Organizaciones sociales, comunitarias y defensoras de derechos humanos de diferentes zonas del país fortalecen la conservación de sus memorias con el acompañamiento del Archivo General de la Nación. La iniciativa Archivos para la Paz busca preservar memorias que contribuyen a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: organización social Jesús María Pérez
Las memorias del conflicto armado colombiano también se han construido desde las comunidades y sus territorios a través de fotografías, testimonios, documentos y grabaciones audiovisuales. Estos archivos conservados por organizaciones sociales registran historias de resistencia, defensa de los derechos humanos e iniciativas de construcción de paz.
Desde 2024, a través del programa Archivos para la Paz, el Archivo General de la Nación (AGN) ha acompañado alrededor de 150 organizaciones en el fortalecimiento de sus capacidades para la gestión de sus archivos y en el reconocimiento de las memorias comunitarias como un pilar fundamental para la construcción de paz.
Indira Alexandra Ricaurte Villalobos, abogada y coordinadora de este programa del AGN, cuenta que buscan proteger archivos que, desde su valor histórico, pueden contribuir a la construcción de las memorias relacionadas con el conflicto armado y garantizar que la información que contienen continúe siendo útil para esclarecer el pasado y fortalecer los derechos de las víctimas y sus comunidades. “Este programa surge como respuesta de los compromisos que tiene el gobierno nacional con la implementación del Acuerdo Final de Paz”, explica.
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Archivos para la Paz ha acompañado a organizaciones sociales, comunitarias y defensoras de derechos humanos en regiones como la Orinoquía, el sur del Pacífico, Urabá, el Catatumbo, los Montes de María, la Sierra Nevada y Serranía del Perijá. “En esta vigencia, por ejemplo, más del 80 % de las organizaciones vinculadas están integradas por víctimas. De distintas formas, todas aportan a la defensa de los derechos humanos: algunas mediante la incidencia directa en la agenda de construcción de paz, otras a través del arte, la cultura, la justicia ambiental y el antirracismo”, puntualiza Ricaurte.
Entre las organizaciones que hacen parte de este programa se encuentran: Fundación de Juntas de Acción Comunal (Asojuntas) del municipio de La Playa en Catatumbo; Asociación de Mujeres Campesinas Afrodescendientes de San Antonio del municipio de Barranco de Loba en Bolívar; Corporación Cultural El Totumo Encantado del municipio de Necoclí en el Urabá; Asociación de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de la Jagua de Ibirico en César; Corporación María Mulata en Rincón del Mar, municipio de San Onofre en Sucre; y Asociación para el Desarrollo Integral Regional Social (Asodesi) en el municipio de Olaya Herrera en Nariño.
La iniciativa se desarrolla en tres fases. La primera consiste en identificar y caracterizar los archivos existentes. Ricaurte dice que más que hacer un inventario de documentos, el proceso busca comprender cómo las comunidades conservan su memoria y cuáles son sus principales necesidades. “A veces un archivo se traduce en un cuartico lleno de discos, fotografías, casetes o documentos, donde hay una memoria patrimonial enorme, pero sin los recursos técnicos o financieros para garantizar su conservación y sostenibilidad a largo plazo”, señala.
La segunda fase comprende procesos de formación y acompañamiento técnico personalizado. Las organizaciones reciben capacitaciones sobre gestión documental, digitalización, desinfección, preservación de archivos y acceso a la información.
“Conscientes de los retos que enfrentan las organizaciones para gestionar y sostener sus archivos comunitarios, este año estamos desarrollando un curso de formación en Gestión y Sostenibilidad de Archivos Comunitarios, orientado a fortalecer sus capacidades en organización, preservación y gestión documental a largo plazo”, dijo la líder del proyecto.
