El Gobierno reanudó la mesa de diálogos con estructuras armadas de Medellín luego de haber sido suspendida en marzo de este año. En la paz urbana persisten vacíos jurídicos que ponen en duda su estabilidad en los territorios.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: Juan Camilo Castañeda
Después de casi dos meses de suspensión por la polémica fiesta realizada el 8 de abril en la cárcel de Itagüí por los representantes de las bandas que son gestores de paz, el Gobierno nacional reanudó la mesa de diálogo el 28 de mayo con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá. En esta nueva etapa se anunciaron compromisos relacionados con la prohibición de la venta de tusi en barrios y la reducción de las violencias urbanas. No obstante, la apuesta por la paz urbana sigue enfrentando un desafío estructural: la falta de un marco jurídico que otorgue estabilidad y viabilidad al proceso, y que permita convertir los compromisos alcanzados en acuerdos sostenibles y verificables en el tiempo.
Según Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico y jefa negociadora de la delegación del Gobierno nacional, la reactivación de la mesa fue posible después de varias semanas de acercamientos orientados a reconstruir la confianza entre las partes y reafirmar los compromisos adquiridos.
Desde las delegaciones del Gobierno y las bandas que participan en la mesa, se ha expresado que la paz urbana ha logrado avances en varios frentes. Entre ellos se encuentra el compromiso de reducir las violencias urbanas y promover acciones que contribuyan a disminuir los homicidios, las extorsiones y otras afectaciones a la población civil. También se ha planteado la necesidad de fortalecer la presencia integral del Estado en los territorios más afectados por la violencia, mediante una mayor articulación de instituciones encargadas de garantizar seguridad, acceso a derechos y oportunidades para las comunidades.
La senadora Zuleta señala que la mesa seguirá trabajando para que las estructuras armadas ilegales abandonen las actividades criminales y avancen hacia la legalidad. Agregó que el objetivo es consolidar un Acuerdo de Paz Urbana que dignifique a las víctimas, promueva la inclusión social y contribuya a la restauración de los territorios con participación comunitaria. “Tras superar las fases de acercamiento y de conversaciones sociojurídicas, hemos entrado en una etapa de irreversibilidad. Hoy podemos afirmar que las estructuras sentadas en la mesa representan al menos el 90 % de las estructuras armadas con presencia en el Valle de Aburrá”, enfatiza.
Hechos de paz
El proceso de negociación ha permitido concretar 17 hechos de paz con las estructuras armadas, entre ellos la reducción de los niveles de violencia, la eliminación de fronteras invisibles y la disminución de las extorsiones en distintos sectores del Valle de Aburrá.
“Podemos decir que estos hechos de paz han contribuido a reducir las tasas de homicidio y a salvar vidas. Hemos logrado garantizar el libre tránsito por toda la ciudad, superar las fronteras invisibles y avanzar en el abordaje de economías ilícitas complejas”, afirmó la jefa de la delegación del Gobierno. Como ejemplo de ello, dijo Zuleta, se encuentran los 45 barrios libres de extorsión, que se han convertido en un piloto para enfrentar este tipo de dinámicas criminales. “Hemos logrado que hoy estemos hablando de espacios libres de drogas como parte de los avances hacia la construcción de una paz urbana sostenible”.
Como muestra de los compromisos asumidos en la mesa de negociación, las partes anunciaron el 28 de mayo en comunicado varios “hechos de paz”. Entre ellos se destaca la recuperación del parque Bicentenario, ubicado junto al Museo Casa de la Memoria, en la comuna 10 de Medellín. El lugar ha sido señalado históricamente como un punto afectado por el tráfico de estupefacientes y se encuentra bajo la influencia de la estructura “Los Conejos”, adscrita a la organización “Caicedo” y relacionada con la confederación criminal conocida como “La Oficina”.
La mesa detalla que el parque será intervenido como un espacio libre de comercialización de drogas, en una iniciativa piloto que busca aportar al reconocimiento de las víctimas del conflicto urbano y que podría replicarse en otros lugares de la ciudad. “Tenemos el sueño de que los espacios escolares, educativos y de formación estén libres de drogas, o al menos de la comercialización y venta de estupefacientes en sus entornos”, comenta Zuleta.
