El conflicto de tierras detrás de la muerte de María Efigenia Vásquez

El conflicto de tierras detrás de la muerte de María Efigenia Vásquez

Desde hace 12 años, el predio en donde está ubicado el complejo turístico Termales Aguatibia, en Puracé, Cauca, es motivo de discordia entre la comunidad del resguardo Kokonuko y el propietario Diego Angulo. Las autoridades indígenas exigen el cumplimiento del acuerdo firmado en el 2013, en el que el Gobierno se comprometió a comprar el predio, y Angulo asegura que aún no le han hecho una oferta.

Por Esteban Tavera

A un costado del camino que lleva a Termales Aguatibia hay una pequeña casa familiar desde donde un grupo de indígenas mira pacientemente hacia el complejo turístico. Están sentados afuera de la casa, algunos en sillas de madera y otros en la acera. No descuidan los movimientos de los agentes del Esmad que están en Aguatibia desde marzo de este año, cuando la comunidad del resguardo Kokonuko decidió reiniciar las acciones de recuperación
de estas tierras que emprendieron en el 2005.

Aguatibia es una finca de 85 hectáreas, a 30 kilómetros de Popayán, en las faldas del volcán Puracé. “Esta es una propiedad privada con más de cien años de tradición. Desde 1911 pertenece a los actuales tenedores”, asegura Diego Angulo, propietario del predio.

AguatibiaLa comunidad indígena del resguardo Kokonuko le reclama al Estado la propiedad de la tierra donde está construido el Centro de Turismo y Termales Aguatibia, que hoy pertenece al empresario Diego Angulo.

Al borde de la finca pasa el río Aguasilencio y de las laderas brotan siete fuentes de aguas termales que, según las cifras de Angulo, atraen a más de 80 mil visitantes cada año.

Sin embargo, este año, las visitas de los turistas que acostumbran ir en épocas como Semana Santa o durante los recesos escolares, se han interrumpido por las esporádicas confrontaciones entre los indígenas y el Esmad. Enfrentamientos que el pasado 8 de octubre cobraron la vida de la comunicadora de 31 años, María Efigenia Vásquez Astudillo.

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2005: Comienza la lucha por la madre tierra
Este pleito, que tiene enfrentados a los indígenas kokonukos, al empresario Diego Angulo y a algunos entes gubernamentales como los ministerios del Interior y de Agricultura, comenzó en el 2005.

Ese año la comunidad realizó una acción para reclamar su derecho sobre la propiedad. Los comuneros hicieron una minga en el predio para sembrar algunos alimentos, y fueron desalojados por la Policía.

Según cuenta Jhoe Sauca, exgobernador del Cabildo, hace doce años los comuneros decidieron presentar una oferta para comprar 30 hectáreas de la finca, pues era una forma de recuperar parte de un territorio que para ellos es ancestral.

Ese mismo año, se firmó el primer acuerdo entre las autoridades indígenas y el propietario Diego Angulo. Según se lee en el documento, fechado el 3 de junio de 2005 (ver documento), Angulo se comprometió a vender 30 hectáreas de la finca, y los representantes de la comunidad a respetar la servidumbre que permite el acceso a los termales, pues en varias ocasiones los indígenas la habían bloqueado para impedir la entrada de los turistas.

La compra de pequeñas extensiones de tierra fue la forma en que muchas comunidades indígenas del Cauca recuperaron territorios para construir sus resguardos. El territorio que hoy conforma el resguardo Kokonuko, cerca de Popayán, antes de estar bajo el gobierno indígena, tenía amplias extensiones de tierra dedicadas a la ganadería y a la extracción de madera. Ahora, de las cinco mil hectáreas que conforman el resguardo, solo algunas pequeñas fincas, como Aguatibia, de 85 hectáreas, no pertenecen a los kokonukos. Por esa razón, según Jhoe Sauca, para la comunidad, el predio de Angulo es una pequeña isla en medio de un mar de territorio indígena.

