La crisis humanitaria en Antioquia se intensifica por la disputa entre actores armados, el control de economías ilegales y el uso de nuevas tecnologías como drones, que aumentan los riesgos para comunidades y líderes sociales en varias subregiones.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: cortesía CJL
Subregiones como el Nordeste, Magdalena Medio, Bajo Cauca y el Norte de Antioquia concentran agresiones contra la población civil por su importancia para las economías ilícitas, mientras en el Oriente y el Suroeste se ha evidenciado una expansión del Clan del Golfo. En contraste, Urabá, el Valle de Aburrá y el Occidente presentan una relativa estabilidad en el panorama de vulneración a los derechos humanos.
Según Óscar Yesid Zapata, analista de derechos humanos e integrante de la fundación Sumapaz, la crisis humanitaria en Antioquia está asociada a ciclos recurrentes de violencia, en los que se presentan hechos victimizantes como asesinatos selectivos, desapariciones, desplazamientos forzados, secuestros y control sobre la población civil. “Estos grupos buscan mantener el control de zonas estratégicas, como corredores de movilidad y rutas del narcotráfico, pero también de áreas donde se ha identificado una cantidad considerable de recursos naturales”, explica.
Una mirada a las regiones
La crisis humanitaria en el departamento se ha intensificado desde 2025 y se concentra con mayor fuerza en el Nordeste, Magdalena Medio, Bajo Cauca y el Norte, según el informe Defender la vida en tiempos de regresión, elaborado por la Corporación Jurídica Libertad (CJL). En estas subregiones hacen presencia estructuras armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las disidencias de las extintas FARC-EP, conocidas como el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).
El documento señala que estas zonas se han consolidado como epicentros de victimización y agresiones contra la población civil por su importancia para economías ilegales y la extracción de minerales. La presencia de múltiples actores armados ha convertido estas regiones en un escenario de alta conflictividad, en especial en el corredor de la “media luna”, que comprende las regiones del Norte, el Nordeste y el Bajo Cauca, clave para la conexión entre el oriente y el occidente del país y el acceso al Urabá y a las costas Pacífica y Caribe.
Julián Escobar, politólogo e integrante de la CJL, explica que en el Oriente y el Suroeste se ha evidenciado un crecimiento del Clan del Golfo, que se disputa el control de economías como la minería, el microtráfico y la extorsión. “En algunas zonas fronterizas con el Chocó se registran disputas directas con disidencias, especialmente en el municipio de Carmen de Atrato”, comenta.
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En contraste, el Valle de Aburrá presenta un escenario más fragmentado, en el que persisten estructuras criminales asociadas a La Oficina y disputas entre bandas de barrio, lo que mantiene focos de violencia en el área metropolitana, indica Pablo Barrios, antropólogo y coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC). Agrega que “estas estructuras criminales tienen el interés de controlar el mercado de los narcóticos, principalmente para el consumo interno”.
Barrios menciona que en Urabá el actor con mayor presencia es el Clan del Golfo. Este y otras estructuras tienen intereses relacionados con los puertos que se están construyendo en esta zona, “como Puerto Antioquia, que ya está casi en operación completa, y otros proyectos en camino. Estos proyectos se ubican en zonas donde ha habido despojo territorial”, indica el coordinador del observatorio.
Mientras tanto, en el Occidente los niveles de violencia son menores en comparación con otras zonas del departamento, aunque persiste la presencia de estructuras armadas ilegales, detalla Zapata, el analista de la fundación Sumapaz. Sin embargo, se han registrado casos de estigmatización, control territorial y asociación entre actores estatales e ilegales.
Agresiones a la población civil
La violencia en el departamento se ha caracterizado por distintas formas de victimización, como asesinatos selectivos, desapariciones, desplazamientos forzados, secuestros y masacres. Durante el primer trimestre del año, de acuerdo con el informe de la CJL, se reportaron 5023 confinamientos y 940 desplazamientos forzados, cifras que evidencian el impacto del conflicto armado sobre las comunidades y las restricciones a la movilidad y permanencia en sus territorios.
Entre los hechos recientes contra la población civil, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el pasado 15 de mayo una masacre en el corregimiento de Santa Rita, en el municipio de Andes, donde tres personas fueron sacadas de una mina por hombres armados, presuntamente del Clan del Golfo, y posteriormente halladas sin vida en distintas veredas. Una de las víctimas fue identificada como Daniel de Jesús Mazo Rivera.
A estos hechos de violencia se suma el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido el 5 de mayo en Briceño, Norte del departamento. El joven de 25 años, director de El Confidente de Yarumal, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional e integrante de procesos comunitarios, realizaba pesquisas sobre el actuar de los grupos armados la zona rural.