El comunicado del 28 de mayo también destacó la realización de la jornada “No al tusi, sí a la vida”, llevada a cabo tres días antes en la comuna 8 de Medellín. La actividad reunió a familias y jóvenes en torno a la prevención del consumo de drogas sintéticas y se desarrolló en un contexto de preocupación por el aumento de atenciones médicas de urgencia asociadas al consumo de tusi, algunas de las cuales han derivado en enfermedades vasculares y amputaciones.
Entre las acciones anunciadas figura además la Universidad de Antioquia como un espacio prioritario para la formación y la vida académica dentro de las estrategias de construcción de paz. Asimismo, se programó una jornada de desescalamiento de las violencias urbanas en los sectores Toscana, Playita y La Paralela, donde las comunidades reafirmarán públicamente su compromiso con los objetivos del proceso de paz urbana.
Otra de las iniciativas será el “Mundialito por la paz urbana”, un encuentro en paralelo a la Copa Mundial de Fútbol que reunirá a jóvenes de distintos territorios de Medellín y el Valle de Aburrá.
Los jóvenes en la mitad
Para Andrés Pulgarín, participante del proceso de paz e integrante no recurrente de “La 38”, una estructura que opera en la zona nororiental y en la comuna 1 de Medellín, este proceso ha permitido que los jóvenes vinculados a las organizaciones dejen de ser vistos únicamente como integrantes de grupos criminales y comiencen a ser reconocidos como personas con potencial, capacidades y proyectos de vida.
Pulgarín señala que los “muchachos”, como son conocidos en los barrios y comunas los integrantes de estas estructuras, tienen grandes expectativas frente a la reanudación del proceso de paz en Medellín y la posibilidad de alcanzar un acuerdo para construir paz en los territorios. “Ahora que se está retomando el proceso, queda la expectativa, o incluso la ilusión, de que se pueda llegar a algo bueno, a algo concreto que aporte a los barrios y a los territorios”, enfatiza el participante del proceso de paz, quien se encuentra en el tránsito hacia una economía legal a través de la venta de productos y servicios.
Asimismo, este joven reconoce que un amplio número de los “muchachos” ha estado involucrado en hechos violentos, los cuales deben ser juzgados según la gravedad de los delitos. Sin embargo, sostiene que deben tener la oportunidad de ser incluidos en la sociedad y de aportar positivamente a sus comunidades, teniendo en cuenta que muchos han crecido en contextos de violencia, donde estas estructuras han sido vistas como la única autoridad o incluso como la única alternativa de subsistencia para sus familias, ante la falta de programas sociales y de presencia del Estado en sus territorios.
Leer más: En Antioquia, el conflicto adopta nuevas formas de control
Agrega que, gracias al proceso de paz, algunos ya han empezado a reconocer oportunidades distintas al crimen para salir adelante con sus familias. “Es importante saber si va a existir respaldo por parte de este gobierno y también del próximo, porque sin ese apoyo, de cierta manera, sería muy difícil que el proceso pudiera avanzar o alcanzar resultados concretos”, dice ante la incertidumbre de las elecciones presidenciales del 21 de junio.
Hacia una economía legal
La sustitución de las economías ilegales es uno de los ejes centrales de las conversaciones. Según Juan Camilo López, asesor de la delegación del Gobierno, se avanza en la caracterización de las actividades que financian a las estructuras armadas, con el propósito de diseñar estrategias que permitan su tránsito hacia dinámicas económicas legales. “Si queremos transformar una plaza de vicio, primero necesitamos saber cuántas personas y cuántas familias dependen económicamente de esa actividad ilegal. Contar con ese tipo de información nos permitirá construir soluciones y alternativas reales para transformar esas economías”.
Otro de los retos, según el asesor, consiste en intervenir actividades de alto impacto económico, pues las economías ilegales se extienden a sectores como la construcción, el turismo, el transporte, el entretenimiento y otras actividades comerciales. “En cada una de esas áreas encontramos dinámicas económicas complejas. Lo que nosotros buscamos es entender cómo funcionan para identificar alternativas que permitan su transformación”, dice López.