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2013: El acuerdo que no se cumplió
Después de la minga de 2005, de la que resultó que los indígenas pudieran comprarle 30 hectáreas a Diego Angulo, el conflicto de intereses sobre Aguatibia se calmó. Pero en el año 2013, regresó la disputa. Ese año, el entonces gobernador del cabildo, Darío Tote, promovió una nueva acción de hecho para recuperar el resto de la finca, correspondiente a 85 hectáreas: “En esa oportunidad la comunidad se tomó el predio y logró que se firmara un acuerdo de carácter nacional, en el que el Gobierno se comprometió a destinar recursos para adquirir este y otros predios para las comunidades indígenas”, cuenta Jhoe Sauca (ver acuerdo).

JoeSaucaJhoe Sauca, integrante de la comisión indígena para la interlocución con el Gobierno sobre la compra de tierras ancestrales. 

Después de establecer los términos del acuerdo, que fue firmado por el entonces ministro del Interior, Aurelio Iragorri, y por el Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Fernando Arias, la comunidad de Kokonuko decidió entrar en un proceso de asamblea permanente para verificar que en los rubros del presupuesto nacional si se aprobara y destinara dinero para la compra del predio Aguatibia.

2016: A los indígenas se les agotó la paciencia
Cansados del incumplimiento del Gobierno, los indígenas retomaron las acciones de hecho en marzo de 2016. Jhoe Sauca, quien en ese mismo año empezó a integrar la comisión indígena para la interlocución con el Gobierno sobre la compra de tierras ancestrales, explica por qué continuaron impidiendo el ingreso de turistas al balneario: “Investigando sobre el tema, nos dimos cuenta de que la servidumbre que da paso al predio Aguatibia no está escriturada a nombre de los dueños de la finca, sino que hace parte de la finca Calaguala que es propiedad de la comunidad. Por esa razón, decidimos presionar el cumplimiento de los acuerdos impidiendo el paso de los turistas”.

Debido a los constantes enfrentamientos en la zona de Kokonuko, en marzo de 2016, Aurelio Iragorri, quien dejó de ser ministro del Interior y pasó a titular la cartera de Agricultura, junto a Óscar Campo, gobernador del Cauca, y representantes de otras entidades territoriales, visitaron el resguardo con el objetivo de llegar a un acuerdo para que los indígenas despejaran el paso hacia el predio.
De esta visita oficial resultó el “Acta operativa de los acuerdos adicionales de la minga indígena nacional realizada en octubre del año 2013 con respecto al tema de Aguatibia del resguardo Kokonuko”, fechada el 23 de marzo de 2016 (ver acta).

Como consta en esa acta, los representantes del Gobierno se comprometieron con dos tareas: por una parte, contratar un avalúo para establecer el valor de las 85 hectáreas de la finca; y por otra, recaudar los estados financieros de la empresa complejo turístico Termales Aguatibia, que funciona en ese predio. En esa misma acta, la comunidad se comprometió a permitir, temporalmente, el paso al predio, siempre y cuando Diego Angulo facilitara los documentos que permitieran establecer el valor de su empresa.

Ocho meses después de la firma del acta operativa, en noviembre de 2016, la comisión negociadora delegada por la comunidad de Kokonuko programó ocho encuentros en Bogotá con Diego Angulo y con funcionarios de los ministerios de Agricultura y del Interior. Estas reuniones no tuvieron resultados, pues, según Jhoe Sauca, miembro de la comisión indígena negociadora, el propietario dejó de asistir a partir del quinto encuentro.

Los impedimentos para la compra
De acuerdo con Isneldo Avirama, actual gobernador del Cabildo, la compra de Aguatibia por parte del gobierno no se concretó por un impedimento de tipo jurídico, que inhabilita a la Unidad Nacional de Tierras para adquirir esa propiedad: “La Agencia de Tierras sí puede comprar el terreno, pero la ley no le permite comprar la empresa Termales Aguatibia”.