Según el analista Zapata, además de los hechos de violencia, los grupos armados ejercen control social sobre las comunidades, lo que restringe su movilidad, impone horarios de circulación y establece sanciones que impactan el desarrollo de sus actividades económicas y sociales. “Buscan imponer una narrativa social, de memoria y cultural en el territorio. La población termina limitada en sus formas de pensar y expresarse, y quienes piensan distinto pueden ser objeto de amenazas o afectaciones contra su vida”, afirma.
El control al liderazgo social
Por su parte, Barrios, el coordinador del observatorio del IPC, señala que estas dinámicas de control también alcanzan a comerciantes, mineros y a las juntas de acción comunal, que operan bajo presión, con restricciones para expresarse y temor en sus comunidades. “La población ha sido sometida a formas de control y censura, al punto de que se ha obligado a las personas a vincularse a las juntas, pese a que este tipo de participación es voluntaria. Las disidencias han impuesto esta afiliación con el propósito de ejercer control a través de listados”.
Este tipo de dinámicas también ha permeado los liderazgos en las regiones. El politólogo Escobar explica que esto debilita la organización comunitaria, provoca divisiones en el tejido social y desplazamientos forzados de los líderes sociales. Estas prácticas, señala, facilitan el control territorial por parte de los grupos armados. “En algunos casos, las comunidades son obligadas a participar actividades comunitarias, y la inasistencia a estos espacios puede generar sanciones económicas”, detalla el integrante de la CJL.
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Un líder social que habita en una zona donde las tensiones son constantes afirmó a Hacemos Memoria que estas acciones buscan influir en las decisiones comunitarias. Para ello, los armados convocan reuniones de asistencia obligatoria y utilizan términos como “comités” o “líderes”, asociados tradicionalmente a la organización comunitaria en las regiones. “Nosotros estamos dejando de utilizar estos términos porque las personas tienen miedo de que se les asocie con estas estructuras. La gente teme participar y esto está afectando el tejido social”, sostiene.
Según el líder consultado, cuando van a ingresar a ciertas zonas, los grupos armados instalan retenes en los que preguntan a las personas y lideres sociales hacia dónde se dirigen. Señala que, si se viaja en carro, se debe ir con los vidrios abajo y, si se desplazan en moto, deben hacerlo sin casco. Si alguien se enferma en horas de la noche y hay toque de queda, “debe aguantar hasta el otro día o morirse”. Agrega que “los grupos revisan constantemente los celulares para verificar si las personas hablan con desconocidos o si tienen registros de combates, con el fin de evitar denuncias de las comunidades”, menciona.
Según el Visor de asesinatos a personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos en Colombia de Indepaz, en lo corrido del presente año han sido asesinados 11 líderes y lideresas sociales en Antioquia. Entre los casos más recientes se encuentran la lideresa comunitaria Sandra Nogales, reconocida por su trabajo con las comunidades del barrio Las Vegas, en Bello, y el periodista Mateo Pérez. Ambos hechos ocurrieron el 5 de mayo de 2026.
Nuevas tecnologías en la guerra
En este contexto de riesgos persistentes para las comunidades y líderes sociales, también se evidencian nuevas dinámicas de la confrontación armada. Según Zapata, los drones se han convertido en una de las herramientas más utilizadas por los grupos armados en Colombia, luego de la adopción de tácticas observadas en conflictos internacionales como la guerra en Ucrania.
“En materia de vigilancia, estos dispositivos permiten realizar control perimetral de amplias zonas y mejorar el conocimiento del territorio, lo que fortalece la capacidad de planeación y movilidad de los actores armados en distintos puntos del departamento”, detalla el integrante de la Fundación Sumapaz.
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Explica que el uso de esta tecnología también ha generado preocupación en las comunidades, en especial por el interés que despierta entre los jóvenes, lo que puede facilitar su reclutamiento o manipulación por parte de estos grupos. “En municipios como Yondó, en Magdalena Medio, los ataques con drones han impactado directamente a la población civil, afectando la vida e integridad de los habitantes”, afirma el analista.
El panorama en Antioquia evidencia una crisis humanitaria sostenida. Los expertos consultados coinciden en que esta se expresa en la disputa territorial entre actores armados, el control de economías ilegales y legales, como las rutas del narcotráfico y la extracción de minerales como el oro, el cobre y el coltán, así como en la afectación directa a la población civil. Esta dinámica ha profundizado las restricciones a la movilidad, la organización comunitaria y el ejercicio del liderazgo social en distintas subregiones del departamento.