, las doscientas personas escuchaban, sentadas o paradas, las reclamaciones que los representantes de las comunidades hacían frente a los delegados de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Antioquia. A ese último día de protesta también fue convocada la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que había confirmado su asistencia, pero nunca se presentó.
Los reclamos trataban principalmente los temas por los que han protestado desde 2012. “No se realizó bien el censo de las personas afectadas por parte de EPM”, “las especies se están yendo a zonas donde antes no estaban”, “hay desalojos forzosos injustificados”, decían los líderes. Finalmente, formularon las peticiones para que no se borre la memoria del territorio y se encuentre a los desparecidos.
Con mapas del territorio y «cartografías sociales», las comunidades sustentaron sus peticiones al Estado. Fotografía Alejandro Valencia.
Para apoyar las exigencias sobre este último tema, se extendieron sobre el suelo del coliseo cuatro cartografías sociales desarrolladas por la comunidad. Eran cuatro mapas de la región, atravesados por el río Cauca y sus afluentes. Uno en especial tenía como título “Sembrados en el Río” y contenía alrededor de treinta nombres de personas que habían sido vistas por última vez en el cauce.
Las cartografías fueron realizadas con el apoyo de integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). Su creación obedece al interés de las comunidades de empezar a superar el subregistro. Luis Carlos Montenegro, abogado del Cajar, organizó una de las cartografías y comenta que “es un primer paso para decir los nombres de los familiares que han sufrido de ese terrible crimen [la desaparición forzada], y esperar que, en los próximos años, con el trabajo que ha venido haciendo el movimiento, se pueda conocer la verdad y pueda haber reparación integral para las víctimas, las cuales están siendo revictimizadas por el megaproyecto”.
Frente a esa revictimización a la que se refiere el abogado, EPM le dijo a De la Urbe: “Hemos hecho lo debido, actuamos en pro de nuestras comunidades. Los lamentables hechos del conflicto armado no son comparables con el actuar legal y legítimo de una empresa respetuosa y responsable amparada por la aplicación rigurosa de los postulados constitucionales, legales y los más altos estándares internacionales”.
La empresa cuenta con el visto bueno de la Anla, entidad que también determina las compensaciones que el proyecto tiene que ofrecer en materia ambiental y social debido a los impactos que ocasione. Sin embargo, ese 20 de septiembre frente a las instituciones estales citadas, las comunidades denunciaron que sus derechos fundamentales han sido violados y pidieron que se revise la licencia ambiental otorgada al proyecto en 2009.
La búsqueda de las personas desaparecidas es un derecho de las víctimas del conflicto colombiano, protegido por la Ley 1448 de 2011. En ese sentido, la exigencia de las comunidades es que “la prioridad sea la búsqueda y no el inicio de la hidroléctrica”. Es decir, que si antes de finalizar las obras la Fiscalía no ha superado el subregistro y encontrado los restos humanos que habría en la zona, se postergue la inundación.
Por su parte, EPM advierte que “para el país es fundamental mantener el avance de la obra dentro del cronograma, pues su incumplimiento pondría en riesgo el suministro de energía, insumo indispensable para lograr y mantener el crecimiento económico” y agrega que para la región “es de vital importancia que el proyecto cumpla con sus metas de entrada en operación, pues un retraso impactaría los ingresos que esperan los municipios”.
