En Antioquia ha aumentado el uso de artefactos explosivos por parte de los grupos armados ilegales. Este aumento ha obligado a las comunidades a abandonar sus tierras o a confinarse en sus territorios, lo que supone una barrera para acceder a alimentos o bienes básicos. Estado y organizaciones de desminado se enfrentan a desafíos geográficos y de seguridad para impedir que haya más víctimas.
Por: Alejandro Valencia
Foto de portada: Campaña Colombiana Contra Minas
Los datos del Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (Aicma) indican que desde 2006 el departamento de Antioquia ha registrado 2 707 víctimas de minas antipersona. Es, históricamente, el departamento más afectado del país. Solo el año pasado hubo 30 casos confirmados por la Gobernación de Antioquia: 22 civiles y 8 integrantes de la Fuerza Pública heridos; los cuales causaron la muerte de 5 personas.
“El aumento de los artefactos explosivos se da por procesos de expansión territorial”, dice Andrés Paternostro, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Él explica que los grupos armados vieron “la obligación de protegerse del proceso de expansión del Clan del Golfo y volvieron otra vez a estas formas que antes se creía que ya no eran utilizadas”.
De acuerdo con datos de Pares para 2024, en 122 de los 125 municipios de Antioquia hay presencia de al menos un grupo armado no estatal. La mayoría se concentra en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, donde la disputa por el territorio implica el uso de artefactos explosivos y graves riesgos para la población civil.
En el norte del departamento hay presencia del ELN, del Clan del Golfo y de las disidencias de las Farc-EP. Muchos de los habitantes de estas zonas han aprendido a vivir en el territorio entendiendo sus dinámicas. “Ellos saben cuál es el camino por donde se puede andar y cuál tiene minas antipersona”, explica Paternostro.
La dificultad de acción
Las tareas de desminado, asistencia a víctimas y prevención frente al peligros de explosivos en los territorios enfrentan un engranaje institucional complejo. La arquitectura institucional para responder a esta situación está integrada por la Comisión Intersectorial de Acción contra Minas (Cinamat), el Aicma, dependencias como el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, además de diversas organizaciones civiles. Coordinar este abanico de actores no es tarea sencilla.
Desde la mirada del sistema de Naciones Unidas, Catalina Velásquez, jefa de la Unidad de Proyectos de UNMAS Colombia, explica que una de las mayores dificultades radica en la fragmentación de la información y la diversidad de artefactos.
Llevar el registro del número de minas antipersonal es difícil, pues la persona que sospeche la presencia de artefactos explosivos en su territorio debe activar un protocolo para que vaya un grupo especializado a deshacerse del dispositivo.
Mauricio Silva, coordinador de AICMA, explica que “depende del grado de afectación, del interés que tenga el operador de desminar el territorio, de las condiciones de acceso y seguridad para llegar al mismo”, entre otras variables, además de los recursos financieros. En síntesis, es un proceso demorado.
En este momento hay organizaciones como Humanity & Inclusion (HI), que adelantan labores en Segovia, Remedios, Guadalupe y Zaragoza; en Amagá, Anorí, Campamento y Cáceres está trabajando HALO Trust, aunque ha tenido problemas de seguridad. Por su parte, la Campaña Colombiana Contra Minas adelanta operaciones en el occidente del departamento.
Aunque la recontaminación, es decir, el hallazgo de explosivos donde las organizaciones de desminado humanitario limpiaron, no es tan común según AICMA, pero Catalina Velásquez señala que sigue siendo una preocupación pues se requiere un acompañamiento integral del Estado para evitar este retroceso: “Un lugar que se descontamina debería tener un desarrollo inmediato, ojalá con proyectos productivos, servicios básicos, educación, infraestructura, etcétera, pero desafortunadamente no pasa. Y si no llega el desarrollo, los grupos armados retoman estos lugares“.
La tarea titánica del desminado en el país
Para las organizaciones que hacen desminado humanitario es clave la buena relación con la comunidad, pues ellos son la fuente primaria de información. A través del diálogo con los habitantes, las organizaciones descubren dónde hay sospechas o evidencias de artefactos explosivos y definen cuáles son las urgencias para priorizar el inicio de las operaciones. “La misma gente es la que nos dice que no entremos por temas de seguridad“, dice Alejandro Pérez, director de operaciones de la Campaña Colombiana Contra Minas.
Pero no solo las condiciones de seguridad son determinantes; la geografía montañosa del departamento también dificulta las labores. Por ejemplo, en una zona rural de Dabeiba, al equipo le tomó tres días a caballo por distintos puntos para poder llegar a su destino, lo que implica un desafío logístico.
El Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS) alertó sobre el deterioro humanitario y de seguridad en el país. Los incidentes relacionados con artefactos explosivos pasaron de 294 en 2024 a 478 en 2025. Particularmente, de esas cifras de 2024, 149 correspondieron a artefactos explosivos improvisados, mientras que en 2025 ascendieron a 374. Los departamentos más afectados son Nariño, Bolívar, Antioquia, Cauca y Norte de Santander.
Entre enero y diciembre de 2025 murieron 136 personas debido a minas antipersonal o munición sin explotar, lo que implica un aumento del 24 % en comparación con 2024, según el Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA).
“El país en su conjunto sigue viéndose afectado por el uso de minas antipersonal. No como ocurrió en los años dos mil, pero sí continúa la utilización de este tipo de artefactos por actores armados no estatales”, dice Mauricio Silva, coordinador de AICMA.
En última instancia, la meta del desminado humanitario va más allá de la remoción técnica: busca liberar los territorios de la amenaza de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Sin Explosionar (MSE) para darle a las comunidades la tranquilidad de desplazarse sin temor a que un explosivo ponga en riesgo sus vidas.