De acuerdo con su versión, varios miembros de estas estructuras tienen experiencia en procesos de formalización económica, pues durante años algunos capitales provenientes de actividades ilícitas han migrado hacia negocios y empresas legales. A su juicio, esa experiencia y esas habilidades en administración de recursos, gestión de redes de distribución y coordinación de actividades comerciales, pueden ser útiles para diseñar estrategias de transición hacia economías formales en el marco del proceso de paz. “Hay muchachos que hoy administran una plaza de vicio y que podrían administrar cualquier empresa o negocio legal. Existen cualidades, capacidades y potencial en muchas de las personas que viven en las comunas. Por eso no se puede satanizar a todo el mundo de manera generalizada. Claro que hay personas que han cometido delitos graves, pero también hay otras que quieren aportar a lo social y contribuir al bienestar de sus comunidades”, afirma López.
La base social de las estructuras que participan en el proceso de negociación está conformada por cerca de 14 mil hombres y mujeres. Esta cifra plantea uno de los mayores desafíos para el Estado: crear las condiciones necesarias para su inclusión económica y social, mediante oportunidades de empleo formal, formación y emprendimiento que les permitan construir proyectos de vida legales y sostenibles.
Según Carlos Zapata, abogado y director del Instituto de Capacitación Popular (IPC), cerca del 80 % de los emprendimientos y microempresas no logra superar los tres años de funcionamiento, lo que plantea importantes retos para la sostenibilidad de estos proyectos: “Existe una gran dificultad para que los jóvenes sean productivos a largo plazo”.
Para financiar la transición y la reparación, la mesa ha contemplado la creación de un fondo de paz y desarrollo que administrará los bienes entregados por las estructuras, recibirá aportes del sector privado y de la cooperación internacional, y promoverá modelos de economía circular. Los recursos estarán destinados inicialmente a la reparación colectiva de las víctimas y, posteriormente, a la transformación de economías ilícitas y a los programas de reincorporación de jóvenes vinculados a estas estructuras.
Los vacíos jurídicos
Para Zapata, uno de los mayores retos de este proceso de paz es que aún carece de un marco jurídico aprobado por el Congreso de la República. Esta situación, advierte, genera incertidumbre y mantiene las negociaciones expuestas a los cambios políticos y a las prioridades de los gobiernos de turno.
El abogado agrega que, al tratarse de estructuras de alto impacto con una connotación criminal y económica, no es posible aplicar un modelo de justicia transicional como el implementado con las extintas FARC-EP. “En su lugar, se plantea un esquema de sometimiento o beneficios a la justicia —que algunos grupos denominan “acogimiento”—, en el que se contemplan beneficios judiciales condicionados a la desarticulación de las estructuras y a la contribución a la verdad y la reparación”, explica.
Saber más: El oro que detona la violencia en Briceño
Por su parte, López, el asesor de la delegación del Gobierno, expresa que, ante la falta de un marco jurídico para el sometimiento, el acuerdo condicionado de paz, dependiendo de su firma, podría eventualmente concretarse en un acto administrativo de implementación. “Eso permite expresar la voluntad de la Presidencia y de las distintas instancias del Gobierno para avanzar en su implementación, ya que existen marcos jurídicos vigentes que podrían permitir desarrollar el proceso. Hay varias leyes que lo respaldan, por lo que no es necesario esperar la creación de un nuevo marco normativo. Si bien sería ideal contar con uno específico, en su ausencia se podría trabajar con la normativa ordinaria ya existente”.
Ante la incertidumbre sobre la continuidad del proceso de paz en Medellín y el Valle de Aburrá, Pulgarín advierte que en los próximos meses podrían presentarse cambios en las dinámicas del conflicto en los barrios y comunidades: “Y si se dejan de dar los diálogos, no es una amenaza, pero se pierde la intermediación entre los ‘señores’ y los ‘muchachos’. Si los muchachos no copian, los territorios se vuelven a poner feos, las comunas se vuelven a pelear, vuelve y se dan bala”.
Asimismo, el joven que hace parte del proceso de paz llamó a las entidades del Estado y a la sociedad civil para que lo respalden y reconozcan a los actores involucrados como personas valiosas, con capacidades para aportar a la construcción de transformaciones reales en los territorios y a la superación de la violencia en la ciudad.