La tercera y última fase busca dar visibilidad al trabajo de estas organizaciones mediante publicaciones, espacios de difusión y estrategias de comunicación que permitan reconocer públicamente su aporte a la construcción de paz. La funcionaria afirma que también los orientan para postularse a convocatorias de estímulos: “como las de Iberarchivos o el Ministerio de las Culturas que les permitan consolidar y dar continuidad a sus iniciativas archivística”, dice, y agrega que, el programa terminará a inicios de agosto y su continuidad dependerá del próximo gobierno.
Según el AGN, estos documentos tienen un valor que trasciende el ámbito histórico, porque guardan memorias y relatos de personas que vivieron el conflicto armado, además de hechos de resistencias y procesos de paz que las comunidades han impulsado. “Son archivos que contienen memorias de la guerra, testimonios de personas que ya no están vivas, fotografías, relatos y documentos que muchas veces constituyen la única evidencia de lo ocurrido en determinados territorios”, explica la coordinadora de Archivos para la Paz.
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El AGN también ha identificado diversos desafíos para la conservación y el acceso a los archivos que permanecen bajo custodia de las organizaciones sociales. Muchas de ellas desarrollan su labor en territorios donde el conflicto armado continúa y la defensa de los derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo. A estas condiciones se suman las dificultades derivadas del clima, la limitada conectividad a internet y la escasez de recursos técnicos, factores que dificultan la preservación.
Aunque las organizaciones han recibido capacitación en gestión documental, acceso a la información y estrategias de divulgación, la abogada Ricaurte advierte que, parte de la información contenida en los archivos comunitarios de organizaciones defensoras de derechos humanos es de carácter sensible y, en determinados contextos, puede comprometer la seguridad de las comunidades, sus lideresas y líderes, así como de las personas que participan en estos procesos.
No obstante, Ricaurte sostiene que los archivos comunitarios son herramientas para llevar a cabo procesos de memoria histórica: “son, en últimas, una garantía que tiene el pueblo colombiano para garantizar su derecho a la verdad, a la justicia, la reparación y la no repetición”, afirma.
Un archivo que da cuenta del conflicto en Chigorodó
Para María Aidée Cortez Tabares, víctima del conflicto armado, líder social y representante legal de Asovichi, el programa Archivos para la Paz ha permitido que los integrantes de la asociación fortalezcan sus capacidades y adquieran conocimientos sobre clasificación, descripción, desinfección y conservación de archivos. “Fortalecimos las buenas prácticas para la conservación documental, de modo que el agua, la humedad y el polvo no los deterioren. También entendimos que estos archivos pueden convertirse en herramientas pedagógicas para divulgar y promover la memoria en nuestro municipio”, cuenta.
Asovichi durante sus 15 años de existencia ha construido un archivo documental, el cual reúne testimonios escritos y audiovisuales, fotografías, actas, documentos organizativos, registros de actividades, materiales pedagógicos e investigaciones relacionadas con la memoria y la reparación de las víctimas.
Cortez explica que la asociación continúa ampliando su archivo y lo divulga mediante exposiciones itinerantes, galerías de memoria, conversatorios, talleres y actos conmemorativos, con el propósito de preservar la memoria del conflicto armado y contribuir a la no repetición. “Tenemos una galería llamada Río de Guaduas, enfocada en tres temas: la desaparición forzada, la masacre de El Aracatazo y la búsqueda de las personas desaparecidas”, señala la líder social. Este hecho violento ocurrió el 12 de agosto de 1995, cuando integrantes de grupos paramilitares asesinaron a 18 personas en una discoteca que llevaba el mismo nombre, en Chigorodó, luego de ser señalados como colaboradores de la guerrilla.
Para la integrante de Asovichi, los archivos de las organizaciones sociales son una herramienta fundamental para la construcción de paz en los territorios, pues contribuyen al reconocimiento de las víctimas. Además, promueven el diálogo intergeneracional, el respeto por los derechos humanos, la convivencia y las garantías de no repetición. “En un territorio como Urabá, conservar la memoria también significa reconocer la resistencia de las comunidades y su capacidad para reconstruir la vida después de la violencia”, enfatiza Cortez.