Isneldo AviramaIsneldo Avirama, actual gobernador del Cabildo Kokonuko.

Según Angulo, en entrevista telefónica con Hacemos Memoria, él no conoce los resultados del avalúo de las tierras y de su empresa: “Aquí no hay ninguna negociación, porque el Gobierno Nacional, que en 2013 se comprometió con los indígenas a comprar el predio, nunca ha hecho un avalúo. Nunca ha habido una oferta formal para que yo pueda definir si la acepto o no”.

En contraste, Avirama expresa que de ese avalúo sí surgieron resultados: “El avalúo de la finca lo hizo la Agencia Nacional de Tierras, que dijo que el predio costaba 1.700 millones de pesos, y el avalúo de la empresa lo hizo el Banco Agrario, que determinó que cuesta 8 mil millones de pesos”.

Debido al impedimento de la Agencia Nacional de Tierras para comprar la empresa que opera en Aguatibia, los kokonukos le propusieron al gobierno que les financiara un proyecto productivo con el propósito de conseguir el dinero que les permitiera adquirir ellos mismos el balneario que está instalado en su tierra ancestral.

Para los comuneros ese proyecto fue una burla por parte del Gobierno. Viviana Ipía, actual vicegobernadora del cabildo, explica: “Acordamos con ellos la creación de un proyecto productivo para conseguir esos recursos. Se supone que el 23 de septiembre de 2017 le mostrarían a la comunidad los resultados del proyecto, pero nos salieron con un proceso de preservación de la cultura, algo que no tiene nada que ver con nuestro objetivo de recuperar la madre tierra”.

2017: Incumplimientos, bloqueos y una comunera muerta
Por esos incumplimientos en los acuerdos a los que han llegado las partes y el Gobierno a lo largo de doce años, en marzo de 2017 decidieron restringir, nuevamente, el acceso de los turistas al balneario Aguatibia. Según los indígenas kokonukos, la negociación está estancada; y según el empresario, el Gobierno no le ha manifestado intención real de compra.

Paralelamente a las disputas por la tierra, Diego Angulo presentó una tutela para exigir su derecho al trabajo y a la propiedad. El 26 de junio de 2017, el Consejo de Estado falló a favor del empresario. En la sentencia, los magistrados le dieron la razón a Angulo. Además, les ordenaron a la Alcaldía de Puracé y a la Policía Nacional que intervinieran cada vez que los indígenas bloquearan la servidumbre.

Esta decisión subió el tono de las confrontaciones: los indígenas mantuvieron los bloqueos, y el Esmad, acatando la orden del Consejo de Estado, los impedía. Estos enfrentamientos han dejado un saldo de varias personas heridas de lado y lado, y cobraron la vida de la comunicadora María Efigenia Vásquez Astudillo. En días recientes, la tensión ha aumentado tanto por el rifirrafe de acusaciones sobre la muerte de la comunicadora, como por la minga que prepara el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) para el próximo 30 de octubre.

EfigeniaEl domingo 8 de octubre, cuando la comunidad indígena del resguardo Kokonuko protestaba en la vía de acceso al centro recreacional Aguatibia en Puracé, Cauca, la comunicadora María Efigenia Vásquez fue asesinada en enfrentamientos con el Esmad.

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Esta manifestación busca que el Gobierno Nacional cumpla con los más de mil acuerdos que, según los consejeros del Cric, ha firmado con todas las comunidades del Cauca. Los líderes aseguran que no quieren firmar más pactos, sino que el Estado cumpla con los que ya existen.

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En el pliego de peticiones que le presentarán al presidente Juan Manuel Santos durante la movilización, está incluido el acuerdo de 2013 firmado en Kokonuko. La pregunta que inquieta a muchos comuneros es hasta dónde estará dispuesto a llegar el Gobierno en esta negociación en los pocos meses de mandato que le restan.

 

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