La JEP avanza en el juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública que aceptaron su responsabilidad en los crímenes del Caso conjunto 03 y 04 en Dabeiba, Antioquia. El tribunal sancionará a siete comparecientes; dos ellos imputados por tortura.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: Fabián Uribe Betancur
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continúa con el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública que aceptaron su actuación como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en el Caso conjunto 03 y 04. Estos casos están vinculados a asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, y recientemente se ha incorporado la tortura a la investigación.
Después de revisar los hechos, escuchar a las víctimas, a los comparecientes, a sus representantes y al Ministerio Público, durante la fase conocida como evaluación de correspondencia; la JEP concluyó que existen coincidencias entre las pruebas y los hechos presentados contra siete de los ocho integrantes de la Fuerza Pública acusados por asesinatos y desapariciones, que fueron registrados falsamente como bajas en combate entre 2002 y 2006 en Dabeiba, Ituango y otros municipios de las subregiones del Norte y el Nordeste antioqueño.
Esta investigación surgió a partir de la versión voluntaria rendida por el sargento retirado William Andrés Capera Vargas, en 2019, quien declaró a la JEP sobre las relaciones existentes entre el Batallón Contraguerrilla, la Brigada Móvil del Ejército Nacional y el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para la presentación de falsas bajas en combate, facilitar el tráfico de personas, drogas y armas. En su testimonio, también informó acerca de la existencia de 29 fosas comunes en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, hechos desconocidos por la justicia ordinaria.
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La investigación identificó tres patrones criminales: primero, los asesinatos de campesinos de la región señalados injustamente como guerrilleros, quienes fueron presentados como falsas bajas en combates, en un contexto de alianzas entre agentes estatales y grupos paramilitares; segundo, los asesinatos de personas ajenas al territorio de Dabeiba, traídas bajo engaño desde Turbo y Medellín, para obtener resultados operacionales; y tercero, la desaparición forzada por medio de ocultamiento de cuerpos y el uso de los camposanto municipales.
Los exintegrantes del Ejercito Nacional, quienes recibirán una sanción propia son el sargento segundo, William Andrés Capera Vargas; el sargento viceprimero, Jaime Coral Trujillo; el mayor Efraín Enrique Prada Correa; el mayor Hermes Mauricio Alvarado Sáchica; el coronel Edie Pinzón Turcios; el mayor Yair Leandro Rodríguez Giraldo y el sargento segundo, Fidel Iván Ochoa Blanco.
En relación con el soldado profesional retirado Levis de Jesús Contreras Salgado, quien es el octavo compareciente señalado como uno de los máximos responsables en esta etapa de la investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) consideró que es necesario examinar a fondo su participación, por eso se llevará a cabo una nueva audiencia para que brinde mayor detalle sobre su rol en estos crímenes.
Según el comunicado emitido el pasado 13 de noviembre, con esto se “garantiza una verdad más amplia y exhaustiva, indispensable para la reconstrucción del daño ocasionado a las víctimas, las comunidades y los territorios. Con ello, se avanza hacia la resolución definitiva de la situación jurídica de quienes reconozcan responsabilidad como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
Nuevos crímenes en el caso
A dos de los comparecientes del caso se les responsabilizará también por tortura. La SRVR de la JEP consideró que “esta modificación, no altera el fondo de la investigación, sino que precisa y amplía la responsabilidad penal de dos comparecientes, con base en versiones voluntarias, testimonios de la comunidad y otras evidencias contrastadas durante la etapa de correspondencia”.
Se trata de Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Fidel Iván Ochoa Blanco, a quienes se les comprobó que causaron graves sufrimientos físicos y mentales a las víctimas antes de asesinarlas. “Asimismo, determinó la responsabilidad por omisión de Ochoa Blanco, al no impedir un acto de violencia sexual cometido por un paramilitar contra una menor de edad, quien posteriormente fue asesinada y desaparecida”, se lee en el comunicado y agrega que la JEP compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que inicie la investigación correspondiente contra el paramilitar conocido con el alias de “Juancho”.
Las sanciones propias
La SRVR evaluó las sanciones propias que los comparecientes deberán desarrollar a través de trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador (TOAR) en favor de las víctimas. Esto incluye actos para la recuperación del buen nombre de las víctimas, de Dabeiba, la intervención en el cementerio Las Mercedes, la reconstrucción de puentes sobre el río Sucio y en el mejoramiento de vías terciarias en ese municipio. Además, la implementación de proyectos productivos enfocados en actividades agrícolas y pecuarias, y en el transporte y comercialización de productos.
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Asimismo, la creación de murales en honor a las víctimas en lugares como la Terminal de Transportes del Norte de Medellín; el apoyo a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas; y la continuación del proyecto en la acción integral contra minas antipersonal y del proyecto restaurativo Horizontes Seguros, en Dabeiba, Frontino, Murindó y Mutatá.